“RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. 

El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. 

“La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia.

Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”.

En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. 

Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes.

La (in)capacidad de la Ruta

“La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. 

Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá.

A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. 

“Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. 

Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”.

De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo.

Sin garantías de protección

En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. 

El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran en mayor peligro. Así lo han señalado el Comité de Género de la Asamblea profesoral y la AGE, que incorporó la “adopción e implementación de un modelo de valoración del riesgo que posibilite la atención oportuna y coordinada con las demás instancias internas y externas a las que corresponda para brindar medidas de protección” en el pliego de peticiones de la ante el Consejo Superior Universitario. 

Pese a que el Protocolo de la Ruta menciona que “dentro del proceso disciplinario deben valorarse los riesgos presentes y procurar la protección de la víctima, adoptando las medidas cautelares de protección provisional que sean idóneas para ese fin”, no existe claridad ni especificidad sobre las acciones que deben tomar las unidades académicas frente a los casos de VBG. 

La profesora Sara Fernández, líder del Plan de Acción Institucional por la equidad de género (PAI), menciona que las medidas de protección no se aplican porque “no se han tipificado sanciones equivalentes a las faltas, nadie sabe qué medida tomar y todo el mundo tiene temor de tomar medidas drásticas, porque de pronto viola los derechos de la contraparte”. 

La profesora Sara agrega que en la Universidad hay un “temor reverencial ante el agresor, en desatención a las medidas de protección y medidas cautelares que protegen el daño, con una desbordada atención al victimario, que hoy se hace llamar víctima”. 

Además, como dijo Nathalia Álvarez, subdirectora de la Colectiva Justicia Mujer en el mismo panel del 13 de junio, el derecho disciplinario, que es el que puede aplicar la Universidad, no está pensado para enfrentar las VBG, que son violaciones a los derechos humanos.

Esto también ocurre en el caso de la profesora Lauren. Tuvo que renunciar a llevar una vida normal, pues cada vez que debe desplazarse hacia algún lugar tiene que compartir su ubicación con personas cercanas y avisar cuando regresa. Todo esto pese a que el Protocolo, que es la guía de actuación para estos casos, especifica que: “deben adoptarse medidas necesarias para evitar o minimizar cualquier efecto adverso en la atención, con el fin de no poner en mayor riesgo o vulneración a las personas consultantes”. 

Para Nidia Cristina Betancur, psicóloga de la Colectiva Justicia Mujer, “la falta de medidas de protección implica acciones de afrontamiento por parte de las víctimas para salir de los entornos de riesgo: retirarse de la Universidad, perder cursos, cancelar materias, dar clases virtuales, mientras el agresor sigue caminando por los pasillos”. 

La profesora Lauren, en su entrevista, le revela a El Espectador:  “Mi familia vive muy angustiada. Perdí mi libertad. La de mi acosador sigue intacta”.

Procesos lentos y revictimizantes

El proceso de Nikole lleva diez meses. Durante ese tiempo ha tenido que repetir su historia a varias abogadas porque incluso pasó de ser representada por Justicia Mujer a la firma Zuluaga Espinosa Abogadas : “Eso indica que hay un montón de personas que saben tu caso y con las que nunca has hablado”. Desde que activó la Ruta también ha tenido que contar su historia varias veces en el Equipo Violeta a personas distintas.

Nikole es una de las tantas denunciantes que atraviesa la transición entre las prestadoras del servicio de acompañamiento psicojurídico y representación legal para los procesos disciplinarios en la Universidad. Tras la coyuntura del 2022, la Universidad contrató estos servicios con la Colectiva Justicia Mujer por sugerencia de la AGE. En mayo de 2024, esta organización decidió finalizar el contrato y la representación quedó a cargo de la firma Zuluaga Espinosa Abogadas. 

El caso de Nikole muestra la revictimización consecuente de la discontinuidad de los procesos disciplinarios llevados a cabo por la Ruta. Incluso, en situaciones como la de la profesora Lauren, la forma en que se llevan a cabo estos procesos ha afectado la seguridad de las denunciantes. 

En la entrevista con El Espectador, Lauren contó: “el incidente más próximo fue un mensaje que envió a mi teléfono personal en el que dice que averiguó la dirección de mi casa y que podría ir allá o mandar a alguien”. El presunto agresor manifestó que obtuvo la información personal de la profesora a través de la denuncia a la Fiscalía que ella había compartido con la UAD. Según la profesora Lina Carrillo, de la Asamblea Profesoral, las personas de esta Unidad “lo justifican desde el asunto técnico y pasan por encima del sentido común. No le pueden dar la dirección de la casa de la víctima al que la está hostigando”.

Además de estos casos de revictimización, los procesos suelen extenderse en el tiempo. Esta es otra de las críticas que se le hace a la Ruta, especialmente a la UAD. “El Equipo 3 de la UAD no tiene capacidad para adelantar las investigaciones con celeridad. En consecuencia, los procedimientos disciplinarios pueden demorar dos años en primera instancia, y prolongarse en segunda instancia”, asegura el Comité de Género de la asamblea profesoral.

La Universidad, en su comunicado sobre las VBG del 6 de junio, enfatiza que sus competencias son limitadas y deben corresponderse con el marco jurídico colombiano, que da “hasta 18 meses, una vez se inicia el trámite, para agotar la etapa probatoria de la investigación”. También explica que ese periodo no se estableció para dilatar los procesos, sino que se debe “a la complejidad del asunto, y busca garantizar los derechos tanto de las personas víctimas como de los investigados”.

El pliego de la AGE del 7 de junio le pidió a la Universidad que “se impongan sanciones ejemplificantes con mayor celeridad sin que el término máximo legal sea usado en detrimento de las víctimas denunciantes”. Nos contactamos con la UAD para consultarles sobre este y otros reclamos, pero al cierre de este artículo no hemos obtenido respuesta. 

Cuando la queja se instaura, puede derivar en dos posibles escenarios: generar un auto de apertura o una resolución inhibitoria. Laura Cortés, coordinadora del contrato de la Colectiva Justicia Mujer con la UdeA, explica que cuando se produce una resolución inhibitoria, “la UAD se pronuncia diciendo que la queja presentada no tiene relevancia disciplinaria y que no amerita una consecuencia jurídica o sanción. Además hay un asunto, y es que la resolución inhibitoria es inapelable, no hay recurso que proceda después de esta resolución”. 

Durante el tiempo de contratación con la Colectiva, la UAD expidió 5 autos inhibitorios. Además, Cortés menciona que, “son reiterativas las formas en las que se dice que, a pesar de que se reconocen las consecuencias y el impacto de las violencias en las mujeres, estos hechos no tienen relevancia disciplinaria y ahí la importancia del lenguaje”.  

Víctimas de segundo orden: sin garantías, ni avances

Desde la emergencia del 2022, se ha pedido proteger a las víctimas de segundo orden, que según el Observatorio de Violencia, son aquellas personas que sufren violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y persecución por el hecho de apoyar o acompañar a las víctimas directas. 

“Hemos sido maltratadas, acosadas laboralmente y también señaladas dentro del ámbito profesional. Nos niegan los proyectos de investigación, no podemos subir de escalafón, es como un castigo”, afirma la profesora Sara Fernández. Las denuncias de las profesoras y profesores son reiterativas. 

El Comité de Género de la Asamblea Profesoral denunció que la Universidad “sigue sin atender la petición de brindar atención a las víctimas de segundo orden y establecer mecanismos para la prevención y sanción de este tipo de violencias, lo que se constituye en VIOLENCIA INSTITUCIONAL”, pues para ellos la Ruta Violeta no tiene criterios, mecanismos ni garantías para prevenir, atender o sancionar estas violencias. 

Para el rector Jhon Jairo Arboleda, este  “es un tema absolutamente complejo, pues es demostrar que las decisiones que se tomaron (no renovar contratos, etc…) fueron porque éstas personas estaban acompañando víctimas de estos delicados procesos. Es más complejo desde el punto jurídico, más complejo del punto de vista institucional, porque ¿cómo se demuestra?” 

El silencio de las seccionales

Todas estas problemáticas también se manifiestan en las sedes y seccionales de la Universidad. Sin embargo, fuera de Medellín, “las mujeres no denuncian porque sienten que no va a funcionar” , explica Guissele Ortega, estudiante de Comunicación Social-Periodismo en la sede Apartadó. Aunque la mayoría de los escraches han ocurrido en el campus de Medellín, los casos en las otras sedes existen como una realidad silenciosa. 

Las integrantes de la colectiva artivista feminista Aves de Rapiña, del campus de El Carmen de Viboral, afirman que allí se sienten solas. Aseguran que la Ruta Violeta no ha tenido un proceso de socialización en la sede y que la administración solo les envió un correo electrónico con un documento sobre la Ruta. 

María Isabel Duque, una de las integrantes de la Colectiva, menciona que “en Oriente no hay pedagogización. No solo se trata de tener una Ruta Violeta, si no se sabe cómo acceder a ella, si ni siquiera saben qué son violencias basadas en género”. Ellas mismas comentan que en realidad sí conocen casos de acoso sexual por parte de profesores y de estudiantes pero, aún así, no saben nada acerca de la Ruta.

La centralización también se ve reflejada en cuestiones como que no hay profesionales del Equipo Violeta presencialmente en los campus de las seccionales y que, por lo tanto, la atención es virtual. 

El silencio se debe a que el miedo y la desconfianza que hay en las regiones es mayor que en Medellín. En repetidas ocasiones, la Colectiva ha recibido denuncias anónimas sobre el tema. “Nosotras teníamos un buzón de sugerencias de cosas y alguna vez nos llegó una notita que decía como ‘se está ejerciendo violencia sexual en la Facultad de Ciencias Económicas’”, explica María Isabel. El nivel de desconfianza en la Universidad llega hasta el punto en que “se hace más fácil denunciar por un papelito que nadie sepa quién lo escribió pero que sepan por lo menos que sí está pasando algo”.

La apuesta política que no fue

La Colectiva Justicia Mujer afirmó en el comunicado del 27 de mayo de 2024 que una de las razones por las que decidieron no continuar con el contrato con la Universidad fue porque encontraron “patrones en la interlocución que distan mucho del tipo de relaciones que como corporación feminista defienden”. El desacuerdo central fue por el enfoque que pretendía desarrollar la Colectiva en la Universidad: el litigio estratégico feminista.

Esta apuesta política se centra en la transformación social de las condiciones que dan origen a la violencia contra las mujeres, pero también en transformar la respuesta institucional, mientras que “el litigio convencional lo que hace es representar a las víctimas para lograr una sanción, pero no se contemplan otros aspectos tan importantes como por ejemplo la reparación. ¿Qué pasa con la reparación de los daños que han tenido que afrontar las víctimas tras una violencia de género? los daños económicos, los daños a su salud mental, los daños a su salud física”, explica Nidia Betancur. Añade que “el litigio estratégico es, desde una apuesta feminista, una mirada integral a la justicia”.

El comunicado oficial de la Universidad omite explicar el porqué de la finalización del contrato. Únicamente menciona que la CCJM terminó su contrato el 19 de mayo de 2024 y decidió no continuar prestándole este servicio a la Universidad. En el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, la Colectiva aseguró que “se va siendo víctima de la Universidad” y agregaron que “las diferencias políticas y técnicas, la opacidad en el manejo de la información brindada por Bienestar y los múltiples obstáculos para construir una relación paritaria y colaborativa con Bienestar y el Equipo Violeta, son las principales razones para que la Colectiva tomó esa decisión”, esto lo nombraron como violencia institucional.  

La firma Zuluaga Espinosa Abogadas es la actual encargada de la representación jurídica de las víctimas durante dos meses hasta que se realice la licitación pública para la prestación de este servicio.  Las contactamos para preguntarles sobre asuntos del empalme, los casos en proceso, etc. Esta fue la respuesta con la que declinaron responder a nuestras preguntas: “En este momento tenemos todos nuestros esfuerzos concentrados en la atención de las personas que requieren nuestros servicios, quienes merecen una atención progresiva y centrada en ellas como personas y sujetas de derechos, por ello estamos dedicándonos con ahínco en lograr ese objetivo de forma diligente y ágil”.

La discusión sobre la apuesta de la Universidad para abordar las VBG continúa. La AGE se mantiene en asamblea permanente. Tanto el CSU como el rector Jhon Jairo Arboleda fueron invitados a la asamblea del viernes 14 de junio para responder al pliego de exigencias, pero no asistieron. El estamento estudiantil espera que el CSU asista a una nueva invitación el 20 de junio a las 9:00 a.m. en el Teatro Camilo Torres

Entre las peticiones de la AGE está la reestructuración de la Ruta. Las propuestas involucran la reparación de las víctimas, la transversalización de asuntos de género en el currículum, así como estrategias de prevención, creación y fortalecimiento de espacios de representación e investigación alrededor de temas de género y feminismos. La comunidad universitaria busca que estas exigencias den pie a la modificación de la normativa y al fortalecimiento de una política institucional integral que erradique las VBG en la Universidad. 

Para Justicia Mujer el camino es el litigio estratégico, pues no se debe limitar a solo atender jurídicamente, sino a través de comunicación, educación e información y, además, la Universidad “necesita una estructura realmente comprometida, con una apuesta programática clara y con personas expertas para atender a las víctimas”.