Ilustración: Ana Sofía Peláez Morales
En 2021, cuando María José tenía 19 años, se puso un implante subdérmico en Profamilia. Primero consultó con una ginecóloga en Sura para cambiar las pastillas como método anticonceptivo y llegaron a la conclusión de que el implante era su mejor opción. Tres meses después de ponérselo, María José sufría varios efectos secundarios: cambios de humor, fuertes dolores de cabeza a diario y sangrado por veinte días seguidos. El flujo era tan abundante que le afectaba en su día a día.
Fue otra vez a Sura, a la IPS en el centro comercial City Plaza, porque la situación era insostenible. La ginecóloga le había dicho que podía retirarse el implante cuando lo considerara pertinente y que consultara con un médico si los efectos eran muy incómodos, sin embargo, no la escucharon. “En toda la cita él [el ginecólogo] tenía una actitud de ‘esto no es nada’ y al final me dijo que era algo que yo tenía que soportar, que me tomara un ibuprofeno todos los días hasta que dejara de sangrar y que el resto de mi vida, cinco días antes de mi periodo, me tomara un ibuprofeno diario para evitar esto. Yo vi que él definitivamente no iba a entender, entonces me fui. Salí llorando porque se le notaba la falta de empatía”.
Entonces volvió a Profamilia en la sede Mayorca para retirarse el implante. En el consultorio, el médico le hizo varias preguntas: ¿Tiene pareja? ¿Él sabe que se lo va a quitar? ¿Qué opina él?
“Yo le dije: mi pareja sabe y él sabe que es mi decisión, pero él [el ginecólogo] se veía muy en desacuerdo. Le dije que había otros métodos anticonceptivos, que nosotros podíamos usar preservativo y él me dijo que uno nunca sabía, que había veces que el ser humano no se aguantaba y que era el deber de una mujer tomar anticonceptivos toda la vida así tuviera una pareja o no. Me quitó el implante y yo salí muy molesta, sentí que invadió mi privacidad”.
Lo que vivió María José tiene nombre: violencia ginecológica, pero es un tema del que se habla poco, a pesar de que lo viven muchas mujeres y personas menstruantes a lo largo de su vida.
En busca de una definición
La violencia ginecológica no tiene una definición estandarizada y reconocida por organismos oficiales nacionales o internacionales. Sin embargo, Penélope Diana Gómez de la Cortina, en el artículo académico De normalizar a normativizar la violencia ginecológica en México, y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) en el paper de política pública Violencia Ginecológica y Obstétrica - Una Forma de Violencia Basada en Género, se han acercado a definirla.
Esa falta de reconocimiento hace que en el momento en que se busque información sobre la violencia ginecológica toda la atención se dirija a la violencia obstétrica.
En Colombia existe la Ley 2244 de 2022, “Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado”, que aborda los derechos de “las mujeres en proceso de gestación, trabajo de parto, parto, posparto, duelo gestacional y perinatal”. Entre otras cosas menciona el derecho a recibir una atención adecuada, a ser tratadas con respeto, a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes y a ser informadas apropiadamente sobre los procedimientos. Aunque estos derechos están por lo menos reconocidos para las personas gestantes, no hay instrumentos similares para quienes reciben atención médica ginecológica sin ser gestantes.
Vacíos en la legislación
Colombia aprobó, a través de la Ley 51 de 1981, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la Asamblea General de la ONU. La Convención menciona que los Estados adoptarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la atención médica con el fin de asegurar su acceso. Además, la Ley 823 de 2003, dice que los procesos de formación de personal en salud “incorporarán la perspectiva de género”.
Sin embargo, las mujeres y personas menstruantes continúan siendo violentadas dentro del sistema de salud, lo que indica que las medidas tomadas hasta el momento son insuficientes.
En 2010 llamaron a Lucía* de Comfenalco, su EPS, porque encontraron irregularidades en su citología. La diagnosticaron con Virus del Papiloma Humano (VPH) y la remitieron al especialista. Todavía recuerda su apellido, él se presentó como el mejor de la ciudad y le dijo que trabajaba en cierta universidad y podía encontrar sus investigaciones en tal revista. “Esta revisión va a ser parte de mis investigaciones”, le dijo y procedió a hacerle un cuestionario sobre sus síntomas. Lucía respondía: no, no, no y cuando terminó, él le explicó: “Como este es un caso diferente, no entra dentro de mis estadísticas corrientes”.
“Tener que ir a su revisión era para mí un tormento, ir al ginecólogo para mí ha sido un tormento. Yo me estresaba mucho”, narra ella. “Una vez en otra cita tenía muchas preguntas porque ya me había dado cuenta de que no era un caso común. Como soy mamá y no sabía en qué momento me había contagiado del virus, quería saber cómo podría afectar a mis bebés. Su respuesta fue que no tenía tiempo para responderme, que tenía mucho afán y que me limitara a responder sus preguntas. Me dio tanta rabia que la única persona con la que yo podía hablar del tema, que se presentó como el súper especialista de la ciudad, no me pudiera responder la inquietud que en el momento era más importante para mí. Yo cogí mi bolsa y me largué furiosa al trabajo. Al mediodía me llamó y me dijo: ‘Qué pena, ya estoy disponible, puedo atender su inquietud’ y yo le dije: ‘Qué pena, estoy trabajando, en este momento no puedo atenderlo’. Yo estaba rodeada de mis compañeros, ¿cómo le iba a hablar de ese tema?”.
Él le dijo que quedaba con su teléfono y lo podía llamar, pero ella ya había perdido la confianza. Entre 2010 y 2014 continuó yendo a sus citas hasta que tuvo que cambiarse de Comfenalco a Sura donde, a pesar de su preocupación, le dijeron que no era necesario que siguiera teniendo citas con ningún especialista. Lucía nunca lo llamó y aunque en las consultas él se mostró más amable, ella ya no le hizo más preguntas. “Me molestó mucho eso, para mí es un asunto súper fuerte y violento porque ese es su trabajo”.
Más allá de ser una situación violenta a la que mujeres y personas menstruantes se pueden ver expuestas a lo largo de su vida, la violencia ginecológica vulnera derechos sexuales y reproductivos como el de recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre sexualidad, sin ningún tipo de discriminación.
La Federación Internacional de Planificación Familiar recomienda algunos planes de acción para tratar la violencia ginecológica y obstétrica, entre ellos: criminalizarla, adoptar políticas y protocolos que prevengan y se refieran a estas violencias, entrenar a los profesionales de la salud con un acercamiento no discriminatorio a los pacientes y con sensibilización de género, hacerle seguimiento al fenómeno, atacar el sexismo, misoginia y estereotipos de género y generar conciencia en los pacientes.
¿Cuál es la mejor ruta?
Para Laura Gil, la criminalización no es el proceso adecuado: “Primero se debería plantear un consenso y un diálogo público, pasar de una vez a una legislación que criminalice me parece que no es el orden de las cosas”. Pone como ejemplo la forma como el movimiento Causa Justa inició el debate público en la sociedad para luego hacer un litigio de alto impacto que resultó en la sentencia que despenaliza el aborto hasta la semana 24 en Colombia.
También menciona que presentar la criminalización como un proyecto de ley no garantiza que se legisle: en el caso del aborto, desde los años 70 hubo más de cuarenta iniciativas para despenalizarlo y con ninguna se logró. Además, cuando las leyes se enfocan desde un principio en la criminalización suelen encontrarse con rechazo: “Con la Ley de Parto Humanizado hubo más reacciones negativas que positivas porque se abordó de una vez desde un punto de vista punitivo, no desde la sensibilización y la educación”, que son para ella el origen real de las violencias en la prestación de servicios de salud.
Juliana Martínez Londoño, doctora en Ciencias Humanas y Sociales e integrante de Causa Justa, considera que las sanciones tienen un efecto disuasorio: “Cuando los y las profesionales impunemente vulneran a las mujeres y no reciben ningún tipo de llamado de atención, sanción o anotación dentro de su historia profesional, asumen que no hay ningún problema con eso”.
Por su parte, María Paula Houghton, también integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, opina: “hay que partir del hecho de que por lo general se trata de una violencia no intencional, lo cual no quiere decir que no exista ni que a la persona que la sufre no le afecte”. Coincide en fortalecer la sensibilización y el enfoque de género y propone que las encuestas de satisfacción de las EPS e IPS pregunten del tema y permitan reportarlo, para así “identificar este tipo de conductas y tomar medidas no punitivas, pero sí educativas respecto de los profesionales que incurren en esto, y sancionatorias cuando sean reincidentes o en casos graves, que evidentemente ya no serían casos de violencia no intencional”.
Entre esos casos, cita el de una mujer que en 2020 fue violada por un ginecólogo de la EPS Sanitas en la sede de Puente Aranda en Bogotá; el de una paciente que le contó que fue a una cita por una ITS y el ginecólogo le sugirió que era por su cantidad de parejas sexuales; y el de una compañera ginecóloga que fue a un chequeo y al salir de la cita el médico la golpeó en la nalga.
Laura Gil propone que al abordar la violencia ginecológica desde lo legislativo se busque una educación obligatoria con enfoque de género que haga énfasis en la autonomía de las pacientes. El reto al que se enfrenta esta propuesta es que el modelo médico actual se perpetúa desde la academia y los centros de salud. “No se aprende sólo del libro y de la clase, también se aprende de lo que usted ve que su profesora o las enfermeras hacen todo el tiempo”, afirma Houghton. Y, como agrega Gil, muchas instituciones no incluyen el enfoque de género en los currículos por su filiación religiosa y dejan de lado temas como anticoncepción y autonomía reproductiva.
Houghton menciona que el enfoque de género debería pensarse como parte de un enfoque de derechos que incluya poblaciones como las personas racializadas. “La academia es donde se produce el conocimiento, pero es donde más lentos son los cambios”. Explica que para que el enfoque tenga un impacto real es importante que sea transversal y no como una materia aparte.
Juliana Martínez añade: “El enfoque de género no es solamente una forma de disminuir las violencias, sino de hacer una atención con mayor calidad. No se trata solamente de atajar el problema, sino que tener un enfoque diferencial en salud hace que la atención sea más acorde a la realidad de las necesidades y los intereses de las personas”.
Generar conciencia en los pacientes
Para las pacientes, no siempre es claro que lo que vivieron no estaba bien. Eso le pasa a María José: “A veces dudo y pienso que tal vez estoy exagerando. Pero en ese mismo momento que estaba sucediendo yo sabía que eso estaba mal, que él no estaba en posición de decirme esas cosas. Al irme intenté dejarle en claro mi inconformidad, pero igual es frustrante, él es el profesional y uno tiene todas las de perder”.
Cuando se habla de violencias basadas en género, es común encontrarse con personas que dudan de sus experiencias. En el caso de la violencia ginecológica quizás es más común que ni siquiera la reconozcan como violentas, ante la ausencia de una definición oficial, de campañas de información al respecto, y la normalización de lo que sucede en los consultorios por la diferencia de poder entre médico y paciente.
María José cuenta que no conoce ningún mecanismo para presentar quejas y tampoco lo buscó: “No lo intenté porque ya eran tres personas de la institución que no me trataban con mucha amabilidad que digamos”. No quería pelear, estaba agotada física y emocionalmente y sentía que si se quejaba podía perder más.
Sobre las dificultades que se encuentran las mujeres que viven estas violencias, Juliana Martínez dice: “los tribunales de ética médica, que serían una de las alternativas legales para buscar una sanción, han mostrado muy poca cooperación frente a este tipo de violencias. Eso es algo que necesitaría ajustarse”.
En el caso de Lucía*, ella se acercó a estos mecanismos por otros asuntos y la única respuesta que recibió de Sura fue que lo tendrían en cuenta. Ella considera que una respuesta apropiada debe incluir algún tipo de retroalimentación y, si el caso lo requiere, que les ofrezcan a los pacientes repetir la cita con otro profesional.
Ella se dio cuenta de que había vivido violencias dentro del modelo médico porque se metió en un grupo de Facebook sobre parto consciente y mientras leía experiencias de violencia obstétrica, se reconoció a sí misma. Ella siguió informándose del tema y así se dio cuenta de que también había sido violentada en otros momentos.
Para Lucía dar esta entrevista fue parte de su proceso de sanación. Empezó a escribir en una libreta todo lo que le había pasado y mientras lo hacía se dio cuenta de que todavía le dolía. Considera que lo peor es no tener con quién hablar de estos temas: “No hay alguien con quien uno pueda desahogarse y la EPS no te ofrece apoyo de ningún tipo. Yo he intentado con el tema de psicología por otros motivos y nunca hay un acercamiento, un diagnóstico, ni una palabra de aliento”.
*Lucía solicitó no referirse a ella con su nombre real.
