Crédito: Cruz Roja

Para llegar a la casa donde residen varios promotores de paz, miembros activos del ELN que estaban en prisión, seguimos las indicaciones de un GPS. Al llegar al punto demarcado, nos comunicamos con Lacides Hernández, presidente de la ONG Confraternidad Carcelaria, quien envió a alguien en moto para llevarnos hasta donde estaba. Cuando nos encontramos, en una zona rural, Lacides subió al carro y dio indicaciones para recorrer, primero, un camino con placa huella, y después, un sendero sin pavimentar.

Llegamos a un portón, Lacides bajó del carro, lo abrió, subió de nuevo al vehículo y continuamos el recorrido unos cuantos minutos, hasta que indicó en donde parar. Al sonar la bocina del carro, de inmediato alguien abrió el portón desde adentro. Por, seguridad, no revelamos la ubicación específica de ese lugar.

Aparcamos y nos recibió un pastor alemán de unos seis o siete meses de edad que llevaba una pelota de caucho en la boca y buscaba con quién jugar. Había un jardín que daba al lugar toques de colores. Las cercas de arbustos que delimitaban la propiedad no medían más de dos metros de altura y dejaban ver, a lo lejos, algunas casas y grandes parcelas de cultivos.

Desde afuera, la casa principal parecía cómoda, lo suficiente como para albergar a cada uno de sus habitantes en un cuarto. Nada parecido a una cárcel, en donde en una celda diseñada para dos personas, tienen que acomodarse hasta ocho según lo que nos contaron los combatientes que ocupan esa casa gracias al acuerdo de alivios humanitarios al que llegaron en 2023 las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional. Las difíciles condiciones de reclusión en las penitenciarías del país las confirma el INPEC, que reportó para febrero de 2024 un 25% de hacinamiento en las cárceles colombianas.

Caminamos hacia la casa y, en el corredor, Lacides nos presentó a cuatro hombres, Juan, Carlos, Diego y Alejandro*. “Vengan, sentémonos allí”, nos indicó el primero de ellos, cuyo saludo más que efusivo fue acogedor. Con una sonrisa nos preguntó si queríamos un “tintico”, mientras llegaban dos compañeros que faltaban. Ingresó a la casa a buscar vasos y el termo con el café ya listo.

A los pocos minutos llegaron Roberto y Claudia*, la única mujer del grupo. Cada uno dijo su nombre, dónde había nacido, cuánto tiempo llevaba de militancia en el ELN y cuántos de esos años había estado en prisión.

Alejandro, el más joven de ellos, era el que menos tiempo había estado en la cárcel: siete años. Por su parte, Roberto, quien físicamente parecía más agotado, había estado 20 años en prisión. Fue Carlos quien tomó la vocería del grupo. De vez en cuando sonreía al contar alguna anécdota de su militancia o de su papel en el proceso de negociación. A diferencia de sus otros cinco compañeros, todos declarados promotores de paz y priorizados por sus estados de salud, Carlos fue designado con una figura diferente, la de gestor de paz.

La figura de la gestoría empezó a tomar forma en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Justicia y Paz, y terminó de reglamentarse en la presidencia de Juan Manuel Santos, con el decreto 1175 de 2016. Este beneficio es otorgado a miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) con el objetivo de que contribuyan a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con sus respectivas organizaciones.

Para estas negociaciones con el ELN, Carlos empezó a formar parte de este grupo de combatientes que, aunque no son delegados en la mesa, sí están vinculados al proceso cumpliendo tareas concretas. En su caso, una de esas responsabilidades fue integrar la comisión humanitaria, un tema que surgió desde el primer ciclo de conversaciones.

¿Qué dicen los acuerdos y qué se ha implementado?

Fue en medio de ese primer periodo de diálogos, realizado en Caracas, que ambas delegaciones firmaron el acuerdo número tres o, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Ese documento habla de dos campos específicos de acción: el primero, la atención de casos humanitarios en territorios y el segundo, la atención a personas privadas de la libertad.

El 12 de diciembre de 2022, al finalizar esa primera ronda de diálogos, la mesa firmó el primer acuerdo parcial sobre este tema, donde especificaron acciones humanitarias concretas y de emergencia. En lo territorial, se planteó la creación de una comisión que iba a evaluar y diagnosticar las situaciones de vulnerabilidad de la población afectada, y junto con las caravanas humanitarias, que recorrerían los municipios de Istmina hasta el Bajo Calima, ubicados en el departamento del Chocó, esperaban visibilizar, acompañar y respaldar a las diferentes comunidades.

En cuanto a la atención humanitaria de personas privadas de la libertad, el Gobierno acordó presentar siete casos urgentes de presos del ELN ante los jueces, para que cambiaran la medida de privación intramural por domiciliaria con la intención de garantizarles tratamiento médico.

De igual manera, para 40 casos identificados que continuaban con la medida de detención intramural, el ELN pidió una serie de acciones que incluían garantizar las medidas sanitarias para la atención en salud. Por su parte, el grupo insurgente en ese mismo acuerdo parcial habló de la liberación unilateral de 20 personas, en su mayoría miembros de la fuerza pública.

Cuatro meses después de la firma del acuerdo, el ELN comunicó la muerte de uno de sus integrantes, priorizados en esa lista: “El 11 de abril falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Samaritana de Bogotá, el militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses en estado vegetativo producto de negligencia para atenderlo de un preinfarto”.

Varias semanas después, en un nuevo comunicado la delegación informó sobre la muerte de Hermides Delgado León, un segundo miembro del ELN que falleció el cuatro de julio de 2023: “Hermides hacía parte de este grupo de compañeros que esperábamos pudieran tener un alivio y la posibilidad de enfrentar su enfermedad de una forma digna. Sin embargo, el incumplimiento del gobierno no permitió estas mínimas condiciones y la enfermedad terminó por imponerse”.

Reubicaciones

El tema de los alivios humanitarios volvió a ser discutido por la mesa en el cuarto ciclo de negociaciones y, al finalizar ese periodo, el cuatro de septiembre de 2023, los delegados firmaron tres nuevos acuerdos: 12, 13 y 14 (Acuerdo parcial sobre la evaluación jurídica de la situación de presos políticos y personas privadas de la libertad reconocidas como miembros del ELN recluidos en las prisiones y centros de detención del país). Este último creó una comisión jurídica de carácter temporal, cuyas labores debían iniciar el ocho de septiembre del 2023 en Bogotá.

Los objetivos de tal comisión era identificar rutas, medios y alternativas jurídicas para abordar temas como el tratamiento diferenciado y favorable a presos políticos del ELN; la redención o conmutación de tiempo de labores de la gestoría de paz a presos políticos y el traslado por seguridad, acercamiento familiar y procesal, abogando por la posibilidad de estar colectivamente en los establecimientos carcelarios.

Diego nos explicó el porqué de esos puntos: “En primer lugar, el INPEC le asigna una categoría a las personas privadas de la libertad que determina el nivel de seguridad y, por lo tanto, la asignación a un centro de reclusión. De manera que, para poder trasladar a los compañeros, esa clasificación debe cambiar”.

Cuando les pregunté qué significaba para ellos poder estar en un mismo patio junto a otros militantes, Diego respondió que significaba estar en comunidad. Pero esa posibilidad resulta problemática para el INPEC: “No nos dejan estar en un mismo patio porque podemos unirnos para hacer una huelga de hambre”, complementó Rodrigo.

De hecho, Claudia nos contó cómo en una ocasión la sacaron a ella y otras de sus compañeras de las celdas. Fue a las 4:00 de la mañana, las dejaron sentadas en una cancha, formadas, sin poder pararse ni moverse, aguantando los rayos del sol. Todo como castigo porque el día anterior habían protestado por la comida que les sirvieron.

“Sin mentirle, la comida estaba podrida. Nos traían el arroz rancio. A uno le tocaba escarbar a ver qué se salvaba”, nos dijo. Al igual que Rodrigo, su tez estaba pálida y sus ojos por momentos transmitían tristeza.  

Cuando estaba en la cárcel, Claudia recibía un kit de aseo cada tres meses, con dos paquetes de toallas higiénicas, es decir, unas 20 unidades. También un papel higiénico, crema dental, jabón y desodorante. Lo demás corre por cuenta de allegados o familiares. “Pero en mi caso, yo estaba recluida en un departamento distinto a donde se encontraban mis seres queridos, básicamente estaba sola”, comentó Claudia.

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, le confirmó a Isegoría en un Space de X el pasado 16 de febrero, que son al menos unos 600 integrantes del grupo quienes están presos y que el proceso de reubicación está en curso: “Se va a mover casi la mitad de los presos políticos del ELN hacia nuevos sitios, buscando esa facilidad de tener los juzgados y sus familias a la mano”.

La comisión creada en el acuerdo parcial, o acuerdo 14, tenía como tarea adicional entregar un informe en el quinto ciclo de diálogos, el cual reuniría los hallazgos y las recomendaciones. Sin embargo, en diciembre de 2023, cuando finalizó el ciclo, no hubo ningún reporte al publicó.

El programa de la promotoría de paz es administrado por Confraternidad Carcelaria, una ONG convocada a ser parte del Comité Nacional de Participación por su trabajo con personas privadas de la libertad. Seis meses después de la firma de ese acuerdo, de 10 integrantes priorizados, solo habían ingresado al proyecto cuatro hombres y una mujer.

“No es simplemente un espacio para que ellos vivan ahí y manejen su agenda. Ellos tienen que participar en un programa nuestro, que es el de justicia restaurativa, porque nosotros buscamos también que ellos se sensibilicen”, comentó Lacides Hernández, el presidente de la organización.

El programa, además de tener proyectos donde se les enseña acerca de cultivos agrícolas, y producción lechera y avícola, los mantiene activos en trabajos manuales que ayudan a mejorar su calidad de vida. Su rutina diaria gira entorno a esas labores, porque ellos mismo se reconocen como campesinos. “Hombres y mujeres en edad productiva, quienes luego de recuperarnos esperamos aportar a la construcción de paz desde el rol que nos fue asignado”, dijo Diego.

En cuanto a la atención en salud, Juan dijo que son custodiados por personal de seguridad cada vez que deben ir a citas médicas. El semblante de la mayoría no revelaba necesariamente sus padecimientos. Alejandro, por ejemplo, no tiene un riñón, y Carlos había sido herido gravemente en una de sus piernas. Los demás comentaron que sus principales dolencias tenían que ver con problemas gastrointestinales, resultado de las comidas en mal estado que les brindaban en prisión.

Empezó a oscurecer y a hacer frio. Juan me ofreció una ruana, más tinto y una merienda. Era el ambiente de una casa campesina, habitada por una familia. Para ese momento, la Mesa de Diálogos recién había entrado en crisis por el anuncio de los diálogos de paz regionales en Nariño. Ellos eran conscientes de que si el proceso se interrumpía volverían a prisión, porque la figura que les permite permanecer en ese lugar no es un indulto de sus penas. Aun con la incertidumbre de lo que iba a pasar, la actitud de todos reforzaba una frase que dijo Carlos antes de despedirnos: “Es mejor una paz con errores que una guerra bien hecha”.