Fotografías: Jhojan Millán
En los últimos meses, cuando se acercan las fechas de pago, corre un rumor entre los profesores de la Universidad de Antioquia que dice que los directivos de la institución tienen que salir a pedir préstamos para pagar la nómina por cuenta de su difícil situación financiera. Aunque no es cierto que la UdeA se endeude para pagarles a sus empleados, y eso del rector haciendo fila en un banco para que le aprueben un crédito exprés no es más que un chiste, lo que sí es cierto es que las universidades públicas en Colombia arrastran un déficit histórico.
A inicios de los años 90, Colombia estaba atravesando un período de cambios económicos y políticos, como la promulgación de una nueva Constitución Política y la apertura económica del gobierno de César Gaviria. En ese contexto surgió una reforma que tenía el objetivo de impulsar la calidad, la cobertura y la modernización de la educación superior. La Ley 30 de 1992 definió en su artículo 86 los mecanismos para que las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas se financiaran a partir de los aportes del presupuesto nacional, de los entes territoriales y los recursos propios generados por cada institución.
Ese mismo artículo estipuló que “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993”. En otras palabras, las universidades no recibirían más recursos de acuerdo con el aumento en sus gastos de funcionamiento, sino que la plata que se les transfiere aumenta apenas en un porcentaje equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por otra parte, el artículo 87 definió que seis años después de la promulgación de la ley el Gobierno nacional incrementaría sus aportes para las universidades estatales u oficiales “en un porcentaje no inferior al 30 % del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Sin embargo, esos recursos estipulados en el artículo 87 no hacen parte de la base presupuestal de las universidades públicas. La norma, además, no especificó a qué rubro del presupuesto se direcciona y esos recursos deben ser distribuidos entre las 34 universidades del Sistema Universitario Estatal de acuerdo con los resultados de un indicador que aplica el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Por tanto, los recursos asignados a cada universidad por esta vía varían por año según los puntajes que cada una obtenga en ese indicador.
En síntesis, desde su promulgación, la Ley 30 no cuenta el crecimiento de las universidades en aspectos como la cobertura, la infraestructura, los nuevos programas de pregrado y posgrado, la planta docente, entre otros. Eso genera que los recursos que reciben cada vez alcancen a cubrir una porción menor de los gastos.
¿De dónde sale la plata con la que funciona la U?
En 2023 la Universidad de Antioquia opera con un presupuesto cercano a los 1.6 billones de pesos. Esos recursos se dividen en seis fondos teniendo en cuenta la siguiente distribución:
39 % Los fondos generales, que son las transferencias de la nación y los entes territoriales, de acuerdo con lo definido en la Ley 30 de 1992, se destinan al funcionamiento de la UdeA en aspectos como la nómina.
6 % El fondo de estampilla y devolución del IVA viene de dos fuentes: la retención por estampilla que se aplica a contratistas de distintas dependencias del Estado y la devolución de IVA que recibe la UdeA por los bienes, insumos y servicios que adquiere.
41 % Los fondos especiales son aquellos que se recaudan con los programas de extensión y bienestar, los convenios y la venta de bienes y servicios.
3 % El fondo Programa de Salud proviene de las cotizaciones de los afiliados. El dinero recaudado por este fondo es destinado a la prestación de servicios de salud de los afiliados y sus beneficiarios.
8 % El Fondo de Pensiones se encarga de cumplir con las obligaciones pensionales de la Universidad de Antioquia.
3 % Y el Fondo de Bienestar Universitario guarda los ahorros de quienes están afiliados para ofrecerles diferentes tipos de crédito.
Según Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, hace 15 años los recursos girados por el Gobierno nacional podían representar, en promedio, el 80 % de los gastos de la Universidad. Esa cifra se ha reducido progresivamente hasta el punto de que, en la actualidad, esos recursos no alcanzan ni siquiera para cubrir por completo la nómina.
La explicación más clara de esta reducción de recursos es el aumento en la cobertura de los últimos años, pues más estudiantes han podido acceder a la educación superior. Uno de los ejes más importantes de ese crecimiento es el Programa de Regionalización que, a partir de 1990, empezó a descentralizar la educación universitaria en el departamento.
En la actualidad, la UdeA cuenta con cinco seccionales y siete sedes en regiones, aparte de las sedes ubicadas en el Valle de Aburrá. “Probablemente nosotros hemos casi que duplicado el número de estudiantes en los últimos 10 años. Tenemos cerca de siete mil estudiantes en regiones que hace 15 años no teníamos”, explica Mesa.
En ese sentido, los aumentos en los gastos de funcionamiento provocan un efecto dominó: si hay más estudiantes, se necesita ampliar la infraestructura, hay un mayor consumo de servicios y se debe contratar a más docentes. A esto se le suman mayores necesidades en programas de bienestar como el servicio de alimentación, el acompañamiento de psicorientación, el Sistema de Estímulos Académicos y otros gastos misionales como la movilidad nacional e internacional o el programa Multilingua que ofrece formación gratuita en idiomas.
¿Cuál es la solución?
De acuerdo con las últimas cifras consolidadas por las universidades públicas, en 2018 el déficit acumulado entre todas las instituciones del país superaba los 15 billones de pesos. El 14 de diciembre del mismo año, el Gobierno de Iván Duque y algunos representantes estudiantiles y profesorales llegaron a un acuerdo para aumentar transitoriamente el flujo de recursos.
El acuerdo contempló 15 puntos, entre los que se incluía un aumento de 4.5 billones de pesos al presupuesto de las IES públicas durante los siguientes cuatro años. Si bien este acuerdo dio un alivio a las universidades, en 2022 el déficit acumulado por los recursos que recibe la Universidad de Antioquia por la Ley 30 supera los 302 mil millones de pesos. Hace 10 años, en 2012, ese déficit era de 4746 millones. Es decir que en una década se multiplicó casi por 64.
Ese déficit, sin embargo, ha sido “apalancado” con recursos propios y eso explica que, por ejemplo, el año pasado la Universidad haya cerrado con un resultado positivo acumulado por más de 75 mil millones. En otras palabras, menos recursos del Gobierno han tenido que ser cubiertos, sobre todo, con servicios de extensión. De ahí la idea de que el desfinanciamiento ha conducido a la Universidad de Antioquia a una forma de privatización.
“Si las universidades tienen que aportar recursos adicionales a través de la autofinanciación, es decir, lo que hacen las universidades de puertas para afuera, lo que llamamos proyección social institucional se ve sometida a una lógica de privatización”, dice Marco Antonio Vélez, profesor de la Universidad de Antioquia y jefe del Departamento de Sociología.
En la actualidad cerca del 44 % son cubiertos por los fondos generales, mientras el restante 56 % sale de los recursos propios de la institución.
Otro punto para entender la crisis de la institución tiene que ver con las políticas de gratuidad. En la actualidad casi el 90 % de los estudiantes de la UdeA acceden a ese beneficio y la Universidad recibe cerca de 365.000 pesos semestrales por estudiante. “Pero el costo de formar a ese estudiante es de 10.223.500”, afirma el vicerrector administrativo.
A lo anterior se suman las limitaciones en los aportes del departamento y la nula destinación de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín. Aunque buena parte de los casi seis mil estudiantes matriculados en regiones no pagan matrícula, los recursos que destina la Gobernación de Antioquia solo cubren el 4 % de los gastos de la UdeA. Adicionalmente, más del 70 % de los estudiantes matriculados residen en Medellín, pero “hoy, nosotros no recibimos del distrito un solo peso”, dice Mesa.
Ante ese panorama, las universidades públicas exigen la reforma a la Ley 30, un propósito que quedó fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, del Gobierno Petro, y que contempla el tránsito de la idea de educación como un “servicio” a su comprensión como un derecho.
“Estamos participando activamente en la mesa técnica sobre la reforma de la Ley 30, en este momento hemos creado un marco financiero para todas las universidades públicas mirando los ejercicios de estimulación a largo plazo”, menciona el vicerrector.
Desde hace un tiempo los docentes también vienen planteando un escenario de participación en torno a la misma reforma en espacios de discusión sobre financiación, gobierno universitario y reconfiguración de la idea de universidad. Una de las conclusiones que resalta el profesor Marco Antonio Vélez es que “si no se garantizan unos recursos financieros, si no se garantiza una transformación a ese nivel en la forma de financiación, pues lo que uno se encuentra es una muerte lenta de las universidades públicas”.
Por lo pronto, una propuesta de reforma parcial a la Ley 30 pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes a finales de mayo. El proyecto plantea, entre otros aspectos, que el crecimiento de los recursos destinados a las universidades esté atado al Índice de Costos de la Educación Superior y no al IPC. Para convertirse en ley, la reforma tendrá que superar un debate más en la Cámara y dos en el Senado. Todavía falta camino y voluntad.