Fotografía por: Valentina Arango Correa

El artículo 158 del Plan Nacional de Desarrollo, que radicó el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso a principios de febrero, propone la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para contribuir con el esclarecimiento de este delito en el marco del conflicto armado. Este es un reclamo que llevan haciendo las organizaciones de víctimas desde hace años para resolver los problemas estructurales de la búsqueda de desaparecidos.

Este sistema busca articular diferentes instituciones que intervienen en la búsqueda de personas desaparecidas por medio de una política pública con el fin de implementar el Plan Nacional de Búsqueda, documento presentado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que pretende ser la hoja de ruta para las acciones humanitarias de en este tema en el todo el país. En este artículo también se propone que sea la UBPD, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, las entidades que lideren este sistema, además de contar con la participación de la sociedad civil.

Esta propuesta fue creada además junto a cuatro organizaciones de víctimas de este delito: la Fundación Nydia Erika Bautista, Familiares Colombia Línea Fundadora, Fundación Hasta encontrarlos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), además de una representación de familiares de víctimas de la toma del Palacio de Justicia.

“Hace muchos años, junto con otras organizaciones del país, habíamos solicitado a los distintos gobiernos la creación de una política de Estado en relación con el tema de las desapariciones para hacer efectivo el derecho a la búsqueda”, dice Adriana Arboleda, vocera nacional de la estrategia de lucha contra la desaparición forzada del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Para Arboleda, la inclusión de este asunto en el Plan Nacional de Desarrollo es una respuesta a la petición que han hecho las víctimas de desaparición, un problema estructural que ha dejado un estimado de más de 120 mil víctimas en Colombia, de las cuales 89.782 continúan sin ser encontrados, de acuerdo con cifras de la UBPD.

Por su parte, la coordinadora general de ASFADDES, Gloria Gómez, ve en la creación de este sistema la posibilidad de subsanar lo sucedido con otras propuestas anteriores que no funcionaron, cómo ocurrió como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual está reglamentada bajo la ley 589 desde el año 2000. Esa comisión, aunque cuenta con la participación de instituciones encargadas de la búsqueda, se centra en el apoyo a la investigación del delito de la desaparición forzada más no en la búsqueda activa. “Precisamente estamos proponiendo una articulación entre instituciones, es porque ahora no la hay”, señala Gómez.

La propuesta del gobierno plantea la articulación de este nuevo mecanismo con el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, además de la participación de la sociedad civil por medio de las organizaciones de víctimas. Gómez plantea que con esta unión de fuerzas se lograría, por ejemplo, que herramientas como el Registro Nacional de Desaparecidos se hagan más robustas con las bases de datos propias con las que cuentan las organizaciones y que además sean puestas al servicio de las familias.

Los problemas para la búsqueda en el país

Ciro Abadía, director de la Asociación de Víctimas de Antioquia, ha acompañado víctimas de diversos delitos del conflicto armado y señala que la desaparición es particularmente difícil. “La respuesta es muy lenta y la vez peligrosa. Las familias han podido avanzar en la búsqueda porque han encontrado amistades que los llevan por el camino paso a paso”.

A su vez, Adriana Arboleda señala cuales han sido los problemas estructurales para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Primero, enumera la falta de colaboración interinstitucional para contribuir en procesos de búsqueda: “Históricamente lo que ha habido en Colombia es una competencia entre las entidades por entregar resultados, no para poner al servicio de la búsqueda los aprendizajes y las experiencias que cada entidad puede aportar”. Por ejemplo, el 19 de febrero, el último día de Luz Marina Monzón en la Dirección de la UBPD, el Ministerio de Defensa entregó 112 carpetas de información sobre uniformados desaparecidos, informes que según la exfuncionaria se venían solicitando desde 2015.

De acuerdo con la vocera el Movice, otro reto para la búsqueda ha sido la lenta identificación de cadáveres. Una petición de las organizaciones ha sido intervenir cementerios para exhumar cuerpos e identificar los cuerpos recuperados. “Mientras no haya identificación no vamos a poder resolver este problema de los desaparecidos ni entregar sus cuerpos”, señala Arboleda. En el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas se han referenciado 5307 sitios de interés para la búsqueda y de ellos 1043 se encuentran en Antioquia.

Arboleda señala que, de implementarse la propuesta contemplada en el PND, esta deberá contar con los recursos económicos para su funcionamiento para evitar lo sucedido como iniciativas como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, a pesar de haberse formulado como una herramienta de reparación, no dio los resultados esperados por falta de presupuesto.

Lo que aún falta

Para Arboleda, aunque es fundamental el fortalecimiento de esta propuesta, aún debe complementarse con otras acciones que deberán ser incluidas cuando esta sea debatida en el Congreso. Solicita que esta discusión sea acompañada de una audiencia pública para escuchar las opiniones de las distintas organizaciones de desaparecidos en el país.

Abadía, por su parte, piensa que es importante que dentro de la búsqueda se incluyan las versiones de desmovilizados. “Hay que hacer un acercamiento de las víctimas con los victimarios y los comparecientes, porque ellos saben dónde enterraron las víctimas y cómo lo hicieron”.

Otro reto es la reformulación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ya que esta fue creada con carácter transitorio con mandato por 20 años los cuales pueden ser prorrogables; sin embargo, si se piensa que sea esta la entidad que lidere el sistema deberá ser repensado su alcance. Tanto Asfaddes como el Movice creen necesario que dentro de esa reformulación también se amplíe su competencia, ya que en la actualidad solo atiende casos ocurridos hasta 2016 en el marco del conflicto armado.

Arboleda también aclara que este sistema deberá especificar cuál será la participación de las víctimas en los procesos, además de contar con un enfoque diferencial y territorial para el diseño e impulso de las búsquedas: “El tema de la desaparición forzada en Colombia no es de casos aislados, es un delito de una magnitud enorme y ante esa realidad tan fuerte se requiere de una acción contundente que permita dar respuesta a los familiares de desaparecidos del país”.

A su vez, Gloria Gómez, de ASFADDES, aunque celebra este tipo de propuestas, resume que su funcionamiento depende de la voluntad política de las partes que allí intervengan. Menciona lo fundamental que será la participación de la nueva directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, y las prontas elecciones para los cargos de la Procuraduría General y Defensoría del Pueblo y aseguró que es determinante que a esas instancias lleguen personas con interés por atender el fenómeno de la desaparición forzada.