Diez días después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido como presidente de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) finalizó las medidas preventivas y de vigilancia especial a la Universidad de Antioquia. Como parte de los resultados de la inspección, el MEN publicó el informe final de la inspección in situ. El documento, que tiene más de 600 páginas, expone el avance de los requerimientos planteados a la institución, reconoce trece hallazgos y concluye que el rector encargado, Héctor Iván García, “dio cumplimiento a las obligaciones a su cargo”.

El 2 de julio de 2026, un mes antes de la terminación de las medidas, el encargo de Héctor Iván García como rector de la Universidad —que había comenzado el 20 de enero— finalizó. A ello le siguió, el 9 de julio, la designación del abogado, exvicerrector general y exsecretario general Luquegi Gil como rector para el periodo 2026-2029. Al mismo tiempo, la agenda nacional ha estado marcada por las primeras decisiones de Abelardo de la Espriella como presidente, y especialmente en el área de la educación, por el nombramiento y la posterior renuncia de Viviane Morales como ministra, la designación de Ilva Myriam Hoyos en su reemplazo y la delegación del sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella como representante del presidente en el Consejo Superior Universitario.

El 2 de septiembre, horas antes de que De la Espriella nombrara a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación, De la Urbe entrevistó a Luquegi Gil Neira para conocer sus puntos de vista sobre los hallazgos del informe de inspección, la “batalla cultural”, la gobernanza y autonomía universitaria, los planes de acción y de desarrollo institucional, entre otros temas.

Un cura en el CSU

En su primer mes de gestión, la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido enfática en dar una “batalla cultural”; que, en palabras de ADLE, consiste en “recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”.

En el contexto educativo busca, en palabras de la ahora exministra Viviane Morales, “sacar a Marx y meter a Dios en las escuelas”. En medio de estas declaraciones, fue designado el sacerdote y abogado Rodolfo Londoño de la Espriella como representante del presidente en el Consejo Superior Universitario (CSU) de 5 de las 33 universidades públicas del país, entre ellas la Universidad de Antioquia. La decisión generó debate en la opinión pública alrededor de la separación entre la religión y la educación en un Estado laico. Isabel Vera, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, denunció entonces que la designación “viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés”, además de que se evidencia una falta de “recorrido académico y científico” del sacerdote.

Frente a la pregunta sobre si la idea del gobierno de incluir a la iglesia en la educación pública podría representar una amenaza real para la autonomía universitaria y para los planes académicos, Gil respondió que la UdeA es una universidad pública donde impera la libertad de cátedra. Además, dijo que la formación de los currículos se define en las unidades académicas y finalmente los aprueba el Consejo Académico.

“Nosotros tenemos una constitución que en el artículo 67 consagra la autonomía universitaria, y esa autonomía universitaria implica que hay un propio gobierno universitario, pero dentro del gobierno universitario está el Consejo Superior, que es la máxima instancia del administrativo, y está el Consejo Académico, que es la máxima instancia en los temas académicos”, explicó. Así las cosas, ni el sacerdote ni los demás miembros del Consejo Superior tendrían incidencia en los planes de estudio o en los temas y lecturas que se aborden en las clases.  

¿Nuevas formas de decidir en la UdeA? 

Una de las principales inconformidades de la comunidad universitaria —evidente en cada cambio de administración— es la forma en que se designan la rectoría, las decanaturas y a los directivos de las unidades académicas, además de cómo se eligen los representantes estudiantiles y profesorales ante el Consejo Superior, pues, si bien se hacen consultas previas a la designación, estas no son del todo vinculantes: quien gana la consulta en los estamentos no necesariamente gana la designación en el máximo órgano del gobierno universitario. Gil dijo que, en el caso de las representaciones estudiantiles y profesorales, las votaciones son tomadas en cuenta sobre todo por un acuerdo político, pero no hay un mandato jurídico que las respalde.

Así, en su programa rectoral, la actual administración menciona la creación de una mesa de reforma estatutaria, que a la fecha no ha sido conformada. Según Gil, se ha “ambientado el tema” con los representantes estudiantiles. También esperan la posesión de la representación profesoral —Nelson Orozco Alzate y Diana Margarita Márquez Fernández—, elegida el primero de septiembre de 2026, para sentarse a conversar sobre la reforma.

Acerca de la reforma también mencionó la necesidad de revisar el máximo de periodos de las directivas académicas: “Yo no estoy de acuerdo con la reelección eterna, lo he dicho en los foros, lo he dicho en muchos espacios, lo digo ahora como rector: hay que estudiar cuánto debería ser el periodo, si son tres años, o si es más o menos”, expresó.

A propósito del tema, De la Urbe le preguntó al rector por qué se abstuvo de votar la propuesta de los directivos de las ocho escuelas e institutos, que busca su participación con voz y voto como miembros del Consejo Académico y que implica una reforma del Estatuto General. En la actualidad, los directores, a diferencia de los decanos, solo tienen voz.

Gil dijo estar de acuerdo con la propuesta, pero aclaró que la rectoría se abstuvo de votar porque cree que hay una discusión que debe darse antes sobre cuáles de las unidades académicas “que no están adscritas a facultades y que fueron creadas antes del año 1994” deben convertirse en facultades y cuáles deben permanecer como escuelas e institutos, ya que el Título IV del Estatuto General indica que la forma principal de organización académica son las facultades, y que las escuelas e institutos deben hacer parte de una facultad.

HAMA: “Dependemos de un plan de choque”

En el informe final de la inspección in situ, el Hospital Alma Máter de Antioquia (HAMA) es uno de los ejes centrales. El documento expone que el HAMA no solo es el principal deudor de la UdeA, a la que le debe 146 063 millones de pesos, sino que además genera sobrecostos en los servicios que le presta a la Universidad. Por ejemplo, el Programa de Salud Universitaria —una especie de EPS dentro del régimen especial de seguridad social— depende en más de un 50 % de hospitalizaciones y urgencias prestadas por el hospital universitario, donde las tarifas llegan a ser incluso un 28 % más costosas que en el promedio de la red de salud asistencial. 

El 5 de agosto, junto a la asamblea del HAMA, la rectoría realizó una reforma a los estatutos que permitió el regreso del rector a la junta directiva del hospital. Desde ese día, la junta solo ha tenido una reunión.

Frente a la deuda del HAMA con la Universidad, Gil dijo que se ha avanzado en acuerdos de pago: “Estamos pendientes de un acuerdo de pago donde ellos nos deben de entregar unos inmuebles que están detrás del Parque de la Vida de la Facultad de Medicina, que hoy es de la IPS Universitaria. Son dos inmuebles valorados en 42 mil millones de pesos. No es recurso líquido para la universidad, pero sí es un patrimonio que llega y adicionalmente ayuda al HAMA en términos de mejorar su indicador financiero”, afirmó.

Sobre un plan de acción a corto plazo para el Hospital, el rector expuso como prioridades el pago de nómina y una reapertura gradual de los servicios para lo que necesita que “ingresen al hospital por lo menos 40 mil millones de pesos mensuales”. Según Gil, el funcionamiento normal del HAMA “depende de un plan de choque que depende del gobierno nacional”. Con esto se refiere a que EPS intervenidas por el Estado, como Savia Salud y Nueva EPS, salden la deuda que tienen con el HAMA y que el Congreso defina quién va a asumir los pagos del dinero que EPS que ya fueron liquidadas, como SaludCoop y Coomeva le deben al hospital universitario. Según las cuentas que se han hecho tras las liquidaciones, estas EPS le deben a la Universidad más de 90 mil millones de pesos. 

Alrededor de la función académica del HAMA, en mayo de este año la Facultad de Medicina sacó dos comunicados denunciando que la situación del hospital ha impactado directamente en los procesos de formación académica debido a que la institución representa uno de los principales escenarios de práctica y formación clínica para estudiantes de pregrado y porque, explican los documentos, la “reducción progresiva de servicios asistenciales limita la posibilidad de desarrollar experiencias formativas fundamentales para la preparación integral del talento humano en salud”. Así, los estudiantes de Medicina han tenido que buscar rotaciones en otros hospitales como el San Vicente de Paúl. 

El rector Gil planteó que el HAMA puede convertirse en un modelo académico para el área de la salud y otras áreas, y que esto implica “hacer un ejercicio de convencer a los profesores de volver al Hospital para que vengan con sus estudiantes”. 

Los retos a futuro

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) es el plan a largo plazo de la Universidad, su vigencia es de una década, y define la visión, los propósitos y los retos misionales en la docencia, la investigación y la extensión. El Plan de Acción Institucional (PAI), por su parte, tiene un periodo de tres años y es la forma operativa y de gestión que materializa las metas del PDI. 

Ante la finalización de los periodos del PDI (2017-2027) y del PAI (2024-2027), la administración debe construir el Plan de Desarrollo Institucional (2028-2038) y el Plan de Acción Institucional (2027-2030). El rector expresó que la prioridad del nuevo PDI es la sostenibilidad financiera: “La Universidad no puede volver a tener una crisis financiera como la que tuvimos, la que acabamos de sufrir, que ponga en riesgo su actividad misional”, enfatizó. 

También destacó la necesidad de definir un modelo que sea sostenible para el futuro de las sedes regionales y de avanzar con Bienestar Universitario en un sistema de cuidado universitario y una universidad libre de violencias. Finalmente, mencionó una transformación digital en los servidores y sistemas de información, una reforma al sistema de investigación y una posible reforma curricular. 

“Es crucial definir cuál va a ser el horizonte de la reforma curricular. Ese es el desafío de futuro, porque, lo he mencionado, el conocimiento se ha transformado y tenemos que definir cómo son los nuevos procesos curriculares de formación y de enseñanza”, dijo al respecto.

Austeridad no; “contención del gasto”

Sobre el estado financiero de la UdeA, el MEN indicó que los ingresos propios de la Universidad decrecieron en lo que va de 2026, lo que implica que cada vez tiene menos capacidad de autofinanciación. Además, la inspección in situ expuso que el déficit consolidado está conformado por la deuda en fondos generales o base presupuestal calculada en 377 456 millones y otros once ítems, con una cifra total de 683 053 millones de pesos. 

El rector explicó que el déficit en la base presupuestal responde a la brecha anual entre los ingresos y los gastos. Añadió que por solicitud del Consejo Superior se calcularon los otros once elementos que no estaban reflejados en la base presupuestal; por ejemplo, 80 mil millones tomados del portafolio de inversiones para atender la crisis financiera. Gil aclaró que, si bien esta cifra no hace parte de la base presupuestal, ese dinero que habría que reponer al portafolio incrementa el monto del déficit consolidado. 

Sobre la estabilidad financiera, el rector dijo ser optimista. Según él, la Universidad puede salir de la crisis con los recursos extraordinarios que giró el gobierno nacional y que ahora hacen parte de la base presupuestal, con una “planeación inteligente del gasto” y con un plan de contención.

Sobre esa contención manifestó: “¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, planear con anticipación cuántos son los recursos que realmente requerimos para el año entrante; identificar cuánto es la carga de trabajo docente, cuántos son los servicios, cuánto es el gasto de funcionamiento y dirigir el gasto con base a los ingresos que tenemos, dándole prioridad al pregrado”.

Tras el levantamiento de la vigilancia especial, la UdeA se encuentra en una etapa de ejecución y reporte. En ella debe efectuar los compromisos del Plan de Mejoramiento Institucional que radicó la institución, y la Matriz de Fijación de Condiciones propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. Entre estos compromisos se encuentran la contención del gasto, el saneamiento de cartera y la formulación del presupuesto con criterios de sostenibilidad. Además debe certificar su avance enviando informes periódicos y evidencias documentales al MEN durante 2026 y 2027.

Si quieres conocer completa la entrevista realizada al rector, te invitamos a verla a continuación.