Foto: Manuela Echavarría

Contenido en alianza con el colectivo La Herejía 

“Para nosotros es un desplazamiento, para ellos es otra cosa”, dice Jaime Torres Jaramillo, uno de los habitantes de Puerto Valdivia que, el 12 de mayo de 2021, salió a marchar por las calles del corregimiento para exigirle a EPM, responsable de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la reparación y recuperación de los bienes materiales y de los efectos sociales que dejó el desbordamiento del río Cauca por la contingencia de las obras hace tres años.

En abril de 2018, un taponamiento en un túnel para desviar el río Cauca y varias afectaciones posteriores en el proyecto generaron una creciente súbita, que llegó a las comunidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, el 12 de mayo de ese año. Según EPM, 85 familias quedaron damnificadas y 162 sufrieron daños en sus viviendas o infraestructuras productivas. En Valdivia la creciente destruyó 74 viviendas.

Torres es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cachirimé, donde 23 viviendas quedaron en pérdida total. En el Plan de Acción Específico (PAE), hoja de ruta de EPM para la reparación y recuperación de los territorios afectados por la contingencia y que tiene su plazo final el 31 de diciembre del 2022, se contempla que las familias que perdieron su casa totalmente recibirían otras nuevas y a las que resultaron afectadas parcialmente se les daría un apoyo económico para hacer las reparaciones de infraestructura, muebles y enseres.

Aunque el 28 de enero de este año EPM aseguró que el 99 % de las familias afectadas había aceptado las ofertas de acuerdo con el tipo de afectaciones, Torres asegura que eso no ha pasado en Cachirimé. “En ningún momento se les ha reconocido que fue afectación por parte de Hidroituango y EPM, por lo cual no han recibido ayudas de ninguna índole”, dice. El líder agrega que las familias tuvieron que desplazarse a otros municipios o veredas porque las viviendas son inhabitables. Esa es una de las principales razones por las que se unió a la manifestación. Pero no es la única.

Según el registro de damnificados de EPM, 2255 familias de Valdivia y Puerto Valdivia tuvieron que desalojar sus casas y otras 3005 fueron evacuadas de otros municipios del área de influencia del proyecto, como Briceño, Tarazá y Cáceres. De acuerdo con los datos que la empresa le entregó a De la Urbe el pasado 23 de julio, 2225 familias ya regresaron a Valdivia y Puerto Valdivia y otras 30 están pendientes de retornar. Por su parte, Isabel Cristina Correa Tamayo, directora de Gestión del Territorio de Hidroituango, aseguró en una entrevista para este medio en enero de 2021 que el 100 % de los afectados de los otros tres municipios ya habían retornado.

***

“Exigimos la construcción del centro de salud de Puerto Valdivia”, se leía en la camiseta de varias personas que marcharon el 12 de mayo. Jeison Ladeo Espinosa, abogado y líder del corregimiento, comenta que, antes de la contingencia, el centro de salud que resultó destruido atendía más de 10 mil personas con servicio de urgencias las 24 horas del día, tomas de muestras de sangre, sala de partos, farmacia, control de crecimiento y desarrollo, entre otros servicios.

Mientras se construye ese espacio, EPM dispuso una ambulancia, mediante un contrato con la Cruz Roja Seccional Antioquia, para las urgencias y el traslado de pacientes del corregimiento hasta el caso urbano del municipio. Pero van tres años y la obra aún no empieza. “Dijeron que lo iban a comenzar a construir en junio del año pasado, luego en una reunión con el procurador dijeron que lo comenzarían a construir en marzo de este año. Ya van tres meses, no han pegado un ladrillo y le están diciendo a la gente que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la que tiene que dar el permiso”, cuenta Ladeo.

Según dijo en enero Isabel Correa, en noviembre de 2020 quedaron definidos los diseños para la construcción en un predio de la vereda La América, en el sector Remolinos. Actualmente, EPM dice que sigue esperando la autorización de la ANLA para iniciar las obras.

En ese mismo lugar, la empresa va a construir un centro comunitario y va a reconstruir la sede de primaria de la Institución Educativa Marco A. Rojo, que el río arrasó y que dejó sin colegio a 1300 estudiantes. Como consecuencia del desplazamiento, los estudiantes tanto de primaria como de secundaria fueron reubicados en distintas zonas rurales y urbanas de Valdivia. Según Fredy Jaime Pérez, docente de Ciencias naturales y de Educación Ambiental de la institución, las primeras clases después de la contingencia las tuvieron que dar en un sector de Sevilla, una zona rural del municipio que no contaban con las condiciones adecuadas. “No había divisiones de los salones, sino que nosotros los dividimos con costales. Había mucha interferencia, pero nosotros con las ganas de mantener los procesos de formación empezamos a trabajar en esos espacios”, dice.

También tuvieron dificultades con el transporte de los estudiantes, lo que hizo que los niveles de desescolarización aumentaran. Pérez afirma que la deserción superó el 50 %. Recuerda que había salones con apenas cinco o seis estudiantes. Después, se ubicaron en las instalaciones de la Institución Educativa Valdivia, donde tenían deficiencias en servicios básicos como el agua y la luz. Hasta que, entre finales de 2018 y principios de 2019, los estudiantes regresaron al corregimiento. Actualmente, primaria y secundaria funcionan en la sede que no se llevó el río.

“Rincón matemático”, se lee en una de las paredes deterioradas de la sede primaria, sin embargo, no hay números sino maleza. Sumado a esto, la presión actual que hay por la pandemia y la alternancia académica dificulta todavía más el regreso de las clases. Pérez dice que no hay garantías y que no se ven las inversiones gubernamentales para solucionar las necesidades sanitarias. En la sede que ocupan hoy, por ejemplo, no hay un servicio eficiente de lavamanos y agua, pese a la cercanía con un proyecto que pretende generar energía, justamente, por la riqueza hídrica de la región.

***

El centro de salud está al lado del colegio Marco A. Rojo y muy cerca de las bases del puente Simón Bolívar. Esas tres infraestructuras quedaron destruidas. Fotografía: Manuela Echavarría.

En el momento de la contingencia, Ladeo era comerciante de materiales de playa y uno de los líderes del gremio arenero de Puerto Valdivia. Para él los problemas del proyecto no se remontan únicamente a la creciente de hace tres años. La economía de las familias barequeras y areneras que subsistían de los recursos naturales del río se afectó considerablemente, pues con la construcción de Hidroituango, el aluvión –los sedimentos arrastrados por la corriente– se queda en la represa.

“Otro problema es el aumento del caudal. Más o menos unos tres meses lo tenemos con el mismo nivel, algo que naturalmente nunca ocurría porque nosotros aquí siempre manteníamos uno o dos días y otra vez el río rebajaba, sacaba un material y al otro día volvía a crecer porque era natural. Ahora que el río está manipulado allá arriba, en el momento que ellos quieren le arrojan cualquier cantidad de agua”, dice Samir Díaz, integrante del grupo de areneros de La Playa.

Díaz cuenta que 20 días antes de la manifestación del 12 de mayo el caudal bajó y destapó una sección grande de playa. Sin embargo, recogieron en total solo 21 metros cúbicos de material, el equivalente a lo que ellos llaman dos dobletroques –14 metros cúbicos– y una sencilla –siete metros cúbicos–. Asegura que años antes, en la misma porción de tierra, recogían entre 40 y 50 dobletroques.

Por eso la producción y venta de estos recursos no alcanza ni para abastecer el territorio, como pasa con el material para revocar que, según Ladeo, empezaron a traer de Santa Fe de Antioquia o del río Tarazá. Así mismo, dice Díaz, ya no les alcanza el material para suministrar ni el 50 % de lo que se comercializa en la cabecera urbana de Valdivia ni, como lo hacían antes, para distribuir en ferreterías de municipios como Yarumal.

Después de la contingencia, EPM aseguró que durante dos años respondería por las pérdidas de esa actividad económica y que luego podrían retomar su trabajo. Pero no todos fueron compensados. Según datos de la empresa, 1084 reclamaciones fueron aceptadas de un total de 1857 solicitudes relacionadas con diferentes actividades. Por esas 773 negaciones, Isabel Correa dice que la empresa hizo una depuración de información para definir quiénes iban a recibir los apoyos porque hubo personas que se inscribieron sin ser afectadas.

Pero una líder de la comunidad, quien prefirió no dar su nombre para este informe, dijo que hay cientos de personas que no fueron reparadas pese a que toda su vida vivieron del río, ejerciendo incluso actividades ancestrales como el barequeo. De un momento para otro, EPM les pidió documentos con los que no cuentan para demostrar aquello en lo que trabajaban.

“No es así como nos deben reparar porque están reconociendo unos daños como si la gente les estuviera trabajando unos días y les dan unos incentivos de seis, siete u ocho millones de pesos, pero eso no nos va a reactivar una economía”, dice Carlos Baena, integrante de la Asociación de Mineros de Valdivia. Esta organización trabaja de la mano de la Asociación de Pescadores, Barequeros y Agricultores de Valdivia y Tarazá.

Baena es minero y pescador artesanal, y desde la contingencia su economía empeoró. Dice que antes tenía a sus cuatro hijos estudiando en el municipio, pero ya no puede costearlo: “Como uno vive de los recursos naturales, cuando estos se pierden, se pierden los sueños de nuestros hijos también”.

Ante la pregunta sobre las socializaciones de los avances del PAE, Baena dice que no sabe nada porque EPM se ha negado a incluir miembros del Movimiento Ríos Vivos en esos procesos. Su organización es una de las quince que integran ese colectivo. “Nos hablan de unas reclamaciones y una reparación integral al medioambiente, pero nunca se ha dado una reunión abierta con EPM ni hemos podido poner nuestra opinión dentro del manejo que se le va a dar al daño ambiental en Valdivia”, afirma.

Pero según datos de la empresa, la línea social del PAE tiene un avance del 80 % en temas relacionados con el retorno, el reconocimiento por las afectaciones y actividades económicas, y el afianzamiento de las relaciones con las comunidades. En su conjunto, la ruta llevaba un cumplimiento del 60 % hasta el 31 de diciembre del 2020. Las inversiones, de acuerdo con EPM, superaban los 211 mil millones de pesos hasta mayo de este año.

Otros líderes entrevistados para este informe dicen que sí han asistido a reuniones y socializaciones con EPM, pero que no sienten que sus reclamos sean escuchados y manifiestan que no le han comunicado todos los avances a la comunidad. Uno de los puntos sobre los que los habitantes de Puerto Valdivia reclaman falta de transparencia en la información tiene que ver con los resultados de varios estudios y análisis contratados por EPM con diferentes entidades.

Desde julio de 2019, EPM dice tener once alianzas con instituciones como la Universidad Nacional: “Los estudios buscan establecer las afectaciones causadas a los ecosistemas por el cierre de compuertas, resultados que darán paso a la formulación e implementación de un plan de restauración adaptativo, que se implementará en tres fases”, dice EPM.

Sin embargo, los líderes dicen no conocer las conclusiones. “En febrero del 2020 nos dijeron que nos iban a entregar los resultados del estudio que le hizo la Universidad Nacional al río Cauca, y lo que me contestaron cuando se los solicité a comienzos de este año es que ellos no podían entregarlo porque era un material de ellos”, dice Ladeo.

El compromiso de entregar este estudio, agrega, ocurrió en una reunión en el campamento Tacuí Cuní, ubicado en el Valle de Toledo. Samir Díaz coincide con Ladeo: “Nos dijeron que no nos podían dar esos resultados porque eso se convertiría en una demanda más adelante para EPM”.

Al respecto, la directora de Gestión del Territorio de Hidroituango asegura que sí han organizado diferentes espacios para comunicar los avances y que estos han sido compartidos también en boletines, volantes, chats y con el grupo de voceros de la región. Agregó que este año avanza la primera fase de la restauración ecológica.

Entre tanto, para el componente social, EPM tiene nueve convenios vigentes y uno de esos es sobre el fortalecimiento comunitario con Desmarginalizar S.A.S, una empresa cuya tarea principal es generar diálogos entre las dos partes para solucionar problemas sociopolíticos. EPM dice que este convenio cuenta con 89 líderes contratados a través de esa empresa y sus funciones son mantener conexión entre ellos y las comunidades afectadas.

El problema es que para algunos líderes esta no es una representación legítima. “Ellos tratan de ingresar a las comunidades por medio de Desmarginalizar, pero esas personas solo suministran ciertas informaciones y tampoco les ha preocupado buscar soluciones”, dice Edison Correa, integrante de la Junta de Acción Comunal de Cachirimé, sobre las socializaciones de EPM. Para él las decisiones deberían tomarse con firmas de todas las comunidades y no teniendo en cuenta solo a algunos líderes.

Diana Gutiérrez, lideresa del sector La Arrocera, fue contratada por Desmarginalizar desde junio del 2018, pero, según dice, la despidieron en junio del 2020. “Cuando empecé a apoyar a la comunidad, me llamaron y me dijeron: ‘no tienes más empleo porque estás con la comunidad o estás a favor de EPM’”.

***

En los últimos tres años, las comunidades afectadas se reúnen cada 12 de mayo para conmemorar el día en que el “Patrón Mono”, nombre que le dieron los indígenas nativos del Valle de Toledo al río Cauca, arrasó con una parte de Puerto Valdivia. En esas marchas le exigen a EPM la recuperación y rehabilitación que le corresponde, aunque los líderes reconocen que muchas de las afectaciones no están contempladas en el PAE.

Para este informe De la Urbe le pidió en varias ocasiones un nuevo espacio a EPM para actualizar la información que recibió en la entrevista de enero y obtener respuestas puntuales a las quejas de la comunidad, pero la empresa dijo que no era posible agendarla y se limitó a responder con un documento que incluye algunos datos actualizados.

Mientras tanto, la vida de las familias afectadas transcurre entre las añoranzas de la vida antes de Hidroituango y la esperanza de recuperar algo de lo que, aseguran, el proyecto les arrebató.