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Edición 107

event 29 Abril 2024
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Laura Manuela Cano
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  • La explotación sexual no se erradica persiguiendo extranjeros

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    Durante los últimos meses, el alcalde Federico Gutiérrez ha emprendido una mediática cacería de extranjeros pedófilos en Medellín apoyado por la creciente opinión desfavorable hacia los “gringos” ‒ese genérico que usamos para referirnos a los extranjeros del “primer mundo”‒ y el rechazo hacia el turista que llega en busca de sexo. Esta iniciativa, que se fortaleció a raíz del caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, hallado en un hotel con dos menores de edad de 12 y 13 años a quienes habría explotado sexualmente, detonó medidas como el Decreto 0248 de 2024 que, con un enfoque prohibicionista, deja en evidencia la angosta mirada que tenemos en la ciudad sobre un problema que va más allá de los “gringos” y El Poblado.

    Andrés Rojas (@RedsVoz) / X

    Campaña de la Alcaldía de Medellín en contra de la explotación sexual infantil dirigida a ciudadanos extranjeros.

    Es cierto que urge tomar medidas sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y que se agradece que esta Alcaldía parezca tenerla entre sus prioridades, pero el discurso que se ha ido tejiendo en Medellín alrededor de este tema se limita a exponer a los “gringos” como los principales culpables y deja en segundo plano a los abusadores locales, las redes y las víctimas adultas de explotación sexual, y otras zonas de la ciudad con esta problemática, como el Centro, la 33, la 70 y Castilla.

    El rechazo que ha crecido entre los habitantes de Medellín hacia esos “gringos”, aunque justificado, se queda corto frente al panorama completo de la explotación y deja tranquilas a las organizaciones criminales que gozan de un chivo expiatorio para no ser juzgadas. Los pederastas extranjeros no vendrían a la ciudad tan entusiasmados si no existieran redes de trata para respaldar sus deseos. Según un reportaje de Vorágine, en Medellín “la explotación sexual infantil está conformada por personas colombianas y venezolanas que usan a menores de edad como ‘anzuelo’ para moverse por las comunas y los colegios reclutando más niños y niñas”, por lo que centrarse en la persecución del eslabón final de la cadena de explotación no basta para erradicarla.

    En escenarios que trascienden a El Poblado es donde se gestan las estructuras de las redes de explotación. Aun si se pusiera un cerco gigante alrededor de toda la Comuna 14, la actividad delictiva seguiría desarrollándose en los barrios de Medellín y la prostitución solo se movería a los lugares aledaños. Además, la ESCNNA y el trabajo sexual se siguen demandando y pactando en el espacio digital, hasta ahora poco considerado por las estrategias de la Alcaldía, como quedó en evidencia con la “suspensión” física de la demanda de prostitución en el parque Lleras y sus alrededores. 

    Expandir la visión sobre la explotación sexual implica tener en cuenta las actividades que se desarrollan en otras comunas y en internet, entendiendo que sucede y ha sucedido más allá del turismo “gringo”. El Decreto 0248 tiene un plazo de seis meses y rige en el espacio comprendido entre el parque El Poblado y la carrera 32D, dos cuadras más arriba de Provenza. El resto de los escenarios donde se dan los delitos asociados a la ESCNNA siguen gozando de la clandestinidad, mientras que las trabajadoras sexuales de la Comuna 14 quedaron a la deriva y se sienten estigmatizadas por las medidas transitorias que prohíben su actividad en el espacio público.

    La cartilla “Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín en la administración municipal 2020-2023”, de la Universidad de Antioquia y la Mesa contra la ESCNNA Medellín, advertía, para finales de 2019, que un problema que persiste en la lucha contra la explotación sexual es la falta de enfoque territorial y diferencial en la respuesta a estos casos, así como el abordaje a los diferentes tipos de explotadores. La alcaldía de Daniel Quintero, en su intento de incentivar el turismo, no desarrolló una estrategia adecuada para prevenir o mitigar los problemas que pudiesen potenciarse con la visita de extranjeros, por lo que ahora le corresponde al gobierno de Gutiérrez ejecutar un plan integral que permita disminuir las cifras de víctimas ‒según el Observatorio de ESCNNA de la ONG Valientes Colombia, en 2023 fueron 329 las víctimas de delitos asociados con la ESCNNA en Medellín‒ y evitar que continúe el reclutamiento de menores con fines de trata y explotación. 

    En medio de los debates sobre la gentrificación, el encarecimiento de la vida y la explotación sexual ha sido sencillo poner a los “gringos” en el centro de la culpa. Más allá de su grado de responsabilidad evidente, permeada también por el colonialismo y por la idea de que pueden cometer en otro país los delitos que no se atreven en el suyo, hay un legado de narcotráfico y misoginia además de una falta de regulación estatal que han permitido sostener las prácticas comerciales y delictivas que terminamos por padecer los habitantes de Medellín. Si el debate deja de limitarse a la idea de que los “gringos” son los artífices de los males de la ciudad, será posible desentrañar la verdadera complejidad de la explotación sexual, con todas sus víctimas y victimarios.

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