Se buscan gobierno y rescate para la UdeA
La crisis financiera, ética y política que atraviesa la Universidad de Antioquia hoy parece más profunda que nunca. En medio de la urgencia de un salvavidas financiero, las preguntas por quiénes pueden y deben sacar a la Universidad de la crisis toman relevancia y profundizan la incertidumbre de cara a un año 2026 que solo promete más austeridad. Collage: Sara Uribe de los Ríos. El 21 de febrero de 2024, en el Teatro Camilo Torres se realizaba uno de los foros institucionales con candidatos a la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Allí, frente al teatro medio vacío, John Jairo Arboleda, candidato-rector, habló sobre sus planes para estabilizar las finanzas. Al cerrar su intervención dijo: “ustedes pueden decir cualquier asunto al respecto de la desfinanciación, pero nadie puede decir que esta Universidad se ha demorado un día en pagar un salario”. Tres meses después, el 20 de mayo, docentes y personal administrativo recibieron una notificación de la Vicerrectoría Administrativa que decía que sus pagos se iban a retrasar mientras resolvían los problemas de liquidez. A un año y medio de ese retraso, la UdeA sigue sumida en una de sus mayores crisis financieras: según la Vicerrectoría Administrativa, a la Universidad le faltan 163 mil millones de pesos para cerrar el 2025. Además, el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, aprobó las medidas de austeridad propuestas por la Secretaría de Educación de Antioquia, con las que se busca reducir cerca de 95 mil millones de pesos y disminuir en un 37 % las horas cátedra para 2026. Al mismo tiempo, la Universidad está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación), una medida con la que esa entidad busca recopilar información para comprender las causas de la crisis. Mientras tanto, entre las propuestas aprobadas por el CSU para cubrir los costos de cierre de año están un crédito de tesorería por 54 mil millones de pesos y la venta de la hacienda El Progreso, en Barbosa, negocio que ya se cerró y por el que la Universidad recibirá cerca de 34 mil millones de pesos en cuotas hasta diciembre de este año. En medio de todo está la comunidad universitaria, que ve las medidas de austeridad con escepticismo y cuestiona cómo afectarán la calidad de la educación y el prestigio de la institución: los estudiantes temen que los recortes impliquen una menor oferta de cursos y horarios; el estamento profesoral, que implique el despido de docentes de cátedra, lo que conlleva a que los profesores de planta se vean obligados a aumentar sus cargas de trabajo en docencia directa y a reducir las horas que dedican a la extensión y la investigación; y las unidades académicas se enfrentan a la necesidad de ajustar sus gastos de funcionamiento de cara al inicio de 2026. El 10 de octubre de 2025, en una rueda de prensa, convocada por la Asamblea Multiestamentaria, encabezada por María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU, y Mauricio Múnera, su suplente, los docentes les pidieron a los gobiernos nacional, departamental y distrital un salvavidas económico para la Universidad. Duque advirtió: “si seguimos tal y como estamos hoy, en 10 años la Universidad no será viable”. Detrás de ese grito de auxilio hay una discusión pendiente: si la Universidad es rescatada, ¿ese dinero será administrado por los mismos que estaban a cargo cuando se profundizó esta crisis y en quienes la confianza de los estamentos está deteriorada? “Víctimas de nuestro propio éxito” Para entender parte de la crisis que vive la UdeA (y todas las universidades públicas del país), hay que volver a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y sobre todo a sus artículos 86 y 87, que plantean que las universidades reciben aportes del Gobierno o de las entidades territoriales y que el incremento anual de estos se hace según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Desde 1992, las universidades públicas han crecido en infraestructura, programas académicos, estudiantes e investigación y, en comparación, el IPC ha crecido por debajo. Esto ha provocado que la brecha entre lo que reciben las universidades por parte del Estado y lo que gastan sea cada vez más grande, y que el resultado sea una desfinanciación calculada en 19 billones de pesos por los rectores del Sistema Universitario Estatal para todas las universidades públicas. La UdeA, de carácter departamental, recibe recursos del Mineducación y la Gobernación; estos aportes conforman los fondos generales que, de acuerdo con la Vicerrectoría Administrativa, representan el 39 % de los ingresos. Pero varias voces de la Universidad insisten en que la Ley 30 no explica toda la crisis, o al menos no en sus dimensiones actuales. María Isabel Duque, que además de representante profesoral ante el CSU es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, menciona que el rector solo reconoce la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental y de la Ley 30 por la forma en que se transfieren los recursos, pero “no asume responsabilidades en las decisiones que internamente tomó de crecer de manera desproporcionada frente a los recursos que le llegaban, de construir planes de desarrollo demasiado ambiciosos que no tenían un soporte financiero”. John Jairo Arboleda fue designado para la rectoría por tercera vez consecutiva el 2 de abril de 2024, con seis de ocho votos en el CSU. Durante el proceso de designación rectoral, Arboleda asistió a varios foros de candidatos y, aunque la desfinanciación ya era conocida por el CSU, el Consejo Académico y la comunidad universitaria en general, nunca mencionó en esos espacios, de forma explícita, las verdaderas dimensiones del déficit de liquidez. Luego, en entrevista con De la Urbe, afirmó: “nosotros no teníamos ni cartas ni información escondida”. Aunque en los foros se abordaron temas relacionados con violencias basadas en género y otros asuntos coyunturales de la Universidad, según él, “el tema financiero no era una preocupación de la comunidad universitaria que asistía a los foros” y dijo que no le
La multicrisis todavía es violeta
A más de un año del último estallido por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, poco ha cambiado la forma como se abordan estos casos. Más allá de las aristas financieras y de gobernabilidad de la multicrisis de la UdeA, las demandas respecto a las VBG no se han resuelto. Dos personas han sido sancionadas en 2025. El 8 de agosto de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-235, con la que ampara los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias de cuatro estudiantes de la UdeA que fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) y violencias sexuales presuntamente cometidas por un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre 2017 y 2018. Según explica la nutricionista Laura Franco en su tesis de maestría en Salud Pública “El cis-tema de atención a las violencias basadas en género y violencias sexuales”, las VBG constituyen un problema de salud pública por sus implicaciones en la vida de las víctimas: la vulneración a derechos como la igualdad, la salud, la educación, el trabajo y a vivir una vida libre de todo tipo de violencias. La UdeA atiende estas violencias por medio de la Ruta Violeta. La ruta fue creada en 2023 gracias a la presión de la Asamblea General de Estudiantes, la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexocorpogenéricas y el Comité de Género de la Universidad, como una reestructuración del mecanismo dispuesto por la institución desde 2018. “El movimiento de mujeres y disidencias sexocorpogenéricas ha sido el elemento estructural para mantener vigente la urgencia de no dejar esto en segundos renglones dentro de las prioridades institucionales”, afirma Franco en entrevista con De la Urbe. Para junio de 2025 la Ruta Violeta tenía 117 casos activos: 32 en análisis de noticia ‒etapa en la que se revisan las quejas o informes‒, 78 en fase de investigación o instrucción y siete en etapa de juzgamiento o fallo, según el último informe de gestión del Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la UdeA, responsable de estos procesos. El informe indica que en el primer semestre de este año se emitieron dos fallos, ambos sancionatorios: uno contra un empleado administrativo y otro contra un estudiante de pregrado. En 2024 hubo cuatro fallos sancionatorios. Ninguno de los seis ha sido contra docentes. Dos miradas sobre la Ruta Violeta Juan Gabriel García, director de Bienestar, asegura que el mecanismo goza de más confianza institucional, que se ha fortalecido porque antes eran tres personas y ahora son cinco y que, además, cuenta con respaldo financiero a pesar de la crisis económica de la UdeA. “Sabemos que los temas financieros en la Universidad no vienen del todo bien, pero esta es una apuesta decidida de la administración y sabemos la necesidad. Por eso no se ha afectado, ni se prevé que se vaya a afectar”, expresa García. Al contrario, una estudianta del Comité de Género, quien pidió ser nombrada así y reservar su identidad, considera que la Ruta Violeta “todavía funciona con las uñas” y que no responde bien a las necesidades universitarias. Sostiene que, desde el comité, han percibido que “en términos materiales y reales no ha habido una apertura para hablar con el estudiantado, sino que más bien son muy recelosos con sus procesos” porque tardan meses en publicar los informes de gestión, incluso cuando el comité los solicita. La estudianta menciona que, al principio, en los espacios de diálogo era evidente la rivalidad entre la institucionalidad y los movimientos asamblearios y que aún es una conversación difícil. Mientras tanto, García asegura que han “intentado tener los oídos muy abiertos para escuchar y conversar dónde fortalecer y poder atenderlo”. A esa percepción de hermetismo por parte de la administración se suman otras críticas recurrentes sobre situaciones contra el “deber ser” de la atención a las VBG: prácticas revictimizantes; múltiples casos declarados como inhibitorios (no se resuelve el caso por falta de cumplimiento de requisitos); personal escaso y cambiante para un mecanismo que, según Bienestar, cada vez recibe más quejas; atención centralizada y casi ausente en las regiones y en las unidades académicas; autoevaluación “insuficiente” de la Ruta Violeta y una necesidad de presión constante por parte del movimiento estudiantil para que se implementen las mejoras. En su tesis, Franco explica que la falta de celeridad de la Universidad en la atención de los casos de VBG se debe a que se le da poca importancia al tema por la posición subordinada que siguen ocupando las mujeres y las disidencias sexocorpogenéricas en la institución y a la existencia de un “pacto cognitivo institucional”. Es decir, un acuerdo tácito en el que se evita cuestionar a los agresores debido a su estatus y en el que la institución no prioriza acciones de justicia para las víctimas por “proteger” su propio prestigio. De la UdeA a la Corte Constitucional Desde diciembre de 2022, antes de la aprobación de la creación de la Ruta Violeta, y hasta el 19 de mayo de 2024, la asesoría psicojurídica, psicosocial y la representación legal de las víctimas estuvo a cargo de la Colectiva Justicia Mujer (CJM). Sin embargo, por tensiones técnicas y políticas con la administración, la CJM decidió no renovar el contrato. La firma que quedó encargada de esa atención es Zuluaga Espinosa Abogadas, que no accedió a dar una entrevista porque no había “alguna profesional disponible” para atenderla. Sin embargo, la CJM siguió acompañando el caso de las cuatro estudiantes que llegó a la Corte Constitucional. Aunque fueron atendidas por la Universidad, por solicitud del acusado el proceso pasó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, donde estuvo quieto casi dos años; solo se movió para su traslado a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá, donde tampoco hubo avances. Ante la falta de respuesta, las estudiantes y la CJM entutelaron a la Procuraduría General. La tutela llegó a la Corte Constitucional. A juicio del máximo
La queremos pública, no endeudada: los repres estudiantiles hablan sobre la crisis
Desde el 11 de septiembre, la silla de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA tiene nombres. Los nuevos representantes manifiestan que su labor se centrará en hacer veeduría al manejo de los recursos y que les preocupa la solución por la que han optado los administrativos: el endeudamiento. En el episodio #63 de Hablalo conversamos con Laura Melissa Olarte, representante principal, y Juan Manuel Muñoz, representante suplente, sobre su labor, sus ideologías, su trayectoria en el movimiento estudiantil y la lectura que hacen de los distintos actores y de los miembros del CSU en medio de la multicrisis de la Universidad. Melissa y Juan enfatizan en que la actual reforma a la Ley 30, si se llega a dar, no es el fin de la lucha estudiantil, sino que hay que seguir luchando por una reforma integral que aborde otros ejes importantes para la Universidad: el bienestar, las violencias basadas en género, la democracia y la participación. Entrevista: Gisele Tobón y Santiago Vega Durán. Producción: Carmelo, Gisele Tobón, Valeria Londoño, Santiago Vega Durán, Santiago Bernal y Andrés Tuberquia.
Si la UdeA pide ayuda, ¿la Gobernación responde?
La Universidad de Antioquia hoy enfrenta una multicrisis que pone en riesgo su futuro, su calidad y sus ejes misionales. Para cerrar este año, la Universidad necesita $178.000 millones. Además, el Consejo Superior Universitario pidió a las unidades académicas que reduzcan $100.000 millones para el 2026. En el episodio #62 de Hablalo conversamos con Mauricio Alviar, exdocente y exrector de la UdeA y ahora secretario de Educación de Antioquia, sobre su papel y el de la Gobernación en la crisis, las medidas que se han tomado y lo que le depara a la Universidad. Entrevista: Valeria Londoño Morales y Santiago Bernal Largo. Producción: Carmelo, José Manuel Holguín, Valeria Londoño Morales, Isabella Navarrete Barrero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.
Mi primera asamblea
Collage: Mariana Benedetti Antes de entrar al teatro estaba segura de que Camilo Torres seguía vivo en los ideales de los discursos estudiantiles que estaba próxima a escuchar. Iba tarde, caminaba rápido para finalmente llegar y no perder más información. Pensando en si iba a encontrar puestos libres, pisé el último escalón que me ubicaba, por primera vez, dentro del teatro comandante Camilo Torres, miré al frente y las ansias por saber lo que los estudiantes decían fueron reemplazadas por el inquietante hecho de que no me había tenido que preocupar por la posibilidad de no encontrar asientos disponibles, pues el lugar estaba en gran parte, vacío. Eran las 2:46 de la tarde, la asamblea había empezado a las 11:00, tal vez la mayoría ya se había ido, pensé, pero no tenía sentido, pues si no había terminado significaba que aún quedaban por discutir temas de importancia e incidencia estudiantil. Recordé el trasfondo histórico de estos espacios en la universidad, cómo ahí se gestaron las ideas y las luchas que movilizaron a miles de estudiantes, por las que muchos fueron perseguidos, expulsados y hasta asesinados; una historia de resistencia que defendió la educación pública, exigió la debida inversión estatal y promovió la participación de jóvenes estudiantes en esferas sociales, políticas y económicas de nuestro país. Hoy gozamos de esos beneficios, y gracias a ello, estos espacios siguen funcionando y convocando al estudiantado. No podía asimilar ni aceptar lo que se mostraba ante mis ojos, rezagos de lo que alguna vez fue el movimiento estudiantil, y desinterés en donde alguna vez hubo participación activa y directa de la mayoría de estudiantes. Me senté en la última fila de los puestos del centro, en ese momento, no me percaté de que la elección de asientos de los estudiantes reflejaba sus opiniones frente a la discusión que se estaba llevando a cabo, solo se habían ubicado al fondo y a los lados. Dirigí mi atención al estudiante que tenía la palabra, pero al haber llegado tarde no comprendí nada, lo único que logré registrar fue su definición del movimiento estudiantil como una forma de trampolín político y una palabra que me impactó mucho: traición, refiriéndose a aquellos que defendieron, en su momento, la no representación estudiantil pero que se habían lanzado como planchas ante el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno universitario. El estudiante que intervino después hizo alusión a la historia de la representación estudiantil, a los veintiún años de silla vacía luego del asesinato del líder estudiantil Gustavo Marulanda, en manos de las AUC, que para ese momento se habían establecido en la Universidad, llevando a la posterior elección del último representante estudiantil, Wilmar Mejía, quien fue destituido por no respaldar los intereses del estudiantado. Aquel alumno en sus palabras defendió que «desde entonces las decisiones y la construcción del movimiento se toman colectivamente y no ha hecho falta un representante, que, además, no represente a todos los estudiantes». A esas palabras le siguieron aplausos y vítores, consideré que gran parte de los presentes pensaba así. Entre supuestos y pocos matices concluí personalmente que, si la asamblea no estaba de acuerdo con las planchas de representación estudiantil, la solución no era negarlas, sino elegir unas nuevas que se acoplaran a los intereses del estudiantado, mismo que, irónicamente, en su mayoría no estaba presente. Otra estudiante definió la representación estudiantil como: «Un puente entre todos los estudiantes, necesaria para mantener una conversación directa con la mesa directiva y estar presentes en el momento que se tomen decisiones que afectan a la universidad y, por consecuente, a los estudiantes, no debe ser entendida como un cargo de fin político, sino como una herramienta para seguir construyendo movimiento estudiantil.» A esta siguieron otras intervenciones donde afirmaban que «existía una crisis en el movimiento estudiantil», «la representación estudiantil llevaría a perder el poder popular de la asamblea» o «la discusión debió hacerse desde la postulación de las planchas, no cuando faltaba tan poco para las elecciones». Se mencionaron los espacios asamblearios en 2017 y 2018 en los que se realizaron debates respecto al mismo tema y se decidió rechazar la vacante de representación estudiantil ante el CSU. Mientras llegaba la hora de irme, porque no me daba tiempo de quedarme hasta el final, llena de mucha información que no sabía cómo organizar, escuché dos últimas participaciones que reflejaron genuinamente mis pensamientos en el transcurso de la casi hora y media que estuve en el teatro: ¿Cómo podía haber un debate sobre representación estudiantil cuando el Camilo Torres estaba prácticamente vacío? Esa no era la experiencia que había imaginado de mi primera Asamblea, un espacio ilustrador dentro de la decepción y conflicto que representó, un debate sin fin en medio de la apatía de la mayoría de estudiantes y de un movimiento estudiantil dividido, no por sus diferencias sino porque parecía no saber converger a pesar de ellas. Me pareció que Camilo Torres moría por segunda vez, pues las ideas que lo mantenían con vida estaban divididas y el resto, olvidadas, la asamblea intentaba unir sus partes sin acuerdos claros, mediaciones evidentes o participación estudiantil activa.
Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional
La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.
¿Qué ha pasado con los movimientos estudiantiles en medio de la crisis financiera de la UdeA?
En 2018 la Universidad de Antioquia se declaró en paro y el movimiento estudiantil organizó marchas masivas; en 2024, en plena crisis financiera, los estudiantes apenas empiezan a retomar la fuerza del movimiento estudiantil. Foto: Coordinadora Multiestamentaria. El 8 de octubre del 2024 en la plazoleta Barrientos, de la Universidad de Antioquia, la Coordinadora Multiestamentaria realizó un “pupitrazo” esperando a los estudiantes para hablar de las políticas de austeridad. Allí, frente a varias sillas vacías, Esteban Cuadros, líder estudiantil, habló de los efectos de la crisis financiera y dijo que, de acuerdo con el informe de la Mesa Ético-Política, durante este año hubo una reducción de 250 mil horas cátedra en todas las unidades académicas. Además, de acuerdo con el informe de Austeridad de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (CAAF) en los últimos seis meses 90 personas del área de aseo y vigilancia fueron despedidas y quienes quedan han visto incrementada su carga laboral. Asimismo, el presupuesto destinado a la investigación y al bienestar universitario ha disminuido y como manera de obtener nuevas fuentes de ingreso, la Universidad ha empezado a vender algunos predios que le pertenecen en Barbosa, Villa Hermosa (Medellín), Santo Domingo y Apartadó. En este escenario, los estudiantes organizados en la Coordinadora Multiestamentaria y en las Oficinas Estudiantiles se organizaron durante 2024 hasta terminar el año decidiendo el paro como mecanismo de presión y aunque la participación y la movilización va creciendo, parece ser más baja en comparación con años anteriores. Foto: Estefanía Salazar Niño Cambios generacionales Mildrey Juliana Marín Valencia, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG), cuenta que la participación en las asambleas ha aumentado. La que se realizó el 6 de noviembre contó con una participación equiparable a la coyuntura por VBG en septiembre de 2022, cuando no quedaban sillas vacías en el teatro Camilo Torres. Aún así, muchas de las asambleas de este año se han visto marcadas por la ausencia y todavía quedan las dudas sobre cómo convocar a los y las estudiantes. Así mismo, Mildrey señala que ha sido difícil: “cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Ella cuenta que esa falta de empatía se evidencia en la poca participación en las asambleas del mes de octubre. En conjunto con la Mesa de Estudios Basadas en Género han buscado maneras para atraer a más estudiantes a estos espacios, como la recaudación de fondos para imprimir volantes y recorridos por las aulas o “saloneos”, sin embargo, todavía enfrentan el desafío de encontrar una forma de atraer a más personas a estas iniciativas. Foto: Estefanía Salazar Niño Mateo Mejía Molina es estudiante de Trabajo Social. Cuando ingresó en 2017 hizo parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación y durante su trayectoria también se integró a la oficina estudiantil. Mateo insiste en que no hay movimiento estudiantil, sino expresiones históricas del movimiento, donde la comunidad universitaria implementó una estrategia que fomentaba y permitía la expresión de diversas formas artísticas, más allá de la simple acción directa. El también cuenta que lo que definió al movimiento estudiantil en 2018 fue que, pese a las dificultades, se mantuvo firme en su lucha. Esta iniciativa promovió una mayor organización y participación en ese momento ya que cuando los estudiantes llegaban a los espacios sabían que el objetivo principal era participar en actividades como pintar telas o bailar y si se organizaba una fiesta era evidente que su origen estaba vinculado a una causa de lucha. En el artículo Colombia, un nuevo país latinoamericano en Paro General: elementos para su comprensión, el sociólogo Julian Granda identifica las principales transformaciones estudiantiles en los últimos 13 años. Él, además, hizo parte de la MANE Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que estuvo activa entre 2011 y 2012 y que nació como respuesta a la propuesta de reforma a la ley 30 del gobierno Santos. Granda observa que se está produciendo un relevo generacional en el que los nuevos estudiantes universitarios participan en disputas influenciadas por las redes sociales y cada vez menos en confrontaciones presenciales. “Cómo convocar a la gente, cómo llamar a esa empatía por las cosas que son públicas y que nos duelen”. Mildrey Juliana Marín, estudiante de Filología Hispánica y líder de la Mesa de Estudio de Violencias Basadas en Género (VBG) Por su parte, Mildrey plantea que, aunque las redes sociales son útiles para llegar a muchas personas, no siempre logran movilizar a los estudiantes de forma presencial. Señala que, a pesar de las reacciones en línea, pocos se involucran activamente en las actividades, como lo evidenció en el paro entre mayo y agosto por la emergencia de VBG y en las discusiones sobre la desfinanciación de la Universidad. Además, Julián dice que en el 2022, con la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, se generaron expectativas que, con el tiempo, han provocado frustración en la comunidad estudiantil. Esto ha contribuido a un desinterés en la participación. Felipe Peña, líder estudiantil de la Facultad de Educación, también considera que uno de los mayores desafíos es acercar a la comunidad estudiantil. Él advierte que entre 2021 y 2024 las organizaciones estudiantiles no han implementado estrategias de integración. En su opinión, el problema no radica en la falta de movilización, sino en las prácticas organizacionales que no logran atraer a un mayor número de estudiantes y hacen “que solo 10 personas se enteren de los problemas de raíz”. Felipe dice que es importante seguir exigiendo al Gobierno nacional respuestas concretas;y señala que la discusión actual sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 es importante porque estos hablan sobre la financiación de las Instituciones de Educación Superior y menciona que estos artículos son “un problema que ha afectado a la calidad de la educación durante los últimos 30 años”. Felipe explica que las movilizaciones estudiantiles han cambiado significativamente. Antes, la organización de una protesta implicaba varios días de
Una familia “picada” por el olvido
Esta no es una historia genérica sobre el miedo a olvidar. La autora hace parte de una familia portadora de la “mutación paisa” o alzhéimer hereditario. La probabilidad de un futuro vacío de recuerdos se puede medir, pero su experiencia familiar es imponderable. Este es, también, un recuerdo muy personal sobre el legado del doctor Francisco Lopera. El médico Francisco Lopera en el 2008 en una visita a una familia parte de su investigación. Foto: Cortesía del Grupo de Neurociencias de Antioquia de la UdeA. Mi primer recuerdo es quizás un sentimiento: miedo. Sentí miedo cuando mi abuela, en su etapa de demencia, me encontró bajo la cama y me haló consigo para que la acompañara en una búsqueda incansable de algo que quizá nunca perdió. Miedo, la primera vez que un familiar no me reconoció. Miedo, cuando mi abuela, en su lecho de muerte, no tuvo conciencia de sí misma ni de las personas que la rodeábamos. Miedo, la primera vez que vi médicos y enfermeros en mi casa explicando la enfermedad. Y claro, siento miedo ahora. Soy Juana y puedo o no ser portadora de un gen degenerativo que mi bisabuelo Oracio nos heredó. Me asusta pensar que un día ya no voy a estar. Pero me asusta más pensar que no seré capaz de recordarme, recordar mi casa, mis niños. Me asusta pensar que a los 50 dejaré de ser una persona y que ahora me quedan al menos 30 años antes de que empiece a recordar solo los aspectos que para ese momento serán importantes. Me asusta pensar, lo malo es que pienso demasiado. No sé si lo padezco o lo padeceré en un futuro, pero sí sé que tengo más oportunidades de ganarme esa rifa infame, ese tingo tingo tango con el que nadie quiere quedar. Mi abuela materna lo heredó y ya sabemos, gracias a las investigaciones del Grupo de Neurociencias de la UdeA, que mi tía no lo padecerá; así que el siguiente eslabón sería mi mamá y, con ella, mis hermanos o yo. En mi familia materna heredamos el gen del alzhéimer familiar, llamado la “mutación paisa” por el doctor Francisco Lopera, ganador en 2024 del premio Potamkin considerado como el Nobel de la investigación contra el alzhéimer. Se trata del alzhéimer autosómico dominante que a diferencia de la forma esporádica, que no se hereda y donde el riesgo aumenta con la edad, está vinculado con alteraciones genéticas específicas que se transmiten de padres a hijos. A mi familia no le gusta pensar en la idea de no poder recordar, por eso existe una especie de pacto silencioso en el que no le llamamos a la enfermedad por su nombre. Tampoco expresamos cómo nos duele, asusta o enoja haber visto morir a nuestros familiares por esta afección. Por eso no les decimos a las personas que entran en etapa amnésica que son portadores, porque si no lo notan ni se preocupan, quizás la enfermedad no se los lleve tan rápido. El alzhéimer, para nosotros, es un bicho que pica; y susurramos entre grupos de miembros sanos que “la tía ya está picada” o que “la picó hace rato”, pero nunca se lo decimos. «Me asusta pensar que un día ya no voy a estar. Pero me asusta más pensar que no seré capaz de recordarme, recordar mi casa, mis niños». Juana Alzate Perdomo El descubrimiento del olvido Cuando el doctor Lopera inició su residencia en Medicina en la UdeA, en 1970, su abuela enferma de alzhéimer dejó de reconocerlos a él y a su padre. Que la enfermedad de su abuela no tuviera cura fue el detonante para prometerse que no dejaría a nadie sin esta. En los 80, mientras investigaba el cerebro humano, se encontró con un paciente de 47 años con recuerdos perdidos. Lo estudió e investigó hasta llegar a Yarumal, donde se topó con 25 familias portadoras que sumaban 1200 afectados por la enfermedad. En esta etapa conoció a la psicóloga clínica Lucía Madrigal, quien también tenía una conexión personal con el alzhéimer: una prima suya padeció la mutación paisa. Madrigal se unió al doctor Lopera en la misión de desentrañar los misterios del alzhéimer en Antioquia y comenzaron un riguroso estudio interdisciplinario para abordar la enfermedad desde múltiples ángulos y desmitificarla en la comunidad local. Los doctores Madrigal y Lopera encontraron en el norte de Antioquia una comunidad que había heredado la enfermedad desde la Colonia; la misma gente del pueblo decía entre murmullos que padecían un castigo, un mal impuesto. La investigación inició en 1984 y continuó hasta el 2000 con un amplio estudio poblacional que da cuenta de enfermos desde 1740 con orígenes en cerebros españoles afectados. Siguieron su estudio por los siguientes 15 años con las nuevas generaciones de familias. El doctor Lopera continuó su investigación casi hasta el final de su vida. Murió el 3 de septiembre de 2024, a los 73 años, a causa de un cáncer de piel. Desde pequeña escuché, memoricé y repliqué el mismo discurso y las mismas explicaciones durante cada visita que él hacía a la casa de los enfermos. Aprendí que esta enfermedad puede ser causada por factores como la genética o el ambiente. Desde el punto de vista genético, una de las causas es una deficiencia de acetilcolina en el núcleo de Meynert, una región del cerebro que contiene la mayoría de las neuronas que producen esa sustancia crucial para la memoria. La acetilcolina ayuda a transformar los datos en recuerdos sólidos; cuando hay una deficiencia de esta, los datos no se consolidan adecuadamente en recuerdos, lo que produce que se olviden rápidamente. Además, en el alzhéimer familiar hay un exceso de producción de una proteína llamada TAU, que es importante en el funcionamiento de la estructura neuronal. Su función es estabilizar los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto neuronal. Sin embargo, cuando hay una producción excesiva de TAU, los microtúbulos se vuelven inestables y rígidos, como mi abuela esperando la comida en el sofá, o
Voces para entender la crisis que ahoga a la UdeA
Aunque hay algunos consensos sobre la situación que afronta la UdeA ‒como la responsabilidad de la Ley 30 de 1992 en la desfinanciación histórica de las universidades‒, también hay matices y desacuerdos. Este es un rompecabezas polifónico pero incompleto de una coyuntura que amenaza la calidad de la educación y la existencia misma de la universidad más importante de Antioquia. Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía ¿En qué consiste la actual crisis financiera? Francisco Cortés Rodas, profesor del Instituto de Filosofía La crisis está determinada por la desfinanciación estructural de las universidades públicas que está determinada, a su vez, por la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 esta ley estableció el proceso para asignar el presupuesto de las universidades públicas, que aumenta anualmente a partir del Índice de Precios al Consumidor. El problema reside en que, año tras año, los gastos de las universidades son mayores que ese aumento. Por ejemplo, para 2018 la desfinanciación fue de 18.000 billones de pesos para todas las universidades públicas. Otro elemento es que en el 2002 el Gobierno promulgó el Decreto 1279 que define el proceso de asignación salarial de los profesores de las universidades públicas. Este decreto, creado con el objetivo de mejorar los salarios de los profesores universitarios, consiste en que las producciones académicas, científicas y artísticas de los docentes son calificadas en la medida en que vayan a revistas, editoriales o a instituciones científicas internacionales; esa evaluación lleva a una calificación dentro de la universidad y genera unos puntos salariales. Efectivamente esto permitió el mejoramiento del salario de los profesores, especialmente de aquellos que se han proyectado como profesores investigadores (…). El problema es que desde entonces los gobiernos no han cubierto el valor generado por esos puntos salariales. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo Es una triada donde convergen tres fenómenos que hay que mirar de forma simultánea. El primero es el desfinanciamiento estructural derivado de la Ley 30 de 1992. El segundo es que la Universidad ha crecido de forma desbordada, quizás con la mejor intención, pero sin fuentes de financiación permanentes. La Universidad asume la diferencia entre los costos de formación de un estudiante de pregrado y lo que la ley entrega. Hemos tenido que financiar con recursos propios el famoso Decreto 1279, además de que todo el crecimiento de la Universidad en regiones también ha sido con recursos propios. El tercero, resultado de los dos anteriores, son los problemas de caja. La Universidad tiene recursos muy limitados para atender su funcionamiento normal: tiene incumplimiento de pagos a proveedores que superan los 60 días y el nivel de riesgo creció sobre todo para las entidades financieras que estarían interesadas en prestarle. Ramón Javier Mesa, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y exvicerrector administrativo Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU ¿Cuándo y cómo empezó esta crisis financiera? Olga Restrepo, representante suplente de los profesores ante el CSU Para mí, empieza desde el momento en que empieza a imponerse el modelo de Estado neoliberal, con el gobierno de César Gaviria y la creación de la Ley 100 de 1993, sobre la salud, y la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior. Estas leyes privatizaban la sanidad y la educación públicas. Pero también empieza con la pérdida de identidad de la universidad pública. La UdeA era la que nos permitía abrir la mente, nos daba una forma de comprender mejor el mundo, apartada del discurso capitalista y neoliberal; eso lo estamos perdiendo como universidad. Este año se habla de que empezó cuando se retrasaron los pagos de algunos docentes, pero a principio de año ocurrió algo interesante que me deja con inquietud: si la Universidad venía tan mal, ¿por qué hubo 12 candidatos a la rectoría? Más de uno era parte del equipo administrativo del rector del período anterior. Eso también generó una crisis por la pelea de los dos extremos políticos que tiene atravesada a Antioquia: el uribista y la izquierda. ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la crisis? Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo A largo plazo, no podemos dejar a un lado la reforma de la Ley 30 de 1992. A mediano plazo, está mejorar la liquidez de la Universidad; finiquitar el proceso de venta de bienes inmuebles no misionales que la Universidad recibió en donación y están avaluados en 92.000 millones de pesos; y esperamos que los ajustes en la operación hagan unos 25.000 millones de pesos adicionales, porque el nivel de ingresos está por debajo del de gastos. A corto plazo, tenemos la autorización de un crédito por 90.000 millones de pesos para pagar la nómina de diciembre (con prima navideña, retroactivos, liquidación de productos, etc.). Hay un faltante adicional que corresponde a las obligaciones con proveedores: nos faltan cerca de 60.000 millones de pesos. Ahí es donde le decimos al Gobierno nacional y departamental que necesitamos recursos adicionales. Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo John Jairo Arboleda, rector ¿Por qué la rectoría insiste en el actual modelo de regionalización y crecimiento? John Jairo Arboleda, rector La UdeA ha liderado la descentralización de la educación superior en el departamento, de esta manera hemos ofrecido oportunidades a miles de personas que no tenían acceso a la Universidad. Actualmente la Universidad no tiene planes de creación de nuevos campus en municipios o regiones de Antioquia. Ante la situación financiera que vivimos, la Dirección de Regionalización viene revisando la operación para identificar oportunidades de mejora que se traduzcan en la racionalización de la inversión anual, esto no significa que vayamos a renunciar a lo que hemos ganado en las últimas décadas con nuestra presencia. Los cambios esenciales que se deben dar en el modelo de regionalización tienen que ver con el financiamiento. Necesitamos que los gobiernos reconozcan y compensen el esfuerzo que está haciendo la Universidad. ¿En qué consiste el plan de austeridad? Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo Toda entidad
Alrededor del 70% de los foráneos que estudian en la UdeA viven con menos de $1.500.000
La sede de Medellín de la Universidad de Antioquia cuenta con más de 100 programas de pregrado, en los que un 39,26% de los estudiantes matriculados en el semestre 2024-2 proviene de municipios de fuera del Valle de Aburrá. Esto significa que de cada 10 estudiantes de la UdeA, entre 3 y 4 son foráneos. La vida foránea implica gastos económicos para sostenimiento que se dan en condiciones diferentes a las de un lugareño. Arriendo, alimentación y transporte son algunos de los gastos normales para un foráneo, y que los locales pueden tener cubiertos. Teniendo en cuenta que Medellín encabeza la lista de ciudades colombianas más caras para vivir, resulta lógico preguntarnos ¿Cuánto le cuesta a los foráneos de la sede Medellín de la UdeA su foraneidad? ¿Cuántos y de dónde vienen los foráneos? *Fuente: Datos de la Universidad de Antioquia En Ciudad Universitaria y otras sedes en Medellín de la UdeA hay 21.264 estudiantes matriculados en el semestre 2024-2 (con fecha de corte del 26 de agosto); de ellos 8.348 proceden de municipios de fuera del Valle de Aburrá. 12.916 son no foráneos para objeto de esta investigación. Los foráneos de la sede de Medellín en la UdeA son una muestra variada de todo el país, hay estudiantes de 31 de los 32 departamentos, el único que no tiene ninguna representación en 2024-2 es Guainía. Sin contar con los estudiantes provenientes de otras regiones de Antioquia, los departamentos de Córdoba, Nariño y Caldas son los que envían más jóvenes a estudiar en Medellín. Aunque no sorprende que Córdoba encabece la lista, si se hace curioso que regiones que geográficamente están muy alejadas de Antioquia, como Nariño y Norte de Santander, atraigan estudiantes hasta esta tierra. Your browser does not support the video tag. Los 3 pregrados con más foráneos matriculados en 2024-2, son: medicina, con 901; seguido por ingeniería civil con 352 y en tercer lugar ingeniería industrial con 328. Estas, a su vez, son las carreras con más estudiantes matriculados de la sede Medellín. Los 1.581 foráneos matriculados en estas tres carreras representan un 18,8% del total de foráneos inscritos este semestre, si bien es una gran cantidad de estudiantes, esto también nos habla de la dispersión en las carreras de los foráneos, pues algunos de ellos vienen hasta la UdeA por la oferta de algunas carreras particulares que muy pocas o ninguna otra universidad pública ofrecen. Diego, Ana, Santiago y Karol son estudiantes foráneos de la UdeA. Diego es de Arauquita, Arauca, y estudia bioingeniería; Ana y Santiago estudian comunicación audiovisual, ella viene de Ibagué, Tolima y él de Pasto, nariño; y Karol vino desde Cúcuta, Norte de Santander para estudiar periodismo. Los cuatro tienen en común la decisión de mudarse hasta Medellín para estudiar en la UdeA, pues es la única universidad pública que ofrece el programa que a ellos les apasiona. *Fuente: Datos de la Universidad de Antioquia ¿Cuánto cuesta tu «foraneidad»? Cómo ya se ha mencionado, Medellín es la ciudad más cara de Colombia. Así qué para que un foráneo pueda vivir en Medellín debe afrontar mayores retos económicos. Muchos de ellos provienen de lugares en donde el costo de vida es mucho menor, al llegar a Medellín descubren lo costosa que puede ser esta ciudad, incluso pueden llegar a gastar el doble de dinero de lo que necesitaban antes de vivir en este valle. Según una encuesta que realizamos entre foráneos de la UdeA, más del 70% de los estudiantes foráneos matriculados en la sede Medellín viven con $1.500.000 o menos. El 34,2% de los foráneos viven con menos de $1.000.000, y tan solo un 11,7% viven con más de $2.000.000. Un foráneo que sobrevive con $1.500.000 por lo general arrienda habitaciones cerca de la U para ahorrarse los pasajes, o podría arrendar un apartaestudio en sectores como Aranjuez, Campo Valdés, o Prado y llegar caminando hasta la Universidad. Los que viven con más de $2.000.000 pueden vivir en lugares con mejores condiciones, pagar transporte con más tranquilidad, y no tienen que preocuparse por el costo de su alimentación. Por otro lado, quienes viven con $1.000.000 o menos están obligados a vivir en habitaciones pequeñas cerca a la universidad, para ahorrarse el transporte, y el dinero para su alimentación es inestable, haciendo que algunos sacrifiquen alguna de las tres comidas del día. *Fuente: Encuesta propia realizada a foráneos de la UdeA Estos gastos los cubren los propios foráneos trabajando mientras estudian, o sus familias enviándoles dinero. Trabajar implica que tengan menos tiempo para estudiar, parchar o incluso dormir. Por otra parte, cuando son los padres los encargados de enviar el dinero para su subsistencia es problemático cuando ellos no tienen un ingreso mensual fijo, cuando de su salario dependen más miembros de la familia, o cuando sus ingresos son muy bajos para garantizar a sus hijos una vida digna en Medellín. Diego es uno de esos foráneos que depende económicamente de su padre, pero él no tiene un ingreso mensual fijo, el padre de Diego es porcicultor y vive del día a día. A Diego le envían dinero quincenalmente, y no todas las quincenas le llega la misma cantidad de dinero, depende de la economía de su padre. Y cuando en la quincena le llega muy poco, la situación económica de Diego es afectada lo cual se refleja en el recorte de gastos que debe hacer para su permanencia en la universidad. El 49% de los foráneos matriculados en la UdeA -sede Medellín- tiene a sus familiares como únicos responsables de sus gastos, mientras el 15,3% trabajan para cubrir sus gastos. El otro 35,8% recibe ingresos mixtos. *Fuente: Encuesta propia realizada a foráneos de la UdeA ¿Cuánto cuesta tu pieza? Según las recomendaciones de ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un arriendo no debe superar el 40% de los ingresos recibidos. Con base en la encuesta que realizamos, para la mayoría de foráneos el arriendo ideal debería rondar los 600.000 pesos, ya que más del