Son las 11:30 de la noche y desde las escaleras de la estación Estadio del Metro se ve cómo la carrera 70 se inunda de personas que se tropiezan unas con otras al caminar. Se mezclan vendedores ambulantes, turistas, gente en busca de un lugar para rumbear o comer, trabajadores de discotecas que invitan a entrar a los establecimientos, personas vendiendo paquetes turísticos a la Comuna 13 o a Guatapé, músicos, pintores, habitantes de calle y personas mendigando. Entre estas últimas hay un grupo de mujeres indígenas que piden dinero acompañadas por sus hijos.
En las aceras de la 70 y de otras zonas de Medellín, principalmente en lugares de rumba, se ha hecho usual que haya grupos de mujeres, niñas y niños indígenas que bailan al ritmo de canciones que reproducen en parlantes estridentes, venden artesanías o simplemente extienden sus manos a la espera de que alguien les deje una moneda.
Según las cifras de la Personería de Medellín hasta septiembre de 2022, 582 indígenas se encuentran en situación de mendicidad en la ciudad, de los cuales 245 son niños, niñas y adolescentes. La misma entidad ha identificado que la mayoría pertenece a las etnias emberá katío, que proviene del departamento del Chocó; y a los emberá chamí, de Risaralda. Vienen, sobre todo, huyendo de las confrontaciones armadas, amenazas, masacres, minas antipersonales y reclutamiento de niños y jóvenes.
Ese es el caso de Martha*, una mujer indígena que llegó hace dos años a Medellín desde Chocó por amenazas del ELN. Se vino en bus con sus tres hijas, con la convicción de que en la ciudad podría encontrar más oportunidades, en especial para que su hija mayor pudiera entrar a un colegio. Hoy en día se dedica, junto a sus hijas y una bebé de tres meses, a pedir dinero en la carrera 70, porque, como ella misma lo dice, “no hay más formas y necesitamos comer”. Una cuadra más arriba, en la acera del frente, está Carmen*, hermana de Martha. En un muro tiene apoyada una bolsa de chaquiras y en las manos aguja e hilo para tejer una pulsera. Ella también lleva un mes pidiendo dinero en esta calle, pero no se sienta junto a su hermana porque vive en otro lugar y debe conseguir su propio dinero para sobrevivir.
La situación de Martha y Carmen es similar a la de muchas familias indígenas que llegan a la ciudad. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, entre enero del 2021 y mayo de 2022 llegaron 3905 personas afro e indígenas desplazadas del Chocó. Gran parte de esta población desplazada, en especial, la indígena, busca resguardo en los inquilinatos del barrio Niquitao, en el centroriente de la ciudad.
Martha cuenta que paga 20 mil pesos diarios por una pequeña habitación para dormir con sus hijas. También comenta que todas las familias indígenas que conoce viven en ese sector porque en otros lados difícilmente las reciben. “Las condiciones de estas mujeres son precarias,
hay falta de oportunidades, con una condición bastante compleja porque la mayoría son madres solteras, lo que las hace más vulnerables. Además, no hay dignidad en relación con la vivienda y las condiciones de salud y de higiene en los inquilinatos, donde se propagan muchas enfermedades”, cuenta Yaqueline Quintero Peña, quien desde el 2017 y hasta el 2019 trabajó en el proyecto del plan de atención para la población indígena del antiguo Equipo de Etnias de la Secretaría de Inclusión Social, que desde el 2020 pasó a llamarse Gerencia Étnica.
La mendicidad por parte de mujeres indígenas no es algo nuevo. En 1999 el periodista Juan Fernando Mosquera escribió para La Hoja sobre cómo era posible verlas en el piso, en compañía de sus hijos, pidiendo dinero y soportando las noches frías a la intemperie en el centro de Medellín. Es un ciclo que viene repitiéndose desde hace décadas porque Medellín ha sido una de las principales ciudades receptoras de población desplazada por causa del conflicto, pero también por otros factores como la búsqueda de oportunidades laborales y educativas.
Y desde entonces, cuando empezó a ser un asunto de interés periodístico y para la institucionalidad local, hay ciertos patrones que persisten en el ejercicio de la mendicidad de la población indígena. Por ejemplo, que no se ve a los hombres indígenas en esta actividad. Olga Carvajal Rojas, abogada, antropóloga e integrante de la unidad móvil de la Gerencia Étnica de la Alcaldía de Medellín, explica que “las dinámicas culturales apuntan a que las mujeres y los niños son objetos de lástima y que es más difícil que a un hombre le den limosna, por eso salen solo ellas”.
Durante el confinamiento por el coronavirus las familias encontraron una nueva forma de “rebusque”: mujeres y niñas en sus vestidos tradicionales pasaban bailando frente a edificios de barrios como Laureles, esperando recibir alguna moneda o billete desde las ventanas. Al término del confinamiento estricto y con la apertura de zonas rosas como el parque Lleras y la 70, se trasladaron a estas calles.
“Bailar por dinero es una nueva modalidad que empieza a salir de ese proceso de occidentalización, entonces aplican ciertos métodos que usamos nosotros acá. Muchas veces al no encontrar el dinero en la venta de sus artesanías, les resulta más beneficioso bailar, eso es mejor en la época de festividades porque a los extranjeros les resulta jocoso”, asegura Yaqueline.
Y eso ha representado un riesgo adicional. Yaisa Palacio, quien fue la gerente Étnica de la Alcaldía de Medellín entre julio y octubre de 2022, le dijo a De la Urbe cuando aún estaba en ese cargo, que a esa entidad le preocupa que niñas y mujeres indígenas puedan ser víctimas de explotación sexual por cuenta, entre otras razones, de la exotización de sus cuerpos. “Eso le llama mucho la atención a un prototipo de hombre, yo creo que ese tipo de hombre son los extranjeros que vienen a buscar eso [turismo sexual] aquí”.
Aunque no dio una cifra ni se refirió a casos concretos, Palacio dijo que a la Gerencia Étnica han llegado varias denuncias por abusos contra las niñas indígenas que bailan en el sector de Provenza, muy cerca del parque Lleras. Igualmente, contó que entre la mayoría de las mujeres que lo hacen, hay una especie de narrativa construida: cuando la unidad móvil pedagógica se les acerca, ellas dicen no hablar ni entender español, no dicen su edad −porque muchas son menores de edad− y si se les pregunta por los niños y las niñas que las acompañan, dicen que no son sus hijos, sino sus hermanos o sobrinos.
Por esto es muy común ver a diferentes grupos de mujeres con los mismos niños y niñas. En una misma calle hay varias integrantes de una familia y los más pequeños van rotando en cada grupo. Es el mismo caso de Martha y su hermana Carmen, cada una desde una acera distinta. Las hijas de Martha van por ratos a acompañar a su tía.
Una mendicidad más incómoda
En un recorrido por la 70 se puede ver hasta seis grupos de mujeres indígenas pidiendo dinero en las aceras. Se distribuyen desde la estación Estadio hasta la Universidad Pontificia Bolivariana. De acuerdo con el seguimiento que ha hecho la Gerencia Étnica, para la época de vacaciones aumenta el número de indígenas en la mendicidad, de la misma forma que aumenta el turismo de extranjeros.
Funcionarias de esa dependencia explican que esos momentos concretos del año en los que aumenta el número de indígenas en la ciudad coincide con épocas de mayor circulación de dinero, lo que indica que, además del conflicto armado, hay factores económicos y de necesidades básicas insatisfechas que explican el desplazamiento.
Este tipo de mendicidad ha recibido cuestionamientos por parte de algunos comerciantes de la 70, lo que en el fondo esconde su racismo y deja en el aire la idea de que hay un tipo de mendicidad que resulta más incómoda que otra. “Esto no se puede convertir permanentemente en una letrina. Aquí no hay respeto de ninguna manera por parte de ellos, sienten que tienen derecho a habitar como hacen en sus regiones, donde hacen sus necesidades en donde sea”, le dijo a De la Urbe Betty Olaya, directora ejecutiva de Aso70, una agremiación que reúne a propietarios de diferentes establecimientos en esa zona.
Ante los reclamos de ese grupo de comerciantes, la Gerencia Étnica ha recorrido la zona con una unidad móvil de la que hacen parte traductoras, una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. Su papel es netamente pedagógico y, a diferencia de lo que espera Aso70, brindan información y dirigen sus casos a entidades como el ICBF, la Secretaría de Salud o la Policía de Infancia y Adolescencia.
Al respecto, Betty Olaya dice que hace falta la unión de fuerzas de las distintas secretarías para la atención de los indígenas. “Los funcionarios de la Gerencia Étnica dicen que su competencia llega hasta la pedagogía, pedagogía sin soluciones, simplemente es permisibilidad a que continúen con sus conductas”, afirma la líder gremial.
En Medellín por el Acuerdo 130 de 2019 se creó la política pública para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la ciudad. Esa norma incluye dos líneas: la primera, el componente de participación y, la segunda, la atención psicosocial. Y aunque en 2020 el Equipo de Etnias, que hacía parte de la Secretaría de Inclusión Social, se convirtió en la Gerencia Étnica adscrita al despacho del alcalde, Yaisa Palacio reconoce que hay muchos limitantes para realizar una atención integral. Uno de ellos es la diversidad de pueblos indígenas y sus lenguas, y por otra parte están los recursos y el personal para atender situaciones de riesgo en toda la ciudad.
A eso se suman los imaginarios de muchas personas, el racismo, y la dificultad para entender la mendicidad y el desplazamiento en toda su complejidad. “Hay un purismo frente a la mendicidad de las comunidades indígenas con relación a la ciudad, no entendemos que estén acá porque tenemos el concepto de que lo tienen todo en su territorio y no deberían salir, porque nos incomoda lo que desconocemos y no valoramos las identidades culturales que representan”, comenta Yaqueline Quintero.
Tanto Yaqueline como las integrantes de la actual unidad móvil de la Gerencia Étnica reconocen que existe discriminación y que han recibido llamados para “recoger a los indígenas”, mientras hay otras personas que piden dinero en las calles que, según dicen las funcionarias, no causan tanta incomodidad.
Para Aso70 es una situación que afecta sus negocios y para la que no han encontrado soluciones efectivas. Según dice Betty Olaya, esto ha llevado a que algunas personas planteen otro tipo de acciones: “Estamos cansados de la misma situación, de lo mismo repetitivamente, va a llegar un momento en que los comerciantes actúen por las vías de hecho y eso es lo que hay que evitar”.
Pero el problema, como dice Yaisa Palacio, tiene raíces mucho más profundas: “Nos hemos quedado cortos, no solo como Gerencia y como institución sino como sociedad. Yo creo que gran parte del recrudecimiento o de la maximización de este fenómeno se debe a temas sociales aquí en la ciudad. Y eso hace parte de las dinámicas de relacionamiento que nosotros tenemos con el entorno y con el otro”.
*Nombres cambiados para proteger las identidades de las fuentes.