En septiembre de 2022, la asamblea multiestamentaria de la Universidad de Antioquia decidió cese de actividades como respuesta a la emergencia basada en género que se produjo en el claustro universitario. Dentro de las exigencias para el retorno a clase estaba que el rector aceptará un mínimo de cinco puntos para la atención de la emergencia, el 6 de septiembre el rector se acogió a estas peticiones.

De allí nació la Mesa Multiestamentaria de Género, plenaria conformada por vocerías docentes y estudiantiles de todas las unidades académicas de la universidad en la que participan alrededor de 60 personas entre mujeres y disidencias sexuales. Esta, junto con otros estamentos administrativos como Bienestar, la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles —UADE— , Rectoría y Vicerrectoría de docencia, se reunía cada semana para trabajar en el avance  de la política pública de atención a violencias basadas de género dentro del Alma Máter; sin embargo, el 23 de enero de 2023, las vocerías escogidas por la asamblea  decidieron levantarse de la Mesa de Trabajo y no reincorporarse hasta que la administración “garantice una seguridad que amerite nuestra continuidad en dicho espacio”, así lo expresaron en su pliego de peticiones.

 En rueda de prensa, la mesa multiestamentaria explicó que las vocerías están siendo víctimas de violencia institucional por sus activismos políticos y la participación en este mecanismo, por lo cuales se declararon víctimas de segundo orden. Según la profesora Lina Carrillo, integrante de la mesa multiestamentaria y de la comisión de género de la asamblea de profesores, se enuncian así porque “son personas que han sufrido violencias psicológicas, institucionales y emocionales por defender a víctimas”.

 Dentro del pliego de peticiones de la mesa para reintegrarse, piden que a sus participantes se les aseguren las garantías que fueron pactadas al inicio de las conversaciones. La profesora Carrillo explica que aunque se acordaron algunos puntos, la administración informó a las unidades académicas quiénes estaban dentro de este proceso, pero dejó en decisión de cada Unidad la posibilidad de negociar esos acuerdos. “Suponíamos que estos iban a ser universales, pero lo que encontramos es que a cada una persona le tocaba negociar con sus unidades y eso es un gran problema”.

Por su parte, la directora de Bienestar Universitario, Marcela Ochoa, ante este hecho explica que al indagar en cada unidad académica, se estaban presentando situaciones específicas que según estas no permitían implementar garantías, tanto para las vocerías de la mesa como para las estudiantes que activaban la ruta violeta. “Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, donde dice que es lo que debemos hacer las instituciones de educación superior, no hablan de medidas preventivas ni de medidas de protección, ni de garantías académicas, hablan de ajustes razonables. Porque no siempre se puede hacer lo que uno quisiera hacer”.

Ochoa menciona que lo que venía sucediendo era que cada unidad académica tramitaba las garantías académicas de distintos modos. "Mientras en algunas se daba un trámite adecuado; en otras, cuando les llegaba la comunicación, lo que hacían era llamar a la estudiante que activaba la ruta y decirle 'vaya donde los profesores y cuadre con ellos', eso es una revictimización". A partir de esos hechos, se conformó una comisión transitoria del Consejo Académico, en la que participa un integrante de todas las unidades académicas y de la que hace parte también Bienestar Universitario, en la que se analizan las dificultades para las decisiones de garantías académicas. Además, se asignó una dupla de abogadas de la oficina jurídica de la universidad para asesorar a las unidades académicas sobre este asunto.idad para asesorar las unidades académicas sobre este asunto.

Se sienten perseguidas y hostigadas

Uno de los puntos del pliego de peticiones de la Mesa multiestamentaria pide el reintegro del profesor Alejandro Gómez Restrepo, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a quien no se le fueron renovados sus horas cátedra “en un contexto de hostigamiento y violencia institucional, a razón de su papel como defensor de los derechos de las mujeres que denunciaron Violencias Basadas en Género en esta Facultad”, señala la Mesa. 

La docente Carrillo menciona que dentro de los hostigamientos se encuentran también violencias verbales, psicológicas y simbólicas a profesores, que se manifiesta en excluirlos de coordinaciones, limitar sus actividades dentro de los ejes misionales de la universidad y quitarles apoyo para actividades investigativas, incluso, la apertura de procesos disciplinarios por asesorar estudiantes en las denuncias de sus casos. 

“El mensaje que se está enviando a la comunidad universitaria es nefasto. El mensaje es no denuncies, quédate callado que te puedes convertir en víctima”, opina Lina Carrillo. Explica que entiende que cada unidad académica es una dependencia independiente, pero que la falta de apoyo de la administración central deja desprotegidas a las vocerías de este tema. 

Las vocerías estudiantiles también han denunciado falta de garantías para el ejercicio en este espacio y sus actividades académicas. Por ejemplo, en rueda de prensa denunciaron que a una de las estudiantes que hace parte de la Mesa no se le fue garantizado el desarrollo de un examen que se cruzaba con una reunión de la Mesa de trabajo.

Otro señalamiento gira alrededor de la falta de celeridad para la construcción de la política pública. La Mesa reclama una mayor presencia del rector John Jairo Arboleda, ya que indican que su participación no ha sido tan constante, que en cambio envía personas delegadas, pero no tienen voto, por lo que demoran los procesos decisorios. Mildrey Marín, vocera de las estudiantes de la Facultad de Comunicaciones, comenta que los problemas de comunicación en este espacio eran constantes. “El problema es que muchas veces la relatoría y otro tipo de documentos, como informes UADE no nos llegaban o había que estar reiterando para que los enviaran”.*

Los avances a meses del estallido

Aunque ambas partes quisieran tener más avances luego de cinco meses de trabajo, lo cierto es que a raíz de esta Mesa de Trabajo se han pactado algunas herramientas para la protección en casos de violencias basadas en género.

Para Mildrey Marín el principal avance ha sido la separación preventiva de docentes con denuncias para la garantía de los derechos de las víctimas. Aun así, la vocera señala que aún existen algunos casos donde no se ha operado con la separación preventiva y que ha significado revictimización a algunas de estas.

Dentro de los logros, la directora de Bienestar Universitario resalta la construcción colectiva, junto con la Mesa de trabajo, de la ruta violeta de la universidad. Ahora esta ruta contempla el apoyo de una dupla psico jurídica, que además de orientar emocionalmente permite recibir una asesoría legal, en caso de que la denunciante quiera activar un mecanismo jurídico o disciplinario interno contará con representación técnica legal. Para el funcionamiento de esta ruta la universidad cuenta con dos abogadas, dos psicólogas y tiene planeado contratar también profesionales de trabajo social, para la representación técnica legal se contrató a la colectiva Justicia Mujer.

Sin embargo, la Mesa Multiestamentaria dice que esta no es suficiente, ya que esta colectiva solo representa legalmente a mujeres cis y trans, “las disidencias sexuales se quedan descobijadas en este punto”, indica Mildrey Marín. Ante este reclamo, Marcela Ochoa comenta que desde Bienestar Universitario se está trabajando para que la organización Caribe Afirmativo sea quien asuma esta representación en estos casos. 

Para la docente Lina Carrillo, el hecho de que distintos estamentos estén discutiendo sobre las realidades en materia de género en sus unidades académicas es un logro histórico para el movimiento en la Universidad de Antioquia. “Que la comunicación entre estudiantes de distintas facultades y la administración permitiera evidenciar que este no es un problema aislado, eso sí es valioso”.

A pesar de los logros, para las voceras de la Mesa Multiestamentaria el deterioro es real, más a tantos meses del estallido universitario. “Hay mucho trabajo que hacer y nos desgastamos defendiéndonos por eso es que necesitamos figuras contundentes para no estar resguardándonos, para no perder tanto tiempo”.

“En el momento de la emergencia había mucho movimiento, pero finalmente se ha dilatado el proceso y creo que es tanto parte de la administración como del estudiantado” opina Mildrey, vocera, sobre el apoyo, “porque si los estudiantes no saben, no hay voluntad política para hacer esto sostenible”. Por ahora las vocerías están a la espera de la comunicación de la Universidad sobre sus peticiones para continuar con las discusiones.

*Inicialmente esta historia indicaba que un ejemplo de los problemas de comunicación estaba en que la Dirección de Bienestar Universitario aseguraba no tener conocimiento de un correo que había sido enviado con el pliego de peticiones a la administración central de la UdeA para retomar las actividades de la Mesa Multiestamentaria. Después de la publicación de esta historia el equipo de prensa de la Universidad de Antioquia contactó a De la Urbe asegurando que ese correo fue enviado el 13 de marzo y no el 13 de febrero, como se publicó inicialmente. De la Urbe reconoce que existió un error involuntario en esa fecha y, por esa razón, aplicó el ajuste requerido en el texto.