En junio de 2020, los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, más de diez organizaciones nacionales como AIDA, Dejusticia, ONIC y algunos semilleros de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Rosario radicaron ante el Consejo de Estado una serie de acciones legales para proteger y respaldar la legalidad del Decreto 1500 de 2018, que redefine los límites del territorio ancestral de esos cuatro pueblos indígenas, expresados a través de la Línea Negra.