El Gran Hermano, ese personaje del libro distópico 1984, que todo lo sabe, que vigila a todos los ciudadanos y habita todos los lugares, suele revivir cada vez que un gobernante toma decisiones basadas en la utilización de tecnologías de la información e instrumentos de vigilancia.
Aunque varíe un poco el símil, la esencia de la comparación es la misma: a algunos ciudadanos les genera desconfianza que la tecnología se convierta en una herramienta de hipervigilancia y temen no solo al cambio de paradigma que implica la transición de un mundo análogo a uno digital, sino que estas herramientas estén en manos de gobiernos en los que no siempre confían.
La pandemia por la covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de los gobernantes para enfrentar la crisis. En el caso de Medellín, el alcalde Daniel Quintero optó, entre otros recursos, por los datos y la tecnología; para esto lanzó Medellín me Cuida, un micrositio alojado en la página web de la Alcaldía de Medellín. Esta plataforma fue lanzada el 5 de abril con el propósito de que los habitantes de esta ciudad cedan sus datos y reciban ayudas, y para que las autoridades de salud realicen vigilancia epidemiológica. El 29 de agosto había poco más de 3’435.000 personas y 130.000 empresas inscritas.
Las dudas sobre el destino de los datos recopilados y la efectividad de la plataforma para afrontar la crisis, unidas a las críticas hacia el imaginario de una ciudad innovadora y centro de la Cuarta Revolución Industrial, siluetean la imagen borrosa del Gran Hermano del libro de ciencia ficción de George Orwell. ¿Es esta imagen razonable o infundada?
Carolina Botero es la fundadora de Karisma, una organización que propende por los derechos humanos en el mundo digital. Para ella, la plataforma “es un sistema de vigilancia supremamente invasivo, en una ciudad que durante décadas ha sido muy violenta. El alcalde insiste en la confianza y creo que tendría que empezar también a mostrar signos de cómo esa confianza la va a mantener en el tiempo, porque la vigilancia se le podría salir de las manos”.
En contraste, para la Alcaldía de Medellín, el objetivo de Medellín me Cuida no es otro que contar con “una identificación, individualización y caracterización de cada grupo familiar, contar con información relacionada con morbilidad, determinar población vulnerable, identificar casos tempranos y relacionados, realizar cercos epidemiológicos y poder alertar a la comunidad sobre focos cercanos de infección que impliquen un riesgo para la salud”, como respondió la administración en uno de los tres derechos de petición remitidos por De la Urbe para este informe.
Ese debate entre intimidad personal y papel de cuidado que asume el Estado se ubica en el centro de la discusión sobre el uso de la tecnología basada en la información de los ciudadanos como mecanismo para enfrentar la pandemia.
Vigilar la pandemia
Medellín me Cuida tiene dos variantes: la versión para empresas, donde estas crean una base de datos con sus empleados y características puntuales de sus actividades, no solo de la ciudad sino de toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y la versión para familias, donde los ciudadanos de Medellín se inscriben a sí mismos y a su núcleo familiar.
Los datos que solicita la plataforma son de carácter público, como el número de identificación, la dirección de residencia, la edad, la actividad que cada persona desempeña y la nacionalidad; otros semiprivados, como el número de contrato de servicios públicos, número de celular, teléfono fijo y correo electrónico, y sensibles, como si quien se registra tiene comorbilidades y si posee síntomas de covid-19.
En resumidas cuentas, es una base de datos a través de la cual la Alcaldía realiza cercos epidemiológicos. Esta estrategia, según el epidemiólogo Felipe Vargas, consiste en “la búsqueda activa de casos para tratar de controlarlos, saber quién es la persona, dónde ha estado, y a partir de allí encontrar los posibles contagios y gente que pudo haber enfermado”. Con esta información, las entidades encargadas realizan un listado de personas que estuvieron en contacto con el contagiado, realizan pruebas y ordenan su aislamiento.
A su vez, lugares como los centros comerciales y los comercios independientes deben hacer un registro de sus visitantes en un formulario que luego es subido a Medellín me Cuida, para hacer un seguimiento de casos y posibles contactos. Además, el registro en la plataforma es también obligatorio para hacer utilización de los servicios del Sistema Metro.
¿Vigilar personas?
Las dudas sobre el manejo de datos de la plataforma se podrían dividir en tres: su temporalidad, su traspaso y quiénes manejan la información. Se debe aclarar que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, hasta finales de junio y desde la puesta en funcionamiento de la plataforma, el documento de términos y condiciones de Medellín me Cuida dirigido a las familias había tenido seis versiones y el documento para empresas había contado con tres. Este documento guía las formas en que se recolecta, gestiona y trata la información que los ciudadanos ceden en la plataforma.
Sobre el tema de la temporalidad, una de las críticas que recibía la plataforma en un inicio era que los datos iban a ser recopilados. “Imaginate vos llenar una aplicación en la que tengás que contar todas tus preexistencias médicas, si tenés sida, cáncer, diabetes, etc. y que nunca se vaya a borrar eso. Se puede prestar para que haya discriminación”, dice Daniel Duque, concejal de Medellín. Y es que en las primeras versiones de los términos y condiciones de la plataforma se contemplaba que la información no iba a ser eliminada a menos que el usuario lo solicitara explícitamente.
Sin embargo, en la tercera modificación, el 13 de mayo, se estableció que los datos serían eliminados de la infraestructura tecnológica de la Alcaldía una vez terminara la emergencia sanitaria y que no podría hacer uso adicional de ellos. Pero, por otro lado, en una rueda de prensa, el 29 de mayo, el alcalde Daniel Quintero afirmó: “La información que no sea necesaria después, se elimina. La información médica nosotros no la vamos a utilizar cuando acabe la pandemia”. Sin embargo, la primera parte de esa declaración enfatizó las dudas: ¿significa que entonces hay información que será “necesaria después” y que no será eliminada a pesar de que así está previsto en los términos y condiciones?
En su respuesta a uno de los derechos de petición remitidos por De la Urbe, la Alcaldía asegura que la eliminación de los datos se hará “mediante eliminación segura o herramientas anti-forenses, al respecto en el momento oportuno, será el Municipio de Medellín quien decidirá si se realiza in-house o con un tercero, procurando en cualquier caso, que sea una eliminación segura del dato, que además garantice el uso anonimizado como se indica en los términos y condiciones (sic)".
Por otra parte y respecto al traspaso de datos, en todas las versiones de los términos y condiciones se menciona que la información obtenida “puede ser compartida o transferida con fines de salud, estadísticos, generación de reportes”. Y abre la posibilidad de que esta información pueda ser compartida con “entidades Gubernamentales, de Salud y demás que se requieran para mejorar y/o aportar la plataforma o los fines para los que fue creado (sic)”. ¿Qué entidades podrían mejorar la plataforma? ¿A cuáles entidades se han compartido estos datos?
Al respecto, la Alcaldía responde que “la plataforma opera 100 % in-house, en consecuencia, no existe acceso total o parcial a los datos allí almacenados”. Y ante la petición de que se facilitara un listado con las entidades, personas jurídicas o naturales a las que se les compartió la información, asegura que “ni existe ni se procura que exista un tratamiento de circulación de datos con terceros, en cuyo caso, el Municipio de Medellín debería informarlo, modificación lo términos y condiciones [sic]”.
Esto plantea una contradicción: en sus respuestas, la Alcaldía afirma que no existe la posibilidad de que terceros accedan parcial o totalmente a los datos almacenados, pero los términos y condiciones establecen que pueden ser compartidos.
Y estas dudas se acrecientan con la pregunta sobre en manos de quién está la información recopilada. A finales de abril, el concejal Duque solicitó ante la Procuraduría que se abriera una investigación por un posible conflicto de intereses contra el subdirector de Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, Juan Camilo Oliveros.
Esto porque, a inicios de febrero de 2020, Oliveros era representante legal de la compañía encuestadora Gauss de Colombia, firma que, además, realizó las encuestas internas de la campaña de Daniel Quintero, según le dijo a De la Urbe, a finales de 2019, Diego Romero, para ese momento responsable de las comunicaciones del entonces alcalde electo y en la actualidad asesor del mandatario.
Actualmente, el padre de Juan Camilo, William Oliveros Betancur, es el representante legal de la compañía y Juan Camilo posee el 50 % de las acciones de la misma. Para el concejal Duque, el conflicto de intereses reside en el hecho de que es posible que Oliveros tuviera acceso a la información recopilada por Medellín me Cuida. Esto unido a lo antes expuesto sobre el traspaso de información con fines estadísticos.
Sobre la relación del subsecretario con la plataforma, la Alcaldía respondió que “no participó en la creación, planeación o ejecución de MMC – Empresas y Familia [sic]” y aseguró que “no sería posible que de forma directa o indirecta el funcionario Juan Camilo Oliveros Vélez pudiera tener algún tipo de injerencia actual o futura en la operación de MMC en sus dos versiones”.
Pero allí no acaba la discusión sobre el uso de tecnología y de medios de vigilancia para controlar la pandemia. El Decreto 0573, del 24 de mayo de 2020, que establecía las medidas necesarias para un plan piloto de reactivación económica y apertura de comercios independientes y centros comerciales en Medellín, ordenaba que las cámaras de seguridad de esos establecimientos se conectaran con el sistema de videovigilancia de la ciudad. Según la Alcaldía, esta interconexión serviría a futuro en estrategias conjuntas de seguridad.
Para ello, cada comercio recibiría una visita de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), dependencia de la que, a propósito, es gerente Diego González, hermano de Juan Sebastián González, subsecretario de Tecnologías y Gestión de la Información, responsable del desarrollo y la gestión tecnológica de Medellín me Cuida. Sin embargo, la administración municipal le respondió a De la Urbe que la ESU solo conectó 11 cámaras, una por cada establecimiento que se sumó al plan piloto.
Pero luego de los cuestionamientos, aquellas medidas que la Alcaldía mostraba como fundamentales para la reactivación económica en el plan piloto, dejaron de ser necesarias. Un par de semanas después, con el Decreto 596 de 2020, se eliminó el requerimiento de conectar los sistemas de seguridad.
De la Urbe consultó con ocho de los más grandes centros comerciales de Medellín si poseían cámaras de seguridad con softwares de reconocimiento facial o si habían sido parte de ese plan piloto de la ciudad y todos lo negaron. Entonces, al respecto, surge la inquietud sobre si efectivamente para el control de un virus resultaba útil el acceso de las autoridades a las cámaras de seguridad de almacenes como Flamingo o la Feria del Brasier y Solo Kukos, dos de los almacenes conectados al sistema de videovigilancia.
¿Medellín Futuro?
La creación de Medellín me Cuida no está aislada de uno de los énfasis del alcalde Quintero en su Plan de Desarrollo Medellín Futuro: 2020-2023. El “futuro”, ese tiempo indefinido, que en Medellín se diluye entre la idea de la Cuarta Revolución Industrial y la creación del “valle del software”, es una de las apuestas de esta administración que cuenta con una inversión de 1.18 billones de pesos. Con esto, en resumidas cuentas, la Alcaldía espera, según lo estableció en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), estimular la creación de nuevos empleos a través de “la educación, la innovación y el emprendimiento” en áreas asociadas con “la economía digital y la Cuarta Revolución Industrial”.
A propósito de la seguridad, según el PDM, el propósito es “articular inteligencia artificial, minería de datos, técnicas de análisis de información con sistemas de videovigilancia”. Se impulsan también “tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento […] y movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología”.
Pero además de las herramientas tecnológicas, los datos cumplen un papel esencial: los datos de los consumidores permiten que las empresas creen productos especializados, y los datos de los ciudadanos pueden ser útiles para que los gobiernos tomen decisiones basadas en el conocimiento de necesidades más concretas.
Santiago Alarcón, abogado y politólogo, integrante del Observatorio de Big Data de la organización de consultoría legal Fidedigna, hace una lectura política de la plataforma y explica que “Medellín me Cuida ha sido el primer intento de esta administración en mostrar cómo la tecnología puede usarse para tomar decisiones... Y ellos han encontrado que es un método acertado para tomar decisiones informadas, decisiones en casos donde se necesita una cantidad de información enorme que varía a cada momento”.
Sin embargo, Alarcón llama la atención sobre el revestimiento de autoridad y credibilidad que ofrece poseer los datos y afirma que “estamos asumiendo que como las decisiones del alcalde provienen de los datos que recopila, estos datos son objetivos y científicos, entonces las decisiones son correctas o las más adecuadas. Posiblemente sí lo sean. Lo que está mal es pensar que la tecnología por ser objetiva no puede ser sujeto de reflexión política”.
Medellín me Cuida no es solamente una plataforma, sino que también es toda una línea estratégica del PDM. Así, la Alcaldía dice al respecto en respuesta a uno de los derechos de petición de De la Urbe, que “si bien Medellín Me Cuida es una plataforma que apunta a ser un instrumento para la gestión social de la población en situación de riesgo, se convirtió en una estrategia para atender temporalmente las necesidades generadas por el Covid-19 y evolucionó de ser una sola plataforma a ser toda una línea estratégica en el plan de desarrollo, para la atención integral de las familias, en materia de desarrollo económico, salud, seguridad nutrición, entre otros [sic]”.
Por ello, el énfasis en la tecnología para la gestión pública de la pandemia pone en evidencia que crear una plataforma para enfrentar la crisis sanitaria no es fortuito y corresponde, más bien, a la antesala de una ciudad medida a través de las pantallas.
¿Efectividad o efectismo?
Cuando los hermanos Lumiére proyectaron sus primeras cintas de video ante espectadores, mostraron un tren que venía en dirección a la cámara. Se dice que muchos salieron corriendo pues pensaban que el tren iba a atropellarlos y es que, para aquel momento, esta tecnología era desconocida y la sociedad parisina de finales del siglo XIX nunca había tenido contacto con un videoproyector.
Asimismo, la utilización y efectividad de cualquier tecnología dependen de su desarrollo y de que haya sido adoptada y apropiada. Johnattan García, abogado y magíster en Salud Pública con énfasis en salud global e investigador de Dejusticia, dice que “en general casi todas las herramientas que nosotros tengamos para enfrentar la pandemia tienen éxito en la medida en que ya hayan tenido un desarrollo histórico en donde se utilizan. Si nosotros no teníamos una experiencia con eso, es difícil que funcionen de un día para otro”.
Por ello, la efectividad de la estrategia epidemiológica de Medellín depende no solo de la apropiación de tecnologías, sino también del acceso a recursos y herramientas más allá de las digitales. El acceso al agua, recursos básicos, ingresos estables y el robustecimiento del sistema de salud son factores que inciden directamente en el control de la pandemia.
China, Corea del Sur y Taiwán son ejemplos de la efectividad de las plataformas y aplicaciones para controlar el virus. Lo han logrado gracias a que su tradición está apegada al uso de tecnologías de la información y muchas de sus necesidades básicas están saldadas.
Yéssica Giraldo Castrillón, médica, magíster en Virología Clínica y docente e investigadora de la Universidad CES, dice que la gestión de la pandemia en Medellín tiene “mucho énfasis en la tecnología, mucho énfasis en lo mediático, en salir a brillar, en decir que aquí lo estamos haciendo muy bien porque estamos haciendo uso de la tecnología; pero mucho se ha especulado sobre la ampliación de camas, unidades de cuidados intensivos, ventiladores, y vemos que realmente eso no se ha cumplido de la manera en que se ha vendido”.
Tal es el caso de la antigua Clínica Saludcoop de la carrera 80 que se encontraba deshabilitada antes de la pandemia. El alcalde Quintero había anunciado su adecuación para albergar 156 camas de cuidados intensivos y atender pacientes de covid-19, pero resultó siendo una Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales con solo 60 camas.
Ese ejemplo de un anuncio que se quedó en lo mediático toma mayor fuerza con las cifras generales que demuestran cómo la ciudad se quedó corta en fortalecer sus capacidades hospitalarias: entre el primero de abril y el 28 de agosto, Medellín pasó de 351 a 951 camas para covid-19 e infecciones respiratorias agudas. Es decir, un incremento del 270 %. Mientras tanto, Bogotá, en las mismas fechas, pasó de 451 a 1854 camas; un aumento del 411 %.
Es por ello que, a propósito de datos e información, Giraldo cuestiona la forma como se han comunicado las decisiones. “Han sido laxos y ligeros en sus mensajes”, dice la experta. Entre esos mensajes se reiteró la idea de Medellín como ciudad ejemplar en el control del virus, con la tecnología como el centro de lo que, con mucha anticipación, ya se vendía como un caso de éxito, así fuera en su versión beta.