Dibujo elaborado por Emiliano Ruiz, niño venezolano de 5 años beneficiario del ICBFMedellín es la segunda ciudad de Colombia que más población migrante venezolana acoge, según Migración Colombia 241.166 personas nacidas en Venezuela residían en Medellín en el 2023. Los venezolanos corresponden al 6,4% de los habitantes del Valle de Aburrá, para tener una idea de cuánto es eso, hay tantos venezolanos en el Área Metropolitana como personas viviendo en el municipio de Envigado.
Según la Secretaría de Educación durante el 2023 se matricularon 36.959 niños venezolanos en instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Medellín Cómo Vamos, una alianza interinstitucional que evalúa y da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad, afirmó en un reciente informe que en 2023 al menos el 13,3% de los niños venezolanos no estaban matriculados en ninguna institución educativa.
La cifra de niños venezolanos no matriculados es 3 veces mayor que la registrada en los niños colombianos: 3,7%.
Catalina Calle, coordinadora de regionalización en el centro de estudios Casa de las Estrategias, resalta que “no todos los niños migrantes venezolanos llegan a Medellín con las mismas condiciones pero la mayoría de ellos sí llegan con un duelo migratorio porque han dejado atrás a sus redes de apoyo para buscar oportunidades en un nuevo país”. Algunos menores de edad venezolanos por sus condiciones socioeconómicas llegan en estado de vulnerabilidad y son propensos a que se les complique el acceso a la educación, sean reclutados por redes criminales o sean víctimas de delitos.
Migrar es perder la infancia
Según la Policía de Infancia y Adolescencia, durante el 2022 y el 2023 se denunciaron 63 delitos cometidos en contra de menores de edad extranjeros en Medellín, de los cuales el 89% fueron cometidos contra niños migrantes venezolanos. Las niñas son las principales afectadas, ellas corresponden al 71,6% de las víctimas de delitos cometidos contra los niños venezolanos.
Los principales delitos cometidos contra los migrantes venezolanos menores de edad son delitos sexuales, como acceso carnal violento y acto sexual con menor de catorce años. Cómo es el caso de una niña venezolana de nueve años en estado de embarazo, que el ICBF reportó como beneficiaria en el Servicio Especial Familiar en 2023, teniendo en cuenta la edad de la niña, la ley colombiana considera ilícito el acceso carnal en cualquier caso con menor de catorce años. El caso ocurrió en el 2023 en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, en donde, en el mismo periodo de tiempo, fueron reportados 72 casos de embarazos adolescentes en niñas venezolanas. Estos casos tuvieron como punto crítico las comunas San Javier con 11 niñas embarazadas y las comunas Robledo, Manrique, Popular y La Candelaria con 6 casos cada una.
En relación con esta problemática, el Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que proporciona asistencia a migrantes con enfoque en derechos humanos, comenta que "hay muchos casos de estas niñas abusadas, donde normalmente son los mismos familiares o las personas con las que ellas viven los agresores”. En el 2023 según la Policía de Infancia y Adolescencia los lugares donde más delitos se han cometido en contra de los niños venezolanos son la vía pública y sus hogares con 34 y 16 casos respectivamente.
El Consejo Danés para Refugiados tiene una explicación para esta problemática, ellos aseguran que “debido a la capacidad económica con la que llegan a Colombia algunas familias migrantes duran temporadas viviendo en asentamientos informales, los cuales son muy inseguros”. También añaden que “esas familias ni siquiera tienen un baño dentro de sus casas para hacer sus necesidades o bañarse, y si quieren hacerlo, aunque sea de noche, deben salir y estar expuestos, eso incluye a los niños que en muchos casos, no cuentan con supervisión constante de los adultos”.
Estos asentamientos informales de venezolanos se encuentran alrededor de toda la ciudad y las condiciones entre cada uno de ellos son diversas. Uno de los más concurridos está ubicado en el barrio La Sierra en la comuna Villa Hermosa. Allí llegó por primera vez María José* una mujer migrante venezolana de 22 años que vende dulces en la calle con sus hijos. En el 2020 mientras ella pedía limosna en el barrio El Poblado con su hijo de un año, no pudo comprobar ante la Policía de Infancia y Adolescencia que era la madre. En consecuencia, el ICBF inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que le impidieron ver a su hijo durante un año.
Conoce la historia de María José aquí.
Una de las denuncias más recurrentes entre organizaciones como la Colonia de Venezolanos en Colombia es que en Medellín se han usado niños venezolanos para vender dulces o pedir limosnas en la calle. En palabras de Mónica Jaramillo, abogada en el Consejo Danés para Refugiados “estos niños a veces son alquilados por los mismos padres para causar pesar y generar más ganancias, pero puntualmente en Medellín está situación es muy complicada porque es una ciudad destino donde llegan las redes de tráfico de personas y de explotación sexual”.
Las condiciones de los niños venezolanos en las calles van en contravía del derecho a vivir plenamente su infancia, el Consejo Danés para Refugiados insiste en que “estos niños además de ser explotados laboralmente, son violentados en dos derechos importantes: el de vivir en condiciones de bienestar y el de acceder a la educación, porque son obligados a estar largos periodos de tiempo en la calle siendo explotados”.
La educación como refugio
Las matrículas de estudiantes venezolanos en colegios públicos y privados de Medellín han aumentado desde 2018. Según la Secretaría de Educación, en el 2023 fueron matriculados 36.959 niños de nacionalidad venezolana en el distrito. Cabe destacar que en Medellín hay 408.588 niños matriculados, lo que significa que el 9% de los estudiantes del sistema educativo en Medellín son venezolanos.
A pesar de este aumento en las matrículas y su tendencia de crecimiento, Toni Vitola, líder de la Colonia de Venezolanos en Colombia denuncia que en Medellín a muchos niños venezolanos se les ha negado en primera instancia el registro en colegios públicos del distrito por “no contar con los documentos necesarios”. Así mismo, la abogada del Consejo Danés para Refugiados, Mónica Jaramillo, afirma que este tipo de casos son los más recurrentes que ellos atienden "es lo que más pasa, todavía hay muchos rectores en los colegios que no entienden que no se les debe negar el acceso a la educación a los niños así no tengan ningún documento".
Toni Vitola recalca otro problema en el sistema educativo y es que “en Medellín a pesar de que haya intenciones de la Secretaría de Educación por escolarizar a los niños, muchos menores de edad venezolanos atraviesan trabas para recibir el diploma de grado, el cual no se lo quieren entregar a los estudiantes en condiciones migratorias irregulares”.
El hecho de que haya aumentado la cantidad de niños venezolanos matriculados no significa que estén recibiendo una educación de calidad. Por ejemplo, en algunos factores, los niños venezolanos se encuentran en desventaja con respecto a los niños colombianos. Según la caracterización de beneficiarios de los programas del ICBF en el 2023, mientras que los niños colombianos en Medellín cuentan en promedio con acceso a 6 libros al mes, los niños venezolanos ni siquiera logran acceder a 2 libros.
No obstante, otros migrantes venezolanos recalcan que en Medellín se notan los esfuerzos por escolarizar a los niños y hacerlos beneficiarios en diversos proyectos. Una de ellas es Oriana, una vendedora de tintos en Parque Berrío que se vino desde el 2021 de Venezuela para “buscar una mejor vida en Colombia”, su hija mayor tiene quince años y estudia en un colegio público en Manrique, ella comenta que su hija ha llevado muy bien el proceso de adaptación aunque “algunas veces la han hecho sentir mal en el colegio por ponerle apodos como veneca”. Al respecto Juan Felipe Ortiz, coordinador del proyecto Sin Rumores de la Corporación Región, quienes realizan un trabajo pedagógico para luchar por la no estigmatización en la ciudad, resalta que "en los colegios de Medellín desde hace unos años hay una efervescencia de rumores que giran en torno a los migrantes, sobre cómo hablan y cómo se visten; es como si fuera una cuestión de clase".
Oriana comenta que en Medellín han encontrado mejores oportunidades que en Venezuela, acá sus tres hijos estudian en colegios públicos y su hija mayor recibió un Computador Futuro el año pasado. En Medellín hasta octubre de 2023 se repartieron 130.000 Computadores Futuro, de los cuales 4.223 fueron dados a niños migrantes venezolanos. Eso significa que, mientras los venezolanos son el 9% de los estudiantes en Medellín, en proyectos como Computadores Futuro, solo han sido el 3% de los beneficiarios.
Ese mismo año en el distrito, el PAE (Programa de Alimentación Escolar) benefició a 220.000 niñas, niños y adolescentes escolares en instituciones educativas oficiales, de los cuales 1.057 eran estudiantes extranjeros, eso significa que menos del 0,5% de los beneficiarios del PAE son venezolanos.
Toni Vitola opina que “a pesar de los esfuerzos valiosos realizados hasta el momento, aún existen barreras que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para los venezolanos y es fundamental recordar que la educación es un derecho para todos los niños, independientemente de su origen o su situación migratoria. Sólo a través de un compromiso colectivo y de acciones concretas podemos garantizar un futuro más equitativo para los niños migrantes venezolanos en la ciudad”.
Los derechos de los niños y adolescentes migrantes venezolanos no siempre son reconocidos y respetados, adicional, a que ellos viven muchos problemas de prejuicios y estigmatización mientras tratan de salir adelante y de aportar al desarrollo de la sociedad, por lo que es significativo ver sus intentos de resiliencia y de buscar nuevas oportunidades. Se debería seguir promoviendo desde las políticas públicas la garantía de ayudas sociales para los más vulnerables, especialmente para la infancia, quienes en muchas ocasiones pierden sus redes de apoyo al migrar.
*El nombre de María José fue reemplazado a solicitud de la entrevistada para proteger su privacidad y la de sus hijos.
