El déficit que arrastran las universidades públicas colombianas tiene su origen en dos artículos de la Ley 30 de 1992. Esa norma es la responsable de que cada año aumente la brecha entre los ingresos y los gastos, y de que las universidades se vean forzadas a generar sus propios recursos. Por estos días una propuesta de reforma parcial a la Ley 30 pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes. ¿Qué implicaciones tiene para la UdeA?