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Edición 100

event 12 Octubre 2020
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Paula Villa Arteaga Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
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  • Un decreto para proteger el Corazón del Mundo

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    En junio de 2020, los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, más de diez organizaciones nacionales como AIDA, Dejusticia, ONIC y algunos semilleros de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Rosario radicaron ante el Consejo de Estado una serie de acciones legales para proteger y respaldar la legalidad del Decreto 1500 de 2018, que redefine los límites del territorio ancestral de esos cuatro pueblos indígenas, expresados a través de la Línea Negra.

     

    Decreto

    Ilustración: Daniela Jiménez - @AgathaCartaRoja

    La Línea Negra ‒Sheshiza‒ es un “cordón invisible” compuesto por varios accidentes geográficos ubicados en lo que los indígenas conocen como el Corazón del Mundo y que en su conjunto conforman el Sistema de Espacios Sagrados: una gran red de puntos terrestres, marinos y aéreos interconectados, a través de los cuales los pueblos de la Sierra Nevada establecen comunicación con los mundos espirituales y con el Sé, la energía creadora, para procurar el equilibrio natural universal. Esta línea constituye el eje principal de la Ley de Origen, es decir, de su sistema de conocimientos ancestrales y normativos.

    El decreto y sus antecedentes

    En 1973, después de que las comunidades indígenas expresaran su preocupación porque la colonización empezaba a limitarles el acceso a su territorio, el Estado colombiano reconoció por primera vez la existencia de 54 puntos sagrados de la Línea Negra con la Resolución 02 del Ministerio de Gobierno. Para 1991, la Constitución reconoció su compromiso con la protección de la diversidad étnica y la integridad del ambiente y de las áreas de especial importancia ecológica, y desde entonces resoluciones como la Resolución 837 de 1995 del Ministerio de Interior y la Resolución 0621 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente ordenaron procurar y promover el manejo armónico y sostenible de esta región.

    Amparados bajo esos avances normativos, en 2014 los cuatro pueblos indígenas denunciaron la construcción de Puerto Brisa, una terminal multipropósito sobre uno de los sitios sagrados en Dibulla, La Guajira. Después de estudiar el caso, la Corte Suprema falló a favor de la realización de consultas previas obligatorias a las comunidades de la Sierra Nevada para la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales al interior de la Línea Negra y dio orden al Gobierno nacional de expedir un decreto para redefinir su delimitación. Cuatro años más tarde, el entonces presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 1500 de 2018, que reconoce la existencia de 348 sitios sagrados a lo largo de La Guajira, Cesar y Magdalena.

    Desde entonces, el decreto ha ganado muchos enemigos, pues la extensión de la Línea Negra además de los lugares protegidos de la Sierra Nevada, también abarca otros espacios naturales y urbanos sobre los que existen intereses económicos para la construcción de megaproyectos como carreteras y puertos, extracción de recursos naturales, urbanización y construcción de hoteles de lujo.

    En julio de 2019, el abogado Yeferson Mauricio Dueñas Gómez, en nombre de la ANDI, Camacol y de otros gremios económicos y empresariales, interpuso una acción de nulidad simple por inconstitucionalidad contra el decreto. La demanda fue admitida por el alto tribunal y actualmente hace curso en la sección primera.

    Según el abogado, el decreto tiene una falsa motivación en tanto no existe una cartografía oficial adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ni un listado de cuáles son los lugares sagrados, ni tampoco el Documento madre de la Línea Negra mencionado en el decreto, que traduce a los hermanos menores ‒las personas que no hacen parte de las comunidades de la Sierra Nevada‒ su Ley de Origen y la importancia de esa delimitación para los cuatro pueblos. Dueñas agrega que no se realizó la consulta previa requerida para su expedición y su cumplimiento amenaza el derecho a la propiedad privada de otros particulares.

    Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se pronunció también en 2019 a propósito de la demanda de nulidad diciendo que esa organización “ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación sobre este decreto en atención a los obstáculos que representa frente a la autonomía territorial y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, específicamente en ciudades como Santa Marta, Valledupar y Riohacha”.

    Ante estos cuestionamientos, Juana Hofman, asesora jurídica de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada y del Consejo Territorial de Cabildos, responde que la cartografía oficial de la Línea Negra es un efecto y no un motivo del decreto: “Eso está claro en el artículo quinto, que menciona que la cartografía oficial será adoptada una vez suscrito el mismo.

    Por otra parte, no se puede afirmar que no existe un listado cuando este existe, ya que el propósito principal del decreto es detallar uno por uno cuáles son las características y la ubicación de los 348 lugares sagrados que componen la Línea Negra”.

    Para la abogada es una grave imprecisión decir que no se hizo consulta previa y que no existe el documento que se menciona en el decreto, ya que “la consulta fue de consentimiento previo, libre e informado en tanto todo el proceso fue concertado con las autoridades civiles”. Gracias a esa consulta los pueblos indígenas trabajaron con el Gobierno nacional para construir el Documento madre de la Línea Negra.

    Hofman asegura que el decreto es una oportunidad para avanzar en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En una rueda de prensa el pasado 15 de julio, fue presentada #1500Latidos, una campaña en defensa de la Línea Negra que incluso fue tendencia en Twitter. Ante varios medios, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, indígena arhuaco, ecólogo y coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, comentó que:

    “Existe una deuda sistemática en el cumplimiento de las obligaciones estatales para garantizar la seguridad jurídica de los territorios que hemos reclamado históricamente los pueblos indígenas. El Decreto 1500 de 2018 es la única norma que reconoce y protege los derechos que tenemos sobre un territorio, que además tiene un gran valor espiritual, cultural y ambiental”.

     

    ¿Por qué proteger el Corazón del Mundo?

    Según la Fundación Prosierra, Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo y el 36 % de sus especies endémicas habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto que hay en el planeta, en el que existen nueve biomas diferentes y más de 30 ríos que surten de agua a La Guajira, Magdalena y Cesar.

    La Sierra Nevada se encuentra entre las 78 áreas terrestres irremplazables que son clave para la protección de los mamíferos, aves y anfibios de todo el mundo, según identificó la revista Science en un estudio publicado en 2013, y ha sido descrita por la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco como un “sitio de valor universal excepcional”. A pesar de que fue declarada en 1979 Reserva de la Biosfera, sus habitantes insisten en que la extensión del territorio protegido y las garantías sobre su conservación no son suficientes, ya que todavía hay una gran cantidad de espacios que se encuentran amenazados. Por esta razón las autoridades ambientales llevan años buscando que se le declare Patrimonio de la Humanidad. Hoy son pocos los mecanismos jurídicos que la protegen de los efectos del calentamiento global y de actividades extractivas.

    La Línea Negra ha sido considerada como un área de delimitación jurídica simple que protege la diversidad ecosistémica y cultural de la Sierra Nevada. Sin embargo, según el investigador Gerson Javier Pérez en su estudio sobre la eficiencia de la Línea Negra y otras áreas de protección de la Sierra Nevada, “a pesar de tener más de cuatro décadas desde su delimitación oficial, no ha prevenido que actividades como la deforestación, la presencia de asentamientos poblacionales y el desarrollo vial tengan lugar en su área de influencia. […] Lo que se concluye es que los territorios comunitarios no tienen el mismo poder disuasivo medioambiental como sí lo tienen los parques naturales y los resguardos indígenas”.

    De acuerdo con el catastro minero, en 2018 había 400 solicitudes para intervenir la Sierra Nevada, y entre 2019 y 2020 estas han ascendido a 600. Muchos de esos proyectos presentados con la denominación de minería “ecoresponsable”. “Nosotros como país estamos muy lejos de tener una regulación que permita hablar de minería ecoresponsable.

    En Colombia los estándares de calidad son mínimos y no existen unas reglas claras que permitan calcular cuáles son los pasivos sociales y ambientales que deja la minería. Una minería que no hace consultas previas a las comunidades no puede predicarse como ecoresponsable”, dice Diana Carolina Sánchez, coordinadora del semillero Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, vinculado al grupo de organizaciones que vienen acompañando a los cabildos de los cuatro pueblos en la defensa del Decreto 1500 de 2018.

    La tierra del olvido

    Daniela Balaguera, activista ambiental y asistente jurídica del cabildo arhuaco del Magdalena y La Guajira, afirma que en la Sierra Nevada existen dos concepciones del desarrollo opuestas: la de los indígenas y la de las empresas del sector minero-energético entre otras agremiaciones, que han desencadenado una serie de desacuerdos y violencias en las que se les ha llegado a tachar a los pueblos como “enemigos del progreso y de la propiedad privada”.

    Además, las comunidades miran con preocupación el control territorial de la región que ha tomado el ELN tras la desmovilización de las Farc, y el aumento y rearme de grupos neoparamilitares. El control de corredores geográficos estratégicos para las economías ilícitas es uno de los factores que más ha agudizado la violencia en la zona.

    “El Decreto 1500 no ha interferido con el proceso de paz, ni con los temas de seguridad, pero evidentemente esta arremetida de los gremios contra los cuatro pueblos los ha vuelto un blanco muy fácil para las arremetidas de grupos ilegales” dice Hofman. En consonancia, Balaguera afirma que si bien los pueblos han recibido apoyo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, no hay una respuesta rápida ni oportuna a las necesidades de las comunidades, sobre todo en términos de seguridad.

    A pesar de que autoridades indígenas y el expresidente Santos han aclarado que el decreto no permite expropiar tierras ni les otorga autoridad ambiental a los mandos indígenas, la falta de protocolos para implementarlo, así como las dificultades para realizar las consultas previas, sostienen la disputa entre indígenas, autoridades locales y gremios. Después de 60 años de lucha para conseguir autonomía sobre sus territorios, los pueblos de la Sierra Nevada esperan una respuesta positiva del Consejo de Estado ante su solicitud de participar mediante cabildos en las discusiones en torno a la demanda, para que sus espacios sagrados sean reconocidos y se pueda garantizar así su supervivencia cultural y física y la conservación ambiental del Corazón del Mundo.