Quizá la imagen es cada vez menos nítida, pero esa tarde en que Gonzalo murió por los disparos de un arma al servicio del Estado alguien grabó un video: se ve el cuerpo del joven muerto en la calle detrás de un centro comercial de Envigado. A su lado, varios papeles regados junto a su morral abierto. Muy cerca está su moto, que no alcanza la cuarta parte del cilindraje de la que usaban sus perseguidores. En el video una mujer grita, advierte que los policías intentan alterar la escena, les exige no tocar las pertenencias del joven al que acaban de asesinar. Grita de nuevo: “¡No sirven para nada, cómo así que matarlo, descarados!”.
Ya son casi dos años desde esa tarde en que Gonzalo, que validaba su bachillerato, fue convertido por un par de medios en “presunto fletero”. Por cuenta de la combinación de esas dos palabras, se convirtió también en “buen muerto” y, por el paso del tiempo, en una estadística, en un caso aislado, en apenas un error.
Tal vez una imagen más nítida hoy es la de Javier Ordóñez, reducido en el suelo por dos policías en la calle de un barrio de la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. También hay un video: a Ordóñez, un estudiante de Derecho de 42 años, los policías lo golpean, le aplican varias descargas de taser, presionan su cuerpo contra la calle con sus rodillas. En el forcejeo se escuchan sus súplicas: “Ya, por favor, no más”.
Finalmente lo esposan y se lo llevan en una patrulla hasta el CAI del Barrio Villa Luz. Lo que ocurrió allí adentro esa noche “es materia de investigación”; lugar común. Lo cierto es que unas horas después, Ordóñez llegó sin signos vitales a una clínica cercana. Según el informe de la necropsia, su hígado estaba destrozado. Lo asesinaron los golpes de un grupo de servidores públicos que portaban los uniformes y las armas de dotación del Estado.
Al día siguiente, Bogotá “vivió una jornada de caos”; otro lugar común. Cientos de personas protestaron contra la Policía y esa noche, mientras la gente tiraba piedras y le prendía fuego a varios CAI, de nuevo las armas del Estado se accionaron contra sus ciudadanos. En medio de las protestas, nueve personas murieron a tiros. Y de nuevo hay un video, o decenas de videos. Y en ellos está la imagen, también nítida, de los hombres que disparan, de los jóvenes que caen muertos, “al parecer”, por los disparos de la policía. Esa noche Colombia vivió una masacre. Para usar un eufemismo de este Gobierno: “un asesinato colectivo”.
Las marchas se multiplicaron en varias ciudades. Hubo vidrios quebrados; un par de estatuas caídas; policías y manifestantes heridos; declaraciones airadas de personalidades políticas condenando la violencia; dos policías capturados por el asesinato de Javier Ordóñez; una petición de perdón de un ministro, camuflada en un giro discursivo, “por cualquier violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”; luego, una orden judicial para que ese ministro, ahora sí, presentara “disculpas por los excesos de la fuerza pública”, no solo por el caso de Ordóñez sino por todos los ocurridos desde noviembre de 2019; después un nuevo giro discursivo del ministro para esquivar esa orden y “reiterar” que el “perdón” ya estaba pedido. Ahora, unas pocas semanas después, hay calma. Queda una sensación de silencio y de olvido.
Ya son casi dos años desde que los disparos de un policía mataron a Gonzalo. También, muy pronto, será un año desde que otro policía mató a Dilan Cruz con la munición de un arma “no letal” durante una protesta del Paro Nacional el 23 de noviembre de 2019. Ya son casi cinco meses desde que los golpes de la Policía mataron también a Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca. Era de noche y Anderson estaba en la calle, violaba la cuarentena, vio una patrulla, decidió correr hasta su casa, alcanzó a tocar la puerta, hubo un forcejeo. Los policías lo golpearon en la cabeza con sus bolillos. Murió horas después en una clínica de Cali. Cuando este periódico llegue a manos de sus lectores, se habrá cumplido ya un mes desde que la Policía mató a golpes a Javier Ordóñez y, al día siguiente, sus hombres dispararon contra las personas que protestaban por su asesinato.
Esta edición debería ser una celebración, pero es más un imperativo ético. O puede ser ambas cosas.
La edición 100 de De la Urbe es la celebración de la vida a través del periodismo, es un reconocimiento a lo que ha pasado en estos 21 años; es un agradecimiento a muchas personas que en este tiempo le han abierto camino a un proyecto que, creemos, ratifica la premisa de que hacer periodismo desde la universidad pública no es una excusa sino un privilegio.
Esa historia no admite menos que un compromiso claro con la idea de que el periodismo debe estar al servicio de la gente. Y este momento sí que lo exige, porque la indignación no basta. Ante las realidades complejas que enfrentamos, no queda otra opción que convertir la súplica en exigencia: “Ya, por favor, no más”. Esa frase también nos llama a la autocrítica y nos lleva a preguntarnos por qué ante nuestros ojos la muerte y la injusticia se han vuelto paisaje. Por qué, a veces, la consigna le ha robado espacio al periodismo. Por qué, a veces, hemos mirado a otro lado y le hemos hecho el quite a la responsabilidad de hacer más y mejores preguntas.
Creemos que las historias que hacen parte de estas páginas reivindican la reportería, la independencia, la diversidad y el respeto. Este es también un testimonio de esperanza porque detrás de De la Urbe hay debate, desencuentros y divergencias. Y eso significa que mantenemos viva la crítica. Si eso ocurre, hay lugar para el periodismo.