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Desde entonces, el asunto ha escalado en dos vías. Por una parte, medios que usan titulares engañosos, presentan como “grandes revelaciones” información no verificada ni contrastada y no diferencian ante sus audiencias la opinión de la información. Por otra parte, el uso de los medios públicos como instrumentos de propaganda oficial, solicitudes de “control” oficial a la prensa y llamados a la judicialización de la actividad periodística.
Por ejemplo, a mediados de junio la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, le pidió a la Fiscalía “intervenir” la revista Semana. Este episodio es útil para ilustrar la complejidad de la situación: Semana, propiedad del empresario Gabriel Gilinski, publicó el 15 de junio un informe sobre el supuesto origen y la cantidad de dinero que se encontraba en la casa de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, en un supuesto seguimiento informativo a un caso que representa la mayor crisis en ocho meses de gobierno.
Ese medio citaba a un testigo no identificado que, a su vez, aseguraba que un coronel de la Policía que era clave en el caso le dijo que el dinero era mucho más del que inicialmente se mencionó y que su dueño era el presidente. Días antes el coronel murió por un disparo, y Petro y muchos de sus aliados se apresuraron a hablar de suicidio, aunque no había un dictamen oficial.
Aunque el informe de Semana hablaba de un “explosivo relato” y fue presentado en redes con el calificativo de “urgente”, la nota falta a casi todos los criterios esenciales del periodismo: no contrasta la información con los demás involucrados y no ofrece elementos que den cuenta de que el testimonio fue verificado, aun cuando es clara la razón para mantener en reserva la identidad de la supuesta fuente.
Semana es hoy un instrumento de propaganda al servicio de intereses económicos que resultan funcionales a algunos sectores políticos. Lo decimos así, sin eufemismos, porque, a veces, el gremialismo resta capacidad de autocrítica. Y porque consideramos que de ninguna manera los medios de comunicación deberían estar exentos de cuestionamientos.
El argumento de que son negocios privados y por tanto pueden tergiversar información, mentir y confundir deliberadamente a las audiencias es por lo menos trivial. El reconocimiento de los medios como una expresión de poder y de los derechos a la libertad de expresión e información están mediados justamente por el ejercicio de la crítica.
Sin embargo, vamos al otro lado de la discusión: el llamado de la senadora Zuleta y de otros actores con poder que solicitan “intervenir” judicialmente un medio de comunicación. ¿Qué significa intervenir?, ¿en qué circunstancias una autoridad judicial podría hacerlo?, ¿la mediocridad de un informe periodístico es una razón suficiente?
Y es que, claro, existen mecanismos judiciales para que las personas que se consideren afectadas por lo que publican los medios puedan defenderse. Esto porque ni la libertad de expresión ni de información son derechos absolutos en tanto, como dijo la Corte Constitucional, “implican responsabilidades y deberes sociales”. Además, porque el derecho a la información es de doble vía. En palabras simples eso significa que puede ser reclamado por quien informa y por quien recibe información.
Y este último puede exigir que la información que recibe sea veraz, pero también que se protejan sus derechos a la honra, a la intimidad y a su buen nombre si considera que fueron vulnerados. Para resolver esa tensión entre derechos existen procedimientos claros como el derecho de rectificación o la acción de tutela, pero en una democracia no es con el llamado a crear tribunales de censura o con la “intervención” a los medios como se resuelven esas controversias.
Petro y sus aliados políticos tienen todos los medios técnicos, legales y sociales para controvertir a los medios, pero no es por medio del descrédito generalizado y de los amagues de censura como van a aportar a un debate público más informado y a la consolidación de audiencias más críticas.
Para no volver sobre el argumento del riesgo en el que se pone la profesión periodística cuando se criminaliza su labor, que ya ha explicado la Flip (y en el que los menos afectados son los periodistas más visibles y los dueños de los medios), proponemos un ejercicio de comparación, reconociendo que son contextos diferentes que requieren guardar las proporciones: ¿Qué pasa cuando son gobiernos de otras tendencias políticas los que confrontan a la prensa y promueven su “intervención”?
En abril, El Faro, un medio de comunicación salvadoreño referente de la investigación periodística y el seguimiento al poder en ese país, tuvo que trasladar su operación administrativa a Costa Rica asfixiado por la persecución a la que ha sido sometido por el gobierno de Nayib Bukele. Óscar Martínez, su editor, resumió en ese momento la situación en una frase que fue publicada en una entrevista para El Espectador: “El día que Bukele diga, cualquier periodista va preso”.
Esa idea la respalda una amenaza que lanzó a principios de junio el director de la policía de ese país: “Van a tener que responder en esas actuaciones en las cuales hicieron apología del delito”, dijo refiriéndose a los periodistas que cubrieron una tregua entre el gobierno y las pandillas a principios de la década pasada.
La paradoja está en que algunos de quienes celebran desde Colombia el autoritarismo de Bukele hacen parte de sectores políticos que también persiguieron a medios y periodistas, y hoy posan como defensores de las libertades de expresión e información.
Petro tiene en sus manos la posibilidad de actuar distinto. Puede establecer una relación de crítica mutua sin que eso suponga la criminalización ni la censura. Puede cualificar los medios públicos para que estén al servicio de la ciudadanía y no de un gobierno y también puede promover que existan más y mejores medios. Eso de que sean mejores, y no solamente de que sean más, pasa por el fortalecimiento y no por la cooptación, porque no hay nada de alternativo en reproducir las posturas de cualquier actor con poder.