El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda significó el fin de la revista El Confidente en Yarumal. Con su muerte, el periodismo en el Norte antioqueño perdió una voz de contrapoder y denuncia. Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, reflexiona sobre el oficio en medio de las agresiones hacia la prensa.
Mateo Pérez Rueda era periodista y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, fundador y director de la revista El Confidente en Yarumal. Su primo Jorge Rueda lo recuerda como alguien «que no se dejaba mandar de nadie, rebelde en el mal y en el buen sentido», y dice que hacía periodismo «de la vieja guardia, de la vieja usanza». De no haber sido asesinado, Mateo habría cumplido 25 años este 8 de junio.
El lunes 4 de mayo, Mateo se despidió de su papá, Carlos, por última vez. Ese día salió hacia Briceño, municipio del Norte antioqueño, para cubrir un consejo de seguridad. Desapareció el martes 5 de mayo y su cuerpo fue encontrado tres días después por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Según testimonios de habitantes del sector, fue detenido por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC en la vereda El Palmichal, donde fue interrogado, torturado y asesinado frente a la comunidad.
El Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, mantiene el control territorial en Briceño e Ituango. Estos dos municipios concentran además la disputa entre los Frentes 36 y 18 y el Clan del Golfo, que buscan expandirse en la región. Desde el recrudecimiento de los combates entre el Frente 36 y el Clan del Golfo en abril de este año, esto ha llevado a que 163 personas se hayan visto obligadas a desplazarse, a que el Concejo Municipal interrumpiera sus sesiones y a que el alcalde del municipio, Noé Espinosa, ejerza su cargo desde Medellín.
En Yarumal, Mateo acumulaba demandas y tutelas de parte de la administración municipal para que retirara sus investigaciones. Jorge Rueda cuenta que su primo se volvió incómodo «para los poderosos y para los que manejan los recursos». Desde el colegio ejerció el periodismo y con los años su trabajo derivó en reportería de denuncia. Las amenazas que recibió fueron denunciadas ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que intentó investigar el caso y brindarle protección.
Durante el gobierno de Gustavo Petro han sido asesinados ocho periodistas en Colombia y la FLIP ha registrado 387 agresiones hacia la prensa. De acuerdo con el índice mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el puesto 102 entre 180 naciones.
El asesinato de Mateo significó también el fin de El Confidente. Su caso ilustra las condiciones en que trabajan cientos de periodistas en las regiones del país: limitadas por la violencia, las agresiones constantes y la falta de garantías para ejercer el oficio.
Para hablar sobre el panorama del periodismo en Colombia y en el Norte antioqueño tras el asesinato de Mateo, De la Urbe entrevistó a Daniel Chaparro Díaz, subdirector de la FLIP. La violencia hacia periodistas no es para él un tema distante: el 24 de abril de 1991, su padre, Julio Daniel Chaparro Hurtado, y su colega Jorge Torres Navas —reporteros de El Espectador— fueron asesinados por integrantes del ELN en Segovia mientras realizaban una investigación para el especial «Lo que la violencia se llevó», un trabajo en el que recorrían pueblos azotados por masacres y reconstruían la cotidianidad de sus habitantes años después de la tragedia.
Desde esa experiencia y desde su labor en la FLIP, Daniel Chaparro reflexiona sobre lo que significa hoy hacer periodismo en Colombia.
La FLIP registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas al oficio desde 1977, y con Mateo Pérez son ocho los asesinados durante el actual gobierno. ¿Qué indica el caso de Mateo en ese contexto?
Pareciera que la violencia letal fuera asunto del pasado, sobre todo por la severidad y por el alto número de periodistas asesinados desde la segunda mitad de la década del 80. Fue más o menos en el periodo de 2004 donde hubo una curva de descenso. Pero lo que nos dice el caso de Mateo es que los periodistas siguen siendo asesinados en Colombia por nada diferente a hacer su trabajo.
Nosotros [la FLIP] hemos dicho en pronunciamientos recientes que hay una alarma por la situación del terrorismo en lugares donde hay disputas territoriales por parte de actores armados. Es decir, zonas como el norte de Antioquia, el Nordeste, el Bajo Cauca y otras subregiones del departamento o del país, donde hay dos o más grupos en disputa de ese territorio, la lógica nos indica que siempre ponen a la información en medio del campo de batalla. No solo en la ruralidad, sino también en lo urbano.
Usted afirmaba que los grupos armados «no solo quieren controlar el territorio, sino también la información que circula sobre él». ¿Cómo se manifiesta ese control informativo en la práctica y cómo les beneficia a esos grupos
Hay grupos armados que por momentos quieren funcionar como editores y se convierten en grandes editores de los periodistas. Permanentemente están monitoreando el periodismo y muchas veces tomando el poder de editarlos. No pasa solo con los grupos armados, también ocurre con otro tipo de poderes –legales e ilegales– que le dicen a los periodistas y a los medios de comunicación cómo hacer su trabajo.
Es decir, no tenemos libertad. No hay libertad para expresar lo que las agendas informativas quieren decir. Entonces este [el caso de Mateo] y los otros casos revelan que tenemos una presencia todavía muy violenta y una hostilidad que culmina en el asesinato.
No solo hubo una tortura física, sino también simbólica, porque su carnet de periodista fue colgado en un lugar visible para que el efecto inhibidor fuera más amplio. Lo que quiero decir es que no solo el periodismo en Antioquia fue gravemente afectado, sino que tampoco sabemos cómo esta noticia les impacta y les lleva a censurarse a periodistas que están en otras regiones. Y no podemos medir cómo para generaciones futuras pueda presentarse un velo de censura producto de este asesinato acompañado de tortura.
¿Cuál era el interés de hacer una exposición del carnet o del cuerpo? Hay un mensaje claro para la comunidad y para el periodismo: no entren a esta zona, no informen sobre esto porque miren las consecuencias.
Esto tiene que ver con las lógicas de la guerra y con querer ejercer control social. Para ese control es completamente amenazante la presencia de alguien que escriba o que cuente o que diga. Por eso es que quieren controlar esa información; detrás de la censura violenta a la prensa, lo que hay es toda una ciudadanía que no puede hacer exigencia de sus derechos, que no puede preguntar.
Ustedes solicitaron a la Fiscalía activar protocolos de investigación con enfoque diferencial por condición periodística. ¿Han recibido alguna respuesta de la Fiscalía? ¿Cuál es la importancia de este enfoque diferencial para periodistas?
Aquí hay una trágica coincidencia del destino. El día que desapareció Mateo salió la Resolución 0-0119 de la Fiscalía en la que dan directrices en la investigación de violencia contra periodistas, incluyendo homicidios. Lo que nosotros hemos denunciado es que muchas veces las y los fiscales cuando toman los casos de periodistas, no involucran en la investigación el trabajo periodístico que estaban ejerciendo.
En la resolución no son tan específicos, pero sí dan una suerte de lineamientos que deben ser de cumplimiento obligatorio para quienes empezaron a investigar el caso de Mateo, como entender las metodologías de su trabajo. Por ejemplo,¿cómo hacía la reportería? Es una solicitud que se hace a partir de otro caso de dos periodistas que fueron asesinados en Segovia, Antioquia en 1991.
El caso de Julio Daniel Chaparro es un ejemplo. Este periodista no hacía sus entrevistas con ninguna grabadora. Todo lo iba apuntando en su libreta y esa era su herramienta de trabajo. Para mí es un material probatorio en la investigación; saber cuáles fueron los últimos pasos de ese periodista. Pero esa libreta de apuntes la Fiscalía la perdió. Entonces, se convirtió en un símbolo de impunidad en esa investigación.
Nunca preguntaron cuáles eran los nombres que estaban allí, para decirlo de una manera un poco más coloquial, nunca entendieron cómo se cocía ese periodismo y eso es fundamental para entender qué periodismo fue el que nos quitaron y para saber cuáles fueron sus últimos pasos. Pasando de Julio Daniel a Mateo, saber si las entrevistas las hacía con el celular, dónde está el computador de él, si tuvo un contacto previo en la zona; ese tipo de preguntas son claves porque ese homicidio fue sobre un periodista que estaba haciendo periodismo.
¿Cuáles son las condiciones en las que las y los periodistas están ejerciendo el oficio en Antioquia? ¿Qué garantías tienen
No hay garantías. Aquí hay que tener una operación integral, sobre todo en cabeza del Estado colombiano, que debe ejecutar rápidamente una política en temas de prevención y protección para periodistas. Si hubiera una política o una voluntad clara, por lo menos esos grupos sabrían que no tendrían por qué meterse con periodistas. Ese grupo [Frente 36] que mató a Mateo, es un grupo que está sentado en una mesa de negociación con el gobierno.
Si el gobierno claramente le dice a esos grupos, «usted llega a tocar a un periodista y se desbarata la mesa”, pues no lo hacen, ¿no? O por lo menos se demoran en hacerlo. Pero desde esos relatos públicos deben insistir en la importancia del rol de los periodistas para las democracias y en la función del periodismo para una sociedad.
Eso no está pasando, lo que vemos es un mar de estigmatizaciones de todos los niveles, de gobernantes a nivel nacional, departamental y local donde se trenzan disputas contra periodistas y estigmatizan la labor periodística. Eso construye un ambiente hostil para el ejercicio.
Ya por fuera del Estado, organizaciones como nosotros y las universidades debemos hacer pedagogía y sensibilizar. Hace falta que este sector que trabaja con los temas de libertad de expresión y la academia aprendan a enviar mensajes mucho más claros o hacerlo de manera que la ciudadanía entienda que cuando se meten con un periodista, cuando afectan su libertad de expresión, cuando le asesinan, le están quitando algo vital y creo que eso no pasa, no cómo antes.
Haciendo trabajo de archivo veía como la ciudadanía manifestaba por lo menos esa indignación y ese dolor. No está pasando ahora porque también nos han invitado a desconfiar de la labor periodística, a criticarle en exceso y yo siento que la crítica es válida, pero esos imaginarios de desconfianza también hay que ponerlos en perspectiva.
Mateo Pérez dirigía El Confidente, un medio local de Yarumal que había creado en 2021, cuando aún estaba en el colegio. ¿Cuáles son las consecuencias de perder un medio de comunicación y a un periodista?
Las posibilidades de continuidad del medio son escasas y más allá de si hay alguien que retome o no, la posibilidad de Mateo, de la esencia de él en ese periódico, va a ser muy difícil de tener. Los periodistas no son frutos que salgan de los árboles constantemente. Y Mateo, siguiendo la analogía, era un fruto muy especial.
Era un pelado con un deseo y una inquietud de hacer periodismo desde finales del colegio. Y hacer periodismo en contra de muchas adversidades, la económica una de ellas. Lo constatamos hablando con amigos de él, y es que él estaba haciendo domicilios recientemente y todo lo que iba ganando lo ponía en función de hacer reportería.
Era una persona pensando en función del periodismo, del por qué y para qué, y de su vida en esa misma función. Es muy difícil encontrar personas con ese nivel de compromiso y él lo tenía. Pero sobre todo, su periodismo era impoluto. Ha sido muy doloroso acompañar y documentar este caso, porque uno se va acercando un poco más a Mateo y ve otras facetas de su vida, como todos, con algunas sombras, pero había mucha luz en él y nos quitaron esa luz.
Nota editorial 1: Después de la realización de esta entrevista, el sábado 6 de junio fue asesinado en Cúcuta el periodista Cristian Herrera mientras llegaba a su casa junto a su familia. Con él son ya nueve los periodistas asesinados durante el gobierno Petro. Nos sumamos al rechazo de este y cada uno de los asesinatos a periodistas en Colombia.
Nota editorial 2: Agradecimientos a Maria José Corrales, Gerardo Antonio Correa y Esaú Jaramillo, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia Sede Norte – Yarumal, quienes participaron en la investigación y construcción del contexto de esta entrevista.
