Vida Maitamá: un tesoro natural en peligro
El complejo de páramos de Sonsón late con vida propia. Detrás de su belleza se esconde una lucha entre la conservación y los intereses individuales. Esta es la historia de un lugar donde la protección del ambiente y los ingresos que genera el turismo entran en disputa. Estudiantes de la Universidad de Antioquia durante una visita al cerro La Vieja. Foto: Linda Valentina Ramírez. Cuando llegaron a la cima no había espacio para acampar. Aun así armaron dos carpas para pasar la noche, talaron frailejones para aumentar el espacio y prendieron una fogata. Los frailejones están en peligro de extinción, crecen entre uno y dos centímetros y medio por año y pueden tardar hasta 100 años en alcanzar su altura máxima. Se ubican en las partes más altas de los páramos (entre los 2700 y los 4400 metros sobre el nivel del mar) y usan su cuerpo como una esponja para captar la humedad de la neblina y luego convertirla en el agua que baja hacia las quebradas y los ríos. En el complejo de páramos de Sonsón queda el cerro Las Palomas, conocido también como Vida Maitamá. Allí crece un frailejón endémico llamado Espeletia restricta y se descubrió en los últimos años una especie de orquídea llamada Pleurothallis maitamae, conocida ahora como la orquídea maitamá. Hace dos años un grupo de turistas acampó en la punta de este cerro y cortó algunos de los frailejones que había allí. En ese momento, en todo el cerro se podía hacer turismo. Meses después, el 9 de octubre de 2024, las autoridades locales prohibieron cualquier turismo en el cerro y, posteriormente, en abril de 2025, cerraron para el turismo ciertas zonas de La Vieja, otro cerro aledaño. El cierre se justificaba en la afectación medioambiental. Luisa Arbeláez, periodista de Sonsón, tiene una postura clara sobre el tema: no está de acuerdo con el turismo que allí se hace, ya que este no considera el daño medioambiental. Jatin Castañeda, directora local de Turismo, menciona que tampoco está de acuerdo: “Lo que pasa es que ellos, los guías empíricos, perdón la expresión, solamente quieren ganar plata”. Dice que la Alcaldía no apoyaba el turismo a los páramos porque de cualquier forma lastimaba al medioambiente, pero como institución tampoco lo pueden evitar por completo. Según Natalia Zapata, fundadora de la Asociación Ambiental y Social de Mujeres Rurales Amigas del Páramo, “el turismo en el cerro se disparó tras la mejora de la seguridad en la zona, especialmente después de que se puso de moda el turismo de altura y se descubrió el frailejón endémico” en 2020. Todo esto llevó a una masificación turística sin vigilancia ni control y los guías turísticos que venían de otras partes subían con grupos de hasta 30 personas, hacían fogatas y dejaban basura, lo cual degrada el ecosistema, ya que la materia orgánica se descompone más lento debido al frío. Aun así, en Sonsón hay personas que ven el turismo en el complejo de páramos como una oportunidad de trabajo. En la vereda Manzanares vive Fredy Orozco en una casa de paredes blancas y techo de teja. Él es un hombre alto, de unos 50 años, que hace recorridos guiados por los cerros de Sonsón. Antes de subir se alista: viste sombrero de paja, camisa verde fosforescente con la imagen de La Vieja y una chaqueta beige. Nubia, su esposa, de estatura baja y cabello negro lacio, prepara el desayuno que le entrega a los turistas: arepa con quesito, huevo, tortas de maíz, carne y arroz con chocolate en aguapanela. Alrededor de la casa donde viven hay un árbol de guayaba agria, otros de aguacate y varios cultivos de papa criolla. Fredy es campesino, en realidad el turismo solo le representa un ingreso extra. Manzanares está dividida en tres partes: centro, abajo y arriba. Está repleta de tres cultivos: cebolla larga, papa criolla y aguacate. De acuerdo con Leidy Orozco, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Manzanares, “el turismo en la zona surgió después del año 2005”, cuando mejoró la seguridad en varios lugares como el camino a Murringo, cascadas, cuevas y, el más famoso, La Vieja. En la zona de páramos algunos de los cultivos más comunes son la cebolla de rama y el aguacate. Foto: Linda Valentina Ramírez. En 2025, antes de las regulaciones, el turismo estaba en apogeo. Antes de la pandemia el turismo llegaba hasta el pueblo, pero después el ecoturismo tomó fuerza y subir los cerros de La Vieja y Las Palomas se volvió un atractivo debido a la cercanía y la seguridad para visitarlos. Los guías de Manzanares, entre ellos Fredy, siempre habían sido los encargados de guiar. Él llevaba alrededor de 23 años subiendo, pero empezaron a llegar nuevos guías provenientes de agencias de afuera del municipio. Primero les pagaban a los locales, luego se aprendían el camino y comenzaban a ofrecer los recorridos por su cuenta. Junto con su sobrino, Fredy es uno de los dos guías que quedan en la zona. Él brinda el recorrido acompañado de sus dos perros: Júpiter, pequeño, blanco y con manchas cafés, y Oso, de un pelaje café y negro. Durante el ascenso a La Vieja, Fredy habló sobre las regulaciones y el cierre de Las Palomas: “Ya nos tienen aquí con unas reglas y nos pusieron muchas reglamentaciones más. Pero las estamos respetando, ya que a nosotros nos conviene también. Porque es que si el morro nos lo ayudan a controlar, no hay peligro de que nos lo cierren. Es como yo le dije al alcalde: ‘Es que ustedes están fomentando el turismo en Sonsón y cerrando lo que hay de turismo’”. De hecho, la Alcaldía adoptó un plan local de turismo que va desde 2022 a 2031 con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y aprovechar el potencial turístico de la región. Justamente, Jatin había mencionado que desde la administración municipal tenían planeado cerrar el cerro La Vieja este año debido al daño que hay en la flora y fauna.
Sonsón, entre las puertas del progreso y las de la tradición
Entre montañas y balcones de madera, un municipio ubicado a 115 kilómetros de Medellín se pregunta cada día por lo que es y lo que quiere ser; si parecerse cada vez más a un moderno polo turístico o seguir defendiendo su tradición. La resistencia por la permanencia de las personas sonsoneñas tiene dos caras: la de quienes quieren irse y volver y la de quienes quieren quedarse para cambiar desde adentro. La fachada colonial de este edificio, en el parque principal, tiene “el balcón más lindo de Antioquia”. Foto: Isabella Navarrete. Rechina, se escucha un crujido largo y sostenido. Se abre una puerta de madera color aguamarina, alta y desgastada por la exposición al sol. Como esa, hay muchas y llevan a balcones coloniales y coloridos desde donde se divisan los faroles al borde de la calle, una que otra chiva y los avisos de los negocios con la misma tipografía sobre un fondo café oscuro. Desde ahí arriba se ve el parque de Sonsón, Antioquia, aparentemente tranquilo y sorpresivamente quieto a pesar de las personas que transitan por ahí durante el día. Sin embargo, detrás de esa puerta, esa quietud que parece suspender el tiempo no es tan simple. Hay un pueblo que busca conservar su memoria desde la permanencia en el territorio. Un pueblo que conserva sus historias de vida y trabaja para ser algo más que «la cuna de la colonización paisa» y el segundo con más museos en Antioquia. Sonsón, en el Oriente antioqueño, tiene 35.750 habitantes distribuidos en un 48 % en la zona rural y un 52 % en la cabecera municipal, según proyecciones de Telencuestas y el Banco de Estadísticas de la Alcaldía de Sonsón. Esta ruralidad se despliega en un territorio que, como describe Yuliana Corrales, directora técnica de Cultura y Patrimonio, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, comprende 107 veredas y nueve corregimientos, algunos tan remotos que carecen de carreteras y solo son accesibles «a lomo de mula«. Sonsón es tan extenso que posee todos los pisos térmicos, desde la ribera del río más importante de Colombia, hasta el páramo. Dentro de este mapa, Alejandro Galvis, coordinador de Juventud de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, identifica una realidad poblacional específica: solo en los cuatro corregimientos del Magdalena Medio sonsoneño –San Miguel, La Danta, Jerusalén y La Linda– habitan aproximadamente 3400 jóvenes, quienes viven un marcado «choque cultural» respecto a la zona fría de la cabecera. Fernando Otálvaro Jiménez, coordinador de Emprendimiento en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, señala que a pesar de que la vocación del municipio es agrícola en un 70 % o 75 %, este sector enfrenta una crisis de permanencia. Natalia Zapata, cofundadora de la Asociación Ambiental y Social de Mujeres Rurales Amigas del Páramo, advierte que las personas jóvenes «ya no quieren ser campesinos«. Óscar Hurtado, gestor biocultural de la Casa de los Sueños, coincide en que se está perdiendo la identidad del campo: los jóvenes prefieren ser «empresarios del agro» o migrar ante la dura realidad de que trabajar la tierra solos es muy difícil. Ante esta tendencia de expulsión hacia las ciudades, la dirección de Cultura y Patrimonio le apuesta a la permanencia atendiendo a más de 9000 niños y jóvenes al año en sus procesos, para que esa puerta que se abre para irse no sea la única opción de progreso. Mirar distinto A media cuadra del parque principal y subiendo por la calle del Rosario, en una casa con una puerta alta de madera verde oscura trabaja Daniela Cortés entre máquinas de expresos y chocolate. Esta joven sonsoneña vivió cinco meses en Alicante, España, con la intención de conocer otra cultura y abrirse paso en el mundo. Daniela creció con el mandato que muchas familias conocen bien: «irse es progresar, quedarse es estancarse«. Pasó cinco meses en la ciudad española de Torrevieja. No obstante, al regresar, ella y su esposo enfrentaron el nuevo desafío de sostenerse económicamente. De allí nació Café Cacaua. Decidieron apostarle al chocolate con altos porcentajes de cacao y con rellenos de frutas deshidratadas cultivadas en la región. Querían recuperar algo: Sonsón fue cuna de lo que hoy es Nutresa, y ese origen industrial del chocolate estaba olvidado. El café llegó después, casi por impulso: un día tomaron la decisión y ese mismo día salieron a buscar el local que se inauguró el 23 de diciembre de 2023. Descubrieron entonces que Sonsón era un territorio demasiado cafetero como para ignorarlo y convirtieron el negocio en la vitrina exclusiva de algunos caficultores del municipio. Lo que empezó como una necesidad de supervivencia terminó siendo una apuesta por la identidad del territorio. Para ella, volver fue «una victoria más grande» que triunfar afuera. Trajo herramientas del exterior y las puso a trabajar con lo local. Su conclusión: «El éxito no depende de la ubicación geográfica, sino del amor y la pasión que se le imprima al trabajo en el territorio«. Cree que los jóvenes que deciden permanecer están más conscientes de que pueden progresar y llevar sus empresas al mundo desde su propio municipio. Pero no todas las historias regresan. Daniela lo admite sin rodeos: «El ideal de nosotros irnos no era regresar«. Por su parte, Yuliana Corrales recuerda que al terminar el colegio la mentalidad era una sola: irse a Medellín o a cualquier ciudad. Ella misma lo hizo durante cuatro años. Esto se ve reflejado en otros sectores productivos del municipio (como se relata en los artículos de las páginas siguientes). Por ejemplo, de los cinco guías habilitados para hacer recorridos en complejo de páramos de Sonsón, tres ya migraron, solo quedan dos que son tío y sobrino. En el sector higuero, las familias productoras pasaron de 546 en el año 2000 a 80 en el 2026. Según Donnovan Velásquez, secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, esto está relacionado con que los jóvenes no quieren volver al campo y con el desplazamiento de muchos cultivos por el de aguacate,
Tras los rastros del higo
En el corregimiento Alto de Sabanas, en Sonsón, el higo, único cultivo de su tipo en Antioquia, lleva más de 200 años aferrado a la tierra. Llegó a exportarse a Estados Unidos y España, pero hoy libra su batalla más difícil: sobrevivir al avance imparable del aguacate. Productores, emprendedores y artistas se niegan a dejarlo morir. El corregimiento Alto de Sabanas, productor de higo en Sonsón, tiene 2325 habitantes. Foto: Jannín Cortés. El higo es el fruto producido por el nopal, planta de la familia de las cactáceas. En Antioquia, lejos de ser una planta desértica constituye una rareza botánica en el paisaje, tanto por su origen foráneo en Mesoamérica como por las particulares condiciones que requiere para crecer y fructificar. En el departamento solo crece en Sonsón, donde los vientos cálidos que ascienden desde el cañón del río Arma le ofrecen un hogar ideal en el corregimiento Alto de Sabanas. Aunque la historia de su llegada ha sido difícil de rastrear, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón afirma que hay ejemplares con más de 200 años de vida. Pero, con el tiempo, la apuesta económica del municipio dio un giro cruel e implacable con las higueras. Pese a su arraigado valor cultural, la planta pasó de ser promesa de prosperidad a ser reemplazada por cultivos de mayor rentabilidad. Durante los años 80 y 90, el higo alcanzó su cima gracias a las exportaciones a Estados Unidos y España. Productores grandes y pequeños unieron fuerzas en 1988 para crear Coprohigo, una cooperativa que fue el corazón de este comercio y que también apoyaba a los cultivadores cafeteros. Sin embargo, quebró en el 2002. Desde la creación de Coprohigo “se empezó a manejar un monopolio del higo”: se adueñaron de los clientes de afuera, compraban a los campesinos a precios bajos y, en épocas de cosecha, no compraban o pagaban valores insignificantes para manipular el mercado en Bogotá y mantener precios altos”, explica Donnovan Velásquez, secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón. Tras la quiebra de la cooperativa, la idea de trabajar como asociación quedó en el olvido. Según Velásquez, ha sido difícil recuperarla debido a la desconfianza que persiste entre los productores después de aquellas experiencias. “Hoy venden a dos o tres comercializadores que están comprando en el municipio, y desde la secretaría estamos tratando de que entre una empresa exportadora”, señala. Lo cierto es que recorrer Alto de Sabanas permite ver en algunos sitios un tipo de cementerio: donde antes había higueras hoy hay lotes talados. Llevarlo al resto del mundo En el 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inauguró en Sonsón la planta de procesamiento y empaque de aguacate Hass más grande del país, propiedad de las multinacionales Westfalia Fruit (Sudáfrica) y Agricom (Chile). La instalación, con capacidad para procesar 20 toneladas por hora y hasta cuatro millones de kilos al año, desplazó a varios cultivos ya predominantes, entre ellos el higo. Para ese año, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), había 96 hectáreas sembradas de higo y 3670 de aguacate. Muchos campesinos que aún mantienen sus higueros han optado por diversificar e incluir el aguacate. Yenifer Betancur, emprendedora de Venga le Higo, iniciativa agroturística alrededor de esta planta en Alto de Sabanas, explica que hoy la mayoría de las familias conservan una porción pequeña de sus tierras para el higo y el resto lo cultivan con otros productos más rentables. Esa tendencia coincide con las cifras de la UPRA para 2024: en el municipio había 5479 hectáreas sembradas de aguacate (49.3 % más que en 2019), frente a solo 69 de higo (28 % menos). “El aguacate Hass es mucho más rentable desde el punto de vista económico y también en términos de mano de obra. Si a alguien le dicen que le van a pagar 80.000 pesos por un día recogiendo aguacate o lo mismo por un día recogiendo higo, yo creería que elegiría el aguacate, porque además el trabajo del higo es muy complejo”, afirma Velásquez. Según el funcionario, la dificultad radica en tres aspectos. Uno es la técnica de cosecha, pues las plantas son muy altas y requieren garrotes para alcanzar los frutos. El segundo es la pelusa; tras la cosecha, el lavado implica retirarla manualmente, lo que es un trabajo arduo que deja a muchos con callos endurecidos por las tunas. El último, la vida poscosecha: el higo es frágil y un golpe basta para que se empiece a fermentar y adquiera un olor vinagroso. Además, señala que hacen falta máquinas básicas, como las que permiten retirar la pelusa del fruto, una labor que, por la división sexual del trabajo, ha recaído históricamente en las mujeres cultivadoras. El nopal crece en Sonsón incluso desde antes de que el municipio tuviera nombre. Foto: Jannín Cortés. La búsqueda de un nuevo mercado Durante décadas, la parte del nopal que más provecho traía era el higo y el resto del cactus quedaba sin uso. En los últimos años, sin embargo, han surgido emprendimientos y nuevas formas de comercialización que buscan romper con ese modelo tradicional. En gobiernos anteriores se fomentaba el cultivo mediante beneficios para los campesinos como el abono, los fertilizantes y las herramientas para la siembra. Sin embargo, la administración actual dejó de hacerlo pues “no está de acuerdo con incentivar la cosecha si no se está vendiendo en el mercado”, afirma el secretario de Agricultura. Según Velásquez, la Alcaldía se está enfocando en la poscosecha, la transformación y la comercialización del producto. Comenta que han trabajado con la Universidad Católica de Oriente, en la convocatoria Alianza Ruta Sostenible, en la que se hizo un plan de comercialización y transformación. Los tres comerciantes que compran el higo de Sonsón lo venden en el resto del país. Sin embargo, ese “monopolio”, como lo llama Velásquez, hizo que el precio del higo cayera y que les pagaran a los campesinos precios muy bajos. “El objetivo del plan de comercialización es llegar a los mercados nacionales
Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana
En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,
Sembrando resistencias
Parque principal de Támesis, Antioquia. Foto: María Camila García Patiño. Se siembra resistencia como se siembra cualquier cosa: con cariño, paciencia, voluntad, y, sobre todo, con esperanza de poder cultivar sus frutos. En su tercera acepción, el diccionario de la RAE define resistencia como “un conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio”. La cultura y el arte intencionados en las nuevas generaciones, el poder del agua, la fuerza en los actos cotidianos del campesinado y la búsqueda por desarrollar nuevas economías han llevado a la comunidad de Támesis por diferentes caminos para alejarse de la sombra que amenaza con oscurecer su futuro. Creemos en la importancia y el impacto del periodismo universitario como una herramienta a nuestro alcance para dar a conocer las historias de una comunidad que se enfrenta a la minería en su territorio. Como periodistas en formación tenemos un compromiso con la verdad y la rigurosidad en la investigación; no tenemos un afán extractivista donde llegar a un lugar, sacar lo que necesitamos e irnos son actos sucesivos. Dentro de nuestras posibilidades buscamos mostrar de forma fiel lo que sucede en Támesis para dar a conocer algunas de las dinámicas de resistencia a la minería que allí se manifiestan. Los tamesinos esparcen semillas y siembran resistencias. Nosotros, estudiantes de periodismo, miramos de cerca sus brotes, los investigamos y ayudamos a que estos sean vistos. Si la minería acecha, Támesis resiste La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra. Anneth Sofía Huérfano Torres | annethsofia.huerfano@udea.edu.co Sofía Parra Álvarez | s.parra1@udea.edu.co Reportaje: Si la minería acecha, Támesis resiste En Támesis, la resistencia a la minería se cultiva como la tierra: con paciencia, esperanza y voluntad colectiva. Cuatro fuerzas sostienen esa defensa del territorio: la labor cotidiana del campesinado, la protección del agua, la apuesta por un turismo que conserva en lugar de extraer y una cultura que transmite memoria y unión. Presiona cada botón para conocer las historias. Agua En Támesis, el agua se convirtió en el corazón de la defensa territorial. Desde los nacimientos y los ríos hasta el agua que sale por la llave, cada gota impulsa la resistencia a la minería. Documental: El agua que cuidamos Reportaje: La minería no calma la sed Campesinos Los campesinos fueron la primera voz en alertar sobre los riesgos del extractivismo. Con su conocimiento del territorio, demuestran que la tierra vale más cuando se cultiva. Entrevista: Voces que siembran siempre y resisten cuando toca Entrevista: Recetario para cosechar resistencias Cultura El arte, a través de la pintura, la música y el encuentro, se transformó en una herramienta defensiva. Cada expresión reafirma que el territorio no es mercancía sino identidad. Serie web: Semillas de resistencia Taller: Sembrando historias Turismo El turismo emergió como una alternativa que valora el paisaje y a sus comunidades. Montañas, cascadas y petroglifos hacen parte de la historia de un pueblo que elige cuidar. Pódcast: Las caras del turismo Dirección – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Asistencia de dirección – Valeria Londoño Morales Producción – Pablo Giraldo Vélez y Janis Ascanio Maestre Diseño web – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Diseño sonoro – Gisele Tobón Arcila Reportaje – Anneth Sofía Huérfano Torres y Sofía Parra Álvarez Agua – Janis Ascanio Maestre, Cristian Dávila Rojas, Valeria Londoño Morales, Salomé Tangarife Rico y Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Campesinos – Anneth Sofía Huérfano Torres, Pablo Giraldo Vélez, Daniel Esteban Gómez Penagos, Sofía Parra Álvarez y Gisele Tobón Arcila Cultura – Heidy Johana Díaz Chaverra, Verónica Lucía Zarama Guerrero, Sara Hoyos Vanegas y Joan Manuel Guarín Castañeda Turismo – Natalia Chaverra Cadavid, Gissell Alejandra Galindres Inguilán y Estefanía Salazar Niño
Las inconsistencias entre el Metro de la 80 y la política pública de protección a moradores
Los avalúos con los que el proyecto oferta por los predios no les permiten a las y los afectados encontrar lugares con las mismas condiciones para vivir o trabajar; además, los pagos no llegan a tiempo y hay dudas sobre el diseño final del metro ligero por el que llevan más de cuatro años exigiendo precios justos**. Demolición en el barrio El Volador para abrirles espacio a las obras del metro de la 80. Foto: Melany Peláez. Desde julio de 2024 hay cierres viales en la calle 73 a la altura de los barrios El Progreso, El Volador y Córdoba, de las comunas 5 y 7 de Medellín. Los contratistas con uniforme gris, la maquinaria que rompe las calles y tumba los muros, las polisombras verdes y los letreros —‘pare’, ‘siga’, ‘prohibido el ingreso’, ‘inicio de obra’ y ‘peligro’— dan cuenta de las primeras actividades de obra para la construcción del futuro Metro ligero de la 80. “Cuando esa máquina suena, eso es como si fuera la guerrilla que entrara a desplazarnos: ta-ta-ta-ta-ta… ¡pum! Cae el cemento, caen piedras, caen techos”. Aunque la época y el lugar son muy distintos, Rubiela Quesada dice que no ve la diferencia entre los grupos armados que desplazaban a la gente en el campo y “los que ahora aplican la norma, la ley y los decretos” para despojarla a ella de sus propiedades en la ciudad. Rubiela vive en la zona hace más de 35 años. Compró una casa grande y esquinera de El Progreso, junto con un local, para reemplazar la pensión a la que nunca pudo cotizar porque sus trabajos siempre fueron informales; planeaba dejarles a sus hijos algo sobre lo cual construir y producir cuando ella faltara o no pudiera trabajar. Ahora la casa va a desaparecer por un precio “irrisorio” y el local, que fue panadería y restaurante, está cerrado hasta que las obras lo reduzcan a escombros. ¿Cuánto vale el progreso? En septiembre de 2021, cuando Rubiela apenas se estaba recuperando de las pérdidas económicas que le dejó sostener un negocio propio en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, apareció otro término nuevo y alarmante. “¿Ustedes en plena pandemia nos vienen a tratar con palabras de expropiación? En este momento nos están cogiendo con una mano adelante y otra atrás”, les reclamó ella a los y las funcionarias de la EDU que reunían a los vecinos del sector. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) es una entidad pública descentralizada, adscrita a la alcaldía de Medellín, mediante la cual se ejecutan programas de gestión urbana en el distrito. En este caso, es la responsable de adquirir los predios necesarios para el proyecto Rinconcito Ecuatoriano, uno de los tres intercambios viales estratégicos para construir el sistema de transporte masivo que recorrerá 13.25 kilómetros del occidente de la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala del metro. Esta obra complementaria, que fue anunciada mediante el Decreto Municipal 328 de 2021 y está proyectada para ser entregada en agosto de 2027, había avanzado un 58% en la gestión sociopredial hasta mayo de 2025, es decir, 73 de los 120 predios que se requieren en la zona fueron entregados “voluntariamente”, según la EDU. Rubiela no hace parte de esa cifra: “Nosotros estamos pidiendo precios justos; no nos oponemos al progreso de la ciudad, pero tampoco permitimos que el progreso acabe con nuestra familia”. A Rubiela le ofrecieron $113 millones por su casa de 90 metros cuadrados ubicada en estrato cuatro, o sea, poco más de un millón de pesos por metro cuadrado. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, que es la entidad contratada por la EDU para realizar los avalúos corporativos (la base del pago por los predios), fue la misma que, en 2018, estimó que el valor comercial (precio real de mercado) del metro cuadrado en los barrios de estrato cuatro sobrepasaba los $ 4 millones. La principal queja de los y las moradoras es que los avalúos de la Lonja están congelados en el 2016, año en el que se anunció el proyecto del Metro de la 80 mediante el Decreto Municipal 1189. Si bien el anuncio es un instrumento para evitar la especulación sobre el suelo, por el aumento del precio de vivienda en el Valle de Aburrá en los últimos años, es imposible que al vender sus casas al valor comercial del 2016, o de 2021 como es el caso de los afectados por el Rinconcito Ecuatoriano, encuentren una igual o mejor en el mercado inmobiliario actual. Rubiela no fue la única que exigió que se le hiciera un nuevo avalúo y que recibió un no como respuesta. Algunos acudieron a otras entidades y encontraron diferencias superiores al 40 % entre el avalúo comercial y el corporativo. Lograron demostrar que los precios son injustos y hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les dio la razón. En agosto del 2024 el mandatario anunció que entregaría compensaciones económicas a las familias por encima del valor de compra de la EDU para que reciban el 100 % de los avalúos comerciales, pero sin tener en cuenta la depreciación que han sufrido sus casas durante los ocho años que el proyecto tardó en comenzar. La casa de Ruby en el barrio El Progreso, en zona de influencia del metro de la 80. Foto: Carmen Garnica. Los comerciantes en el olvido La promesa de Gutiérrez aumentó la preocupación de Rubiela. El Decreto 0818 de 2021, la Política Pública de Protección a Moradores que estas personas exigen que se aplique, en realidad tiene un nombre más completo y su sigla es “PPPMAEP”. Esas últimas letras corresponden a las Actividades Económicas y Productivas y, sin embargo, la Alcaldía, la EDU y el Metro no se han pronunciado sobre las necesidades particulares de este gremio. “Nosotros a través de nuestros negocios valorizamos un sector en expansión y es injusto que el progreso de la ciudad acabe con quienes lo impulsamos. Muy triste. Hoy como comerciantes no nos ofrecen compensaciones; les ofrecen por
Grises
Recuerdo cosas, no sé por qué solo hasta ahora pienso en ellas, pero las recuerdo. Recuerdo a compañeros del colegio quejarse y repetir palabras de adulto que solo se informa en noticieros: “Estos indios volvieron a cerrar la vía”. Recuerdo la voz miedosa de mis padres pidiéndome que, por favor, no fuera a una vereda más o menos lejana en el sur del Cauca, el departamento donde viven desde hace más de dos décadas. Recuerdo a mis amigos españoles preguntarme cómo hacía para venir a este país latinoamericano sin que me pasara nada. Recuerdo a mis amigos paisas preguntarme cómo hago para viajar a Popayán, la ciudad en la que nací, sin que me pase nada. Recuerdo responder, siempre, que no todo es como lo cuentan. O quizás sí sea un poco así, pero no completamente. No lo suficiente como para nunca volver. No lo suficiente como para solo hablar de eso. A mediados de abril fui de visita a Popayán. No es una ciudad principal, y quizás por eso solo aparece en las noticias en dos ocasiones: por la Semana Santa –declarada por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad– y cuando se agudiza la violencia –porque siempre parece que se agudiza un poco más–. Mientras estuve allí, un carro bomba explotó en Piendamó, un pueblo cercano, y cerraron la vía Panamericana durante un par de horas por la sospecha de otro, aunque terminó siendo una falsa alarma. Fue entonces cuando escuché, una vez más, que el Cauca estaba muy peligroso. Desde que tengo memoria ese relato nunca cambió: Cauca equivale a peligro. Y así con todas las periferias, con todo lo que no es un centro, incluso con ciertas poblaciones: ¿la Comuna 13?, peligrosa –antes de volverse centro turístico–; ¿este país?, peligroso –para quienes lo ven desde ese centro que es Occidente–; ¿los habitantes de calle?, peligrosos –para quienes están en el centro de la comodidad y el privilegio–; ¿los migrantes?, peligrosos –hasta que nos toca migrar–. Casi nunca vemos a esas comunidades como algo más que víctimas o victimarios. Casi nunca hacemos más que contar la historia que los hace víctimas o victimarios. Por suerte, para algunos pensar en el Cauca no solo es pensar en todo lo que está mal, sino, también, en todo lo que está bien. Por suerte, para mí, pensar en el Cauca es pensar en esas cadenas de montañas majestuosas e inolvidables, y en el taita Javier Calambás, líder Misak que sentó precedentes históricos para la recuperación de tierras indígenas en Colombia; y en el poder de la minga, y en el silbido de la zampoña y la quena, y en el oxígeno de los páramos, y en los volcanes, y en el maíz, y en el café, y en la miel, y en la panela, y en esas lenguas que siguen vivas a pesar de todo; y en esas ollas gigantes que alimentan a cientos de personas, y en esas mujeres de corazón gigante que cocinan esos alimentos que nutren a cientos de personas, y en esos campesinos que cultivan y cosechan los alimentos que esas mujeres cocinan. Y en este poema de Fredy Chicangana: “Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. ‘Toma, lombriz de tierra’, me dijeron, ‘Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz’. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua / no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté lo acaricié y empecé a labrarlo… […] entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo / con el cuenco de mi mano vacío; cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron”. Por eso, cuando pienso en esas otras periferias –la Comuna 13, las veredas lejanas de departamentos lejanos, los migrantes, los habitantes de calle– recuerdo experiencias parecidas. Pienso en cómo tenía miedo de meterme en esos lugares, de hablar con esa gente. Hasta que lo hice. La terquedad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo y el prejuicio. Fui y me metí a esos lugares; fui y hablé con esa gente; y descubrí que no eran lugares infernales a los que fuera imposible acceder ni era gente peligrosa con la que fuera imposible hablar. Y aunque lo hubieran sido, algo en mí me dice que, de todas formas, no importa tanto. El peligro está en todos lados. Pienso que el Cauca es más que lo que dicen quienes fingen saber. Pienso que no es solo lo que dicen que es. Tengo pocas certezas en la vida, pero las que tengo las atesoro como quien guarda un rayo de luz en un bolsillo por si la oscuridad de la noche se torna muy intensa. Una de ellas es que entre el negro y el blanco hay toda una escala de grises. El miedo, supongo, es algo natural. Los prejuicios, sin embargo, se construyen.
Altavista bajo el agua: entre el lodo y la esperanza
La noche cayó como un manto oscuro sobre el corregimiento Altavista. A las 9:00 de la noche, la tormenta se desató con furia. La lluvia no paraba de caer y el ruido de las quebradas desbordadas retumbaba como un eco. Para Deyanira Murillo, líder comunitaria de la zona, no era la primera vez que enfrentaba la fuerza incontrolable de la naturaleza. Destrucción causada por la creciente en Altavista. Foto: Mario Yesid Banguera Hurtado. “¡Corran! ¡El agua se viene!”, gritó Deyanira mientras observaba el panorama de horror desde su ventana. En el mismo instante, el lodo comenzó a caer por las laderas de la montaña. Cubrió las casas, las calles, todo. Las familias corrían, no sabían a dónde, pero sabían que quedarse era una sentencia de muerte. A esa hora no quedaba tiempo para salvar nada más que a los suyos. El reloj marcaba las nueve de la noche cuando la quebrada Altavista, junto con otras cercanas como Potrerito y La Guayabala, rompieron su cauce y se tragaron todo a su paso. Casas, árboles y vehículos quedaron atrapados bajo el agua y el barro. El ruido de las aguas arrastrando todo era tan fuerte que parecía que el mismo suelo se desmoronaba bajo sus pies. En los primeros minutos de pánico, Deyanira intentó socorrer a los vecinos que aún no lograban escapar. El camino hacia su propia casa quedó completamente bloqueado. El barro ya cubría las vías de acceso y la oscuridad hizo el trabajo aún más difícil. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, relató Deyanira. La tragedia cobró dos víctimas fatales esa noche: Yuliet (37 años) y José (13), madre e hijo. Otros miembros de la familia fueron evacuados de urgencia, pero las pérdidas materiales fueron devastadoras. La Alcaldía respondió rápidamente a la emergencia. “Esta es una de las tragedias más graves que hemos enfrentado. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a quienes han perdido todo. El apoyo de la comunidad y las autoridades debe ser inmediato”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez durante una rueda de prensa posterior a los hechos. Deyanira, a pesar del caos, no dejó de pensar en su comunidad. Después de asegurarse de que su familia estuviera a salvo, se unió a un grupo de voluntarios que comenzaron a recorrer las zonas más afectadas. “Había personas con heridas, otras no sabían qué hacer, sus casas estaban completamente destruidas. No había tiempo para pensar en nada más que en ayudar. En ese momento, solo éramos la comunidad”, afirmó con la voz entrecortada. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, Deyanira, afectada por las inundaciones en Altavista Durante los días siguientes el municipio entregó kits de aseo, cobijas, mercados y colchones a las familias damnificadas; habilitó albergues temporales y prestó atención médica básica y psicológica. Además, el gobierno municipal destinó 32.000 millones de pesos para la limpieza de los cauces de las quebradas y la construcción de estructuras de contención y anunció planes de reubicación para las familias que lo perdieron todo. “Vinieron con kits de aseo, con ropa, con mercados. Nos ofrecieron albergues. Pero lo que necesitamos no son solo ayudas temporales. Necesitamos que nos escuchen, que trabajen en la prevención de estos desastres. El alcalde nos prometió más ayuda, pero necesitamos saber que vamos a tener un lugar seguro para vivir, y no solo por unos días”, explicó Deyanira. La solidaridad también llegó desde la ciudadanía. Voluntarios de distintas fundaciones y organizaciones sociales se hicieron presentes en Altavista para apoyar en la limpieza y distribución de las ayudas. Sin embargo, Deyanira no pudo evitar sentir que, como en otras ocasiones, todo quedaría en el olvido una vez pasara la emergencia. “Cada vez que pasa algo así, vienen a ayudarnos unos días, pero luego todo vuelve a ser igual. Nos prometen obras, nos prometen seguridad, pero seguimos en el mismo riesgo. La ayuda solo llega cuando todo se ha destruido, y después, el abandono”, comentó con pesar. Aunque el municipio de Medellín ha implementado algunas acciones para mitigar los riesgos en zonas vulnerables como Altavista, los habitantes insisten en que falta una verdadera planificación urbana que prevenga estas tragedias de raíz y que la gestión del riesgo no puede depender únicamente de la reacción ante la emergencia. A medida que los días pasaban, las aguas comenzaron a bajar, pero el lodo y los escombros dejaron una huella difícil de borrar. “Hoy, aún veo las casas destruidas y siento el miedo de que mañana vuelva a pasar lo mismo. Queremos estar tranquilos, queremos que nuestras familias estén seguras”, dijo Deyanira mientras caminaba por el barrio. En sus ojos brillaba la esperanza de que la ayuda no sea solo momentánea, sino que marque el inicio de un cambio real. Hoy, Altavista sigue luchando por levantarse. Las ayudas del municipio continúan y las promesas de nuevas obras de mitigación suenan en el aire. Sin embargo, habitantes como Deyanira saben que la reconstrucción de sus hogares es solo el primer paso. La verdadera recuperación pasará por una planificación integral y sostenible que proteja a las comunidades más vulnerables.
Los lugares también se sienten solos
Colombia: donde defender la tierra es una condena de muerte
El 10 de septiembre Global Witness publicó su informe sobre la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el 2023, en el cual Colombia aparece como el país con la mayor tasa de homicidios de líderes ambientales en el mundo. 17 de los 168 líderes sociales asesinados en el 2023. En el 2023, 79 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, según el informe Voces Silenciadas, de Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. En este boletín, Colombia es el país con más homicidios de estos líderes, con un 40 % de todos los casos registrados. El informe evidencia que se trata del total anual más alto para cualquier país documentado desde que comenzaron los registros. Además, desde hace cinco años, Colombia encabeza la lista de estos asesinatos en el mundo, exceptuando en el 2021, cuando ocupó el segundo lugar después de México. Línea de tiempo de líderes ambientales asesinados en Colombia en los últimos 5 años. Defender el medio ambiente en Colombia se volvió una amenaza de muerte. En el primer trimestre del 2024 hubo 70 amenazas hacia líderes que defienden estas causas. Miguel Gutiérrez es líder ambiental conservacionista desde el 2019, trabajó temas de conservación de los ecosistemas, del agua y los bosques en el oriente antioqueño, específicamente en San Rafael, Antioquia. Desde el 2021 organizó varias marchas en contra de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el municipio y a partir de eso recibió de amenazas en su contra y en contra de quienes trabajaban junto a él. Tanto así que uno de sus compañeros tuvo que exiliarse. “Hay un resurgimiento de nuevas estructuras criminales en la región, además, en gran parte de los proyectos que denunciamos había políticos relacionados” Miguel Gutiérrez, líder ambiental conservacionista. Tweet En lo que va de este año no se ha evidenciado una mejoría en la situación, pues según el boletín del Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), el primer trimestre de 2024 estuvo marcado por un contexto similar al anterior, caracterizado por las dificultades en la paz total, pocos avances en las políticas de garantías para los defensores y una profundización del conflicto armado y la violencia. “La situación de riesgo persistió y se materializó a través de asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados”, resalta el boletín. De enero a marzo se documentaron un total de 124 agresiones contra 115 personas defensoras de derechos humanos. Boletín trimestral de SIADDHH. Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, afirmó en entrevista que la situación de las personas defensoras en Colombia, en especial en los últimos años, ha sido bastante compleja, pues “después de la firma del acuerdo de paz los asesinatos han estado en aumento, aunque en algunos momentos en el país pueda descender un poco”. En los primeros tres meses del año se estima que hubo 1.4 agresiones diarias, que en relación con el mismo período del año anterior (2.9 agresiones diarias) representan una disminución del 52 %. Sin embargo, según Astrid, este descenso no representa un cambio sustancial en la situación de los líderes. Causas que no justifican La defensa de la tierra en Colombia se ha transformado en una lucha mortal, según expone María Angélica Mejía, doctora en Ciencias y Salud y con estudios en medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental, en su artículo Naturaleza y líderes ambientales: “Mientras las actividades extractivistas avanzan, las comunidades indígenas y negras, que históricamente han protegido los territorios, se enfrentan a crecientes ataques”. Además, señala que estos conflictos, motivados por la minería, la gestión del agua y el petróleo, no son casuales. El aumento de asesinatos está directamente vinculado al crecimiento de las industrias extractivas, convirtiendo a estas comunidades en un blanco principal de violencia. Industrias extractivas. Imagen generada por IA. Global Witness identificó que la minería fue el sector industrial con el mayor número de asesinatos a defensores en 2023, con 25 personas asesinadas por oponerse a operaciones mineras. Otros sectores involucrados en la violencia contra defensores ambientales fueron: – La pesca, con 5 defensores asesinados. – La explotación forestal, con 5 asesinatos. – La agroindustria, con 4 asesinatos. – Las carreteras e infraestructuras, con 4 asesinatos. – La energía hidroeléctrica, con 2 asesinatos. El caso de Miguel Gutiérrez, amenazado por oponerse a proyectos hidroeléctricos, evidencia que mucha de la violencia hacia los defensores ambientales en Colombia está relacionada con grupos delincuenciales. Según Global Witness, se sospecha que estos actores fueron responsables de la mitad de los asesinatos en el 2023. Desde Somos Defensores advierten que, aunque la minería y otros sectores extractivistas juegan un papel importante en la violencia contra quienes defienden la naturaleza, hay otros actores, como el narcotráfico y los grupos armados. Además existen causas estructurales como el incumplimiento del acuerdo de paz, la falta de coordinación entre instituciones y un modelo de protección insuficiente, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades defensoras. “El narcotráfico y los grupos armados no son la única causa que explica todo lo que pasa en el país. También tiene que ver con: la justicia, la efectividad, la coordinación interinstitucional que no existe en el Estado para proteger a las personas defensoras y un modelo de protección que no responde a las necesidades de los líderes y las lideresas” Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores. Tweet Boletín trimestral de SIADDHH. Desde la bancada de gobierno de Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta declaró que las dinámicas económicas de los grupos al margen de la ley han tenido un giro hacia actividades más dañinas con la naturaleza. Para ella, las actividades que antes se concentraban en el tráfico de coca, hoy ya están en la minería, la explotación de hidrocarburos o en lo que sucede con los oleoductos: “Esas dinámicas destruyen la naturaleza, de allí surgen líderes sociales que salen a defender su territorio. Entonces se genera una mayor conflictividad socioambiental”, explica