Andrés López – Intervención: Melissa Salazar.
En una de sus primeras declaraciones como alcalde electo, Daniel Quintero cuestionó el tratamiento que la administración anterior, de Federico Gutiérrez, le dio a la protesta social durante el Paro Nacional: “He pedido a la Policía de Medellín no hacer uso del Esmad en las marchas pacíficas que se vienen realizando en la ciudad. Policía seguirá acompañando movilizaciones para cuidar de la vida de los marchantes. #LaVidaEsSagrada”, publicó en su cuenta de Twitter el 26 de noviembre de 2019. Sin embargo, los primeros nueve meses de su administración han planteado un panorama diferente.
Según la Corporación Jurídica Libertad (CJL), durante las protestas del Paro Nacional que iniciaron el 21 de noviembre de 2019, en la administración de Gutiérrez se reportaron 114 personas detenidas, ocho heridos y un mutilado. En 2020, ya en la administración de Quintero y solo durante dos fechas, el 21 de enero y el 15 de junio, más de 90 personas fueron detenidas y se reportaron 10 casos de tortura. “El enfoque de criminalización a la protesta social es un asunto en el que por lo menos las dos últimas administraciones empataron”, afirma la socióloga Astrid Torres, investigadora de la CJL.
Varias personas consultadas, integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos opinan que la administración de Quintero no se distancia mucho de la de Gutiérrez en el tratamiento de la protesta y en su enfoque sobre los problemas de seguridad. “Por más que Daniel Quintero diga que es independiente, porque se montó con un discurso bastante progresista y cautivador, en lo que concierne al tema de derechos humanos y seguridad no se aparta de la línea tradicional que ha tenido Medellín por lo menos en las últimas tres administraciones”, afirma Torres.
Para Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), no hay una política clara al interior de la Alcaldía para la protesta social: “Nos atrevemos a decir que la Secretaría de Seguridad tiene una visión más militarista, donde prima el seguritarismo por encima de una política integral de seguridad, una con un enfoque de seguridad humano”.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública en la alcaldía de Quintero empezaron el 21 de enero. Luego de una marcha que finalizó en el parque de El Poblado, un grupo de personas se trasladó al Hotel Dann Carlton y algunas de ellas pintaron grafitis en las paredes del edificio. Al final de la tarde, el Esmad intervino y después de los choques entre manifestantes y policía, Quintero apareció ante los medios limpiando las paredes pintadas. Un mes después, el 20 de febrero, el Esmad ingresó al campus de la Universidad de Antioquia y lanzó gases lacrimógenos y bombas aturdidoras mientras un grupo de estudiantes le exigía salir de la institución. Esa fue la primera incursión de la policía a la Universidad luego de que el 10 de febrero el alcalde publicara lo que llamó “Protocolo de reacción contra explosivos en universidades”, con el que ordenó el ingreso del Esmad a los campus cuando fueran usadas “papas bomba” en las protestas. Ese documento generó críticas e intentos fallidos de mesas de diálogo entre la Alcaldía, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
El 24 de abril, ya durante el aislamiento por la covid-19, el Esmad dispersó a un grupo de ciudadanos que se manifestaba en el barrio Robledo pidiendo ayudas. Lo mismo ocurrió el 15 de junio, cuando la fuerza pública irrumpió en una manifestación convocada para rechazar el asesinato de líderes sociales durante la cuarentena. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, ese día la policía detuvo a 45 personas entre manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Y uno de los casos más recientes fue el de las protestas de principios de septiembre luego del asesinato de Javier Ordóñez a manos de varios integrantes de la policía de Bogotá. La reacción a ese hecho desató varias jornadas de protesta que solo en la capital del país dejaron por lo menos 13 personas muertas, varias de ellas asesinadas por disparos de la policía. En Medellín, durante las protestas del 10 y el 11 de septiembre, hubo daños a bancos y establecimientos comerciales. Pero además un conjunto de organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías (PSG), aseguraron que nueve personas fueron privadas de la libertad solo en Medellín y una más en el municipio de Caldas. Agregaron que ocho defensores de derechos humanos fueron agredidos y que seis personas fueron heridas por el Esmad, al que acusaron de hacer disparos frontales contra los manifestantes. En su informe también mencionaron los golpes propinados a algunos de estos por integrantes de la policía de carabineros.
El 11 de septiembre, el alcalde Quintero publicó un video en el que afirmó: “En Medellín no vamos a permitir los abusos policiales, pero tampoco vamos a permitir que unos pocos vándalos nos acaben con la ciudad”.
La violencia y el discurso
Medellín ya venía con un ritmo constante de protestas desde el Paro Nacional y la publicación del protocolo antiexplosivos en las universidades. Pero las condiciones de aislamiento de la pandemia provocaron que las manifestaciones se focalizaran y buscaran otras formas.
Primero aparecieron los trapos rojos, que se replicaron en varias ciudades y que tenían como fin alertar sobre las condiciones de pobreza de miles de familias que veían aún más afectada su subsistencia por el aislamiento obligatorio. Luego, estas protestas simbólicas pasaron a las calles con algunos movimientos estudiantiles que salieron a pedir condiciones dignas durante la cuarentena, más tarde se convocaron plantones feministas en rechazo a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres, huelgas de hambre de estudiantes exigiendo matrícula cero, marchas de la población trans y cicladas de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Un dato que ilustra el contexto de algunas de esas reivindicaciones es que entre marzo y mayo de 2020, Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo del 21.6 %, la segunda más alta en el país, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares. “En Medellín se protesta por redistribución, así como por reconocimiento”, dice Santiago Alarcón, asesor e investigador del consultorio jurídico Fidedigna.
Es claro entonces que en las movilizaciones se expresan motivaciones diversas, multiplicidad de actores e incluso posturas divergentes sobre las formas de protesta y su legitimidad. Allí confluyen tanto personas que reivindican formas pacíficas de manifestarse como las marchas, los plantones con abrazos y flores, o expresiones artísticas como el clown y la música; pero también quienes encuentran legítima la violencia y la llamada “acción directa”: como el tropel, el bloqueo de vías o la confrontación física. Esas diferencias hacen parte de los debates internos de los movimientos sociales y en las universidades, por ejemplo, han derivado incluso en expresiones de rechazo mutuas ante una u otra postura.
Es claro entonces que en las movilizaciones se expresan motivaciones diversas, multiplicidad de actores e incluso posturas divergentes sobre las formas de protesta y su legitimidad.
Sin embargo, la posición del alcalde se reduce a una dicotomía entre protesta pacífica y violenta. En la primera oración de su “Protocolo de reacción contra explosivos en universidades” afirma que respeta, valora y garantiza “la protesta en paz como un derecho fundamental”, pero dice que es su “deber constitucional” velar por la seguridad de todos los ciudadanos y así explica su decisión de autorizar el ingreso de la fuerza pública a las universidades “superada toda posibilidad de acuerdo”.
Al respecto, Astrid Torres explica que si bien en algunas movilizaciones puede haber personas que rayan paredes, usan papas bomba o incluso rompen vidrios, estas acciones no deben convertirse en una excusa para que la fuerza pública intervenga por completo en una manifestación y menos para que lo haga de forma desproporcionada. “Si la ley dice que tú lo puedes detener, detenlo, pero no es pegar una paliza, no es insultar, no es agredir, no es dar tratos inhumanos ni degradantes”, dice Torres.
Además de las instrucciones del alcalde a la policía y de las acciones de esa institución frente a las movilizaciones, al panorama se suman otros puntos del discurso de Quintero que indican sesgos y estigmatizaciones. El 20 de febrero, por ejemplo, el alcalde publicó un video de varios encapuchados en la Universidad de Antioquia y escribió: “¿Quiénes son estos encapuchados? ¿Qué quieren? ¿A quién responden? ¿Por qué fabrican y lanzan explosivos desde la universidad? ¿Por qué los estudiantes les hacen caso?”. En las declaraciones que dio ese día a la prensa aseguró: “Tenemos videos de limpiavidrios que son pagados, al parecer, venezolanos, para que hagan parte de la protesta, no sabemos si viene de la extrema izquierda o la extrema derecha, pero sabemos que quieren que le vaya mal a la ciudad”.
Luego, el 15 de junio, después de denuncias públicas sobre abusos policiales durante la manifestación de ese día, tuiteó: “Los que saben de estas cosas aseguran que estas marchas no son contra el Gobierno nacional, sino que buscan que a los alcaldes les vaya mal. Lo están logrando, pero a qué precio: ayudando a diseminar más una pandemia que podría matar a sus propios padres y abuelos”.
Contradicciones
El 4 junio de 2020, en Noticias Telemedellín, Juan Camilo López, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, declaró que la Alcaldía de Medellín prohibía las protestas y marchas en vía pública en época de pandemia. Argumentó la supuesta prohibición en el Decreto 749 de 2020 del Gobierno nacional que, entre otras medidas, impide las aglomeraciones. En el informe de ese noticiero se habló incluso de sanciones penales contra las personas que no acataran la restricción y de una supuesta resolución municipal que ratificaba lo dicho por el subsecretario.
Luego de esa noticia, la Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, integrante del PSG, presentó un derecho de petición y posteriormente una tutela contra la Alcaldía de Medellín en la que solicitó información exacta sobre dicha prohibición. El 14 de julio la administración municipal reconoció que nunca hubo un acto administrativo que prohibiera la protesta.
A pesar de ello, el 4 de agosto de 2020 el alcalde publicó en su cuenta de Twitter: “Importante: no están permitidas las marchas en la ciudad de Medellín por razones epidemiológicas. Llamo a la prudencia”. Para el abogado Santiago Alarcón, estas contradicciones tienen una explicación: “La Constitución ha establecido que la protesta social solamente puede ser regulada por medio de una ley estatutaria. Es decir, ningún mandatario puede regularla, poner límites o prohibirla, porque estaría extralimitando sus funciones, eso se lo hemos tratado de decir al alcalde en múltiples ocasiones”. Además, comenta Alarcón, la Corte Constitucional en Sentencia C-742 de 2012 dejó claro que la protesta, ni siquiera en estados de excepción, puede ser limitada.
Lo cierto es que, a pesar de esa protección constitucional a la protesta, la movilización social en Colombia se ha visto limitada no solo por las medidas de autoridades aplicadas a su modo durante la coyuntura, sino por normas que parecen entrar en conflicto con la garantía de ese derecho. Una de ellas es la figura de traslado por protección del Código de Policía que permite a esa institución conducir personas que están en supuesto peligro hasta algunos centros de la policía. Este fue el sustento normativo que utilizó la fuerza pública para detener a 45 personas en la manifestación del 15 de junio.
Mientras avanza la reapertura en la ciudad, también se reactiva de a poco una discusión aplazada por la pandemia: el tratamiento de la protesta por parte de una administración que se hizo elegir con un discurso progresista, y un alcalde que cuestionó las medidas adoptadas por su antecesor durante el Paro Nacional, pero que apeló al uso de la fuerza de la policía cada vez que pudo, incluso dentro de las universidades. Sobre esto último, aunque se creó una Comisión Accidental en el Concejo de Medellín, el concejal Daniel Duque, uno de sus integrantes, asegura que solo se reunió en dos ocasiones y que la petición de retirar el protocolo no fue acogida ni respondida, por lo que en el momento en que las universidades vuelvan a la presencialidad, el documento seguirá vigente. Parece que en Medellín, como dice Nelly Ospina, presidenta del IPC, al no existir una política integral de seguridad, el tratamiento de la protesta seguirá teniendo un enfoque militarista.
¿Qué dicen la Alcaldía y la Policía?
Para este análisis contactamos en un primer momento a la Oficina de Prensa de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín. La Policía no respondió a ninguna pregunta, mientras la Secretaría de Seguridad aseguró que la dependencia a cargo es la Secretaría de Gobierno. Allí buscamos durante dos semanas una entrevista con el secretario Esteban Restrepo, hasta que su equipo de comunicaciones solicitó un cuestionario por escrito y declinó dar declaraciones: “No será posible hablar con el secretario al respecto del tema porque no es de su competencia”, respondieron. Esto, a pesar de que fue Juan Camilo López, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, y subalterno de Restrepo, quien anunció en Telemedellín la supuesta resolución que prohibía las manifestaciones en vía pública.
Fue finalmente vía derecho de petición que obtuvimos respuestas de la Alcaldía de Medellín, en un documento firmado por el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo. Por ocurrir muy cerca del cierre de esta edición destacamos en este recuadro algunos de los puntos centrales:
Sobre el protocolo en las universidades:
El secretario lo explica a partir del cumplimiento de las responsabilidades legales de la Alcaldía de Medellín. Dice que tiene el propósito de “evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario”. En cuanto a su naturaleza jurídica, respondió que “constituye una orden de policía en el marco del cual se expone cómo debe desarrollarse la operación administrativa”, pero aclara que no tiene la naturaleza de un acto administrativo. Aunque no responde de manera concreta a la pregunta de si volverá a aplicarse y el Esmad ingresará a las universidades una vez se retomen actividades presenciales, agrega que la decisión de intervenir una protesta se adopta de forma “concertada y articulada” entre los integrantes del Puesto de Mando Unificado (PMU) que monitorea las protestas y reúne a autoridades civiles y de policía.
Sobre las movilizaciones de marzo, abril y junio, y la supuesta prohibición de la protesta:
Aunque hace todo un recuento normativo y asegura que “la Policía Nacional debe ser respetuosa en todo momento de las garantías constitucionales”, nunca responde de manera concreta a la pregunta sobre el balance de la intervención policial en esas manifestaciones y tampoco sobre las motivaciones para anunciar la supuesta prohibición de las protestas en la ciudad.
Sobre la agresión policial a dos estudiantes en las protestas del 15 de junio:
A la pregunta sobre cuál fue la orden específica de la Alcaldía de Medellín para las actuaciones policiales ese día, el secretario Acevedo respondió que las decisiones de intervención se adoptaron en el PMU. Sobre el caso concreto de los dos estudiantes que denunciaron haber sido golpeados con una viga de madera por un integrante de la policía, causándole a uno de ellos una fractura en un brazo y al otro en la mandíbula, el secretario le trasladó la pregunta a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta respondió que ese día “fue necesaria la intervención por parte de la Policía Nacional a través del uso legítimo de la fuerza, dejando unas capturas y traslados por protección”, y sobre las agresiones, aseguró que la Oficina de Control Disciplinario de esa institución adelanta una indagación preliminar sobre esos casos.