Ilustración: Sergio Andrés Ramírez Zuluaga
Cuando Santiago* tuvo que ponerle nombre a su situación no escogió la palabra extorsión. En su lugar, eligió “vacuna”. Así, con esa palabra tan extendida en el Valle de Aburrá, se refiere al pago que les da a los “muchachos” del barrio a cambio de que protejan la carnicería que tiene hace 15 años. Para él, con su negocio en el barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín, no es víctima de ese delito que somete con violencia y amenazas a miles de comerciantes y que es perseguido por las autoridades. Lo que vive él es tan normal que pudo explicármelo a unos cuantos pasos de su local, todavía abierto, mientras tomaba tinto:
–Mijo, la verdad la vacuna para mí es un servicio que me prestan los muchachos del barrio, es un trabajo como cualquier otro y por eso mismo es mi obligación pagarles.
Desde el 2015, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), el 80 % de los barrios de Medellín ha sufrido alguna modalidad de extorsión. Esa constante se mantuvo hasta por lo menos antes de la pandemia: en 2019, un informe de la Personería mostraba que la extorsión era el delito de mayor impacto en la ciudad. Además, se perfila como una de las principales causas del desplazamiento intraurbano, tal como lo ha documentado esa misma entidad en informes de 2021 y 2022.
Que Santiago no se reconozca víctima de un delito no significa que no haya presenciado la desaparición de otros negocios, el desplazamiento de comerciantes que lucharon por prosperar y que a veces solo dejaban tras de sí rumores de huidas, amenazas y cuotas impagables. Pero él, dice, nunca ha recibido amenazas. Por eso mismo no ha denunciado.
–¿Y usted qué cree que pasaría si deja de pagarles? –Santiago se tensó en la silla plástica donde estaba sentado y dejó el tinto en una mesa desarmable. Desvió la mirada, y solo la devolvió cuando encontró la respuesta.
–La verdad es que no sé.
Santiago no sabe muy bien si son 13, 14 o 15 años los que lleva pagando una cuota semanal. Mientras tanto ha visto cómo en las calles del barrio desaparecen motos durante la noche o los carros amanecen con llantas desinfladas. Sabe que los afectados son personas que se niegan a pagar o se retrasan en las cuotas que también exigen los combos por parquear en la vía pública.
También ha visto cómo, cerca de su carnicería, individuos en moto, con cascos que no permiten identificarlos, circulan esperando que haya pocos clientes en algún negocio que no ha pagado para entrar y desocupar la caja registradora. Sin embargo, nada de eso le ha sucedido a su negocio.
La presencia de esos “vigilantes” es mínima. De día van y vienen tranquilos como muchachos del barrio. En las noches, apenas se escuchan silbidos lejanos, una especie de código entre ellos, que también cuidan los puntos donde venden drogas y que según los análisis de las autoridades sigue siendo un negocio más rentable que la extorsión.
Sin embargo, a Santiago esa presencia fantasmal de los muchachos en las calles le genera una sensación de seguridad y lo convence de seguir pagando. La cuota ha variado: a veces son siete mil o 10 mil o 15 mil pesos semanales. Y la dinámica es sencilla: un hombre joven se presenta cordialmente en su negocio y pregunta si va a “colaborar” con la vigilancia.
–Como no sé qué puede pasar, y como prefiero no saberlo, mejor sigo pagando.
***
Desde que era un niño, Carlos* creció escuchando cómo los “muchachos” en Buenos Aires pasaban casa por casa pidiendo la “colaboración”. Después, más grande, los “vigilantes” de Manrique le cobraban una cuota semanal al negocio familiar que tenía con un tío. Y por eso mismo no le sorprendió cuando hace cinco años su jefe le pidió separar 10 mil pesos semanales para pagarles a los muchachos que le piden una pequeña contribución en un minimercado de Castilla.
Los muchachos son caras conocidas: un vecino, el hermano o el hijo de alguien de la cuadra. Uno de ellos llega al negocio buscando cualquier cosa entre neveras y estanterías, luego va a la caja registradora y cuando va a pagar, solo en ese momento, después de una conversación insustancial, pregunta:
–Ah, ¿hoy va a colaborar?
Todos actúan así, como si ese cobro fuera el motivo secundario de la visita, un trámite que se permiten olvidar hasta el último momento.
Sin embargo, por más que Carlos sienta algo de simpatía por esos muchachos, por esas caras familiares de las que conoce varios aspectos de sus vidas; por más que sienta más afinidad por esos vigilantes que por ausencia, incompetencia o complicidad de las autoridades deben garantizar la seguridad de los habitantes y los negocios del barrio, por más que sienta todo eso, Carlos no se permite olvidar lo que se esconde bajo ese manto de cotidianidad.
–Es que ellos controlan toda esta zona. Ellos saben todo lo que pasa aquí. Si se roban una moto, es que ellos dejaron que se la robaran. Si desocupan un negocio, es que ellos dejaron que pasara. Vos no los ves cuidando los negocios, porque no es necesario. A los negocios que ellos no quieren que les pase nada, no les va a pasar nada.
Cuando me explicó la situación fue cauteloso, pero no estaba nervioso ni era la primera vez que hablaba sobre el tema. No tenía miedo. Sabía que siempre y cuando no diera mucho “visaje” las cosas estarían bien. Nos reunimos en el almacén del negocio, justo al frente del minimercado, a puerta cerrada y lejos de la calle. En medio de productos sin desempacar, habló del clima y del ambiente para aligerar la conversación.
Aunque parece que no pasa nada, todo el tiempo hay una guillotina a punto de caer. El constante aumento de casos de desplazamiento intraurbano y del subregistro de casos de extorsión en Medellín son síntomas de ese control del que habla Carlos. Así lo demuestra un informe del Instituto Popular de Capacitación (IPC) publicado a finales del 2019, titulado La coerción extorsiva en Medellín.
Si bien a lo largo de la década pasada disminuyeron los casos de homicidio en la ciudad, un hecho que fue celebrado por la Personería en el informe sobre el estado de los derechos humanos en Medellín de 2019, esas cifras fueron opacadas por los casos de desplazamiento. Por cada homicidio, se presentaron casi el doble de desplazamientos intraurbanos.
De acuerdo con el IPC esto se debe a que las estructuras criminales, después de haber instaurado el miedo en la ciudad mediante prácticas aleccionadoras como el homicidio, han optado por otras tácticas menos llamativas, pero igual o incluso más efectivas para sus intereses: el control de los territorios y de las rentas ilegales. Así las bandas criminales han utilizado las amenazas y el desplazamiento como estrategias para controlar barrios, veredas e incluso comunas.
–¿Y eso no te incomoda? O sea, estás prácticamente a merced de…
–A este negocio nunca lo han atracado –me interrumpió Carlos, un poco a la defensiva–. He visto cómo a otros negocios los intentan desocupar, y no me consta que ellos no hayan pagado, pero… A este negocio lo extorsionan, eso no lo niego, llámelo vacuna, póngale el nombre que quiera, pero este es uno de los barrios más seguros en los que he trabajado.
Carolina Lopera fue investigadora de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Actualmente es coordinadora e investigadora del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit y es profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Además, fue una de las autoras de una de las investigaciones más ambiciosas sobre la extorsión en Medellín, adelantada por el SISC, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, publicada en 2017 con el título La extorsión en Medellín como fenómeno del orden social, poder político y control territorial.
Para ella, si bien las bandas criminales han podido consagrarse en los territorios gracias al miedo y la violencia, esto por sí mismo no lo explica todo. La razón por la cual de una manera u otra los habitantes de muchos barrios de Medellín y el Valle de Aburrá a veces prefieren convivir con estas estructuras criminales está relacionada con los roles que los combos han ocupado en la ciudad y los vacíos que han llenado.
Aunque no sería del todo preciso hablar de un Estado ausente, ese Estado y sus funcionarios son en muchos casos negligentes a la hora de garantizar las necesidades de los habitantes de esos territorios. Estas necesidades, al ser identificadas por las estructuras criminales, no solo se convierten en vulnerabilidades que pueden ser explotadas o aprovechadas, sino también en una justificación para que las estructuras criminales continúen prestando sus “servicios”, en un presunto e incluso a veces genuino interés por beneficiar a las comunidades a las que pertenecen.
Después de interrumpirme, Carlos siguió hablando con una sonrisa relajada. Es verdad. Nunca le han desocupado el negocio en el tiempo que lleva abierto. Esa es la garantía de estabilidad que los muchachos de la cuadra le dan y que podría ser envidiable para cualquier otro emprendimiento en Medellín.
***
Santiago pasó un buen rato de la entrevista glorificando el trabajo de los muchachos de la cuadra. Los respeta. No duda de la disposición de ellos para cuidar el barrio. Incluso, el hecho de que pertenezcan a una estructura criminal no le molesta en lo más mínimo. Sin embargo, al mencionarle la palabra extorsión, su actitud cambió.
Los hallazgos de la investigación del SISC, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín señalan que a pesar de que tenga distintas formas de llamarse y aunque sea percibida por las víctimas como un servicio, la vacuna es inequívocamente extorsión. Aunque los victimarios lleguen a percibirlo como un trabajo sigue siendo un delito: en el informe del IPC aparece el testimonio de una persona que “fue a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería a denunciar que en ocasiones la policía lo detiene y le impide trabajar cuidando a la gente”.
La única diferencia entre la extorsión, que es noticia en los medios de comunicación, y la vacuna es la cantidad de dinero que se exige. Por eso también se habla de microextorsión. Es, en todo caso, un dinero demandado como pago para evitar alguna forma de violencia. A pesar de que en realidad la vacuna y la extorsión sean lo mismo, Santiago se incomodó con la mención del término extorsión, no tanto porque hubiera entendido que son dos formas de nombrar un delito, que para él seguían siendo términos incompatibles, sino por lo que “ellos” podían pensar. A pesar de que no había nadie cerca, a pesar de esa confianza que antes había manifestado sentir por esos muchachos del barrio, sus ojos recorrieron los alrededores, vigilantes, desconfiados, procurando saber si alguien más había escuchado esa declaración.
–Es que uno nunca sabe lo que ellos puedan pensar sobre lo que uno hace.
Como lo señala la investigación en la que participó Lopera, la extorsión es en esencia “una inseguridad potencial pero contenida bajo amenazas de llevarla a cabo”, una acción que deja a los afectados en un estado de zozobra constante. Pero a medida que se naturaliza la vacuna y se le comienza a considerar un servicio que satisface necesidades; a medida que las estructuras ilegales se ven justificadas en su papel de sustitutas de las autoridades y se convierten en figuras importantes en los territorios, las víctimas comienzan a hacer concesiones para seguir disfrutando de esos “beneficios”. Carolina habla de “poderes de facto que no tienen ningún tipo de límites, y al no tener ningún tipo de límites sus actuaciones son arbitrarias y caprichosas”.
Esta clase de actuaciones silenciosas le abre la puerta a la constante violación de derechos en “términos intangibles y en términos materiales”, como lo precisa el IPC. Santiago dice que siempre ha sido él quien pone el valor de la cuota. Siempre ha sido él, afirma, quien ha elegido entregar esa cifra variable de los siete, 10 o 15 mil pesos. Durante 14 años nunca le han ha exigido más de lo que él voluntariamente ha estado dispuesto a entregar.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y el IPC, los derechos violados por la extorsión son la razón por la que hay que entender la extorsión como un delito. Entre esos derechos está la seguridad personal y la libertad de empresa. En resumen, el derecho a desarrollar la vida en conformidad con los propios valores y deseos. A tomar decisiones sin temor a las represalias de alguien más. Lo que afecta la extorsión, en síntesis, es la libertad en todas sus dimensiones.
–Como no sé qué puede pasar y como prefiero no saberlo, mejor sigo pagando.
Por eso mismo, quizá la libertad para decidir si pagar o no, nunca ha estado en las manos de Santiago.
*Este trabajo de grado contó con apoyo del Fondo para apoyar trabajos de grado de pregrado del Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Facultad de Comunicaciones y Filología.