Foto: Daniel Romero

San Luis es un barrio de calles empinadas y casas alineadas como escaleras, una arriba de la otra. Está ubicado en el centro oriente de Medellín, entre las calles 49 y 50D, cerca del centro comercial La Central, de la Unidad Deportiva Miraflores y en medio de las estaciones Loyola y Alejandro Echavarría del tranvía de Ayacucho. A primera vista parece un lugar deshabitado, con algunos techos caídos, muros agrietados y banderas de Colombia polvorientas. Hay varios carteles en ventanas, postes y balcones con frases como “Somos víctimas del desarrollo”. En una pequeña barrera de cemento negra está escrito con letras grandes: “El Metro nos robó”.

Casi al final de la colina, en una casa de tres pisos, nos estaban esperando unas diez personas. Todas sentadas en un muro, hablaban entre ellas, reían y hacían chistes, como si se conocieran de toda la vida. Hacía frío, el viento silbaba fuerte y unas gotas empezaron a caer. Nos arrinconamos en forma de círculo para escuchar a Juana Cardona, la lideresa comunitaria que lleva la vocería: “Si vamos a ser parte de este trabajo, queremos tener la seguridad de que habrá un resultado, porque nosotros ya estamos un poco usados por muchas universidades y personas externas. Hemos dedicado tiempo y no ha habido retorno”.

Esa tarde recorrimos la manzana que va de la carrera 17C a la 17. Observamos las casas abandonadas, los vidrios rotos y la humedad. Cuando se soltó la lluvia, nos refugiamos en la vivienda de la familia Toro y allí conversamos con parte de la comunidad. Recordaron algunas de las fiestas decembrinas, las reuniones y los paseos de hace años. Así, poco a poco, fuimos entendiendo la situación de un barrio a punto de desaparecer.

Gloria Sepúlveda, una de las vecinas, nos dijo: “Acá todos teníamos nuestra casa, fuera grande o pequeña, bonita o no; teníamos nuestra casa y en un sector donde ni siquiera necesitábamos transporte para bajar al centro”. Gloria se ofreció a retratar en palabras el San Luis que conoció, vivió y aún queda. Nos despedimos y regresamos diez días después.

“Un día pasó el tranvía de Ayacucho”

Gloria nos recibió al frente de la entrada de su casa en un primer piso. “Mi esposo no está, yo acabo de llegar de donde mi papá y no tengo llaves”, dijo. Estaba vestida con un vestido celeste de florecitas verdes azuladas, unas alpargatas azul índigo y un bolso color hueso. Nos invitó a sentarnos en unas escaleras de concreto que conducen a un segundo y tercer piso que componen un pequeño edificio. Ella, de metro y medio de estatura, cabello castaño al hombro y ojos pequeños, cruzó una pierna encima de la otra y empezó a cantarnos:

 “Voy a contarles una historia bien contada
lo que ha pasado aquí en el barrio de San Luis.
Un día pasó el tranvía de Ayacucho
con la mentira de que quedábamos muy bien”.

En 1970, Manuel Tiberio Toro, Margarita Puerta y sus 13 hijos e hijas fueron la primera familia en asentarse en aquellas mangas de una franja de Buenos Aires. Don Manuel era zapatero, trabajaba en Laureles y con ayuda de sus hijos construyó una casa para su familia sacando arena y piedras de la quebrada Santa Elena. De una pequeña vivienda los Toro pasaron a tener una propiedad de tres pisos, en la que actualmente viven seis hermanos y una nieta de la familia.

La familia del esposo de Gloria, Julián Ocampo Ospina, fue la segunda en llegar al barrio. A principios de los años 70, Ignacio Ocampo Molina compró un terreno y construyó un hogar para su esposa y sus nueve hijos. Venían de La Floresta y en San Luis montaron una fábrica de gelatina de pata, que todavía funciona y es administrada por Julián.

Gloria y su esposo están juntos desde hace 33 años. Ella salió de Ituango con sus hermanos menores y su papá en 1983, cuando su madre, María Elvia Tapias, murió de cáncer. Vivieron en Manrique y Los Cerros, y luego, en 1989, consiguieron un pequeño apartamento en San Luis. “El barrio estaba así, igual, pero no estaban esas escalas. Y por donde pasa el tranvía había casas que les compró el Metro a los dueños”. Aunque la familia de Gloria solo estuvo seis meses allí, ese tiempo fue suficiente para que conociera a Julián.

“Pocos nos han robado como lo hizo el Metro de Medellín;
pocos adivinan que con el tranvía a mi barrio tumbó;
y con mil engaños y haciéndonos daño al Isvimed nos entregó”.

Más y más familias construyeron sus casas en San Luis. Cada tanto se reunían en fiestas, compartían en sancochos, conversaban y se ayudaban entre vecinos. Un par de décadas después, en 2004 exactamente, apareció la promesa de movilidad que les cambió la vida: el tranvía de Ayacucho. Ese megaproyecto hace parte del Plan Maestro 2006-2030 del Metro de Medellín que incluyó 26 corredores de transporte. Entre ellos, el tranvía y sus dos metrocables integrados (Miraflores - Trece de Noviembre y Oriente - Villa Sierra). “Cuando nos dijeron que iba a pasar por acá fue la novedad porque iba a poner el barrio más bonito. Estábamos felices, pero todo fue como flor de un día”, dice Gloria.

Para 2011 el tranvía de Ayacucho obtuvo el aval del Concejo de Medellín y en 2012 empezó la construcción de la vía por donde iba a pasar la máquina blanca que contribuiría a cuidar al medioambiente y que beneficiaría alrededor de 360 mil personas de la zona centro oriental de Medellín, en un trayecto total de 4.2 km, desde la estación San Antonio hasta la estación Oriente, en Alejandro Echavarría. La obra tuvo un costo que superó los 300 millones de dólares.

“¡Bum!”, “¡Crash!”, sonaba, vibraba y temblaba en las casas cercanas a la vía durante la construcción en la que usaron ANFO, un explosivo de alta potencia, que ocasionó, según afirman los vecinos, que algunos hogares fueran afectados, varios vidrios se rompieran y las paredes se resquebrajaran. Despejar, destruir, dinamitar, construir, expandir, despojar, desplazar, olvidar… Son los verbos que usa la comunidad para explicar lo que pasó en San Luis.

“Mi barrio, mi bello barrio,
el Metro me lo tumbó…
lo llenan de maquinaria para poder construir,
lo llenan de maquinaria para poder construir”.

Antes de que empezaran las detonaciones, Gloria se fue para Manrique a cuidar a su padre, que había sufrido un derrame cerebral y necesitaba atención constante. Tenía la intención de llevarlo a su casa, pero Julián le dijo que esperaran: “Que cuadren todo eso para que su papá no venga a tragar polvo acá. Vaya y cuida a su papá y viene entre semana o cada que pueda”. Gloria apenas se enteraba de lo que sucedía por su esposo, pero cada vez que regresaba sentía “el dolor de ver uno cuánto se demora en construir un hogar y llegar una máquina de esas y en cinco minutos ¡tenga!”.

El Metro de Medellín se hizo responsable de los perjuicios en algunas viviendas. “Cuando estaban terminando las explosiones pasaron por cada casa preguntando por los daños y a todas las que tenían deterioros les cambiaron las baldosas”, cuenta Melany Cervantes, habitante de la Unidad Residencial Loyola, muy cerca de San Luis.

Sin embargo, otros hogares como la casa de Juana Cardona, líder comunitaria y quien vivió allí por 25 años, no recibieron la misma ayuda. En un principio el Metro les dijo a los residentes que les pagaría un arriendo por seis meses en otro lugar, mientras sus casas eran reparadas. “Nos habían dicho que si nos íbamos a ir y si teníamos dos camas, como era por poquito tiempo, que nos lleváramos solo una. Entonces nosotros dejamos las cosas ahí”, cuenta Juana, que abandonó el barrio en 2014.

Pasaron los seis meses. Luego, uno, dos, tres y cuatro años: continuaron con el arriendo temporal y no pudieron volver. Las casas de las personas que aceptaron ese acuerdo inicial fueron enmalladas, porque según un estudio de la Universidad Nacional, contratado por el Metro, la reparación de los daños era inviable técnica y económicamente por problemas graves en el suelo donde fueron construidas.

Eso obligó a que viviendas que no estaban incluidas en la expropiación vía administrativa o enajenación voluntaria que contemplaba el proyecto fueran demolidas. De esa forma, en 2018 el caso pasó a manos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la entidad de la administración municipal competente para acordar el desalojo con los propietarios de las casas declaradas en alto riesgo. El 31 de marzo de 2016 se inauguró oficialmente el tranvía de Ayacucho. Para ese entonces en San Luis había 176 casas con notificación de demolición y 75 con notificación de reparación.

Según el Informe de gestión 2017-2018 del Isvimed, esa entidad hizo visitas técnicas a 178 viviendas con el fin de analizar la situación y hacer los respectivos avalúos. Por otra parte, cuando los casos pasaron a esta entidad, las personas dejaron de recibir el aporte para su arriendo porque no estaba contemplado en el contrato del traslado entre el Metro y el Isvimed. Por lo tanto, debieron realizar una acción de tutela que les ha permitido continuar con el arriendo temporal hasta que se enajenen voluntariamente o se les notifique la expropiación.

La oferta de compra de las viviendas fue elaborada con base en un avalúo de La Lonja. Se les ofreció un valor promedio entre 600.000 y 800.000 pesos por metro cuadrado, en un sector en el que, según un avalúo particular pagado por algunas personas de la comunidad a la Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Coralonjas), el valor era de 3.000.000 de pesos en promedio por metro cuadrado. Varias familias aceptaron la oferta y San Luis se fue quedando solo.

“La magia ya se ha perdido, mis vecinos ya no están.
Mi barrio ya es del Estado, quién lo pudiera creer…
Mi barrio ya es del Estado, quién lo pudiera creer.
Llorar para qué, también me tengo que ir
a buscar un consuelo por allá muy lejos, lejos de San Luis.
a buscar un consuelo por allá muy lejos, lejos de San Luis”.

Aunque la casa de doña Gloria y Julián no sufrió daños, ellos sí se vieron afectados al ver cómo el barrio en el que han vivido casi toda su vida se caía a pedacitos. Gloria nos miraba, a veces con resignación y otras veces con furia, como tratando de pedir ayuda: aproximadamente 25 familias que no aceptaron irse siguen luchando por sus viviendas sin ser escuchadas. “Doña Juana ha recorrido todo, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Contraloría… pero nada”. Impulsados por la lideresa convocaron a manifestaciones, llenaron el barrio de carteles y murales para manifestar su inconformidad y declarar que no aceptarían nada menos que lo que consideraban justo.

San Luis fue declarado de utilidad pública en 2016 y así terminaron las esperanzas de que la comunidad regresara y permaneciera allí. En agosto de 2018, las 27 familias que aún quedaban se amarraron a las rejas de sus casas para protestar por el inminente desalojo. Actualmente, varias personas como los Toro, doña Gloria, Julián y Juana esperan como última instancia la expropiación, con el fin de recibir una mejor compensación por sus casas. Además, una indemnización que deberán ganar en una demanda que planean interponer luego de ser expropiados.

“Ayer nos sacaron del barrio y ya nunca volveré
aunque aquí dejo mi rancho y mis recuerdos también.
Mi Diosito que es tan bueno nos tendrá que iluminar
por lo que hicimos y hagamos;
por lo que hicimos y haremos, si es por nuestra dignidad”.

Después de conversar por casi dos horas y sin que Julián apareciera con las llaves, Gloria nos dijo: “Los invito allí a tomar fresquito, ya que no los pude mandar a entrar”. Sonrió y agregó: “Cuando vuelvan, les tendré de las gelatinas que hace mi esposo”.

Hasta principios de julio de 2021, cerca de 25 familias seguían a la espera de una solución concreta. El 15 y 16 de junio recibieron la visita del Isvimed, acompañado con la Personería y la inmobiliaria Avalbienes para realizar un nuevo avalúo de las viviendas. Les darían respuesta en aproximadamente 15 días hábiles y los habitantes tendrían hasta un mes para aceptar o no una nueva oferta antes de ser notificados de la expropiación.

Foto: Daniel Romero.

¿Qué responden el Metro y el Isvimed?

De la Urbe consultó al Metro de Medellín sobre el proceso que esa empresa adelantó con los habitantes del barrio San Luis por las afectaciones de las obras del tranvía de Ayacucho. Antonio José Caro, profesional de la Gerencia de Planeación, y Ana Carolina Cadavid, encargada del área de Gestión Legal del Metro manifestaron que en 2008 empezaron conversaciones y acercamientos, y que antes de iniciar las obras la empresa adquirió entre 20 y 30 viviendas del sector.

Sin embargo, en 2015 recibieron las primeras quejas de personas que dijeron tener afectaciones en la estructura de sus casas. De acuerdo con el Metro, no es cierto, como dice la comunidad de San Luis, que las fallas en el terreno fueran consecuencia de las obras, pues desde 2008 el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres tiene informes que demuestran afectaciones en la zona. Además, según la empresa, un análisis posterior demostró que la zona ya era inestable.

“En el estudio de la Universidad Nacional contratado por el Metro encontramos que el tema de vulnerabilidad de riesgo que tienen estas viviendas no tiene una relación directa con las explosiones o con la forma de trabajo que se dio en el proyecto. El mismo estudio muestra que las condiciones de estabilidad que se tenían en el sector eran muy débiles, en parte por los suelos antrópicos, y que en la construcción bajaron. El mismo sistema protegió de alguna manera a este barrio. Desde el año 2015 estas casas no han tenido hechos lamentables y han ocurrido cuatro sismos”, dijo Caro.

El Metro también aseguró que durante todo el proceso ha tenido una relación directa con la comunidad y que les han explicado a los vecinos todos los aspectos que expuso el estudio de la Universidad Nacional. Sin embargo, la comunidad de San Luis afirma que ese estudio no concluyó que sus viviendas estuvieran ubicadas en un terreno de alto riesgo y que la información suministrada por el Metro no ha sido clara. Aunque De la Urbe solicitó al Metro el estudio de la Universidad Nacional, la empresa se negó a entregarlo con el argumento de que esa información se encuentra bajo reserva por hacer parte de un proceso judicial.

Frente a la orden de demolición, los avalúos y los pagos por las viviendas declaradas en alto riesgo, los funcionarios de la empresa afirmaron que el tema es competencia del Isvimed: “Cuando se maneja un tema de adquisición es directamente entre la entidad municipal y el propietario. Nosotros no sabemos quién hizo los avalúos, cuánto dio el avalúo, el número de cuotas, ni el proceso de expropiación”.

Por su parte, el Isvimed respondió a un cuestionario remitido por De la Urbe en el que se limitó a reiterar que el barrio fue declarado de utilidad pública y, sin profundizar en los detalles, la entidad aseguró que el municipio de Medellín estará a cargo del proyecto que se desarrollará en el lugar. Agregó que esas personas continuarán recibiendo el pago de un arriendo temporal hasta tanto se haga el pago por la adquisición de sus viviendas.