“Los periodistas siguen siendo asesinados en Colombia por nada diferente a hacer su trabajo”: Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP
El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda significó el fin de la revista El Confidente en Yarumal. Con su muerte, el periodismo en el Norte antioqueño perdió una voz de contrapoder y denuncia. Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, reflexiona sobre el oficio en medio de las agresiones hacia la prensa. Mateo Pérez Rueda era periodista y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, fundador y director de la revista El Confidente en Yarumal. Su primo Jorge Rueda lo recuerda como alguien «que no se dejaba mandar de nadie, rebelde en el mal y en el buen sentido», y dice que hacía periodismo «de la vieja guardia, de la vieja usanza». De no haber sido asesinado, Mateo habría cumplido 25 años este 8 de junio. El lunes 4 de mayo, Mateo se despidió de su papá, Carlos, por última vez. Ese día salió hacia Briceño, municipio del Norte antioqueño, para cubrir un consejo de seguridad. Desapareció el martes 5 de mayo y su cuerpo fue encontrado tres días después por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Según testimonios de habitantes del sector, fue detenido por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC en la vereda El Palmichal, donde fue interrogado, torturado y asesinado frente a la comunidad. El Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, mantiene el control territorial en Briceño e Ituango. Estos dos municipios concentran además la disputa entre los Frentes 36 y 18 y el Clan del Golfo, que buscan expandirse en la región. Desde el recrudecimiento de los combates entre el Frente 36 y el Clan del Golfo en abril de este año, esto ha llevado a que 163 personas se hayan visto obligadas a desplazarse, a que el Concejo Municipal interrumpiera sus sesiones y a que el alcalde del municipio, Noé Espinosa, ejerza su cargo desde Medellín. En Yarumal, Mateo acumulaba demandas y tutelas de parte de la administración municipal para que retirara sus investigaciones. Jorge Rueda cuenta que su primo se volvió incómodo «para los poderosos y para los que manejan los recursos». Desde el colegio ejerció el periodismo y con los años su trabajo derivó en reportería de denuncia. Las amenazas que recibió fueron denunciadas ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que intentó investigar el caso y brindarle protección. Durante el gobierno de Gustavo Petro han sido asesinados ocho periodistas en Colombia y la FLIP ha registrado 387 agresiones hacia la prensa. De acuerdo con el índice mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el puesto 102 entre 180 naciones. El asesinato de Mateo significó también el fin de El Confidente. Su caso ilustra las condiciones en que trabajan cientos de periodistas en las regiones del país: limitadas por la violencia, las agresiones constantes y la falta de garantías para ejercer el oficio. Para hablar sobre el panorama del periodismo en Colombia y en el Norte antioqueño tras el asesinato de Mateo, De la Urbe entrevistó a Daniel Chaparro Díaz, subdirector de la FLIP. La violencia hacia periodistas no es para él un tema distante: el 24 de abril de 1991, su padre, Julio Daniel Chaparro Hurtado, y su colega Jorge Torres Navas —reporteros de El Espectador— fueron asesinados por integrantes del ELN en Segovia mientras realizaban una investigación para el especial «Lo que la violencia se llevó», un trabajo en el que recorrían pueblos azotados por masacres y reconstruían la cotidianidad de sus habitantes años después de la tragedia. Desde esa experiencia y desde su labor en la FLIP, Daniel Chaparro reflexiona sobre lo que significa hoy hacer periodismo en Colombia. La FLIP registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas al oficio desde 1977, y con Mateo Pérez son ocho los asesinados durante el actual gobierno. ¿Qué indica el caso de Mateo en ese contexto? Pareciera que la violencia letal fuera asunto del pasado, sobre todo por la severidad y por el alto número de periodistas asesinados desde la segunda mitad de la década del 80. Fue más o menos en el periodo de 2004 donde hubo una curva de descenso. Pero lo que nos dice el caso de Mateo es que los periodistas siguen siendo asesinados en Colombia por nada diferente a hacer su trabajo. Nosotros [la FLIP] hemos dicho en pronunciamientos recientes que hay una alarma por la situación del terrorismo en lugares donde hay disputas territoriales por parte de actores armados. Es decir, zonas como el norte de Antioquia, el Nordeste, el Bajo Cauca y otras subregiones del departamento o del país, donde hay dos o más grupos en disputa de ese territorio, la lógica nos indica que siempre ponen a la información en medio del campo de batalla. No solo en la ruralidad, sino también en lo urbano. Usted afirmaba que los grupos armados «no solo quieren controlar el territorio, sino también la información que circula sobre él». ¿Cómo se manifiesta ese control informativo en la práctica y cómo les beneficia a esos grupos Hay grupos armados que por momentos quieren funcionar como editores y se convierten en grandes editores de los periodistas. Permanentemente están monitoreando el periodismo y muchas veces tomando el poder de editarlos. No pasa solo con los grupos armados, también ocurre con otro tipo de poderes –legales e ilegales– que le dicen a los periodistas y a los medios de comunicación cómo hacer su trabajo. Es decir, no tenemos libertad. No hay libertad para expresar lo que las agendas informativas quieren decir. Entonces este [el caso de Mateo] y los otros casos revelan que tenemos una presencia todavía muy violenta y una hostilidad que culmina en el asesinato. No solo hubo una tortura física, sino también simbólica, porque su carnet de periodista fue colgado en un lugar visible para que el efecto inhibidor fuera más amplio. Lo que quiero decir es que no solo el periodismo en Antioquia