Soledades de todos los colores: conectarse desde las vivencias LGBTIQ+
Duelo perinatal
Soledad y salud pública
Soledad en la infancia
Transgredir el deporte para resistir la vida: la historia de Emiliana
“Macho” o “travesti” son algunas de las expresiones que ha escuchado Emiliana en su carrera como voleibolista. Pero ella es una mujer. Así se ha sentido toda su vida y desde hace una década su documento de identidad lo constata: en el apartado de su nombre aparece Emiliana Castrillón Jaramillo, y en el de sexo una F de femenino. Emiliana durante un entrenamiento con el equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Foto: Camila García Patiño. Emiliana Castrillón Jaramillo es una deportista transgénero de 27 años, oriunda de Amagá, Antioquia, y quien ha ganado atención mediática en los últimos meses por ser una de las partes implicadas en un conflicto con la Liga Antioqueña de Voleibol. Durante el Torneo Departamental Megalabs 2024-1, la Liga, como ente organizador, ratificó una regla que establecía como requisito para participar en cualquier categoría el sexo de nacimiento. La situación llegó a instancias legales y reavivó el debate sobre la participación y regulación de personas trans en escenarios deportivos. El 1° de abril de 2024, cuando se habían jugado cuatro fechas del torneo, el Polítécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, equipo deportivo y universidad de Emiliana, recibió una carta de la Liga en la que esta les recordó una regla que ambas entidades venían ignorando hasta ese momento: que para competir se debía tener en cuenta la “condición de género”, y que para “la rama femenina se debía cumplir con la condición de haber nacido mujer”. Así, Emiliana fue expulsada de la categoría femenina. Con el apoyo de su universidad, instauró una tutela el 10 de mayo en contra de la Liga Antioqueña de Voleibol ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Amagá. Alegaba que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación por razón de sexo e identidad de género, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y al deporte. La decisión de la Liga sobre aquella regla cayó mal a Emiliana y su equipo, entre otras cosas porque ella ha participado del Torneo Departamental desde que empezó su proceso competitivo, hace nueve años. No había razón aparente para que antes sí fuera considerada apta para jugar, y que ahora y sin más, ya no lo fuera. Pero sí la había: una queja escrita, firmada y enviada por el Club Potros Sabaneta en la que expresaban su malestar e inconformidad por la participación de la actual jugadora del Politécnico en el torneo. Lo paradójico es que ese mismo club fue el primer hogar competitivo de Emiliana fuera de Amagá, y con el que compitió desde el 2016 y hasta el 2019. Set a favor “Me vi vestida como mujer y me dije ‘Esta soy yo y voy a luchar por ello’. ¿Cómo me voy a llamar? ‘Emiliana’, eso respondí, pensando que ese era el nombre para una mujer como yo: fuerte y con carácter”. Emiliana Castrillón Emiliana nació y vive en Amagá con su madre, su hermana y un primo. Su vida, como la de cualquier otra persona trans, no ha sido fácil, pero siempre ha sabido sobreponerse para ser más que lo que la sociedad espera de ella o de otras mujeres trans, pues considera que normalmente las relegan al mundo del modelaje, el estilismo o la prostitución, negándoles un espacio en otros ámbitos de la sociedad como el universitario, el laboral o el deportivo. En su vida profesional ha logrado tres títulos: uno como Auxiliar Administrativa en Salud, otro en Salud Oral, y un tercero como Auxiliar en Recreación y Deportes. Además, cursa una cuarta tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Politécnico, y trabaja como asesora de atención al usuario en varias empresas. El 2015 representó un año de grandes cambios e inicios, pues fue cuando comenzó a competir con su municipio, y en clubes como Nexus o Potros. Su motor siempre ha sido el sueño de poder superarse, para lo cual su mentalidad ha jugado un papel importante. Así fue al llegar a Medellín: “En ese tiempo empecé a entrenar con niñas que ya tenían un proceso de Selección Antioquia, Selección Colombia, entonces yo dije que sí o sí tenía que aprender a jugar, sí o sí debía perfeccionar lo que más o menos sabía. Empecé a entrenar y entrenar, y a veces me doblaba: cuatro o seis horas entrenando. Y así fue como me hice conocer y la gente me comenzó a invitar a participar en torneos regionales y nacionales”, recuerda la deportista. Aquel año, además de comenzar en el deporte competitivo, Emiliana tomó la decisión de exteriorizar lo que sentía: aunque su transición empezó en 2013, cuando tenía 16, fue hasta dos años después que realizó las gestiones para modificar el componente de género en su documento de identidad, e inició con la terapia de reemplazo hormonal que mantiene hasta el día de hoy, y que representó un papel clave en el fallo de la tutela. El 27 de mayo el Juzgado Promiscuo de Amagá falló a favor de Emiliana por la tutela interpuesta contra la Liga Antioqueña de Voleibol. En el documento, la jugadora argumentó por qué aquella regla vulneraba sus derechos. También adjuntó los exámenes físicos que se realiza anualmente, como la medición de testosterona, un requerimiento que exigen instituciones como el Comité Olímpico Internacional (COI) para la inclusión de mujeres trans en las competencias femeninas. Por este y otros motivos, el Juzgado resolvió que la Liga debía asegurar el reingreso de Emiliana al Torneo, por lo menos hasta establecer criterios que sí sean válidos a la luz de la Constitución y que no se reduzcan a la genitalidad de la deportista, pues esta entidad consideró el sexo de nacimiento como factor decisorio para permitir o no su acceso a una categoría específica. Además, le ordenó a la Liga publicar un comunicado en el que aclarara la resolución de la situación, y al Ministerio del Deporte supervisar, controlar y vigilar las modificaciones que la Liga haga al reglamento sobre la participación de las personas con experiencia de vida trans. Emiliana durante un
Lenta e incapaz: los cuestionamientos a la Ruta Violeta en la UdeA
Tiempos lentos de respuesta, poca capacidad, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo, inaplicación de medidas cautelares contra agresores de manera oportuna y falta de tipificación de las sanciones son algunas de las falencias por las que la Ruta Violeta está en el centro de las críticas en esta emergencia por Violencias Basadas en Género. Fotografía: Valentina Quintín “RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. “La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia. Los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género Liliana Marcela Ochoa Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”. En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes. La (in)capacidad de la Ruta “La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá. A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. “Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo. Fotografía: Valentina Quintín Sin garantías de protección En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran
La estruendosa vigencia de las bibliotecas
A pesar de desafíos como la transformación digital y los recursos limitados, las bibliotecas públicas de Medellín han logrado sobrevivir y adaptarse gracias a la autogestión y la búsqueda de recursos adicionales mediante alianzas y proyectos colaborativos. Lejos de quienes auguran su extinción, estas sobreviven ampliando sus límites. El Parque biblioteca de Belén hace parte de las 26 instituciones que conforman el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM). Foto: SBPM. Niños y niñas juegan con trompos y ríen a carcajadas mientras uno que otro joven entra y sale del lugar. A su vez, un grupo de personas que se citó para una reunión comunitaria en el mismo espacio espera el ingreso. Juegan, preguntan, hablan. Comienza la tarde en el parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, en San Javier, un sábado de finales de marzo. Lo que antes era impensable, como el ruido en cualquiera de sus formas, ahora hace parte del paisaje de estos sitios. El mundo cambió y las bibliotecas tuvieron que adaptarse. En esa adaptación, algunas han cambiado de nombre. En países como Reino Unido, por ejemplo, la Wigan Central Library pasó a ser el Wigan Life Center, algo más que una biblioteca que ahora ofrece diferentes cursos y clubes para todos los públicos. Otras, como la New York Public Library, han adaptado sus espacios para que, en lugar de concentrar estantes y más estantes llenos de libros, sean más flexibles para hacer otras actividades. Estos cambios podrían estar relacionados con las palabras de Laura Novelle, en un artículo publicado en 2023 en la revista Desiderata (España): «Analizando en perspectiva todos los cambios que han experimentado las bibliotecas en los albores del siglo XXI, parecería lógico concluir que el camino más seguro que les espera sea la extinción«. No obstante, Novelle también controvierte esta idea. Para ella, las bibliotecas siguen vigentes, no solo como «institución conservadora del patrimonio bibliográfico y cultural», sino también, y sobre todo, «como valedora de los derechos de todas las personas, empezando, precisamente, por las más vulnerables o que tienen mayor riesgo de verlos amenazados». En Medellín, el gran paso hacia esa adaptación se dio en el 2006. «Pasamos de esa mirada de las bibliotecas en silencio, solo para consulta, solo para investigadores, solo para la lectura silenciosa, a pensar en unos espacios más dinámicos, que incluso nosotros llamamos como centros de desarrollo cultural«, explica Luz Estella Peña Gallego, líder del proyecto del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM), creado bajo ese nombre mediante al Acuerdo 048 de ese mismo año. En San Javier, el parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave es un lugar de encuentro para la comunidad. Foto: Valentina Aristizabal. Más que sitios de lectura, las bibliotecas de la ciudad son lugares dinámicos, donde los libros se convierten en la excusa para el encuentro y el disfrute. Sin embargo, esa transformación se ha dado en un contexto desafiante. Los parques biblioteca, las casas de literatura, los centros de documentación, las bibliotecas de proximidad y el Archivo Histórico de Medellín enfrentan desafíos significativos, como los limitados recursos y la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más digitalizado, donde la navegación en redes sociales es, en ocasiones, más apetecible. Mantener un sistema de bibliotecas públicas requiere inversión continua, no solo en infraestructura y libros, sino también en personal capacitado y programas educativos. Juan Felipe Restrepo, promotor de lectura y formador de usuarios desde hace 20 años, afirma que estos espacios han tenido con qué sobrevivir, y considera que, si bien deberían tener más recursos para cubrir y garantizar con plenitud los servicios que ofrecen, son suficientes en comparación con lo que pasa en otras regiones del país que tienen un acceso más limitado a estos servicios, como la Orinoquía y la Amazonía. Luz Estella detalla que precisamente el Acuerdo 048 del 2006 permite que el proyecto del SBPM esté anclado a una institución más grande, que es el ahora Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el cual cuenta con la Subsecretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio dentro de la Secretaría de Cultura desde el 2012. Los objetivos de esa dependencia son garantizar el acceso a la información, la lectura, los servicios culturales y la agenda artística y cultural, lo cual implica una asignación de recursos para la sostenibilidad de las bibliotecas de la ciudad. Sin embargo, si bien la financiación pública ayuda a sostenerlas, estas han tenido que buscar recursos de otras fuentes para mantener y mejorar los espacios. Ana María Hernández Quiroz, subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional y directora encargada de la Biblioteca Pública Piloto (BPP), la cual hace parte del SBPM, comenta que la sostenibilidad es el mayor reto de las bibliotecas públicas. Esto porque los recursos son limitados, mientras que los requerimientos de los usuarios y la constante necesidad de adaptación a los entornos son infinitos. Por ello, la BPP no solo cuenta con el dinero que brinda el distrito de Medellín, sino también con otros que se obtienen por medio de las alianzas, los proyectos y el trabajo colaborativo. Parque biblioteca Gabriel García Márquez, en el Doce de Octubre. Para los jóvenes, las bibliotecas son un lugar de acceso materiales digitales, audiovisuales, entre otros. Foto: SBPM. Más allá del dinero Ana María asegura que además de las limitaciones en el manejo de los recursos, existen otros desafíos que enfrentan las bibliotecas, y en particular la BPP, como la necesidad de incorporar metodologías ágiles y de investigación de usuarios, la prospectiva y la planeación estratégica, como también vincular a los públicos jóvenes y a la primera infancia a dichos espacios. La BPP, por ejemplo, creó la biblioteca digital Cosmoteca Lapiloto con el propósito de adaptarse a las nuevas tecnologías y de construir un contenido atractivo y acorde con las demandas de los usuarios. La transformación digital del siglo XXI también alcanzó a percibirse como una amenaza para las bibliotecas y para el libro impreso. Sin embargo, las cifras aún no les dan la razón a los más pesimistas: las estadísticas del SBPM del año 2023 evidencian que, en
En Medellín la salud mental se atiende en horario de oficina
Durante el inicio del 2024 la Línea Amiga Saludable duró 15 días sin prestar servicio. Aunque el 1 de febrero reanudaron actividades, el nuevo contrato trajo un cambio: la línea que busca atender la salud mental en Medellín ahora presta acompañamiento por parte de profesionales psicólogos y psiquiatras de lunes a viernes solamente en horario de oficina y de lunes a sábado. Ilustración realizada por la IA Dall-E En Medellín existen diversas estrategias para atender la salud mental, entre ellas está la Línea Amiga Saludable, el código Dorado y los Escuchaderos, estos últimos son espacios de escucha activa que se pensaron como una alianza entre la Alcaldía y el Metro de Medellín para evitar los intentos de suicidio en el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Durante el 2023 hubo 54 Escuchaderos habilitados y en 2024 solo 10 siguen en funcionamiento. Las modificaciones en los servicios de estas estrategias de atención y acompañamiento psicosocial se dan en una época en que el índice de suicidios e intentos de suicidio va en aumento en la ciudad. Durante el 2023 hubo 207 casos concretados en el Distrito, 20 más que en el 2022. El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reporta que durante los últimos 10 años las cifras de suicidios en Medellín han aumentado en más de 1.000 casos y en el 2023 tuvieron su punto más alto con 2.891 intentos de suicidio. </ div>»> Pero… ¿Cuándo ocurren la mayoría de los intentos? El Sivigila reporta que, durante los últimos 10 años, el domingo es el día de la semana donde más se comienzan a manifestar los síntomas que desencadenan en la conducta suicida, en pocas palabras, el domingo es el día en que muchas de las personas que se intentan suicidar comienzan a planear hacerlo. Esto tiene una explicación según la psicóloga norteamericana Larina Kase, quien a este fenómeno lo llama el “síndrome del domingo”, ella lo define como un malestar aparentemente “inexplicable” en el que puede haber ansiedad, angustia, inestabilidad emocional, sensación de vacío, tristeza o melancolía. Antonio Toro, profesor de medicina de la Universidad de Antioquia y jefe del Departamento de Psiquiatría y Conductas Humanas se suma a esta idea: “hay estudios donde se han encontrado que algunas personas padecen de síntomas ansiosos previo al inicio de la semana o terminando sus vacaciones”. Según el Sivigila durante los últimos 10 años en Medellín el domingo es el día donde se reportan más intentos de suicidio y donde ingresan más personas por conductas suicidas en las clínicas y hospitales de Medellín. En la lista le siguen el lunes y el sábado. </ div>»> </ div>»> ¿Por qué esto importa a la luz del nuevo contrato de la Línea Amiga? El Distrito de Medellín para el 2024 presupuestó $38.000 millones para las iniciativas amparadas en el proyecto Medellín Me Cuida: Salud, de ahí sale el presupuesto para La Línea Amiga, los Escuchaderos y el Código Dorado. Durante el 2023, Medellín Me Cuida: Salud presentó un presupuesto inicial de $26.000 millones, o sea, este año hay nominalmente $12.000 millones más para esta estrategia de salud pública, pero iniciativas como los Escuchaderos cerraron 44 de sus 54 sedes y la Línea Amiga limita las horas de su servicio psiquiátrico y psicológico. Según el último contrato firmado para el funcionamiento de la Línea Amiga Saludable, dos meses de servicio le cuestan a la Secretaría de Salud más de 309 millones de pesos (sin incluir el IVA), al año esto se traduce en más de 1.800 millones de pesos que la Alcaldía de Medellín gasta solo en el funcionamiento de la Línea Amiga. Esa misma línea ahora solo presta el servicio 24/7 con un técnico en atención prehospitalaria y los servicios de psicología y psiquiatría solo se prestan en horario de oficina: de lunes a viernes de 7a.m. a 5 p.m., los sábados de 8 a.m. a 12 m. y los domingos no está disponible. La pregunta más importante aquí es ¿qué pasa fuera de este horario con las personas con conductas suicidas que quieren atención de la Línea Amiga y que necesitan acceder al servicio de psiquiatría de forma gratuita? Lina Bedoya, Líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Medellín comenta que la decisión de limitar los servicios de psicología y psiquiatría de la Línea Amiga Saludable fue tomada para la “optimización de los recursos disponibles” y es algo momentáneo. Es importante mencionar que hasta la fecha de la escritura de esta nota han pasado 4 meses desde que la Línea Amiga no su presta servicio profesional 24/7. Lina Bedoya además recalca que “una persona que requiera de forma urgente este servicio deberá consultar por urgencias a través de su Entidad Administradora de Planes de Beneficios de Salud, asumiendo el pago de las cuotas y en el caso de la población no asegurada, la prestación se realiza a través de la ESE Metrosalud. Desde el laboratorio de medios De la Urbe interpusimos un derecho de petición ante la Secretaría de Salud de Medellín para saber a cuántas personas durante el 2022 y el 2023 atendió la Línea Amiga Saludable, también pedimos que nos especificaran la hora y el día en el que se solicitó cada uno de esos servicios. Nos respondieron con una base de datos de la que tomamos la siguiente información: Durante ese periodo de tiempo la Línea Amiga atendió a 29.176 personas, de las cuales, 13.400 fueron atendidas en el horario que en el que ya no se presta servicio profesional, o sea en los últimos dos años el 46% de las consultas se realizaron fuera del nuevo horario establecido para la atención profesional. Durante el 2023 el servicio de la Línea Amiga fue más solicitado por estudiantes, desempleados y amas de casa. El 64% del total de los casos atendidos fueron de mujeres y el 35% fueron del régimen subsidiado. Así mismo, es un servicio más solicitado por los jóvenes entre los 14 y los 28 años. Aunque en la base de datos
Un genocidio ocurre en Palestina
Cuando se habla con palestinos hay algo que, sin saber, repiten todos: “mientras hablamos, un genocidio está ocurriendo”. ¿A qué se refieren? Al bloqueo de la entrada de bienes básicos como comida, medicina y agua, a los bombardeos, a los ataques contra la población civil y a los efectos de años de ocupación en la Franja de Gaza. Waseem Quzmar, de 20 años, y Omar Al Qaisi, de 22, son dos jóvenes palestinos muy distintos: el primero vive en Naplusa, en el norte de Cisjordania, y el segundo vive junto con su familia en Rumania desde que salieron exiliados de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Los une el dolor: para Omar y su familia las palabras no pueden explicar el horror que sienten al recibir las imágenes y las historias de lo que ocurre con sus compatriotas en Gaza; Waseem, por su parte, creció rodeado de violencia, escuchando de amigos y conocidos asesinados o apresados. Dice que se volvió insensible y que es una locura que la muerte de inocentes se haya normalizado tanto en su entorno. Ambos están de acuerdo con que los métodos de ocupación israelí en Palestina se han modernizado en los últimos años y que las condiciones de vida de los palestinos no han hecho más que empeorar. La violencia en Gaza empezó mucho antes del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El asedio, como llama Waseem al bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, comenzó en 2007, cuando él era apenas un niño. Ese año, Hamás, que en 2006 había ganado las elecciones, atacó las instalaciones de la Organización para la Liberación de Palestina con el fin de tomar el control total de la Franja de Gaza. En respuesta, Israel, con respaldo de Egipto, promovió un bloqueo que impedía el acceso marítimo, aéreo y terrestre a la Franja, con la justificación de presionar económicamente a Hamás. El bloqueo continúa. “Lo que está sucediendo aquí en Cisjordania no es ni de lejos comparable con lo que la gente en Gaza está pasando y ha pasado durante años”. Waseem se refiere a lo que organizaciones como Human Rights Watch han condenado como “una prisión al aire libre”, ya que se ha impedido el ingreso de bienes, lo que limita las importaciones y exportaciones; en consecuencia, más del 65 % de la población de la Franja de Gaza vive en pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y el 63 %, en condición de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, también de la ONU. “Lo que pasa aquí es malo, las historias que he escuchado de tanta gente pueden decirme al menos eso, pero lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, sin duda alguna”, agrega Waseem, y con esto se refiere a lo que la ONU define como “un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El escalamiento El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa con cohetes que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), alcanzaron el 70 % de su territorio. Los combatientes de Hamás asesinaron a más de 1200 israelíes y, de los rehenes que tomaron, más de 100 siguen retenidos o están desaparecidos. Hasta abril del 2024, según la ONU, grupos armados palestinos ‒entre ellos Hamás‒ seguían lanzando cohetes indiscriminadamente hacia Israel; algunos de ellos fueron interceptados por el domo conocido como “Cúpula de Hierro”: un sistema de defensa que cubre gran parte del territorio y que se encarga de frustrar ataques aéreos con misiles, drones y proyectiles. Según la policía israelí, la principal fuente de explosivos de Hamás son municiones que Israel lanzó sobre Gaza en los últimos 17 años y que no estallaron. Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que este ataque “representó una humillación para Israel”, que nunca había sufrido tantas bajas a manos de Hamás. Esto tiene una relación directa con la magnitud del impacto y la duración de la respuesta de Israel, que ha sido mayor en comparación con conflictos previos. Para Jaramillo, hoy es incorrecto hablar de un “conflicto”, pues no se trata de dos enemigos enfrentándose en igualdad de condiciones, sino de una respuesta desproporcionada de Israel en un contexto de ocupación histórica. El profesor añade que lo ocurrido el 7 de octubre “puso en evidencia el dolor de los palestinos ante la incesante opresión sionista”. El sionismo es un movimiento de ideología nacionalista cuyo objetivo es establecer un Estado nacional judío en territorios palestinos al considerar que les pertenecen ancestralmente. Es algo sobre lo que Omar habla con fervor. Después de todo, es el sistema de “brutalidad, redadas, asesinato y discriminación” que le arrebató a su familia su tierra natal y a él sus ganas de volver. El sionismo ha desencadenado un apartheid, que es el término utilizado por la propia comunidad palestina y las organizaciones internacionales para describir la exclusión, las agresiones y la privación de tierras de palestinos a manos de los colonos judíos. Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escribe en una nota de prensa que miles de palestinos reportaron ser detenidos arbitrariamente dentro y fuera de Gaza, muchos de esos casos se convirtieron en desapariciones forzadas. Algunos de ellos alegaron maltrato y tortura a manos de las FDI. Según la ONU, entre el 7 y el 31 de octubre de 2023, se registraron 203 ataques de colonos hacia palestinos, en cerca de la mitad de estos incidentes participaron las fuerzas israelíes, quienes escoltaban o apoyaban activamente los ataques. Waseem habla de asesinatos que ocurren en su ciudad, Naplusa. La presencia de las FDI en las ciudades de Cisjordania durante el día es inexistente. En cambio, dice que siempre ingresan tarde, entre las dos y las cuatro de la madrugada, ya sea para matar o arrestar a alguien. Moverse entre ciudades es difícil: hay carreteras completamente cerradas y otras con
Algo huele mal en la quebrada Doña María
La tercera microcuenca más importante del río Medellín ya no tiene playas ni recibe paseos de olla. La expansión urbana, las presiones de empresas agroindustriales y hasta los temores de los habitantes por su seguridad tienen amenazado este afluente: una doña que paría material para construir y ya solo recibe contaminación. Las que antes eran las instalaciones de un balneario ahora le pertenecen a Biociclo, que realiza sus actividades alrededor de la quebrada Doña María, en San Antonio de Prado. Foto: Leidy Restrepo Mesa. Hace muchos domingos que los habitantes de San Antonio de Prado dejaron de bañarse en las playas de la quebrada Doña María. Todavía se ven a la orilla los fogones de leña para montar el sancocho y las piedras tiznadas donde subían las ollas, pero ya nadie quiere cocinar con el agua turbia que desciende por la quebrada, ni tocar ese suelo lamoso de los charcos, ni aguantarse el olor a marrano y desechos que le dañan el paseo a cualquiera. En una casa sobre un lote empinado cerca de la quebrada vive Manuel Velásquez desde hace 43 años. La quebrada suena azarosa y cada vez menos natural, no obstante, el lote, que además comprende su casa y otras dispuestas para recibir a ciclistas, está lleno de fauna nativa que convoca a los animales de la microcuenca. Manuel dice que alrededor de 2005 la gente empezó a dejar de bañarse en la quebrada, con lo que los balnearios y los estaderos empezaron a cerrar. Recuerda a sus vecinos que vivían de los balnearios, hoy construcciones abandonadas. Uno de ellos, calcula, “directa o indirectamente generaba ingresos para más o menos unas 15 personas de la comunidad”. Solo queda uno, al que llegan en su mayoría jóvenes y pocos se meten al agua. Al frente del último que cerró, se instaló en 2016 Biociclo, una empresa que produce fertilizantes a partir de residuos orgánicos. Según los vecinos, el olor de sus actividades es fuerte, desagradable y los perjudica. Un habitante de la zona cuenta que una de sus empleadas renunció porque se sentía enferma al trabajar allá. Esta es solo una de las presiones sobre la Doña María: otras empresas agroindustriales y la expansión urbana ensucian sus aguas cada vez menos claras. Más que agua para bañarse La quebrada Doña María es la tercera microcuenca más importante para el río Medellín por la cantidad de agua que le aporta. Nace en el cerro del Padre Amaya, en San Antonio de Prado, y desciende por ese lado de la cordillera, regando el corregimiento hasta llegar sucia, furiosa y maloliente al río Medellín, en Itagüí. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en la Doña María hay problemas con el manejo de vertimientos, falta de mantenimiento de pozos sépticos, mala disposición de residuos sólidos, lejanía de los puntos de acopio de basuras y falta de cultura ambiental de las comunidades que viven cerca de la quebrada. Además, hay problemas de deforestación, disminución o remoción de la cobertura vegetal de las riberas, así como asentamientos informales alrededor de la cuenca y cercanía de porquerizas y ganadería. Sin embargo, aún hay turismo. Ciclocampeón y La Casa del Ciclista de Medellín, los negocios familiares de Manuel, hacen rafting y recorridos por la quebrada. Algunas veces incluso con la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Confiesa que el día anterior a los recorridos llama al mayordomo de una finca cercana dedicada a la porcicultura: “Hermano, tengo actividad, para que por favor me cuidés”. En San Antonio de Prado ha aumentado, desde finales de los 90, la agroindustria porcina y avícola que demanda agua para los animales y salidas para el estiércol. Entonces, la microcuenca tiene que abastecer a más marranos y recibir más lixiviados que se escurren por las montañas hasta el cauce de la quebrada. Jeisson Bedoya, antropólogo pradeño, recuerda que de un momento a otro la quebrada cambió su aspecto y sus piedras se volvieron lamosas. Supone que se debe a los desperdicios orgánicos, se queja y luego recuerda el olor: “Es tan abominable que, por la tarde y por las noches, se filtra por toda la cuenca y yo desde mi casa lo siento”. Vive en Pradito, un barrio del corregimiento a cinco kilómetros de las actividades agroindustriales y los vertimientos. Ana María López, bióloga de la Corporación Pro Romeral, una organización que propende por la recuperación de los ecosistemas y las microcuencas en Antioquia, ubicada en San Antonio de Prado, explica que la razón es el mal manejo de la porquinaza (un fertilizante orgánico obtenido de los excrementos de los porcinos) por falta de alternativas como biodigestores: “La porquinaza, que desde las prácticas ancestrales se usa para fertilizar el campo y los pastos, llega a la quebrada cuando llueve, por escorrentía o por infiltración”. La Doña María es una de las quebradas priorizadas en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 2019 del río Aburrá-Medellín, contratado por el AMVA para administrar de manera eficiente el agua. Sin embargo, la comunidad no ha visto acciones que den cuenta de esa priorización. El 28 de diciembre de 2023, la UdeA actualizó la reglamentación de usos del agua y vertimientos en la quebrada mediante un convenio interadministrativo con Corantioquia y el AMVA. Sin embargo, esa reglamentación solo contempla las descargas directas, así que la caída de porquinaza por escorrentía no es tenida en cuenta. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina” Habitante del sector Los habitantes del sector mencionan algunas empresas de agroindustria que tiñen de rojo y llenan de una espuma alta las quebradas que irrigan a la Doña María. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina”, dice uno de ellos, quien decidió no revelar su nombre por miedo a represalias. Para Ana María, la microcuenca no es solo el agua, sino