Collage: Juana Zuleta

El 24 de noviembre de 2023, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, comenzó a conformar su gabinete. Uno de los primeros nombres que reveló fue el de Mauricio Alviar como secretario de Educación. La designación recorrió los pasillos de la Universidad de Antioquia, de la que Alviar fue rector entre 2015 y 2018. Las conversaciones entre burbujas de café y puestos informales de venta no se debían solo a que fuera un viejo conocido de la UdeA, sino a las polémicas que rodearon su rectoría y que auguran un ambiente tenso.

Alviar asumió el cargo como secretario a pocos meses de que termine la rectoría de John Jairo Arboleda. En marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU) deberá elegir quién ocupará ese cargo para el período 2024-2027, durante casi el mismo tiempo en el que Rendón estará en la Gobernación y Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín.

Una nueva rectoría

Después del cierre del periódico De la Urbe, la UdeA dio a conocer las nueve candidaturas acreditadas para el proceso de designación del nuevo rector: Carlos Fernando Arroyave, John Mario Muñoz, Elvia María González, Luquegi Gil Neira, Natalia Gaviria Gómez, Ramón Javier Mesa, Jaime Andrés Cano, Javier Darío Fernández y el actual rector, John Jairo Arboleda, son las opciones sobre la mesa del CSU. 

Antes de que se conocieran oficialmente, las “maquinarias” académicas ya estaban en marcha. Quienes tienen asiento en el CSU elegirán quién ocupará ese cargo, y allí la figura del gobernador de Antioquia es clave. No solo porque es quien lo preside, sino también por la influencia que puede tener sobre otros integrantes de ese consejo, máximo órgano de dirección y gobierno en las universidades del país desde la Ley 30 de 1992.

Como explica el rector Arboleda, los gobernadores suelen delegar la participación en el CSU en su secretario de Educación. Esto significa que Mauricio Alviar volverá a ser un participante asiduo de esas reuniones, ya no como rector, una posición en la que tenía voz pero no voto, sino como portador de la voluntad del nuevo gobernador. 

La politóloga Maritza Trujillo, quien fue relatora de las reuniones del CSU y ahora es docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UdeA, considera que el nombramiento de Alviar se explica porque conoce sobre la administración de las universidades públicas. Es economista y fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Además, como rector de la UdeA, también fue representante de las universidades estatales ante el Consejo Nacional de Educación Superior y, tras terminar su gestión, fue designado como representante de los exrectores ante el mismo CSU. 

Incluso Salomé Restrepo, representante del presidente Gustavo Petro ante el CSU, considera que la presencia de Alviar “es una gran oportunidad para contar con un aliado conocedor del sistema de educación pública”. Esa opinión es cuando menos curiosa si se tiene en cuenta que ambos, Restrepo y Alviar, estarán sentados en la mesa como representantes de dos sectores políticamente antagónicos.

Con el triunfo de Rendón en la Gobernación y la previa llegada de Petro a la Presidencia de la República, el CSU de la UdeA tiene una conformación inédita. Pese a ser los órganos máximos de gobierno en cada universidad pública, la distribución del poder dentro de los consejos superiores ha sido motivo de reclamo por parte de varios estamentos universitarios, principalmente los estudiantiles. 

Esto porque consideran que quienes toman algunas de las decisiones más importantes en sus instituciones no representan los intereses de las comunidades universitarias. En el caso de la UdeA, la silla del representante de los estudiantes está vacía desde el 2004, cuando terminó el período de Wilmar Mejía. En diferentes momentos los estudiantes han justificado esa decisión por cuestionamientos a la representatividad concentrada en una sola persona y porque su participación puede validar decisiones en las que su influencia sería mínima. 

La distribución de los nueve puestos del CSU ha favorecido la concentración del poder presidencial en las universidades. El presidente de la República nombra a un representante, pero también lo hace el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, puede llegar a tener influencia en el nombramiento de otros integrantes, como el representante de los exrectores. Y aunque no es parte del poder presidencial, el gobernador de Antioquia también tiene más de un puesto: el suyo, en propiedad o delegado en el secretario de Educación, y además influye en el nombramiento del representante del sector productivo, que se elige entre candidatos postulados por los gremios económicos del departamento. 

En las últimas décadas, los gobernadores de Antioquia no se han alejado mucho de la línea política presidencial, por lo que unos y otros puestos podían conformarse como un bloque de poder dentro del CSU. Es allí donde está lo inédito del nuevo CSU, en la distancia explícita y evidente entre los gobiernos nacional y departamental. Los demás puestos los ocupan representantes de profesores y egresados, así como del Consejo Académico.

Además de esta distribución –que es uno de los puntos que el Gobierno nacional quiere cambiar mediante su propuesta de reforma a la Ley 30–, un elemento adicional sugiere que puede haber tensiones en el CSU: la coincidencia de Alviar y Arboleda. Ambos se disputaron la rectoría de la Universidad para los dos últimos períodos; Alviar fue elegido en 2015 por encima de Arboleda, y luego, en 2018, perdió contra este en su intento de relección.

Restrepo, la representante de Petro, agregó que no desconoce que pueden existir diferencias políticas, pero dijo que “la universidad es un valor superior a las disputas partidistas”, por lo que asegura que seguirá trabajando con la Gobernación.

Por su parte, el rector Arboleda aseguró que, más allá de sus líneas políticas, los gobernantes han sido “respetuosos” de la autonomía de la UdeA y “no tienen mayor injerencia” en las decisiones que se enmarcan en la autonomía universitaria: “Ese respeto ha sido permanente”.

Cuestión de convivencia

En su primer año de rectoría, en 2015, Mauricio Alviar hizo cambios significativos en el examen de admisión para el semestre 2016-1. Incluyó un componente de “profundización” en biología, matemáticas o humanidades, dependiendo de los programas a los que se presentaran los aspirantes, lo que motivó a estudiantes y profesores a salir a paro indefinido en octubre de ese año. Pese a esto, el nuevo modelo de examen se aplicó en noviembre de 2015. 

La aplicación incurrió en varios errores: a 300 aspirantes se les entregó la prueba de profundización que no les correspondía y a 10 de ellos, de distintos departamentos, la UdeA les costeó transporte, alojamiento y alimentación para que se regresaran a Medellín y presentaran de nuevo la prueba. Además, cuando publicaron los resultados, personas que no presentaron el examen aparecieron con puntajes. En diciembre del 2015, una comisión transitoria creada por el Consejo Académico suspendió los cambios “como medida tendiente a superar el conflicto y retornar a la normalidad”. 

Santiago*, estudiante de Ciencia Política y activo en el movimiento estudiantil desde 2011, considera que a pesar de los mensajes de austeridad y “racionalidad del gasto” del rector Alviar, este se contradijo en sus acciones, pues la UdeA tuvo que asumir los sobrecostos que significaron los cambios y los errores en el examen de admisión.

Otra tensión desatada por las medidas de Alviar se debió a que, en 2017, prohibió y persiguió las ventas informales dentro de la Universidad. Además, instauró controles al ingreso a los campus y a la Biblioteca Central. Entre sus argumentos estaba que debía aplicarse de forma estricta la prohibición a la venta de sustancias psicoactivas y mercancías ilegales dentro de la UdeA. El entonces rector aseguró que estas medidas contaban con el respaldo de la Gobernación (Luis Pérez) y la Alcaldía de Medellín (Federico Gutiérrez). 

Salomé Echeverri, estudiante de Ciencia Política e integrante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de su facultad, afirma que ante el regreso de Federico Gutiérrez se siente zozobra dentro de ese estamento. Explica que durante su anterior alcaldía (2016-2020) Gutiérrez les dejó la percepción de tener una política de miedo y persecución. Lo que más les preocupa es la estigmatización que se pueda agudizar en torno a los movimientos estudiantiles, no solo de la UdeA sino del resto de universidades públicas de la ciudad, además de la poca respuesta frente a las necesidades que estos movimientos plantean y los riesgos de represión a la protesta social. 

Al respecto, Salomé Restrepo dice que desde el Gobierno nacional reconocen la protesta como un derecho y se intentará dar las garantías para las manifestaciones sociales. Aunque el alcalde de Medellín no tiene injerencia administrativa en la UdeA, sí es la autoridad de policía de la ciudad, lo que configura un escenario de posible tensión respecto a la línea del Gobierno nacional frente a la protesta social.

Deudas con la U

Según el rector John Jairo Arboleda “este Gobierno nacional está entregando la mayor cantidad de recursos de base presupuestal desde la Ley 30 de 1992”. Este aumento se debe a la continuidad que la administración de Petro dio al incremento aprobado por el Gobierno de Iván Duque tras las protestas universitarias del 2018. Sin embargo, no resuelve el déficit presupuestal que las universidades públicas, incluida la UdeA, arrastran desde la creación de esa ley.

Ajustar la base presupuestal para corregir ese problema es uno de los objetivos de los proyectos de reforma a la Ley 30. El borrador de ese proyecto del Gobierno aún no se ha discutido en el Congreso porque el Ministerio de Educación Nacional lo sometió a discusión de la comunidad académica antes de radicarlo. 

Al margen de esa reforma, una de las solicitudes constantes de profesores y directivos de la Universidad es que el gobierno departamental contribuya a ampliar la base presupuestal con el objetivo de sostener la cobertura de extensión e investigación de la UdeA y su presencia en las regiones. 

De hecho, el rector Arboleda dice que la regionalización depende de los recursos que destina la Gobernación, y agrega que espera que la gestión del gobernador Rendón contribuya a mejorar la infraestructura física y de conectividad de las redes en las subregiones de Antioquia. 

Además, varios actores de la comunidad universitaria vienen reclamando que la Alcaldía de Medellín se involucre en el financiamiento de la UdeA. Durante su rectoría, el rector Mauricio Alviar le propuso al Concejo de la ciudad aprobar la transferencia del 4 % de ingresos por concepto de impuesto predial e industria y comercio. La razón es que el 64 % de estudiantes de la UdeA reside en Medellín, pero la ciudad no aporta un solo peso.

El gobierno universitario es otro “dolor” que manifiestan actores como el estudiantil en la UdeA y que la reforma a la Ley 30 buscaría atender. En el borrador hay propuestas para que distintos sectores tengan más incidencia en las decisiones del CSU: con dos estudiantes y dos profesores (en lugar de uno, como sucede hoy) e incluyendo a los empleados. 

Al respecto, no hay una posición unificada entre los estudiantes. Salomé Echeverri considera que de nada le sirve al movimiento estudiantil tener un representante en el CSU que tome decisiones y se politice “creando pequeños grupos que respondan a su construcción ideológica”. Por eso, llama a la construcción de un gobierno universitario que respete las dinámicas democráticas que ha establecido el estudiantado, como la Asamblea General. 

Este es el contexto en el que se da la disputa por la rectoría de la Universidad, no solo de cara a los gobernantes que estarán frente al poder local y departamental estos cuatro años, sino también frente a los poderes que representan y que también se manifiestan en la UdeA. 

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.