Prohibirles a las mujeres el acceso a la educación es prohibirles pensar, es mantenerlas sumisas bajo unos acuerdos sociales arcaicos donde no tienen voz. Es convertirlas en presas frágiles de realidades crueles como el matrimonio infantil y servil. Es reducirlas a las tareas del hogar. Negarles a las mujeres el derecho a la educación es, sobre todo, tenerles miedo a sus ideas y a las cosas que son capaces de hacer. Es frustrar el pleno desarrollo de sus capacidades y quitarles los sueños de un proyecto de vida.
Según Humans Rights Watch, en Afganistán, solo el 37 % de las adolescentes saben leer y escribir. Estamos hablando de miles de mujeres que tienen escasas posibilidades de informarse y tomar decisiones, que no se van a poder refugiar en la literatura, que no serán eminencias médicas y nunca podrán legislar por un Estado más justo. Mujeres que son educadas para ser madres y esposas dóciles, para cubrir sus cuerpos y aceptar la palabra divina como verdad. Desde mayo de 2022, las mujeres no pueden ir a parques ni viajar solas, mucho menos pensar en una vida más allá del matrimonio o la maternidad. De acuerdo con la Unicef, el 57 % de las afganas se casan antes de cumplir los 19 años. En las calles siempre tienen que ir acompañadas de un padre o un hermano, de lo contrario les niegan los servicios esenciales.
Las niñas rebeldes en Afganistán son las que madrugan a ponerse su burka para ir a los institutos ilegales que les enseñan matemáticas. Se esconden en las calles para ver dos horas de clases antes de que los hombres ocupen los salones a las ocho de la mañana. Son las jóvenes que ahora mismo protestan en las entradas de las universidades con carteles que piden vida y libertad y le dicen a la prensa que no sienten miedo de las amenazas porque saben que sus demandas son justas.
Entretanto, las autoridades talibanes dicen que estas restricciones las imponen porque el mundo laboral y académico no es seguro para ellas. Hamdullah Nomani, alcalde de Kabul, dijo que los únicos cargos que las mujeres pueden desempeñar son los que los hombres no pueden hacer, como limpiar los baños de mujeres. En nombre de la ley islámica han apartado de sus cargos a ministras, secretarias, maestras, decanas universitarias, juezas. Así mismo, disolvieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer que garantizaba el derecho de ellas a la participación política. Las quieren calladas, encerradas, aisladas. Al tiempo que posan de estar muy preocupados por crear un “ambiente seguro”, amenazan a las mujeres que protestan y atentan contra las instituciones educativas que las convocan. Qué convenientes son estos hombres que disfrazan su misoginia en un discurso de protección y qué contradictorios, pues según ellos mismos las mujeres solo pueden ser atendidas médicamente por otra mujer. Y si las mujeres no pueden estudiar Medicina, ¿qué pasará entonces con el acceso a la salud de las afganas?, ¿será un sueño como lo es ahora la educación?
Mientras todo esto pasa, las Naciones Unidas desde su gigante y tibia silla publica uno de esos comunicados en los que finge que apoya a las mujeres y rechaza las decisiones de los talibanes. Hablan de lo desastroso que sería para el desarrollo del país perder más de la mitad de la mano de obra, además de los miles de millones de dólares que representa esto para el PIB afgano, pero no ahondan en el hecho de que se les está negando el derecho a la educación a millones de mujeres por ese odio estructural y esa persecución por motivos de género justificada en la interpretación extremista de la sharía (la ley islámica). El apoyo es una palabra vacía. El mundo entero parece voltear la cabeza ante los reclamos de las afganas, y ellas siguen solas y valientes luchando por sus libertades. Nos gana el silencio y la indiferencia. Pero bueno, odiamos a las mujeres y odiamos siquiera pensar en la posibilidad de que ellas reciban los mismos derechos que los hombres.