Ilustración: Laura D. Wagner | @ldwagnera
En un video de su campaña en 2019, Daniel Quintero expuso sus motivaciones para ser alcalde de Medellín: “¿Cómo no indignarse cuando suben los servicios públicos mientras se revela que hubo corrupción en Hidroituango?”, se pregunta, mientras lo acompaña la imagen de una sesión en el Concejo de Medellín, el 21 de octubre de 2018, en la que le entregó un pedazo de queso a Jorge Londoño de la Cuesta, entonces gerente de EPM. “Medellín tiene que saber que en Hidroituango nos mintieron de forma reiterada, que la gerencia estuvo favoreciendo de forma reiterada a los contratistas”, dijo ante el auditorio.
Se refería a la contingencia que comenzó a finales de abril de 2018, después de que EPM implementara un plan de aceleración de las obras de Hidroituango y un derrumbe ocasionara serios daños en las obras, riesgos de inundaciones y una crisis social y humanitaria para miles de familias que tuvieron que dejar intempestivamente sus hogares ubicados aguas abajo. Esto, sumado a los impactos sobre los ecosistemas de la región y las finanzas de la empresa.
Entretanto, las responsabilidades se diluían. En repetidas ocasiones, el entonces alcalde Federico Gutiérrez expresó su apoyo al gerente Londoño y dijo estar informado de toda la contingencia, a la que se le hizo seguimiento mediante un capítulo especial conformado por la junta directiva de la empresa, en agosto de 2018. En marzo de 2019, EPM publicó un informe realizado por la empresa noruego-chilena Skava Consulting con hallazgos sobre las razones de las fallas, ocasionadas, según el documento, por una deficiencia en el diseño y asesoría del proyecto a cargo del Consorcio Generación Ituango, conformado por las empresas Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral, ahora denominada Integral Ingeniería de Supervisión.
Las discusiones sobre Hidroituango tuvieron desde sofisticados aspectos técnicos hasta emotivos discursos de “orgullo antioqueño”. Entre ellas se hizo visible la figura de Daniel Quintero, saliente viceministro de Economía Digital del gobierno Santos y precandidato a la Alcaldía de Medellín que, en conferencias, entrevistas y una notable actividad en plataformas digitales movilizó una agenda de campaña en la que EPM fue central.
Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín en enero de 2020, días después de que se retiraran de la junta directiva de la empresa Claudia Jiménez Jaramillo y Carlos Raúl Yepes, nombrados por Federico Gutiérrez en 2016. El alcalde nombró en su lugar a Luis Fernando Álvarez, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a Jesús Aristizábal, ingeniero civil y funcionario de EPM durante 16 años.
En marzo, Alberto Arroyave, nombrado en febrero de 2008 por Alonso Salazar; fue removido de su lugar en la junta y Quintero designó en esa posición a Oswaldo León Gómez, gerente de la cooperativa financiera Confiar, colaborador de su campaña y miembro de su equipo de empalme.
Las diferencias entre el alcalde y el resto de la corporación comenzaron el primero de julio, cuando la administración municipal presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Medellín para cambiar el objeto social de EPM. Esto le permitiría incursionar en negocios de áreas como turismo, corresponsalía de seguros y movilidad sostenible, entre otros.
Luis Fernando Álvarez asegura que la propuesta fue llevada ante la junta solo con carácter informativo. Según dijo, por medios de comunicación supieron que el proyecto de acuerdo había sido radicado en el Concejo. Sin embargo, el 14 de julio, luego de numerosos cuestionamientos, el alcalde retiró la iniciativa y anunció que la presentaría cuando fuera sometida a una discusión más amplia. Para Álvarez, ese episodio “dio un indicio de que había rupturas con el gobierno corporativo, pero pensamos que el alcalde había aprendido la lección”.
La demanda a los contratistas
Un mes después, el 10 de agosto, el alcalde Quintero y el gerente Álvaro Guillermo Rendón anunciaron en rueda de prensa que EPM iniciaría en la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia un proceso de conciliación por 9.9 billones de pesos, como paso previo a una posible demanda contra los contratistas de Hidroituango.
La junta, según sus exintegrantes, también se enteró de esa decisión por la prensa. Así lo hicieron saber en una carta publicada al día siguiente, en la que los ocho miembros de la corporación anunciaron su renuncia. Según Álvarez, tenían la opción de quedarse “quietos o generar una reacción que llamara la atención”.
Después de esa decisión, asesores y algunas figuras políticas cercanas a Daniel Quintero comenzaron a reproducir la idea de que la junta directiva era cuota del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), tenía conflictos de intereses con Hidroituango y por tanto rechazaban las acciones jurídicas contra los contratistas. El mismo alcalde, en una entrevista con El Tiempo a mediados de agosto, dijo que la nueva junta “no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA”.
Al respecto, De la Urbe y Contexto se comunicaron de manera directa con Jesús Aristizábal, Luis Fernando Álvarez, Elena Rico, Oswaldo Gómez, Gabriel Ricardo Maya y otro integrante de esa junta, quien pidió la reserva de su nombre, y los seis aseguraron no tener ninguna relación con ese conglomerado empresarial integrado por el Grupo Sura, Argos y Nutresa, con numerosas filiales y marcas bajo su control.
Sura tiene un lugar central en la historia por diferentes motivos. Uno de ellos es que Andrés Bernal Correa, otro de los miembros de la junta que renunció el 11 de agosto y en la actualidad es presidente del Grupo Orbis ‒que no hace parte del GEA‒, tuvo entre 2001 y 2012 cargos directivos en diferentes filiales del Grupo Sura. Aunque poco se refirieron a nombres propios, su presencia en la junta parece haber sido uno de los argumentos del círculo cercano a Quintero para sostener la teoría de una supuesta cooptación de la junta directiva de EPM por parte del GEA y de conflictos de intereses de los integrantes salientes de esa corporación.
En un comunicado publicado el 9 de septiembre, Seguros Sura afirmó que esa filial y el Grupo Sura, al que pertenece, no tienen asiento ni alguna persona ha participado de la junta de EPM en representación de sus negocios. Sobre Bernal, aseguró que “nunca ha trabajado en las compañías de seguros de Suramericana. Hasta el año 2017 fue vicepresidente financiero de una filial del Grupo Sura que no tiene relación con nuestra actividad aseguradora”. Y agregó que la llegada de ese directivo en 2012 a la junta de EPM fue “a título exclusivamente personal”.
También hablamos con Bernal y nos dijo que, en 2018, cuando ocurrió la contingencia de Hidroituango, ya no trabajaba en ninguna compañía del GEA y ratificó que nunca se desempeñó en la filial de seguros de Sura. “Si en ese entonces u hoy trabajara para Suramericana, mi conflicto de intereses hubiera sido que no reclamáramos a las aseguradoras, pero eso precisamente fue lo que hicimos. O sea que esas afirmaciones son un contrasentido”, afirmó.
Un punto que llama la atención de la narrativa del alcalde sobre el GEA y su supuesta captura de la junta de EPM es que, cuando asumió su cargo, ratificó a seis miembros de la corporación y nombró luego a tres personas de su confianza. El exintegrante de la junta que pidió mantener su nombre en reserva señaló que en enero el mandatario los convocó a un almuerzo en la Alcaldía y “manifestó el interés en que nosotros continuáramos”.
¿Un “acuerdo de paz” con Integral o un conflicto de intereses?
Hay un elemento adicional que hasta ahora no había sido expuesto en medios de comunicación. A principios de 2020, Luis Fernando Álvarez propuso a la junta directiva un acercamiento con Integral, diseñador del proyecto Hidroituango, para llegar a un acuerdo que evitara un pleito jurídico.
Según cuenta Álvarez, “se dijo que se iba a hacer una mesa de trabajo para revisar los términos, pero nunca se realizó” y es enfático en que la conciliación ante la Procuraduría que podría derivar en la demanda que anunciaron Quintero y Rendón nunca se discutió en la junta.
Agrega que el “acuerdo de paz” con Integral, como lo denomina, solo tuvo una fase de acercamientos que realizó con conocimiento de la junta. Tres fuentes distintas a Álvarez, exintegrantes de ese organismo, confirmaron que el tema se discutió en el Comité de Relacionamiento de la junta.
Integral es una empresa de ingeniería con 65 años de trayectoria que, de acuerdo con un comunicado que publicó el 16 de septiembre a propósito de la polémica con EPM, concibió y desarrolló el proyecto Hidroituango a lo largo de más de 50 años. Su junta directiva la preside Luis Fernando Arango Arango y su presidente ejecutivo es Carlos Eduardo Isaza Aguilar. La compañía no hace parte del conglomerado de empresas del GEA.
Es importante señalar que, de acuerdo con la información publicada en su propio perfil de LinkedIn, Álvarez fue asesor jurídico de Integral entre 1989 y 1991. Además, en una hoja de vida alojada en el sitio web de su empresa de consultorías legales aparece en el apartado de experiencia profesional un ítem que indica que, por lo menos para el momento de actualización de ese currículo (el archivo tiene fecha de 2019), prestaba sus servicios a esa empresa: “Asesor Jurídico de la Empresa INTEGRAL S.A. (Presente)”.
Sin embargo, en la entrevista sobre este caso, el exintegrante de la junta nunca mencionó alguna relación con esa compañía. Al ser contactado específicamente para indagar sobre la información de su hoja de vida, respondió vía correo electrónico: “Durante mi periodo como miembro de junta de EPM no tuve ningún vínculo con Integral (…) Incluso hoy después de haber dejado la junta, continúo sin tener vínculo alguno con Integral”.
Hay que recordar que Álvarez llegó a la junta por designación de Quintero. Así las cosas, lo paradójico es que un eventual conflicto de intereses derivado de esa relación ocurriría con una de las personas designadas por el actual alcalde en ese organismo.
El 26 de agosto contactamos a Juan José Aux, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, para contrastar con la administración municipal la información sobre la propuesta de Álvarez. No recibimos respuesta. Cinco días después, Clara Izquierdo, jefe de Prensa de la Alcaldía, dijo que no tenía información al respecto y que el alcalde no daría más declaraciones sobre el tema.
¿Para qué el gobierno corporativo?
La relación entre el municipio de Medellín y EPM es la de propietario y empresa. El alcalde de la ciudad preside la junta directiva y tiene la función de nombrar a los restantes ocho miembros que la conforman. ¿Cuál es entonces la función y qué nivel de independencia tiene ese organismo?
La junta directiva existe desde la fundación de la empresa en 1955. El Acuerdo No. 58 del 6 de agosto creó el establecimiento público y definió que su administración recaería sobre una junta directiva y un gerente. En 1998, el Acuerdo Municipal No. 12, por el que se adoptan los estatutos de la empresa, ratificó ese mecanismo de administración, pero no estableció los límites de la relación entre el municipio y EPM. Las consecuencias se hicieron explícitas durante el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2001 y 2003.
Durante su administración, la empresa se vio envuelta en escándalos de corrupción, despilfarro de recursos públicos y en una permanente inestabilidad institucional. Al gerente Iván Correa Calderón, a quien el propio Pérez había nombrado, el alcalde lo declaró insubsistente con el argumento de que tomó decisiones sobre tarifas sin antes consultarlas con la junta. En su reemplazo, el alcalde nombró a Edith Cecilia Urrego, quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda de Medellín. Durante su gestión, se desató un escándalo por el pago de cerca de 100 millones de pesos por una vajilla y otra cifra millonaria por un tapete persa, cristalería y otros gastos suntuosos. La situación terminó con la renuncia de la funcionaria.
Fue luego de esos escándalos que, en 2007, el municipio de Medellín y EPM firmaron el Convenio Marco, un documento creado con el objetivo de “expresar las condiciones generales que enmarcan las relaciones ‘propietario-empresa’ (...) definiendo los principios que deben regirlas y las obligaciones concretas en las que se manifiesta su efectivo equilibrio”.
Se estableció también que los principios básicos del convenio serían, entre otros, la sostenibilidad, el crecimiento, la transparencia y la autonomía responsable en la gestión. Y que el alcalde, en representación del dueño, que son los ciudadanos, debe “enmarcar su actuación frente a EPM exclusivamente a través de la junta directiva”.
Ese acuerdo de respeto por el modelo de gobierno corporativo es, al mismo tiempo, la carta de presentación de EPM en el mercado internacional de capitales, en el que se basa la financiación de muchos de sus proyectos. En otras palabras, las calificadoras de riesgo, los inversionistas y los bancos ponen sus ojos en el cumplimiento de esos principios para concluir si es buena idea invertir o prestarle dinero a la empresa.
Cuando el 11 de agosto de 2020 toda la junta directiva presentó su renuncia, señaló en su carta la preocupación porque “no se estén observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”, en referencia a los dos episodios puntuales en los que, aseguran, Daniel Quintero y el gerente Rendón tomaron decisiones fundamentales para la empresa sin la participación de la junta.
El exmagistrado Álvarez enfatizó que parte de la buena fe y asume las actuaciones de Quintero como “falta de experiencia”, pero ratifica lo dicho en la carta de renuncia de la junta al afirmar que se trata de un “desconocimiento del gobierno corporativo”. Con ello coincide David Suárez Tamayo, abogado y profesor de la Universidad Eafit, quien fue además secretario general de EPM: “Lo que hay en el fondo es que ha habido unos comportamientos que rompieron con el gobierno corporativo y con el Convenio Marco”.
Pero ante esas críticas, el alcalde ha respondido que el gobierno corporativo se puso en riesgo no por sus decisiones, sino por las adoptadas por la junta y la administración anterior. Argumento al que favoreció que, a principios de septiembre, W Radio revelara un informe contratado por la compañía Mapfre, aseguradora del proyecto, y por las firmas reaseguradoras, con la consultora inglesa Advanta, para establecer las causas de la contingencia y adoptar determinaciones sobre el pago del seguro.
Advanta concluyó que lo sucedido fue consecuencia de una “combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción”. El documento tiene fecha del 2 de agosto de 2019, pero nunca fue radicado oficialmente en EPM y, según dijo el gerente Rendón, lo conoció luego de que “apareció”, antes de su filtración a W Radio, en el escritorio del vicepresidente de Asuntos Legales de la compañía.
Fue ese el contexto en el que el alcalde Quintero acusó al exgerente Londoño, al exalcalde Gutiérrez y a la junta directiva anterior de haber ocultado esa información para favorecer a los contratistas. Aseguró que como la póliza de seguro solo cubrirá cerca del 50 % de las pérdidas por la contingencia, “este documento era importante porque permitía definir que había que cobrarles a los contratistas el resto de la plata. Es por esto que ese documento fue ocultado”, dijo el alcalde el 8 de septiembre.
No obstante, tanto Londoño como Gutiérrez afirmaron que desconocían el informe y que, por tanto, no podría hablarse de un ocultamiento. Al ser consultado por De la Urbe y Contexto, Gutiérrez dijo que “lo importante de la decisión de Mapfre es que pagó el seguro, porque una cosa diferente es si no hubiera empezado a pagar”. Y agregó que no tenía ningún interés en que el estudio no se conociera: “Qué problema tengo yo en que eso se conozca y sea de dominio público cuando lo único que uno quiere en esto es que se sepa la verdad”, afirmó el exalcalde.
En efecto, el seguro cubriría 2556 millones de dólares por los daños materiales ocasionados por la contingencia de 2018 y USD 628 millones por el lucro cesante. De esos recursos, la aseguradora ya transfirió 250 millones de dólares a EPM: 150 el 4 de diciembre de 2019 y 100 millones el pasado 15 de septiembre.
Por su parte, el exintegrante de junta directiva que prefirió mantener su nombre en reserva dijo que ese organismo nunca conoció el informe porque allí solo se discutía la información sobre el estado de la negociación del seguro y los alcances de la cobertura.
A su vez, un directivo de EPM, también bajo reserva, explicó que los encargados de la elaboración del estudio “tuvieron acceso a toda la información que quisieron y se reunieron con todos los contratistas y equipo del proyecto”. Y agregó que EPM sí “conoció las conclusiones informalmente”, pero “no se tiene oficialmente porque no era para EPM. Es un documento de los reaseguradores”.
Y es por esto último que aparece el segundo punto en el que cobra importancia el Grupo Sura. Su filial de seguros actúa como una de las reaseguradoras de Mapfre frente a Hidroituango. La figura del reaseguro, en palabras simples, significa que el asegurador contrata el respaldo de una o varias compañías para que estas asuman parte de los riesgos y reducir sus pérdidas en caso de un siniestro. En este caso, Sura tiene una participación del 13 % del reaseguro, mientras el 87 % restante recae sobre el grupo inglés Global conformado por cerca de 30 empresas.
En el mismo comunicado del 9 de septiembre en que se refirió a la participación de Andrés Bernal en la junta de EPM, Seguros Sura se pronunció sobre ese tema e indicó que el informe filtrado hace “parte de los procesos naturales de análisis internos de la industria aseguradora” y que “es la aseguradora del proyecto, en este caso Mapfre, la que tiene el derecho de decidir o no la divulgación de este informe con terceros, dado que la relación contractual es exclusivamente entre el asegurador y el asegurado EPM.
De esa forma la compañía refutó que el supuesto ocultamiento del informe tuviera el propósito de proteger a Sura. Agregó que “no tiene ninguna relación contractual directa con EPM” y que en su papel como reaseguradora de la póliza de Mapfre asumiría por la contingencia un máximo de 2.5 millones de dólares, cerca de 9200 millones de pesos. Esa cifra, dijo la empresa, se encuentra reservada desde 2018.
¿Qué está en riesgo?
La conformación de la nueva junta no fue un proceso fácil. Quintero aseguró que muchas de las personas a las que contactó recibieron presiones para rechazar el ofrecimiento e incluso cuatro declinaron después de haber aceptado y ser anunciadas oficialmente. Este último fue el caso de Sandra Suárez, gerente de la revista Semana y cuyo nombramiento, por tanto, fue ligado a los intereses del Grupo Gilinski, propietario de esa publicación que, por demás, dio un tratamiento muy favorable a Quintero en medio de esta polémica. Lo mismo ocurrió con el abogado Alberto Preciado, el exgerente de Isagén Luis Fernando Rico y el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía.
Finalmente, el 31 de agosto empezó a sesionar la nueva junta directiva nombrada por Quintero e integrada por Ómar Flórez, Jorge Iván Palacio, Pablo Felipe Robledo, Bernardita Pérez, Jorge Andrés Carrillo, Guillermo León Diosa, Olmer Orlando Palacio y Gildardo Antonio Correa. Ese mismo día, la junta en pleno respaldó la decisión del alcalde y el gerente de adelantar acciones judiciales contra los contratistas.
Pese a que es incierto el futuro de ese proceso, todos los movimientos alrededor de EPM en los últimos meses ya han dejado consecuencias y otras más están por verse; mientras a la expectativa por Hidroituango se suma el comienzo de operaciones de Afinia, la filial de la empresa a cargo del servicio de energía en parte de la costa Atlántica, con la herencia de la desaparecida Electricaribe.
Una de las consecuencias aún imprevisibles tiene que ver con la reputación de la empresa frente al sistema financiero internacional. Por ejemplo, en un informe publicado el 13 de agosto. La calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que rebajó la calificación de EPM de “BBB” a “BBB-” con perspectiva negativa. “La baja de las calificaciones se debe a una intervención mayor del propietario de EPM, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa”, explicó Fitch. Esa decisión puede generar que las entidades financieras cobren mayores tasas de interés por los préstamos a EPM. Incluso, según Guillermo Maya, profesor de Economía de la Universidad Nacional, los acreedores podrían pedir el prepago de la deuda, lo que implicaría una debacle financiera para la compañía.
De igual forma, los bonos corporativos que la empresa ha emitido en el mercado nacional de valores para financiar grandes proyectos de infraestructura también se pueden ver afectados, El mismo 13 de agosto, Asofondos manifestó su preocupación porque los fondos de pensiones de Colombia han invertido cerca de tres billones de pesos en bonos de EPM.
“Al entrar en esos riesgos queda la empresa muy expuesta en su sostenibilidad y viabilidad, y en la terminación o culminación de los proyectos que tenemos, como Hidroituango que representa el 17 % de la energía del país”, apuntó Olga Lucía Arango, presidenta del Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro).
Además, está en juego la inversión social que se deriva de las transferencias de la empresa al municipio de Medellín. El Acuerdo Municipal No. 69 de 1997 y el Convenio Marco estipularon que esas transferencias corresponden al 30 % de los excedentes financieros anuales de EPM. La totalidad de esos recursos deben ser destinados por la administración municipal a inversión social y pago de alumbrado público. En 2019 esas transferencias fueron cercanas a 1.3 billones de pesos, aproximadamente el 23 % de todo el presupuesto de la ciudad en 2020.
En cuanto a Hidroituango, el futuro y entrada en funcionamiento del proyecto aún es incierto. Debido a la crisis del coronavirus y al contagio masivo al interior de las obras, el proyecto sufrió un retraso adicional de cinco meses. A eso se suma la incertidumbre sobre los actuales contratistas. Si bien la empresa espera que el proyecto empiece a generar energía en diciembre de 2021, el contrato con los constructores termina el 31 de diciembre de este año y no está claro si será renovado, más con el proceso de conciliación a cuestas.
Sinpro ha llamado la atención sobre el riesgo de una adjudicación “a dedo”, debido a la falta de tiempo para abrir un proceso de licitación pública en caso de que se resuelva un cambio de contratistas. Incluso ha alertado sobre la posible llegada de un nuevo constructor: la empresa china Three Gorges Corporation que, según el sindicato, estaría solicitando información a funcionarios de EPM y el propio alcalde Quintero habría exigido que le sea entregada.
Por otro lado, el economista Maya plantea que, de seguir la situación, podría abrirse, a largo plazo, el camino de la privatización. “EPM es un negocio muy grande y hay muchos inversionistas interesados, incluso extranjeros”, dice.
Con ese panorama, parece que las responsabilidades de muchos de los actores involucrados se diluyen en medio de controversias políticas entre dos sectores, el de Quintero y el de Gutiérrez, que han sido los más protagónicos con acusaciones mutuas de faltar a la verdad. Otras figuras como los exalcaldes Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria han mantenido un bajo perfil y esquivado responsabilidades, pese a que en noviembre de 2019 la Contraloría los incluyó en el listado de 34 personas y empresas investigadas por fallas en la planeación y ejecución del proyecto.
En la búsqueda de la verdad sobre los responsables de las afectaciones económicas y sociales, pero además sobre el trasfondo de las decisiones de varios alcaldes, gerentes, integrantes de junta y contratistas está uno de los mayores retos futuros. Incluso, Oswaldo Gómez dijo que “es necesario proponer una comisión de la verdad para Hidroituango”. Cada decisión suma o resta para restablecer la confianza ante una disputa que hace más complejo el riesgo que enfrentan Hidroituango, EPM y la ciudadanía de Medellín, propietaria de la empresa.