Foto: Frente Comuneros del Sur del ELN
El Frente Comuneros del Sur reafirmó su intención de participar en los diálogos regionales iniciados el 9 de marzo en Samaniego, Nariño. En un comunicado en video publicado por RTVC el 12 de marzo, esa agrupación asumió también el compromiso de realizar labores de desminado humanitario.
Por su parte, Otty Patiño, Alto Consejero para la Paz, celebró la decisión de este grupo y además anunció la conformación de un equipo operativo en pro de ayudar a concretar con éxito el desminado.
A estos anuncios los antecede un pronunciamiento de la delegación nacional del ELN, que el 20 de febrero tomó la decisión de llamar a consultas a sus delegados y congelar los diálogos. El argumento central era que esta iniciativa regional, anunciada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, era un show mediático que pretendía disfrazar el incumplimiento del cese al fuego bilateral.
En ese momento, aunque no de manera explícita, se hizo referencia al punto siete del nuevo protocolo de acciones específicas, acordado en el sexto ciclo, que dice que el gobierno no puede desarrollar operaciones de desmovilización individuales y/o colectivas y de desarticulación de ninguna forma a estructuras del ELN.
Seis días después, Antonio García publicó una columna llamada La razón de la sinrazón. En su escrito, el Primer Comandante del ELN hizo alusión a una operación de inteligencia para acabar al Comando Central (COCE) y que, según él, fue puesta en marcha desde el 2014. Además, acusó al dirigente del frente Comuneros de ser un infiltrado, aliado con la Segunda Marquetalia y un grupo de paramilitares del pacífico.
Ese mismo día, Otty Patiño en entrevista con Cambio, habló sobre la denominada crisis y comentó que le parecía extraña la reacción de Antonio García: “Para él, este proceso es una conspiración de inteligencia para quebrantar y fracturar al ELN y, desde luego, no se trata de eso”.
Luis Fernando Trejos, profesor e investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, comentó que esta situación que expresaba el comunicado podía mostrar “que la unidad de mando dentro del ELN tiene fisuras. No está atomizada, pero tampoco es tan monolítica como se han esforzado en comunicarlo”.
Sin embargo, el impase parecía superado, puesto que, en horas de la tarde del 26 de febrero, en un comunicado conjunto, la mesa anunció la continuidad de las actividades propuestas en los acuerdos firmados hasta ese momento, o sea el cese al fuego, el proceso de participación de la sociedad y las labores humanitarias.
El 9 de marzo iniciaron los diálogos regionales en Nariño y la polémica parecía zanjada. Al evento desarrollado en el coliseo de Samaniego asistieron representantes de organizaciones sociales y comunitarias, así como defensores de derechos humanos. El inició de esas conversaciones se concibió como un puente de diálogo entre estructuras armadas presentes en el territorio y viró hacia la consolidación del programa gubernamental, Regiones de Paz.
Estas últimas están enmarcadas en la ley de Paz Total, o Ley 2272 de 2022, y básicamente son definidas como espacios territoriales donde se pueden adelantar, con autorización presidencial, diálogos de paz.
En el evento, el gobernador Escobar presentó las “Maquetas de Paz”, una serie de proyectos que contarán con el apoyo de Planeación Nacional y cuyo objetivo es invertir más de 230 mil millones de pesos en obras de infraestructura vial, plantas de tratamiento de agua, fortalecimiento de la presencia universitaria, entre otros.
En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes:
— Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024
1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr
Justo ese mismo nueve de marzo Antonio García, en su cuenta de X, volvió a llamar la atención frente a los diálogos regionales que, según él, realmente iniciaron a finales de 2022, al mismo tiempo que fue descubierta la operación de infiltración del la que habló en su columna.
García además insistió en que el Gobierno no solo continuó con dicho plan de desmovilización con el objetivo de mostrar a un ELN dividido, sino también protegió a la estructura con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz-UNIPEP y dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado.
Frente a la coyuntura que suscitó el anuncio del Gobernador el 19 de febrero, de iniciar diálogos regionales en Nariño y precisamente con el ELN, en una entrevista realizada por María Jimena Duzán y publicada el 11 de marzo, Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, aclaró que uno de los planteamientos que tiene el presidente Gustavo Petro es llegar al territorio con transformaciones, y agregó que los gobernadores tienen como mandato contribuir a superar los problemas de su región y generar sus propios cambios, lo que es diferente a iniciar diálogos con actores armados.
“La ley en Colombia no permite eso, un gobernador no se puede sentar a hacer diálogos con un grupo armado y llegar a acuerdos. Entonces diálogo hay que interpretarlo en este caso como el diálogo entorno a las transformaciones territoriales, donde obviamente se trata de que participen todos, donde también se vincule los procesos de participación”, aclaró Grabe.
Aun así, la polémica revivió gracias al nuevo comunicado del frente Comuneros del Sur, publicado el 12 de marzo, en donde reafirmó la voluntad de participar “en la construcción de paz desde los territorios”, declaración frente a la que de momento no hay un pronunciamiento por parte del COCE o de la delegación del ELN.
