De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, por sus siglas en inglés, en 2019 unas 3000 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable. Ello está inscrito en lo que la misma organización entiende por seguridad alimentaria: “Acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
Este dato está plasmado en un informe que la FAO y otras organizaciones como la Unicef y la Organización Mundial de la Salud publicaron a mediados de este año, a propósito de la contingencia sanitaria por el coronavirus. ¿Y por qué resulta relevante esta información ahora mismo? Pues, en resumen, de acuerdo con estas organizaciones, la pandemia y las medidas tomadas por los países para contener su avance podrían causar que este número empeore. En especial, en países donde ya existían problemáticas de seguridad alimentaria.
En Colombia, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), publicada en 2015, más de la mitad de los hogares vive en condiciones de inseguridad alimentaria, un problema que viene en aumento; con la situación actual, miles de hogares colombianos podrían ver esta comprometida, más de lo que ya está, como consecuencia de la pérdida de empleos, el deterioro de la economía, los cierres de fronteras, las cuarentenas y las interrupciones en las actividades del comercio, los mercados y algunas cadenas de suministros.
En este contexto han surgido planes para auxiliar la alimentación de las poblaciones más vulnerables no solo al virus, sino a las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por las medidas para frenar el contagio. Un ejemplo de esto es el programa Colombia Está Contigo, del Ministerio del Interior, que con un presupuesto de 200.000 millones de pesos pretende entregar ayudas humanitarias, como mercados y subsidios, a cerca de cuatro millones de colombianos.
Entre tanto, otro ejemplo de ese tipo de iniciativas es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que desde el cese de actividades presenciales en las instituciones educativas oficiales cambió su modalidad a la entrega mensual de complementos para preparar en casa con base en lo estipulado en la Resolución 0007 del 16 de abril del Ministerio de Educación Nacional.
Otro ejemplo, pero a nivel local, fue la Donatón por Medellín realizada el 12 de abril y promovida por la Alcaldía de esta ciudad con el fin de recolectar alimentos para las poblaciones más vulnerables. Según datos de la administración municipal, se habrían recogido más de 100.000 mercados y más 13.000 millones de pesos, con los cuales se habrían beneficiado a cerca de 600.000 familias.
Así fue la entrega de los paquetes alimentarios de la marca Milo, propiedad de la multinacional Nestle.Fotografía: Secretaría de Educación de Bogotá
A su vez, el sector privado ha participado con donaciones de alimentos en convocatorias oficiales como las “donatones” de Medellín y Bogotá ‒que se realizaron el 19 de abril‒, pero también por medio de iniciativas propias. Una de las más publicitadas, fue la donación de productos de la marca Milo, destinados a convertirse en 15.000 desayunos para niños de familias vulnerables de Bogotá y Medellín.
¿Ayudas que no ayudan?
A pesar de los efectos mediáticos y la sensibilidad que despiertan algunas iniciativas solidarias, de acuerdo con organizaciones académicas y civiles, algunas de estas ayudas, e incluso los paquetes alimentarios que entrega el Estado, podrían no ser una solución adecuada por sus bajos componentes nutricionales e, incluso, podrían tener efectos adversos en la salud.
Desde abril, Verónica Úsuga, madre de un estudiante de transición de la Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez, en el noroccidente de Medellín, es citada sin falta una vez al mes a esa institución para recoger el paquete correspondiente al complemento alimenticio del PAE.
El objetivo de ese programa es asegurar la permanencia y el derecho a la sana alimentación de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de todo el país matriculados en el sistema educativo público. Antes de la pandemia, los complementos eran entregados en la jornada escolar a lo largo del calendario académico y estaban orientados a brindar a los niños, niñas y adolescentes nutrientes básicos para una buena alimentación, además de fomentar hábitos de consumo saludable.
Sin embargo, desde la suspensión de clases el pasado 16 de marzo, para que el PAE pudiese seguir cumpliendo su objetivo, se han expedido nuevos lineamientos y estándares que cambian los complementos entregados en la jornada escolar para su consumo inmediato, a paquetes con alimentos con un costo similar, pero para asegurar la alimentación de los menores por al menos un mes. Por esa razón están compuestos por productos no perecederos tales como lentejas, frijol, leche en polvo, pasta, arroz blanco, galletas, bebidas achocolatadas en polvo, entre otros.
Estos paquetes mensuales, comenta Verónica, aunque no alcanzan para todo el mes, no dejan de ser una ayuda valiosa, en especial teniendo en cuenta que por lo menos cubre parte de la alimentación de uno de los cuatro miembros de su familia. Sin embargo, extraña la carne, frutas y vegetales que sí se encontraba su hijo en el complemento que recibía en su colegio.
Yesenia Ríos, líder técnica del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, explica que ante las críticas por no entregar productos perecederos y producidos en Colombia ‒para de esa manera ayudar a productores locales‒ hay razones prácticas: ineficiencias en el transporte y dificultades logísticas para entregar alimentos que podrían ser más nutritivos, pero que se descomponen más fácilmente. “Nosotros tomamos en cuenta qué alimentos no podemos incluir e intentamos reemplazarlos con otros que puedan cumplir con esos valores nutricionales. También sabemos que no podemos llenar estos paquetes con enlatados. Nosotros intentamos equilibrar estos paquetes”.
El PAE no es el único proyecto del cual el ESAN debe encargarse, este equipo también debe velar por la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables en Medellín como las personas mayores, las víctimas del conflicto y las familias en situación de emergencia. De acuerdo con Ríos, la planeación, elaboración y entrega de estas ayudas son procesos que normalmente toman entre uno y dos meses, esto porque, a partir de una plantilla con especificaciones técnicas realizadas por el ESAN sobre de qué y cómo deben estar compuestas las ayudas alimentarias para mantener un balance nutricional, se realizan observaciones de orden presupuestal desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, con la administración del alcalde Daniel Quintero se implementaron cambios, principalmente en la contratación, que han retrasado los procesos:
“En el pasado, se hacía por convenios de asociación con bancos de alimentos y con otras empresas. Esta administración está haciendo subasta, o sea, un proceso abierto. Aunque hay mayor transparencia y pluralidad para llenar los requisitos de especificaciones técnicas, se presentan más oferentes que hay que evaluar, analizar, documentar y esperar cuál es el ganador”, dice Ríos.
Esto causó que la planeación, elaboración y entrega de las ayudas alimentarias para población vulnerable se concretara apenas en julio. Por ello, para la atención de esas necesidades durante la cuarentena, en un primer momento se utilizaron las existencias de los servicios de alimentación escolar. Pero la otra estrategia que se implementó para subsanar la demora en esos procesos fue mediante donaciones: “Desde la Alcaldía se decidió hacer la donatón para recolectar mercados. Desde el inicio de la pandemia se han entregado unos paquetes. Todos los mercados que se han entregado han sido los recolectados en las donaciones”, dice la funcionaria.
Según datos de la Alcaldía de Medellín, con las donaciones obtenidas en esa iniciativa fueron entregados cerca de 100.000 mercados. Sin embargo, por no tener el control de los productos, tal como Ríos explica, no existe claridad sobre las propiedades nutricionales de las ayudas que recibieron las personas beneficiadas.
Entre el 29 de abril y el 8 de mayo fueron entregados en Medellín 219.282 paquetes del Programa de Alimentación Escolar.
Fotografía: Telemedellín
Situaciones como esta despertaron la preocupación de la Red de Padres y Madres (Red Papaz), entidad que aboga por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esta entidad envió el 29 de mayo una serie de peticiones a alcaldías y gobernaciones, en las que consultaba sobre los alimentos que han sido donados, sus marcas, y en el caso de donaciones que hayan sido realizadas por empresas piden especificar cuáles lo hicieron.
Un mes después, en un carta enviada a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, Red Papaz afirmó que para ese entonces solo cuatro gobernaciones ‒Santander, Quindío, Vichada y Antioquia‒ y una alcaldía ‒Pasto‒ habían respondido a la solicitud inicial, alegando además que, por ejemplo, en el caso de la Gobernación de Antioquia, “se omite referir los productos que se están entregando”, y explica que “esto resulta preocupante comoquiera que no hay un escrutinio público de los productos que están siendo entregados con apoyo de la Gobernación”.
Una preocupación similar es la que ha expresado la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (Radhana), una organización compuesta por universidades e iniciativas civiles colombianas que pretenden abogar por una alimentación saludable. Esa red señala, en un comunicado compartido por sus miembros el pasado 21 de mayo, que “existe un impacto negativo en la realización y el disfrute del derecho humano a la alimentación en amplios sectores de la población, pero especialmente en las comunidades más vulnerables, receptoras de las ayudas alimentarias de los Gobiernos nacional y local, ayudas que en una preocupante proporción incluyen productos cuyo aporte nutricional se caracteriza por contener sustancias que hacen daño a la salud”.
Y este es el principal argumento de ambas organizaciones: tanto las ayudas conformadas por donaciones como las planificadas y adquiridas por el Gobierno nacional o por las entidades municipales o departamentales podrían contener productos que ni siquiera son alimentos: los comestibles ultraprocesados.
“Más que alimentos, fórmulas industriales”
En su comunicado, Radhana señala también que la inclusión de productos ultraprocesados en las ayudas alimentarias entregadas por las autoridades va en contravía de garantizar el derecho a la alimentación, además de que, como se citó antes, podrían tener efectos negativos en la salud de las poblaciones “beneficiadas”.
Diego Alejandro Gaitán es médico, doctor en Nutrición y Alimentos, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, coordinador del semillero de investigación Problemáticas de Interés en Nutrición Pública de la misma institución y miembro de Radhana. Explica que un alimento es aquello que al ser consumido puede brindar fibras, proteínas y vitaminas; nutrientes importantes para garantizar un buen estado de salud. Agrega que, teniendo un origen natural, un alimento es susceptible de ser tratado con procesamientos menores para aumentar su duración, mejorar su sabor o amplificar sus efectos sobre la salud. Ejemplos de estos procesamientos serían el congelamiento, la cocción o la curación.
“Cuando yo le echo sal a un chorizo, ¿para qué lo hago? Para curarlo ¿Y eso para qué sirve? Para que el chorizo dure por más tiempo. Entonces, yo no modificó el chorizo, yo lo estoy procesando sin cambiar sus propiedades, sigue teniendo un origen natural y me sigue dando los mismos nutrientes”, expone Diego.
Los alimentos procesados van a otro nivel, tal como explica Gustavo Cediel Giraldo, nutricionista y, como Gaitán, doctor en Nutrición y Alimentos, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad, integrante del mismo semillero y también de Radhana. Cediel afirma que “estos ultraprocesados son, más que alimentos, fórmulas industriales con la presencia de aditivos, preservantes y saborizantes artificiales que mimetizan alimentos naturales”.
Además, de acuerdo con un artículo publicado en el portal de divulgación científica en salud, Heal Ways, bajo la asesoría de Cediel, para elaborar estos productos se “usan ingredientes baratos de producir, pero igualmente bajos en calidad nutricional: mucha azúcar, sal y grasas saturadas, pero con poca proteína, fibra y vitaminas”.
Todo esto puede causar efectos en la salud como el aumento de la probabilidad de sufrir afecciones como cáncer, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso existe evidencia que asocia los ultraprocesados con depresión, aunque son necesarios más estudios para probar su relación de causalidad.
“Entonces si nos ponemos a pensar ‒comenta Diego Gaitán‒ estos ultraprocesados en estas ayudas no solo alimentan mal a las personas, sino que también tiene efectos adversos. Hay una idea de que mitiguemos el hambre, no importa a costa de qué. Se tiene que comprender que la alimentación va más allá de esto”.
Además, tanto Red Papaz como Radhana han hecho un señalamiento a propósito de las donaciones hechas por grupos empresariales y multinacionales: ha habido una instrumentalización de la solidaridad para sacar provecho económico a expensas del bien común.
¿Cosechando los beneficios del altruismo?
“Somos conscientes de la situación que están pasando miles de familias en el país como resultado de la pandemia; por ello, gracias a las Alcaldías de Bogotá y de Medellín podemos materializar nuestro compromiso de seguir ayudando a quienes más lo necesitan y aportar soluciones que formen parte de la mitigación de los impactos que esta coyuntura está generando en muchos colombianos”. Esas fueron las palabras de Martha Arbeláez, directora de Marketing y Comunicaciones de Nestlé, al anunciar la entrega de los 15.000 paquetes de desayunos entre finales de junio y principios de julio en Bogotá y Medellín.
La ayuda fue comunicada por distintos medios de comunicación como Forbes, La República, Semana, entre otros. Y de la misma manera, en redes sociales circularon quejas y aplausos a la causa de la multinacional.
Pero, ¿por qué surgió el debate? Por dos razones fundamentales: el despliegue publicitario que acompañó la donación y las inquietudes sobre qué tan acertado es brindar estos ultraprocesados a esa población. El profesor Diego Gaitán invita a llevar la discusión a otro nivel. ¿Cuál es el principal objetivo de estas ayudas?
De acuerdo con Gaitán, este tipo de acciones se les conoce como actividad política corporativa discursiva: “Una de esas estrategias es mejorar la imagen de la empresa. ¿Cómo lo hacen? Generan un plan, una estrategia, una fachada, en la que ellos actúan en una causa benéfica, en este caso estamos hablando de un producto que se entrega a un grupo de niños vulnerados y se presenta como una alternativa para acabar con el hambre”.
Con base en lo expuesto por Diego, otro ejemplo podría ser la donación de 200.000 mercados por parte del Grupo Nutresa, con productos de sus marcas Saltín Noel, Zenú, Chocolisto y Festival, a familias de todo el país. Además del aporte monetario que hizo ese conglomerado económico a la Donatón por Medellín. El presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, afirmó en su momento: “Asumimos como principio abordar esta situación pensando siempre en el bien común y con la claridad de que lo más importante son las personas y el cuidado de su salud y su vida. Somos también conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de garantizar el suministro de alimentos a la sociedad”.
Al respecto, Gaitán afirma: “Cuando la gente no tiene para comprar carne compra mortadela, por ejemplo, pensando que es un perfecto sustituto de la carne, cuando no lo es porque tiene niveles mínimos de alimentos naturales. ¿Qué vemos ahí? Una naturalización del consumo. Y con estas estrategias lo que se busca es fomentar esa naturalización”.
Y los efectos de esas prácticas corporativas se encuentran, por ejemplo, en la defensa que usuarios de redes sociales hicieron de la marca Milo ante las críticas de nutricionistas por sus donaciones. Los argumentos se sustentaban en un punto que es difícil de negar: no se le puede pedir a alguien elegir entre el hambre y la mala alimentación. Y enfocar el debate en ese asunto, de acuerdo con Gaitán, sería igualmente erróneo, ya que no se estaría viendo el panorama general: en Colombia existe un sistema de alimentación que termina derivando en este tipo de encrucijadas.
Sin embargo, para el experto esto no exonera a las empresas de sus responsabilidades: “Yo no creo en las actitudes altruistas de la industria de productos comestibles ultraprocesados. Si estuvieran pensando en el bienestar de las personas, tendrían en cuenta que estos productos tienen un efecto adverso. En el caso de Milo, toca recordar que las ayudas son destinadas a niños que se están programando metabólicamente. Y recordemos que los niños obesos de hoy van a ser los enfermos cardiovasculares del futuro. Además, hay que recordar que entre la población más vulnerable al virus están las personas con diabetes y enfermedades cardiovasculares”, comenta Diego.
Lo cierto es que esa encrucijada entre el hambre y la mala alimentación se constituye también de incapacidades institucionales y de intereses comerciales y políticos. Con los efectos sociales y económicos de la pandemia, en el caso de Colombia surgen reflexiones que requieren ir más allá de cuestionar o celebrar los actos de “altruismo” de la industria.