Fotografía: Archivo UdeA-Rodrigo Díaz Roldán

Terminada la consulta electrónica y multiestamentaria del 12 de marzo, el actual rector y candidato a la reelección, John Jairo Arboleda, obtuvo la mayoría de los votos en seis de los siete estamentos que pueden participar de esta. Sin embargo, la consulta no es vinculante y la victoria de Arboleda no garantiza su designación para un tercer periodo. En cambio, es el Consejo Superior Universitario (CSU), actualmente conformado por ocho personas, el que tiene la potestad de elegir quién va a representar y dirigir  la segunda universidad pública más importante del país.

Para entender la forma de gobierno de la UdeA, y de todas las IES públicas del país, hay que volver a la ley 30 de 1992. Ésta establece que el consejo superior es el máximo órgano de dirección de cada universidad y está integrado por: la ministra de educación (o su delegado/a), el gobernador en el caso de las IES de carácter departamental (como la UdeA), un delegado/a del presidente de la república. Además, un representante por cada uno de los siguientes grupos: directivas académicas, profesores, egresados, estudiantes, sector productivo y exrectores universitarios. 

Actualmente, el Consejo Superior lo conforman: la ministra, Aurora Vergara; el gobernador, Andrés Julián Rendón; el delegado de presidencia, Wilmar de Jesús Mejía*; el representante de las directivas académicas, Wber Orlando Ríos; el de los profesores, Pablo Andrés Cuartas; el de los egresados, José Gustavo Jiménez; el del sector productivo, Marcos Ossa Ramírez; el de los exrectores, Jaime Restrepo y, desde el 2004, la representación estudiantil está vacante por decisión de este estamento.

La ley 30 y el estatuto general de la UdeA definen que una de las funciones de las ocho personas que hacen parte del CSU es la de elegir al nuevo rector o rectora. En una universidad en la que hay aproximadamente 39 mil estudiantes y 6 mil docentes, además de los grupos de egresados, empleados y jubilados, vale la pena preguntar: ¿qué tan democrático es este sistema? La respuesta no se puede definir como algo en blanco y negro, más bien, se deben tener en cuenta todos sus matices.

Deiman Cuartas Celis es economista, filósofo y profesor del Instituto de Estudios Políticos. Él menciona que el valor de la consulta multiestamentaria radica en su “carácter de indagación en la comunidad sobre quién considera que debe regir el destino del gobierno universitario”. En todo caso, el CSU hace una lectura de las consultas. Cuartas agrega: “si miramos, terminan siendo una minoría las que toman la decisión de quién será el nuevo rector o rectora”.

El profesor explica que este sistema atiende a las circunstancias históricas que atravesaba la universidad y el país en el momento que fue aprobada la ley 30. Pero, “pasadas varias décadas, hay nuevas realidades. Además de tener un gobierno y una democracia universitaria, las personas y estamentos que componen la universidad como comunidad política no solo reclaman una representación, sino una participación más activa”.

Cuartas menciona que las consultas no son solo mecanismos de indagación, sino que también permiten legitimar al candidato que elige el CSU. Esta idea la profundiza el abogado Carlos Mario Patiño, quien ha participado activamente de la campaña del candidato Luquegi Gil: “La consulta tiene un efecto esencialmente de legitimidad, porque si bien hay abstención, los que votamos en esa consulta participamos de los estamentos y del resto de escenarios de gobernabilidad. Entonces, si bien numéricamente no somos mayoría, políticamente sí representamos”.

Lo anterior resulta clave a la hora de entender cómo votan algunos de los representantes de los estamentos. Por ejemplo, es usual que el voto del representante de egresados y profesores obedezca al resultado de la consulta electrónica, “el voto de los profesores debe asignarse en razón de la consulta, no por un asunto normativo, sino porque es el compromiso de los representantes profesorales”, resalta Patiño. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes?

Los estudiantes (de pregrado o de posgrado) también participan en las consultas, pero a diferencia de los profesores o egresados, no hay un representante estudiantil ante el CSU que pueda votar en la designación. Esto ha sido así desde el 2004, por la postura de este estamento de no elegir un delegado/a por considerar que no representa la variedad de intereses o posturas que hay en la universidad. 

El estamento estudiantil es el segundo grupo más numeroso, detrás de los egresados, pero aun así, es uno de los que menos participa en las consultas. En el 2018 la abstención fue del 82,31%, en el 2021 llegó al 94,37% y este año en 85,5%. Las razones pueden variar: simple desinterés o desconocimiento, la sensación de que el voto no hace ninguna diferencia o que el hecho de que la consulta no sea vinculante, y que el CSU tenga la libertad de designar a cualquier candidato deja la sensación de que el proceso no es democrático y, por lo tanto, no vale la pena participar de este.

Cuartas y Patiño coinciden en otro punto: lo difícil que es gobernar en la Universidad de Antioquia. Lo atribuyen a la diversidad de intereses de todos los estamentos que la conforman y, aunque el CSU no esté jurídicamente obligado a acatar el resultado de la consulta, el que lo haga permite lograr una gobernabilidad relativa. Aunque no ha sido siempre el caso.

John Jairo Arboleda, fue ganador en las consultas de 2018 y 2021, y en cada caso designado por el CSU. Pero, hace nueve años, por ejemplo, Mauricio Alviar no ganó la consulta en ninguno de los estamentos, en cuatro de ellos ocupó el tercer lugar de las votaciones y, aun así, fue designado para el periodo 2015-2018.

Este año se presentaron diez candidatas y candidatos al proceso de designación. Tras la consulta, el margen de ventaja que obtuvo Arboleda en comparación con los demás aspirantes es considerablemente estrecho. 

Días antes de la consulta, Patiño habló a grandes rasgos sobre cómo se iban a distribuir los votos: “La votación además de minoritaria va a estar dispersa. Entonces, nadie va a tener legitimidad y, probablemente, promuevan el desconocimiento de esta.”

Teniendo en cuenta que el gobierno nacional y departamental no están alineados y que algunos de los votos del consejo no están del todo claros (directivas académicas o exrectores, por ejemplo), ¿qué tan posible es que se repita el escenario de hace nueve años y que el CSU no designe al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en la consulta?

Este año la abstención total fue del 92,7%. De las 172.140 personas habilitadas para votar, solo 12.571 lo hicieron. El bajo nivel de participación podría justificarse en que los egresados, al ser el estamento más grande que puede votar, son los que menos deciden hacerlo. Son aproximadamente 120 mil las personas habilitadas, pero solo el 2% participó. En mayor o menor medida la abstención fue la ganadora en otros tres estamentos: jubilados, docentes de cátedra y estudiantes.

En este contexto, podría hablarse de cierta semejanza a un sistema de democracia indirecta. Sobre esto, el profesor Deiman Cuartas explica que “hay una consulta no vinculante que perfila a un candidato y que idealmente el CSU debería de tomar en cuenta”. Pero, vale la pena cuestionar este modelo, “pensar en cómo hacerlo más sustantivo” y, en cómo reclamar más participación en un proceso que debería apostarle a una mayor apertura.

El próximo martes 19 de marzo se realizará la sesión ordinaria número 456 del Consejo Superior Universitario. Ese día se sabrá oficialmente quién será el rector de la UdeA por los próximos tres años. El panorama en la distribución de votos de los miembros del Consejo apunta a que, de momento, ningún candidato o candidata obtendrá los cinco votos necesarios para ser designado a la rectoría. En el caso en que ninguno de los aspirantes consiga tal cantidad, el Consejo deberá convocar votaciones en los quince días siguientes.

Este contexto debería permitir centrar el debate en las ideas de reforma a los estatutos de las universidades, además de la discusión pendiente sobre la reforma a la ley 30 y lo que se entiende por formas de gobierno universitario.

*Wilmar de Jesús Mejía fue designado como delegado de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior Universitario mediante el decreto 0366 del 13 de marzo de 2024. Mejia reemplazará a Salomé Restrepo Valencia, quien desde abril del año pasado se desempeñó como delegada de presidencia ante el consejo. Este cambio se dio a conocer a pocas horas de la reunión del CSU para elegir al nuevo rector o rectora de la UdeA.