Fotografía por: Simón Zapata
Desde la entrada de Cocorná sobre la autopista Medellín-Bogotá hasta el casco urbano de este municipio hay cerca de siete kilómetros acompañados por ríos, charcos y bañaderos que son uno de sus principales atractivos turísticos. No obstante, la riqueza hídrica que ha vuelto destino frecuente al Oriente antioqueño, también lo ha convertido en un lugar atractivo para numerosos proyectos de generación de energía.
Actualmente, están en funcionamiento tres pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en el río Cocorná, y una central hidroeléctrica en jurisdicción compartida entre ese municipio, San Luis y San Francisco. Además, en los últimos meses la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), autoridad ambiental de la región, otorgó dos licencias adicionales para proyectos en ese mismo río, y revisa dos solicitudes más.
Uno de los dos proyectos que hace poco recibió el visto bueno de dicha corporación es la PCH Pantágoras, alrededor del cual se han dado una serie de situaciones que algunos pobladores de Cocorná y defensores ambientales de la región califican como irregulares.
Entre las razones de quienes se oponen a la PCH Pantágoras se encuentran las otras tres PCH que ya hay en el río Cocorná y las referencias negativas que tienen las comunidades cercanas. El caso más emblemático es el de la vereda La Aurora, zona de influencia de la PCH El Popal, de donde algunos de sus habitantes tuvieron que salir debido a que, según dicen, el río se secó.
“Hace muchos años, cuando llegaron ese tipo de proyectos al municipio, la gente desconocía qué era una hidroeléctrica y creía que había llegado el progreso, el desarrollo, y que iba a haber empleo. Pero realmente no ha sido así”, aseguró Jonathan Jaramillo, integrante del colectivo Cocorná Consciente. Agregó que la experiencia en algunas zonas indica que estos proyectos afectan los charcos y las actividades derivadas de los ríos, y además deterioran las vocaciones productivas.
Por su parte, Leonel Osorio, habitante de Cocorná, dice que para Pantágoras no hubo socialización. Según cuenta, funcionarios de la empresa llegaron “a un convite que estaba haciendo la comunidad y que citó la Junta de Acción Comunal. Tomaron fotos y eso se lo presentaron a Cornare como socialización, cuando el objetivo del convite era arreglar vías o la casa de algún habitante. Y Cornare lo aceptó”.
Este tipo de irregularidades en el relacionamiento con la comunidad, como el que menciona Leonel, hace parte de los hechos que varias personas y colectivos sociales y ambientales denuncian. Además, también hay razones de carácter técnico que plantean interrogantes.
Por ejemplo, el 20 de mayo del 2020, Cornare informó que el proyecto de PCH Pantágoras había sido archivado “definitivamente” ya que la información presentada por Angulo SAS, la empresa interesada, era insuficiente. Más de un año después, en octubre de 2021, el promotor del proyecto radicó de nuevo la solicitud y fue a partir de ese trámite que logró el licenciamiento.
Sin embargo, a juicio del abogado Isaac Buitrago los faltantes de información no fueron subsanados. Por esa razón, presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la licencia ambiental de la PCH. Entre sus argumentos se encuentra que Cornare aprobó un estudio de impacto ambiental incompleto. Según ese documento, esa autoridad “no pudo establecer condiciones técnicas o jurídicas para la realización de la obra, porque no tenía toda la información necesaria para prever los daños y orientar las acciones del solicitante”.
Otro elemento que Buitrago califica como irregular es que Cornare no tuvo en cuenta el Acuerdo 424 de 2021 de esa misma entidad. Allí se definió una metodología para establecer lo que denominó un “índice de sostenibilidad integrado”. Para ello fue contratado un estudio con la empresa The Nature Conservancy que, en resumen, calcula la capacidad de los ríos de la región para soportar más proyectos hidroeléctricos.
“Cuando usted hace una sola PCH podemos discutir sobre el impacto ambiental, pero no podemos negar que se focaliza mucho la discusión. Pero luego ponen otra más abajo en el mismo río y luego otra. Cornare no ha dado una respuesta clara sobre qué pasa cuando se acumulan tantos impactos ambientales en tan poco espacio”, dice el abogado.
Ahora bien, las acciones jurídicas por parte de las comunidades no cursan solo contra la PCH Pantágoras. En la actualidad hay por lo menos ocho acciones de nulidad en curso para proyectos como Porvenir II y Cocorná I, y otras tres contra proyectos sobre el río La Paloma en Argelia. Un antecedente de éxito de la batalla jurídica contra las PCH es el de Cocorná II.
Según Jonathan Jaramillo, el archivo de ese proyecto “fue un trabajo muy arduo de estar pendiente de los tiempos que ellos tienen para entregar información. Eso nos ha permitido respirarle en la nuca a Cornare y decirle: ‘Ojo que esa PCH ya cumplió el tiempo, tienen que archivar’. Si no es por la presión de la gente, no se hubiera archivado”.
Acceso a la información
Carlos Mario Palacio, integrante del Consejo Municipal de la Juventud y de Cocorná Consciente, cuenta que llevan cerca de seis años reclamando mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos que tienen impacto en sus territorios. Uno de los puntos centrales de sus reclamos tiene que ver con el acceso a la información sobre los proyectos y las determinaciones de la autoridad ambiental.
“Nosotros para obtener la información tenemos que ir hasta allá [Cornare] con derechos de petición. Y muchas veces la hemos obtenido cuando ya tienen las licencias, por eso tenemos poco tiempo para presentar las acciones legales como recursos de reposición o de nulidad”, explica Carlos Mario.
En el caso concreto de Pantágoras, Carlos Mario afirma que acudieron al tercero interviniente; una figura legal que le permite a alguien, que en principio no está directamente involucrado en el trámite de una licencia ambiental, participar en el proceso mediante recursos o peticiones alegando sobre la importancia de preservar el interés colectivo. Por eso resulta clave para el acceso a la información de los proyectos.
Fue de esa forma como, ya en 2022, las comunidades se enteraron de que la licencia de la PCH Pantágoras había sido aprobada desde octubre del año anterior. Eso porque ni Cornare ni la empresa Angulo SAS socializaron esa decisión. “Desde el 2020 la empresa no volvió y la gente que habita permanentemente en el territorio no sabe qué van a hacer, tampoco saben los planes de mitigación ni de compensación”, dice Carlos Mario.
Las dificultades en el acceso a la información fue uno de los motivos por los que, el 13 de agosto de 2022, se unieron colectivos como Cocorná Consiente y otras organizaciones sociales y comunitarias de la región con los habitantes de diferentes veredas del municipio. Ese día marcharon con la consigna de “No más PCH en el Oriente antioqueño”.
Durante esta manifestación los pobladores de cada vereda se presentaron con una pancarta expresando su preocupación: “Ríos libres”, “No más explotación de nuestros ríos”, “Que el río Cocorná siga fluyendo libre y sin muros” fueron algunos de los mensajes.
Luz Marina Toro, habitante de la vereda Los Cedros, participó en esa protesta y también expresó su preocupación por la falta de información sobre los proyectos en la zona. Asegura que la interacción entre los responsables de los proyectos y las comunidades muchas veces es nula y, para hablar de las afectaciones que no fueron comunicadas previamente ni por las empresas ni por las autoridades, plantea el ejemplo del charco conocido como El Ocho: “Ese charco era tan lindo y se volvió una laguna. Se secó y se acabaron la fauna, los peces, toda la flora y tumbaron muchos árboles”, dice Luz Marina.
Ante esa situación, ella decidió vincularse a encuentros con la comunidad y sancochos comunitarios en los que los campesinos de diferentes veredas y los líderes y lideresas ambientales dan a conocer las problemáticas que afectan los ríos del municipio.
Cornare asegura que no es cierto que haya restricciones para el acceso a la información. “Siempre que se radica una solicitud nueva se pone a disposición toda la información que hay [sobre los proyectos]”, le dijo a De la Urbe Oladier Ramírez, secretario general de la entidad. Eso, sin embargo, se contradice no solo con la opinión de las comunidades, sino con algunas de las respuestas que ha recibido este medio al solicitar información sobre proyectos concretos para esta serie.
Por ejemplo, para la entrega anterior sobre la Generadora Alejandría, esa autoridad respondió a un derecho de petición en el que De la Urbe solicitaba copia del expediente de ese proyecto; ante esa solicitud Cornare consultó con la empresa propietaria de la PCH cuál información podría ser entregada a terceros. “La respuesta a dichas solicitudes por parte de la empresa ha sido que no autorizan la entrega de información del expediente, aduciendo que la información goza de reserva constitucional”, respondió Cornare, y, por tal razón, se limitó a hacer entrega de los actos administrativos y los informes técnicos del proceso. Para este informe intentamos ponernos en contacto directamente con la promotora del proyecto PHC Pantágoras, pero ni en los teléfonos de contacto ni en la dirección física que aparece en sus registros obtuvimos respuesta.
Ahora bien, el reclamo por las dificultades por el acceso a la información se enfrenta ahora al panorama que abre la ratificación que hizo el Congreso del Acuerdo de Escazú en octubre de 2022. Ese acuerdo regional tiene, entre otros, el propósito de que los Estados firmantes garanticen los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones sobre estos asuntos.
Isaac Buitrago dice que, con la ratificación de ese acuerdo, “deberían establecerse formas que garanticen que la información se comunique de manera efectiva a las comunidades. Porque no es solo que esté en español y que sea de fácil acceso, sino que se entienda a quién se está dirigiendo la información. Así, la gente entendiendo a profundidad empieza a tomar posturas y decisiones”.
Al respecto, en noviembre, el propio Buitrago radicó en Cornare una solicitud para que esa entidad indicara si realizaría modificaciones en los procedimientos de trámite de las licencias ambientales en lo relacionado con los estudios de impacto ambiental, la socialización de los proyectos y la participación de las comunidades. Sin embargo, esa autoridad respondió que lo hará una vez se expida la normativa y los decretos reglamentarios que definan los cambios requeridos en los procedimientos.
***
“Esto no es una marcha, esto es un río y por eso salimos de blanco y azul, porque es un río marchando. Nosotros somos la voz del río y el río ya no quiere más hidroeléctricas”, dijo Jonathan Jaramillo durante la marcha del 13 de agosto, resumiendo el clamor de los manifestantes. Las manos de Luz Marina sirvieron con una coca rosada el chocolate que tomaron las personas que asistieron a la movilización. Mientras recogía la olla al final de la jornada, comentó: “A mí me parece muy irreal, uno es como tratando de sentirse libre, pero también se siente oprimido, porque uno hace todo lo que puede, pero las empresas dicen que lo hecho, hecho está”.