Sonsón, entre las puertas del progreso y las de la tradición
Entre montañas y balcones de madera, un municipio ubicado a 115 kilómetros de Medellín se pregunta cada día por lo que es y lo que quiere ser; si parecerse cada vez más a un moderno polo turístico o seguir defendiendo su tradición. La resistencia por la permanencia de las personas sonsoneñas tiene dos caras: la de quienes quieren irse y volver y la de quienes quieren quedarse para cambiar desde adentro. La fachada colonial de este edificio, en el parque principal, tiene “el balcón más lindo de Antioquia”. Foto: Isabella Navarrete. Rechina, se escucha un crujido largo y sostenido. Se abre una puerta de madera color aguamarina, alta y desgastada por la exposición al sol. Como esa, hay muchas y llevan a balcones coloniales y coloridos desde donde se divisan los faroles al borde de la calle, una que otra chiva y los avisos de los negocios con la misma tipografía sobre un fondo café oscuro. Desde ahí arriba se ve el parque de Sonsón, Antioquia, aparentemente tranquilo y sorpresivamente quieto a pesar de las personas que transitan por ahí durante el día. Sin embargo, detrás de esa puerta, esa quietud que parece suspender el tiempo no es tan simple. Hay un pueblo que busca conservar su memoria desde la permanencia en el territorio. Un pueblo que conserva sus historias de vida y trabaja para ser algo más que «la cuna de la colonización paisa» y el segundo con más museos en Antioquia. Sonsón, en el Oriente antioqueño, tiene 35.750 habitantes distribuidos en un 48 % en la zona rural y un 52 % en la cabecera municipal, según proyecciones de Telencuestas y el Banco de Estadísticas de la Alcaldía de Sonsón. Esta ruralidad se despliega en un territorio que, como describe Yuliana Corrales, directora técnica de Cultura y Patrimonio, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, comprende 107 veredas y nueve corregimientos, algunos tan remotos que carecen de carreteras y solo son accesibles «a lomo de mula«. Sonsón es tan extenso que posee todos los pisos térmicos, desde la ribera del río más importante de Colombia, hasta el páramo. Dentro de este mapa, Alejandro Galvis, coordinador de Juventud de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, identifica una realidad poblacional específica: solo en los cuatro corregimientos del Magdalena Medio sonsoneño –San Miguel, La Danta, Jerusalén y La Linda– habitan aproximadamente 3400 jóvenes, quienes viven un marcado «choque cultural» respecto a la zona fría de la cabecera. Fernando Otálvaro Jiménez, coordinador de Emprendimiento en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, señala que a pesar de que la vocación del municipio es agrícola en un 70 % o 75 %, este sector enfrenta una crisis de permanencia. Natalia Zapata, cofundadora de la Asociación Ambiental y Social de Mujeres Rurales Amigas del Páramo, advierte que las personas jóvenes «ya no quieren ser campesinos«. Óscar Hurtado, gestor biocultural de la Casa de los Sueños, coincide en que se está perdiendo la identidad del campo: los jóvenes prefieren ser «empresarios del agro» o migrar ante la dura realidad de que trabajar la tierra solos es muy difícil. Ante esta tendencia de expulsión hacia las ciudades, la dirección de Cultura y Patrimonio le apuesta a la permanencia atendiendo a más de 9000 niños y jóvenes al año en sus procesos, para que esa puerta que se abre para irse no sea la única opción de progreso. Mirar distinto A media cuadra del parque principal y subiendo por la calle del Rosario, en una casa con una puerta alta de madera verde oscura trabaja Daniela Cortés entre máquinas de expresos y chocolate. Esta joven sonsoneña vivió cinco meses en Alicante, España, con la intención de conocer otra cultura y abrirse paso en el mundo. Daniela creció con el mandato que muchas familias conocen bien: «irse es progresar, quedarse es estancarse«. Pasó cinco meses en la ciudad española de Torrevieja. No obstante, al regresar, ella y su esposo enfrentaron el nuevo desafío de sostenerse económicamente. De allí nació Café Cacaua. Decidieron apostarle al chocolate con altos porcentajes de cacao y con rellenos de frutas deshidratadas cultivadas en la región. Querían recuperar algo: Sonsón fue cuna de lo que hoy es Nutresa, y ese origen industrial del chocolate estaba olvidado. El café llegó después, casi por impulso: un día tomaron la decisión y ese mismo día salieron a buscar el local que se inauguró el 23 de diciembre de 2023. Descubrieron entonces que Sonsón era un territorio demasiado cafetero como para ignorarlo y convirtieron el negocio en la vitrina exclusiva de algunos caficultores del municipio. Lo que empezó como una necesidad de supervivencia terminó siendo una apuesta por la identidad del territorio. Para ella, volver fue «una victoria más grande» que triunfar afuera. Trajo herramientas del exterior y las puso a trabajar con lo local. Su conclusión: «El éxito no depende de la ubicación geográfica, sino del amor y la pasión que se le imprima al trabajo en el territorio«. Cree que los jóvenes que deciden permanecer están más conscientes de que pueden progresar y llevar sus empresas al mundo desde su propio municipio. Pero no todas las historias regresan. Daniela lo admite sin rodeos: «El ideal de nosotros irnos no era regresar«. Por su parte, Yuliana Corrales recuerda que al terminar el colegio la mentalidad era una sola: irse a Medellín o a cualquier ciudad. Ella misma lo hizo durante cuatro años. Esto se ve reflejado en otros sectores productivos del municipio (como se relata en los artículos de las páginas siguientes). Por ejemplo, de los cinco guías habilitados para hacer recorridos en complejo de páramos de Sonsón, tres ya migraron, solo quedan dos que son tío y sobrino. En el sector higuero, las familias productoras pasaron de 546 en el año 2000 a 80 en el 2026. Según Donnovan Velásquez, secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, esto está relacionado con que los jóvenes no quieren volver al campo y con el desplazamiento de muchos cultivos por el de aguacate,
Nacimiento y desembocadura de un abandono
En el oriente de Medellín, entre cemento y ladrillos, los niños deciden quién será el primero en lanzarse al agua clara de un nacimiento único en su tipo. Mientras tanto, en el sur, la gente huye del río que se les acerca y de la lluvia que, como ellos, busca dónde meterse. Aquí también todo es cemento y ladrillos. La quebrada La Gallinaza es usada por algunos habitantes de la Comuna 8 Villa Hermosa como depósito de basuras. Foto: Maria del Mar Martínez. 1. El charco «Mateo tiene miedo, Mateo tiene miedo», corea un grupo de niñas dentro de un nacimiento de agua natural que funge como piscina en la calle La Estrechura del barrio La Libertad. Mateo está de pie en el borde de este charco, como es llamado por quienes lo frecuentan. Con las manos en la cintura, mira al suelo e intercambia su apoyo entre un pie y el otro para sostenerse sin quemarse con el pavimento. El agua brilla casi cristalina y se menea serena. ¡Plash! La superficie se turba con el clavado de Mateo, salpica agua en la calle y en la baranda amarilla que separa la acera del charco. Otros 10 niños se lanzan, se voltean y me miran alzando las manos para que les tome una fotografía que registre su tarde de sábado, costumbre en este barrio de Villa Hermosa. En la cuadra también se oye otro chapoteo: es el sonido de la quebrada, que además de piedras lleva el motor de un ventilador con su hélice, la cabeza de un bebé de juguete, costales con escombros y rastrojo, ropa, empaques y más. Algunas de estas cosas flotan hasta la quebrada Santa Elena e incluso al río o más allá, otras se atascan o alguien las saca. De los pies de los niños en los alrededores del charco al pico de los gallinazos en los vados del río es difícil saber cuánto tiempo van a permanecer en el agua o qué tan lejos llegarán. Pero regresemos a lo que hay enfrente. El charco tiene unos 12 metros de longitud, uno de ancho y no supera los 170 centímetros de profundidad. Aun así, los niños se tiran clavados de cabeza y nadan de un extremo a otro haciendo «piscinas», pero solo uno a la vez porque en el poco espacio no caben dos sin chocar un poco. Cada vez que uno de ellos se tira al charco, el agua sale por uno de los dos agujeros de drenaje. En este momento, uno está sellado; los niños lo cierran para mantener el nivel, pero dejan abierto el otro para evitar que el agua se suba mucho. Los orificios de llenado solo se tapan para secarlo. Son tres que están en uno de los dos extremos del charco, por donde entra el agua que llega del acuífero. Mientras tanto, una señora que vive en la cuadra lava dos morrales con jabón lavaplatos dentro del charco. El residuo de jabón y el polvo de la calle en los pies de los niños opacan el agua. Pero esa es el agua más limpia que encuentra un habitante de calle para refrescarse del sol que está en su pico. Cuando la señora ya se ha ido, este hombre se acerca al charco para recoger agua en una botella y lavarse la cara, luego sigue su camino por La Estrechura y deja atrás a los niños que ahora juegan a hundirse entre sí. Frente al charco hay una tienda de bolis, pasteles hojaldrados y bebidas. Valeria, la vendedora, explica que es un nacimiento, que viene más gente los sábados, que no siempre estuvo pavimentado ni tuvo baranda y que muchas veces los niños se han accidentado dentro de él en medio del juego. Este es un espacio de recreación sobre el que los habitantes del barrio han sido soberanos durante más de 40 años. Ellos mismos lo adaptaron como una piscina; incluso, ella y Margarita, su madre, afirman que todos los vecinos aprendieron a nadar en él. Pero al preguntar quién lo creó, cómo o cuándo, las personas de la cuadra coinciden en que siempre ha estado ahí. La Comuna 8, Villa Hermosa, se empezó a construir en la década de 1940 en medio de las olas migratorias a causa de la violencia partidista. También entonces inició la canalización del río Medellín, en 1942. Para este proceso de urbanización fue fundamental una figura de organización comunitaria: el convite, una práctica de trabajo solidario entre vecinos. Mediante los convites se construyeron caminos, escuelas, escalas, calles y, en este caso, «piscinas naturales». Así las personas del barrio han preservado el charco, son formas de convite que los niños se reúnan para lavarlo o que los vecinos aporten materiales para adecuarlo, como las tablas de madera con las que tapan los orificios. El charco y la quebrada, uno al lado del otro, dan cuentas de formas distintas, casi opuestas, de relacionarse con el agua en la ciudad. Foto: Maria del Mar Martínez. 2. La ciudad Como el charco, el río Aburrá-Medellín ha sido adaptado a los intereses de sus vecinos. Su rectificación (modificación del cauce original eliminando sus curvas) comenzó a finales del siglo XIX cuando un grupo de empresarios antioqueños promovió la urbanización de Guayaquil, así lo explica Andrea Preciado en su libro Canalizar para industrializar. Entonces, siguió la canalización (revestimiento del cauce) finalizada en 1952 con el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP). Antes de ese proceso el río era un espacio recreativo, lugar de baño, de recolección de agua e incluso un medio de transporte. Hoy en día también hay un aprovechamiento de sus recursos con fines similares. Sin embargo, esta otra relación con el río está mediada por las necesidades de las comunidades y la falta de mejores alternativas de acceso al agua, como es el caso de algunos habitantes de calle que se ubican en sus orillas. Pero la canalización no es el único proceso que ha transformado la relación entre la ciudad y el
Granizal: la tierra que guardó sus nombres
Un año después, la comunidad tiene una cita con la memoria. Este 24 de junio, los habitantes de Granizal se encontrarán en Altos de Oriente II, donde comenzó el deslizamiento del 2025, para recordar a quienes ya no están y reconocerse en una historia atravesada por la pérdida, el duelo y la permanencia. «Aquí florece la memoria de quienes ya no están». Esta frase hace parte del mural pintado en el Colegio Universidad Virtual de Colombia, en Granizal. Está escrita cerca de un sol amarillo, desde el que caminos de colores se abren hacia los costados como raíces. Por esos senderos de arcoiris brotan flores y entre ellas emergen los rostros de las hermanas Agudelo Londoño: María Fernanda, de 9 años, y María Alejandra, de 8. Enmarcadas por halos difuminados en tonos azules y violetas, las niñas parecen custodiar los nombres que, escritos sobre una franja azul oscuro, se asemejan a pequeñas constelaciones. Las hermanas Agudelo y las 17 personas cuyos nombres aparecen sobre la franja azul murieron el martes 24 de junio de 2025. Durante la madrugada, una masa de tierra se desprendió desde la parte alta de la montaña en Granizal, una vereda del nororiente del Valle de Aburrá que pertenece a Bello, pero cuya vida transcurre al otro lado de la frontera administrativa, en Medellín. Mientras la comunidad dormía, la ladera se vino sobre las viviendas. Habitantes de Granizal pintan un mural en el colegio de Altos de Oriente I, que durante el desastre funcionó como un albergue comunitario no reconocido oficialmente. La obra fue realizada el 12 de julio de 2025, en memoria de las víctimas del deslizamiento. Foto: Sofía Quintero. La semana apenas comenzaba, después del puente festivo de Corpus Christi marcado por los aguaceros. Según un estudio de World Weather Attribution (WWA), elaborado a partir de registros del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), entre el 23 y el 24 de junio cayeron cerca de cuatro quintas partes de lo que normalmente llueve durante todo un mes de junio en la región. La documentación de la emergencia elaborada por el reporte de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Bello (SGRD) sitúa el movimiento en masa a las 3:25 de la madrugada. La comunidad, en cambio, recuerda que todo comenzó con un primer derrumbe cerca de las tres de la mañana en la parte más alta de Altos de Oriente II. Veinte minutos después, un segundo alud descendió por la misma pendiente hasta alcanzar las viviendas de Altos de Oriente I. Según la descripción de la situación elaborada por la SGRD, a partir de ese punto el aluvión encontró el cauce de la quebrada Cañada Negra, que bordea el sector de Manantiales, y formó un torrente al continuar su descenso. Para 2019, Granizal albergaba alrededor de 22 mil personas, según la Alerta Temprana 036 de la Defensoría del Pueblo. Hoy líderes sociales estiman una población cercana a los 30 mil habitantes distribuidos en sectores como El Pinar, Oasis de Paz, Regalo de Dios, Altos de Oriente I y II, El Siete y Manantiales. Foto: Sofía Quintero. Desde la mañana del 12 de julio siguiente, habitantes de Granizal y voluntarios del Colegio San Ignacio de Medellín y de la Fundación Semillas Zoé comenzaron a pintar. Discutieron dónde ubicar el sol, los caminos, el arcoiris y los nombres de las víctimas, recordaron con especial cariño a las dos niñas. Para entonces, la emergencia ya había sido cerrada oficialmente. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Bello había cerrado su intervención el 7 de julio, catorce días después del deslizamiento. El informe oficial confirmó que 27 personas murieron y 134 familias resultaron damnificadas. En suma, 456 personas afectadas. La Defensoría del Pueblo ha señalado a Granizal como la segunda comunidad de población desplazada más grande del país y la más grande del Valle de Aburrá. El territorio se ha desarrollado al margen de la planeación urbana formal, con limitaciones en el acceso a servicios básicos, infraestructura y vivienda, en un entorno que combina características rurales y urbanas. Foto: Sofía Quintero. Mientras unos pintaban, otros sembraban una corona de margaritas amarillas sobre la tierra húmeda. Hacia el mediodía, el comienzo de la misa pausó las tareas. Brochas, recipientes de pintura y bocetos quedaron apoyados junto al muro. Varios caminaron entonces hacia la parroquia Beato Jesús Emilio, la iglesia amarilla ubicada frente al colegio. La jornada se extendió hasta la tarde. Un voluntario continuaba dibujando los rostros de las hermanas guiándose por una fotografía en su celular. Decenas de niños y niñas, reunidos en la cancha de fútbol, soltaron globos blancos para recordar a las víctimas de la tragedia. A pocos metros, una mujer vestida de blanco y un hombre de traje vinotinto, acompañados por un pequeño grupo de personas, se dirigían a una caseta; estaba por comenzar su ceremonia de matrimonio. Aunque Granizal pertenece administrativamente a Bello, su vida cotidiana está profundamente conectada con Medellín. Ubicado entre la Comuna 1 (Popular) y la zona rural de Copacabana, es un territorio limítrofe donde el abandono se vuelve parte del paisaje cotidiano. Foto: Sofía Quintero. «Cuando pasó el eco de la tierra, se sintió solo el silencio» En la casa de José Balmore Herrera, de 75 años, en el sector de Calle Larga y a unos 15 metros de la quebrada, el agua empezó a entrar desde antes de la medianoche. No era una filtración nueva, pero sí más insistente que otras veces. Balmore la sacaba con una escoba, una y otra vez, empujándola hacia la puerta mientras la lluvia caía sin parar y la quebrada seguía creciendo. En la vivienda estaban su esposa, Blanca Nelly Morales, de 70 años; su hija, Diana Marcela, de 45; y su nieta, Giselle Natasha, de 14. Horas antes, algo ya se había salido de lo habitual. «Pecas, la perra, no quiso dormir donde siempre. Su lugar era debajo del lavadero, donde pasaba todas las noches, pero esa vez no hubo forma de hacerla quedarse«, dijo Diana. Intentó acomodarla varias veces.
Edición 111. Junio de 2026
Pelar el cobre
Siempre que se acercan las elecciones cae sobre el país un velo de aturdimiento que nos revuelve las ideas y las identidades. En Colombia, donde, según el Dane, 15 millones de colombianos no logran cubrir sus necesidades básicas y otros seis millones no pueden costear la educación, la salud o la vivienda, olvidamos quiénes somos y, sobre todo, de qué lado estamos. Resulta decepcionante ver cómo, tras tanta palabrería electoral, el resultado son personas dispuestas a defender y votar por quienes nos desprecian y no defenderán nunca nuestros derechos. No es un fenómeno exclusivo de las elecciones, pero durante la temporada electoral se ve más: pelamos el cobre. Nos sale de las entrañas esa tendencia virulenta que nos hace segregarnos entre el «pobre pobre» y el «pobre menos pobre». Porque ese «pobre menos pobre» se abandera con la ilusión de sentirse más cercano a quienes tienen el dinero y el poder. Como si quienes somos la mayoría, los del común, pudiéramos mezclarnos con la minoría privilegiada. No es así. Tal vez el problema no sea solo político, sino que trasciende a lo cultural. Nadie defiende conscientemente lo que le perjudica; es la forma aprendida de ver el mundo lo que le lleva a hacerlo. En nuestro caso, hemos aprendido a aspirar hacia arriba, incluso cuando ese «arriba» nos desprecia porque se cree que hay dignidad en parecerse a quienes nos excluyen. Es la consecuencia de mitos como la meritocracia que se esconden detrás de frases como «Al que madruga Dios le ayuda» o «El pobre es pobre porque quiere». Es un mito porque creer que en Colombia cualquier persona puede ascender socialmente basándose solo en su talento, esfuerzo y capacidad es negar que, como demostró el Banco Mundial en el informe Trayectorias: prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano (2024), la movilidad social en nuestro país está determinada por el origen socioeconómico de los padres, el sexo, la etnia y el lugar de nacimiento. Sin embargo, en las temporadas electorales este mito aspiracional se vuelve parte de un discurso que instrumentaliza el deseo del ascenso social del pueblo para asegurar apoyo electoral. Lo más lamentable es que siempre hay algo más profundo: la falsa conciencia, un concepto que describe los escenarios donde la clase trabajadora adopta las ideologías de la clase dominante o privilegiada, por lo que no percibe o reconoce su propia explotación o malestar. No es solo un error de percepción, sino también una forma de negarse a sí mismo. En Colombia sobran ejemplos: en el debate público por el aumento del salario mínimo para 2026 fue común encontrar en redes sociales a trabajadores oponerse al aumento de sus propios ingresos. En una publicación de El Tiempo en Instagram, titulada «Salario mínimo en Colombia para 2026 será de $2’000.000 con auxilio de transporte», se pueden pasar horas leyendo comentarios como «bienvenido el recorte laboral» y «empiezan los despidos, las empresas no van a aguantar». Como si sacrificar el bienestar de los trabajadores fuera un precio aceptable en nombre de defender una economía que no los favorece. Otro ejemplo es la resistencia a las reformas laboral, pensional y de salud que buscan recuperar derechos laborales perdidos, con leyes como la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, garantizar ingresos para la vejez a más colombianos y mejorar el acceso a la salud, respectivamente. Es una resistencia que no se ha evidenciado únicamente en el Congreso o en redes sociales, sino también en movilizaciones como la Gran Marcha Nacional, del 21 abril de 2024. Si bien esta fue convocada por los gremios empresariales, la oposición del gobierno de Petro y los integrantes del sector médico, contó con una amplia participación ciudadana en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, que en conjunto sumaron aproximadamente 400.000 manifestantes, según dijo entonces El País. La crítica no es porque las leyes y las reformas deban aceptarse sin cuestionamientos, sino porque su rechazo plantea una pregunta más incómoda: ¿por qué parece más peligroso defender los derechos del pueblo que conservar las condiciones actuales? Es ahí donde se materializa la falsa conciencia que nos hace olvidar que, en un país como el nuestro, incluso los autoproclamados «pobres menos pobres», siempre vamos a estar más cerca del vendedor de aguacates y bananos en los bajos de la estación San Antonio, que de un político o un millonario y sus compinches. Aun así, insistimos en defenderlos como si eso nos garantizara acceso a un privilegio que creemos haber logrado o esperamos lograr algún día. Quizá el mayor riesgo de este aturdimiento nacional, de que pelemos el cobre, no es votar mal, sino olvidar que somos parte de la misma realidad porque al final, cuando pasen las elecciones, la vida seguirá siendo igual para la mayoría durante cuatro años más: la fila, el arriendo, el rebusque, la comida, la salud, la incertidumbre. Es justo ahí donde realmente existimos, donde no están los discursos ni la palabrería. Es ahí donde están los que se parecen a usted, a mí, a todos nosotros.
Las misiones que heredará el nuevo Gobierno
El carriel también va a la izquierda
En las elecciones legislativas del 8 de marzo y en la primera vuelta del 31 de mayo, el Pacto Histórico se consolidó como la segunda fuerza política en Antioquia. Ahora, en un departamento tradicionalmente inclinado hacia la derecha, este partido se disputa el relato de lo que significa ser antioqueño en su camino hacia la Casa de Nariño. El sábado 28 de marzo, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, dio su último discurso en la ciudad. Frente a un parque de San Antonio lleno, afirmó que Antioquia es un pueblo resiliente, laborioso y noble, se mantuvo en su postura de que el departamento «se convirtió en la cuna de la parapolítica, del narcotráfico y del terrorismo de Estado» y que esto no es más que «constatar la realidad». Ese mismo día, María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá, del mismo partido, publicó en su cuenta de X: «Si Antioquia cambia, Colombia cambia«. Casi dos meses después, esa idea se puso a prueba en la contienda presidencial del 31 de mayo: Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, salió victorioso con 1.725.297 votos –el 53.74 % del total–, ganó en 110 de los 125 municipios del departamento y se impuso en todas las comunas y los corregimientos de Medellín. José Luis Marín, concejal del Pacto Histórico conocido como AquinoTicias, dice que, aunque el resultado genera una sensación de derrota –Cepeda quedó de segundo cuando hace cuatro años Petro había quedado primero–, los resultados esconden matices: en 2022, el ahora presidente obtuvo 682.282 votos en Antioquia en primera vuelta; hoy, Cepeda consiguió 806.959, es decir, un 18.2 % más. En la sede de campaña en Medellín –una casa de dos pisos en el barrio La Floresta que también ha sido el espacio de trabajo del congresista Alejandro Toro– hay una calcomanía que dice «Antioquia cambió». La idea de que el departamento, históricamente inclinado hacia la derecha, está transformando su manera de entender la participación política ha sido uno de los ejes de esta campaña. Luisa Fernanda Giraldo, gestora cultural y excandidata a la Cámara por Antioquia en la lista del partido, reconoce que la recepción hacia su partido en el departamento se ha transformado: «Cuando nosotros hacíamos campaña en el 2022 era muy difícil. Nos atacaban en muchas partes, había pocas personas en las reuniones y gente gritándonos guerrilleros«. Hoy, dice, pueden hacerlo con más tranquilidad. Ella resume la disputa así: «Lo lindo de la lucha de clases es que existe, aunque haya gente que la niegue, y eso es un claro reflejo de lo que está sucediendo en la contienda electoral: dos extremos con dos apuestas de país completamente diferentes«. En su escenario más optimista, el Pacto esperaba superar el millón de votos en primera vuelta. Ese 31 de mayo, en la Casa Cepeda de La Floresta, el ambiente era de asombro y desencanto. De la Espriella no solo ganó, sino que superó de lejos a Paloma Valencia, candidata del uribismo. Entre los integrantes del equipo que discutían el resultado, el líder comunitario Jhon Jiménez planteó que la jornada debía servir como autocrítica: «Cuando hay problemas logísticos, el adversario se luce, y este fue el caso». Con todo, el resultado consolidó al Pacto Histórico como la segunda fuerza política del departamento. En las legislativas del 8 de marzo obtuvo 392.002 votos en Senado y 394.081 en Cámara. Y, por ejemplo, en las presidenciales Cepeda alcanzó 300.729 votos en Medellín, un 79.5 % más que en las legislativas. El reto inmediato de Cepeda es crecer en la segunda vuelta, pero tanto él como De la Espriella han apelado a la antioqueñidad para conquistar el peso político del departamento. En su libro Nación, ciudadano y soberano, la socióloga María Teresa Uribe describe la antioqueñidad como «un ethos sociocultural muy definido que se manifiesta en un conjunto de valores». Esos valores han resonado en el discurso de Cepeda: el 12 de febrero, en su primer gran acto de campaña en Medellín, en el Parque Berrío, reivindicó los pilares de la antioqueñidad –la familia, la religión, el trabajo y el «espíritu pujante»– y reconoció que el departamento «ha hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social del país». Ana María Jaramillo, candidata al Concejo de Medellín por el Pacto en 2023 e integrante del equipo de la Casa Cepeda del centro, lo explica así: «[Cepeda] está apelando a un sentimiento regionalista que resulta fundamental en la campaña presidencial, porque sabemos la importancia que ha tenido Antioquia para poner presidentes en este país». Para ella, Cepeda también intenta rescatar una herencia de la región: «Antioquia ha tenido una fuerte influencia de levantamientos, de lucha, de resistencia. Imaginarios que quedan por allá escondidos y me parece que esta ha sido la oportunidad de ponerlos en otro lugar». Juan Camilo Portela, doctor en Investigación en Ciencias Sociales de Flacso-México y docente de la UdeA, coincide: Antioquia también ha sido cuna de «iniciativas muy de izquierda» y, en ese contexto, el ethos más tradicional ha estado en disputa con «otro tipo de maneras de comprender la realidad: unas más revolucionarias». El voto de las clases populares se ha convertido en una de las bases más sólidas del Pacto en el departamento. En las elecciones legislativas, el partido ganó en Medellín en las comunas 1, 2 y 3 –Popular, Santa Cruz y Manrique–, caracterizadas por su origen obrero y su desarrollo en las laderas. Para Portela, esto responde al esfuerzo de la campaña por «apelar a ese orgullo de las clases populares y a su trabajo». Aunque en la primera vuelta Cepeda no ganó en ninguna de las 16 comunas, fue el segundo más votado en 15 de ellas, y la diferencia con De la Espriella fue más estrecha en las comunas populares: 7.1 puntos en la Comuna 1; 12.9 en la Comuna 2 y 15.2 en la Comuna 3. Juan Andrés Henao, integrante del equipo del Pacto, lo ilustra así: «Desde las cuatro de la mañana se ve gente montándose al metro, haciendo
“Los periodistas siguen siendo asesinados en Colombia por nada diferente a hacer su trabajo”: Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP
El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda significó el fin de la revista El Confidente en Yarumal. Con su muerte, el periodismo en el Norte antioqueño perdió una voz de contrapoder y denuncia. Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, reflexiona sobre el oficio en medio de las agresiones hacia la prensa. Mateo Pérez Rueda era periodista y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, fundador y director de la revista El Confidente en Yarumal. Su primo Jorge Rueda lo recuerda como alguien «que no se dejaba mandar de nadie, rebelde en el mal y en el buen sentido», y dice que hacía periodismo «de la vieja guardia, de la vieja usanza». De no haber sido asesinado, Mateo habría cumplido 25 años este 8 de junio. El lunes 4 de mayo, Mateo se despidió de su papá, Carlos, por última vez. Ese día salió hacia Briceño, municipio del Norte antioqueño, para cubrir un consejo de seguridad. Desapareció el martes 5 de mayo y su cuerpo fue encontrado tres días después por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Según testimonios de habitantes del sector, fue detenido por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC en la vereda El Palmichal, donde fue interrogado, torturado y asesinado frente a la comunidad. El Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, mantiene el control territorial en Briceño e Ituango. Estos dos municipios concentran además la disputa entre los Frentes 36 y 18 y el Clan del Golfo, que buscan expandirse en la región. Desde el recrudecimiento de los combates entre el Frente 36 y el Clan del Golfo en abril de este año, esto ha llevado a que 163 personas se hayan visto obligadas a desplazarse, a que el Concejo Municipal interrumpiera sus sesiones y a que el alcalde del municipio, Noé Espinosa, ejerza su cargo desde Medellín. En Yarumal, Mateo acumulaba demandas y tutelas de parte de la administración municipal para que retirara sus investigaciones. Jorge Rueda cuenta que su primo se volvió incómodo «para los poderosos y para los que manejan los recursos». Desde el colegio ejerció el periodismo y con los años su trabajo derivó en reportería de denuncia. Las amenazas que recibió fueron denunciadas ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que intentó investigar el caso y brindarle protección. Durante el gobierno de Gustavo Petro han sido asesinados ocho periodistas en Colombia y la FLIP ha registrado 387 agresiones hacia la prensa. De acuerdo con el índice mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el puesto 102 entre 180 naciones. El asesinato de Mateo significó también el fin de El Confidente. Su caso ilustra las condiciones en que trabajan cientos de periodistas en las regiones del país: limitadas por la violencia, las agresiones constantes y la falta de garantías para ejercer el oficio. Para hablar sobre el panorama del periodismo en Colombia y en el Norte antioqueño tras el asesinato de Mateo, De la Urbe entrevistó a Daniel Chaparro Díaz, subdirector de la FLIP. La violencia hacia periodistas no es para él un tema distante: el 24 de abril de 1991, su padre, Julio Daniel Chaparro Hurtado, y su colega Jorge Torres Navas —reporteros de El Espectador— fueron asesinados por integrantes del ELN en Segovia mientras realizaban una investigación para el especial «Lo que la violencia se llevó», un trabajo en el que recorrían pueblos azotados por masacres y reconstruían la cotidianidad de sus habitantes años después de la tragedia. Desde esa experiencia y desde su labor en la FLIP, Daniel Chaparro reflexiona sobre lo que significa hoy hacer periodismo en Colombia. La FLIP registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas al oficio desde 1977, y con Mateo Pérez son ocho los asesinados durante el actual gobierno. ¿Qué indica el caso de Mateo en ese contexto? Pareciera que la violencia letal fuera asunto del pasado, sobre todo por la severidad y por el alto número de periodistas asesinados desde la segunda mitad de la década del 80. Fue más o menos en el periodo de 2004 donde hubo una curva de descenso. Pero lo que nos dice el caso de Mateo es que los periodistas siguen siendo asesinados en Colombia por nada diferente a hacer su trabajo. Nosotros [la FLIP] hemos dicho en pronunciamientos recientes que hay una alarma por la situación del terrorismo en lugares donde hay disputas territoriales por parte de actores armados. Es decir, zonas como el norte de Antioquia, el Nordeste, el Bajo Cauca y otras subregiones del departamento o del país, donde hay dos o más grupos en disputa de ese territorio, la lógica nos indica que siempre ponen a la información en medio del campo de batalla. No solo en la ruralidad, sino también en lo urbano. Usted afirmaba que los grupos armados «no solo quieren controlar el territorio, sino también la información que circula sobre él». ¿Cómo se manifiesta ese control informativo en la práctica y cómo les beneficia a esos grupos Hay grupos armados que por momentos quieren funcionar como editores y se convierten en grandes editores de los periodistas. Permanentemente están monitoreando el periodismo y muchas veces tomando el poder de editarlos. No pasa solo con los grupos armados, también ocurre con otro tipo de poderes –legales e ilegales– que le dicen a los periodistas y a los medios de comunicación cómo hacer su trabajo. Es decir, no tenemos libertad. No hay libertad para expresar lo que las agendas informativas quieren decir. Entonces este [el caso de Mateo] y los otros casos revelan que tenemos una presencia todavía muy violenta y una hostilidad que culmina en el asesinato. No solo hubo una tortura física, sino también simbólica, porque su carnet de periodista fue colgado en un lugar visible para que el efecto inhibidor fuera más amplio. Lo que quiero decir es que no solo el periodismo en Antioquia
Así opera la red de ataques contra los periodistas que critican a Abelardo de la Espriella
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lo había advertido en distintos momentos: Abelardo de la Espriella ha mantenido durante más de una década un patrón reiterado de acciones judiciales contra periodistas. Entre 2008 y 2019, la Fiscalía registró 109 casos en los que el hoy candidato denunció a reporteros por injuria y calumnia. La mayoría de los casos terminaron archivados, desistidos o sin prosperar. Para la FLIP, ese uso expansivo de mecanismos legales podía configurar prácticas de acoso judicial, cuyo efecto no se mide en sentencias sino en desgaste, costos y autocensura. Ahora que Abelardo de la Espriella es candidato a la presidencia de Colombia, su viejo conflicto con la prensa se ha ampliado al mundo digital. Un análisis realizado por la Liga contra el Silencio en X muestra que, tras artículos periodísticos, se activa una conversación en la que participan cuentas del entorno del candidato y perfiles afines que publican y amplifican ataques contra periodistas. Entre los tuiteros se encuentran diversas cuentas con diferentes tipos de relaciones con la campaña. Encontramos desde personas relacionadas directamente con su campaña, incluyendo la del abogado de esta, Germán Calderón España, hasta influenciadores que lo han acompañado en sus giras por el país. En paralelo, en el portal defensoresdelapatria.com —identificado como una iniciativa de De la Espriella para “proteger la democracia”— se publican comunicados y columnas de opinión. Algunos de estos textos están firmados por Calderón España y otros columnistas como el senador electo por Salvación Nacional Alejandro Bermeo, influenciador y cofundador del movimiento Libertad Avanza Colombia. Precisamente, uno de estos comunicados fue citado en una carta enviada, en abril, al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y firmada por el candidato, en la que denuncia el trino del presidente Gustavo Petro por presuntamente espiar sus conversaciones telefónicas. Petro menciona conversaciones de inteligencia entre los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg & Sons) y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella acerca de un supuesto fraude electoral. Aunque la carta se enfoca en denunciar que el presidente confesó que violó las comunicaciones del candidato, al final de esta agregan una imagen de un comunicado, publicado el 13 de enero pasado, en el que deslegitiman las publicaciones de La Silla Vacía, acusan a su directora Juanita León de “activista” y de ser el “brazo mediático” de la Open Society Foundation, la fundación de George Soros. Estos ataques los explicaremos más adelante en uno de los cinco picos identificados en el análisis digital. Las narrativas y de desprestigio Este comunicado que revivió en la carta a Rubio plantea que los cuestionamientos periodísticos harían parte de una operación coordinada contra De la Espriella, una narrativa que puede contribuir a deslegitimar el trabajo de periodistas y medios. En el análisis realizado para este reportaje, se identificaron varias narrativas: Se señala a medios como La Silla Vacía, Cambio y a periodistas, como Daniel Coronell, Cecilia Orozco y Juanita León, como parte de una supuesta “bodega del establecimiento” y se les presenta como “activistas” o “milicianos digitales”. Los acusan por hacerle campaña a otros candidatos como Iván Cepeda o al precandidato Juan Carlos Pinzón. Sus investigaciones o columnas de opinión son calificadas de “fake news”. Se cuestiona su independencia al vincularlos con la narrativa de agendas internacionales “woke” como la de George Soros. La mención a Soros, fundador de la Open Society Foundation, ha sido usada por sectores de ultraderecha en otros contextos internacionales para construir la idea de una supuesta conspiración global. En su libro Epidemia Ultra, Franco Delle Done analiza cómo líderes como Viktor Orbán en Hungría han perfeccionado la estrategia de construir enemigos para polarizar a la sociedad y uno de esos enemigos fue Soros. Según Delle Done, esto ha sido una “herramienta fundamental para la ultraderecha” que busca la polarización discursiva. “Al vincular a la prensa con este tipo de ‘complots internacionales’, se logra una ‘descalificación absoluta’ del periodista, presentándolo no como un profesional, sino como un ‘villano’ o un ‘miliciano’ al servicio de agendas oscuras”, dice. En varios de los casos las narrativas son apoyadas con videos e imágenes creados con inteligencia artificial, algunos de los cuales se tratan de desinformaciones como un supuesto apoyo de Juanita León y la Silla Vacía con el precandidato Juan Carlos Pinzón y el GEA. Los tuits Ataques contra La Silla Vacía Ana Bejarano Ataques contra Daniel Coronell y Cecilia Orozco Pero estos no fueron los únicos periodistas descalificados por los tuiteros. Aunque en menor cantidad y agresividad, en otros mensajes cuestionan a medios como El Colombiano, El País América y Cuestión Pública por sus publicaciones en las que hacen referencia a que De la Espriella fue abogado de Alex Saab, capturado como testaferro de Nicolás Maduro. Estos mensajes presentan a los periodistas y medios críticos como enemigos y actores políticos con intereses. Ataques similares sufrió la periodista Laura Ardila en 2023, luego de denunciar que su libro ‘La Costa Nostra’, en el que cuenta la historia del Clan Char, había sido censurado por la editorial Planeta. En la investigación sobre estos ataques, publicada por Colombiacheck y la Liga contra el Silencio, la académica mexicana Rossana Reguillo, exdirectora de Signa Lab de la Universidad de Guadalajara, explicó que “en este tipo de ataques se pueden identificar tres anzuelos: el primero es el descrédito a las competencias de la persona a la que atacan; el segundo es la descalificación hacia esa persona que busca minar su credibilidad y el tercero es un anzuelo en el que se usan desinformaciones contra ella”. Cómo se reconstruyó el ecosistema El análisis tuvo dos fases. En la primera, La Liga contra el Silencio utilizó la herramienta Meltwater para descargar una base de datos de 35.175 publicaciones en X, entre el 17 de noviembre de 2025 y el 25 de febrero de 2026. Con los trinos descargados, se identificaron cinco picos, que coinciden con los artículos y columnas de periodistas. De los 35.175 tuits descargados, solo el 0,50% corresponden a trinos originales, 3,83% eran citas, 4,35% eran respuestas
Una hibridación para la memoria y la justicia social
En doce años de crónicas, columnas y ensayos, Javier Ortiz Cassiani demuestra que tomar postura no riñe con el rigor: al contrario, puede ser la forma más honesta de hacer periodismo e historia. “El libro que tiene en sus manos combina dos cosas que rara vez se ven juntas: el rigor investigativo del historiador y el talento literario del cuentista”. A este fragmento tomado de la sinopsis que aparece en la contraportada de la tercera edición del libro, yo le agregaría un tercer elemento: el periodismo. El incómodo color de la memoria es una recopilación de doce años de trabajo del historiador, escritor y periodista Javier Ortiz Cassiani, quien, a través de crónicas, columnas, ensayos, textos autobiográficos y perfiles, habla sobre la segregación racial en Colombia y el mundo. Libro: El incómodo color de la memoria: columnas y crónicas de la historia negra Autor: Javier Ortiz CassianiTercera edición: 2025Editoriales: Universidad del Bosque, Fundación Malpensante, Dos Pájaros Sobre el autor Javier Ortiz Cassiani nació en Valledupar en el año 1971; es historiador de la Universidad de Cartagena y cursó estudios de posgrado en la misma área en la Universidad de los Andes y El Colegio de México. Ha trabajado en medios como El Heraldo, El Espectador y la revista El Malpensante. Es uno de los doce hijos de Carlos Ortiz Sequéa y Élida Cassiani Sará, una pareja campesina procedente del corregimiento de Hato Viejo (Calamar, Bolívar), que vivió en diferentes zonas del Caribe debido a los trabajos en cultivos de algodón que ejercía el padre para poder subsistir. En la primera parte de este libro titulada Autorretrato de autor con familia y conformada por ocho relatos, Cassiani cuenta su historia y se centra en su familia, que, como muchas otras en el Caribe colombiano, además del algodón, trabajó en el cultivo de marihuana en plena bonanza marimbera. Según cifras oficiales que cita Cassiani en «La marihuana de mi infancia», Colombia era el máximo productor y exportador de cannabis a los Estados Unidos, aportando el 65 % de las 100.000 toneladas introducidas en ese país. Aquí el autor reconstruye su hogar y evoca a los seres queridos que ha perdido, entre ellos su hermano Teobaldo, a quien dedica tres relatos después de su muerte. En este primer acercamiento a partir de sus experiencias, el autor abre la conversación con el lector sobre la desigualdad socioeconómica ligada al racismo estructural. Personificar la historia El libro utiliza herramientas narrativas del periodismo, como el uso de acontecimientos actuales para hablar sobre el pasado. Black Power, publicada en El Heraldo el 14 de febrero de 2016, habla sobre la presentación de Beyoncé el 7 de febrero de ese mismo año en el Super Bowl, su homenaje al movimiento Black Lives Matter y las Panteras Negras; Cassiani aprovecha este hecho de actualidad para contar lo que significó esta organización política fundada en Estados Unidos en 1966. “Sus objetivos eran la defensa del pueblo negro, la lucha por el poder para trazar el destino de su comunidad, y la obtención de condiciones dignas de empleo y educación para las personas negras. Sus miembros hacían rondas para observar a los policías que patrullaban por el gueto, de tal manera que pudieran responder a los abusos de los uniformados. Era un grupo de autodefensa que usaba el derecho legal a portar armas”. Con el mismo recurso, la crónica que da nombre al libro —publicada en la revista Arcadia en 2010— retrata a figuras negras marcadas por la segregación racial. Entre ellos, el prócer de la independencia José Prudencio Padilla, fusilado en la Plaza de la Constitución de Bogotá en 1828 por órdenes de Bolívar, bajo acusaciones de conspiración, que en el caso de blancos y opositores, no acarrearon la pena de muerte; la cantante estadounidense y una de las voces más influyentes del jazz, Billie Holiday, a quien le enviaban mensajes con apología al asesinato de personas negras durante y después de sus conciertos; y a Manuel Baena, un joven de Remedios, Antioquia, que en 1932 publicó una autobiografía titulada Cómo se hace un ingeniero negro en Colombia, luego de graduarse en la Universidad Nacional de Bogotá, pues en la Universidad de Antioquia, el acoso le impidió terminar su carrera. Leer este libro es como tomar una clase de historia, esa que como su autor resalta en varias ocasiones, no se cuenta en los colegios. Así, en diferentes artículos de Cassiani, desfila una galería de deportistas, artistas, políticos y activistas que marcaron un hito en la lucha antirracista, como el médico, antropólogo y escritor Manuel Zapata Olivella, autor de Changó el gran putas, que dedicó gran parte de su vida a visibilizar la cultura negra; o Rosa Parks, una mujer afroamericana que el primero de diciembre de 1955 se negó a ceder su puesto a un pasajero blanco en Montgomery (Alabama), y desafió las leyes de segregación racial. Tomar postura “(…) la patria no se forma con olvidados ni con hambrientos ni con discriminados ni con enfermos ni con muertos”. La patria ¿así se forma?, El Espectador, 24 de julio de 2016. El escritor en su práctica periodística se toma muy en serio el trabajo de ejercer un contrapoder frente al Estado y los gobiernos de turno. Les reclama el abandono histórico de regiones como el Chocó, y expone cómo se materializa en las malas condiciones de vida, la falta de acceso a agua potable y a derechos básicos como salud y educación. Insiste en que ese mismo olvido es el culpable de que pueblos enteros desaparezcan, como Tabaco, un pequeño corregimiento de Hatonuevo (La Guajira) cuyos habitantes, bajo los engaños y las presiones de la empresa Carbocol-Intercor en 1997, vendieron sus parcelas, y a los que decidieron no hacerlo les expropiaron a la fuerza. “Así se borra en Colombia a un pueblo del mapa. Nadie se entera, a nadie le duele, a nadie le importa. Solo a aquellos que son devastados, que tampoco le importan a nadie”. Cómo se borra un pueblo del mapa: Tabaco, La Guajira, El