Collage: Valentina Urrea Aristizábal y Santiago Bernal Largo.

Ha pasado más de un año desde que Gustavo Petro asumió la presidencia y el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de educación superior, una de sus promesas de campaña, sigue en borrador. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha asumido la posición confrontativa que lo ha caracterizado frente a otros Gobiernos.

La llegada de Petro al poder fue ampliamente respaldada por jóvenes y universitarios; ahora, el movimiento estudiantil ha asumido una posición expectante mientras define en qué lugar se ubicará en relación con el Gobierno y su propuesta de reforma.

La postura de los estudiantes ha sido “débil”, según Carlos Díaz, estudiante de Ciencia Política que entre 2018 y 2022 participó de marchas y otros espacios del movimiento estudiantil. Él considera que la victoria de Petro también se debió al movimiento estudiantil, pero cree que esa afinidad ha sido contraproducente, pues ha “cegado” a los estudiantes por tratarse de un presidente de izquierda. “El movimiento estudiantil que hubo de 2018 a 2022 parece haber muerto. Parece haber perdido su independencia y carácter crítico respecto de cualquier Gobierno y gobernante”, apunta Díaz.

A pesar de que el movimiento estudiantil tiene un relevo de militancias y liderazgos constante, esto no ha sido impedimento para que se herede entre generaciones la idea “de que sí o sí hay que hacerle oposición al Gobierno”, como señala Luisa López, politóloga y magíster en Sociología Política. Por eso, considera que buena parte del estudiantado no ha reflexionado sobre la correlación de fuerzas que puede implicar apoyar o no al Gobierno y, en particular, esta propuesta de reforma a la educación superior.

Esa reflexión se intentó abordar en el más reciente Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), que se convocó en la UdeA del 22 al 24 de septiembre de 2023 para discutir los aspectos del borrador a la reforma de la Ley 30, entre otras preocupaciones de la comunidad estudiantil de distintas universidades de Colombia. Pero no se consiguió.

El último día del encuentro el cronograma estaba retrasado casi 10 horas: la discusión en plenaria sobre los reclamos del movimiento estudiantil al Gobierno debía comenzar en la mañana, pero cuando por fin tomó lugar, las delegaciones de varias partes del país empezaron a irse. Eran las cinco de la tarde, el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo estaba casi vacío y los universitarios aún no habían acordado una declaración política.

Los últimos estudiantes se debatieron entre tomar una postura a favor del Gobierno o, en cambio, distanciarse de este. Al final, la que era una de las decisiones centrales del encuentro quedó en el aire por la falta de cuórum para tomarla.

“El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la universidad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las coyunturas políticas, sociales y económicas del país”, piensa Carlos Díaz, quien además considera que el desorden de este encuentro y las ausencias en algunas plenarias y discusiones muestran que hay menos compromiso de la comunidad estudiantil con las causas del movimiento.

A esto se suman las complejidades de establecer liderazgos en el movimiento estudiantil, ya que mientras en la movilización social es importante generar identidades colectivas y roles de liderazgos, como explica Luisa López, en el caso de los universitarios hay relevos generacionales que interfieren con este factor: “Se es mujer toda la vida, se es obrero durante gran parte de la vida productiva, pero se es estudiante muy poco tiempo y eso hace que se pierda muy rápido el trabajo de la formación de líderes”. 

En debate permanente

El período 2018-2022 fue de mucha agitación social. En 2019 y 2021, durante el Gobierno Duque, se dieron masivas protestas nacionales en contra de un intento de reforma tributaria, de la desfinanciación de las universidades públicas, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del presidente con los acuerdos de paz.

Fue en el marco de ese Gobierno que surgió el ENEES como una propuesta para unificar fuerzas en el movimiento estudiantil. Su última reunión, antes de la del 2023, fue en noviembre del 2019 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con delegaciones de 23 instituciones de educación superior, menos que los tres mil estudiantes de 41 instituciones que participaron en el más reciente encuentro, en la UdeA. Allí debatieron y presentaron propuestas sobre ejes temáticos como la financiación, el bienestar, la regionalización, las violencias basadas en género, entre otros.

La financiación es uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley 30. El artículo 87 de la ley vigente determina que los aportes que entran a las IES del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se calculan según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, con base en los precios de la canasta familiar.

Ese aumento presupuestal no es suficiente para cubrir los costos de la canasta de insumos, productos y servicios necesarios para sostener una IES. Esto quiere decir que a las instituciones de educación superior les está entrando menos plata de la que gastan, lo que ha generado un déficit. Esta canasta es calculada cada semestre por el Dane en el Índice de Costos de Educación Superior (ICES). El proyecto de reforma propone que el aumento a las universidades se calcule con base en el ICES y no en el IPC.

Juan Pablo Dussan, estudiante de Economía del Colegio Mayor de Cundinamarca, participó en la mesa de financiación del ENEES. Considera que “como están las cosas, el Índice de Costo de Educación Superior (ICES) se puede quedar corto”. Sin embargo, piensa que sí se ha priorizado esta discusión en la propuesta de reforma.

Del encuentro salió un documento de casi 50 páginas que recogió las conclusiones a las que se llegó en cada mesa. Según le dijo el Ministerio de Educación Nacional a De la Urbe, tanto las discusiones como el texto van a ser consideradas para la presentación de la reforma: “Muchas de las ideas que están consignadas allí ya hacían parte del articulado de la nueva Ley General de Educación Superior que estamos construyendo y algunas, que no estaban y las consideramos razonables, las hemos ido integrando al documento”.

Esta no es la primera vez, desde que se aprobó la Ley 30, que el movimiento estudiantil la debate. En 2011, el Gobierno Santos presentó un proyecto de reforma que fue criticado por puntos como la introducción del ánimo de lucro a las universidades. La movilización estudiantil de entonces fue histórica, logró que se retirara ese proyecto y de allí surgió la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que desapareció con el tiempo y podría asemejarse a lo que hoy es el ENEES.

Aunque Luisa López cree en la importancia de esos espacios, cuestiona que la participación de los estudiantes se quede en lo circunstancial. Es decir, que los intentos de organización se aten a coyunturas específicas que, en los últimos 30 años, han pasado en varias ocasiones por las discusiones sobre los problemas de la Ley 30.

Para López, el movimiento estudiantil debería situarse estratégicamente con el Gobierno Petro y sumarse a las fuerzas en pro de las reformas que podrían generar transformaciones y beneficios a los mismos estudiantes. Esto, según ella, no implica venderse o entregarse completamente a las posturas del primer mandatario.

Clara Vélez, docente de la Corporación Universitaria Lasallista, ha abordado las movilizaciones sociales desde el periodismo. Ella cree que el Gobierno debe aprovechar su buena relación con el movimiento para sentarse a hablar, no solo sobre la reforma a la educación, sino sobre “cuál es el país que necesitan los jóvenes”. Además, pone en la mesa las dudas sobre cómo Petro se ha relacionado con los estudiantes: “Así como el presidente se estaba reuniendo con los empresarios, con un discurso conciliador, ¿cuántas veces se ha reunido con el movimiento estudiantil?”.

Para Vélez hay un desánimo evidente de los universitarios frente a lo que ha ocurrido con Petro en la presidencia. “Me sorprende que no hayan salido a la calle y no me extrañaría que terminara pasando eso”, señala, mientras cuenta que ya los estudiantes le dicen que están desilusionados porque las cosas “no están marchando” y que “esto se quedó en propuesta”.

También cree que aunque las intenciones del presidente han sido buenas, lo único que ha logrado es “poner a pelear a todos con todos”, pues los cambios que ha propuesto son insuficientes para los estudiantes que esperaban más de él. Coincide con esto Carlos Díaz, quien afirma que una de las razones detrás del apoyo del movimiento estudiantil a la campaña de Petro era la esperanza de una reforma a la Ley 30.

No solo la reforma a la Ley 30 sigue en borrador, sino que el Gobierno priorizó tramitar el proyecto de Ley Estatutaria de Educación, que fue aprobado en diciembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y será discutido en plenaria en 2024. Luisa y Carlos plantean la necesidad de que el movimiento estudiantil reflexione dónde posicionarse, si hará oposición independientemente de lo que proponga el Gobierno o si definirá una posición distinta frente a cada propuesta. En todo caso, para Luisa, esta reflexión debe hacerse pensando en que la administración de Petro “no será perfecta, pero tiene mayor apertura que otros Gobiernos que tuvimos y otros que vayamos a tener”.

Lo que está en discusión: 

La Ley 30 de 1992 rige el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. Entre sus apartados están la normatividad para financiación, bienestar universitario, gobierno universitario, entre otros ítems.

Uno de los aspectos más problemáticos de esta ley son los artículos 86 y 87, que definen las formas de financiación de las instituciones, que han llevado a profundizar el déficit en las IES y a que estas tengan que recurrir a estrategias de privatización para sobrevivir, como explica Marco Antonio Vélez, docente de Sociología de la UdeA que ha participado en la discusión sobre la reforma a la Ley 30.

Según Vélez, el problema con estos dos artículos es que determinan que los presupuestos para las IES aumentarán según la tasa de inflación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Distintos sectores de las universidades públicas han manifestado por décadas que este aumento es muy bajo en comparación con los gastos de la canasta educativa, que son todos los productos, los insumos y los servicios necesarios para sostener a las universidades.

Debido a esta crisis financiera y a la falta de otras formas de financiamiento, hay falencias en los servicios de bienestar universitario, es decir, aquellos que brinda una IES a sus estudiantes para facilitar su permanencia en la universidad, como apoyos para la alimentación, el transporte, el acompañamiento psicológico, entre otros. La comunidad universitaria ha manifestado en espacios como el ENEES la necesidad de reformar el capítulo tres de esta ley porque desean que las IES destinen más recursos para programas y proyectos de bienestar.

Además de los apartados de financiación y bienestar, desde las universidades también se exigen cambios en la forma como está planteado el gobierno universitario, la autonomía de las universidades, la implementación de políticas universitarias con enfoque de género, la regionalización, entre otros aspectos.

A diferencia de la fallida reforma a la Ley 30 de Santos, el actual borrador se ha construido a partir de conversaciones entre el Gobierno y los actores de las IES como estudiantes, profesores, directivos y otros. La iniciativa del Ministerio de Educación Nacional fue nombrada Diálogos Permanentes por la Educación Superior y en la primera etapa se realizaron siete en el país: dos en Bogotá, y una en Barranquilla, Quibdó, Arauca, Riohacha y Tumaco, respectivamente, en el primer semestre del 2023.

Aunque el ministerio dice que su intención es hacer una política pública de forma democrática y participativa, la realidad es que los estudiantes que han asistido a estos encuentros han cuestionado la metodología. Para los estudiantes, la mayor falla de estos encuentros fue la falta de propuestas concretas de parte del Gobierno para dar una discusión y el poco tiempo que se dispuso para el debate, como lo registró Mutante en julio de 2023 a partir de conversaciones con varios asistentes de diferentes universidades del país.

Por su parte, Mineducación ha dicho que este borrador aún tiene pendiente una segunda parte donde se espera llegar a resultados más concretos para dejar de hablar de una reforma a la Ley 30 y empezar a llamarla “nueva Ley General de Educación Superior”.