Respuesta masiva obliga a reorganizar las jornadas de donación de sangre en Medellín
La disposición de los ciudadanos al llamado para donar sangre luego del terremoto del pasado 10 de agosto forzó a la Cruz Roja seccional Antioquia y a otros bancos de sangre en Medellín a reorganizar horarios y algunos puntos de atención. Esta campaña busca mantener suficientes reservas de sangre para atender la emergencia y abastecer el sistema de salud. Los antioqueños reflejaron su solidaridad con las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que hasta el momento, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha dejado la cifra de 3.826 personas heridas. El llamado de la Cruz Roja Colombiana para donar sangre representó un aumento significativo en la asistencia de los puntos de donación en Medellín. La sede principal de la Cruz Roja en la ciudad pasó de atender poco más de 20 donantes en un día normal a atender más de 300 personas en el día siguiente al sismo. En respuesta a la gran cantidad de donantes, la Cruz Roja Antioquia decidió hacer cambios en varios horarios y puntos de donación que ya estaban previamente establecidos, para asegurar una atención organizada y garantizar el adecuado procesamiento de las unidades recolectadas. Esta medida buscó evitar saturaciones y posibilitar al personal atender de forma más segura a todos los donantes, luego de que algunos puntos sobrepasaran la cantidad de personas que se tenían estipuladas para que acudieran al llamado. Esta movilización ciudadana también se vio reflejada en las jornadas de donación realizadas en la Universidad de Antioquia. Cristina Yepes, microbióloga y bioanalista encargada de la jornada impulsada por el Hemocentro UdeA, afirmó que la urgencia motivó a donar a personas que usualmente no participan de estas jornadas. “Sí, hemos notado un aumento en la colaboración, no solo de estudiantes, sino de empresas, instituciones y otros lugares donde antes era más complicado realizar una jornada de donación de sangre”, explicó. Además, Yepes indicó que la sangre recolectada en Medellín no será usada únicamente para los pacientes trasladados desde las zonas más afectadas por el terremoto, sino que también servirá para mantener abastecidos los bancos de sangre para responder a cualquier emergencia cotidiana. Por otro lado, añadió que los grupos sanguíneos con mayor necesidad siguen siendo O+ y O-. La alta participación de los ciudadanos también se evidenció en la experiencia de Alba Ríos, quien llegó hasta un punto autorizado por la Cruz Roja en el parque de Itagüí con la intención de donar. Pero alrededor de las 2:00 pm le informaron que ya no estaban recibiendo más personas. “Nos dijeron que era una situación que ellos nunca habían vivido y que no esperaban que tanta gente fuera a donar”, contó. Otro testimonio similar fue el de María Fernanda Plazas, quien acudió a la sede en Guayabal, pero no le permitieron hacer la donación ya que su factor sanguíneo, B+, ya había alcanzado la capacidad de almacenamiento y captación disponible. Aunque el llamado se dio por el terremoto, las autoridades recuerdan que la necesidad de sangre es permanente. Las transfusiones son vitales para atender cirugías, accidentes y otras urgencias médicas, por lo que mantener reservas suficientes sigue siendo fundamental más allá de la emergencia. Foto tomada de UdeA (Instagram oficial)
Amar(a) en cada gota de leche
En medio del duelo por la pérdida de su hija, que murió 37 días después de su nacimiento, Valentina Jurado decidió no parar de lactar. Durante 11 meses donó la leche materna que su cuerpo produjo para hacer de cada extracción una resignificación de su duelo.
Entre rejas me llaman mamá
En Colombia, miles de mujeres ejercen la maternidad desde la cárcel. Algunas dan a luz y crían adentro, otras extrañan a quienes están afuera. Sus hijos, mientras tanto, crecen con una ausencia que el sistema no registra y que nadie les explica. Las cárceles colombianas fueron diseñadas pensando en el hombre delincuente. Cuando una mujer entra a ellas, queda atrapada en un sistema que no fue construido para sus realidades, como ser madre, y mucho menos para sus hijos. La Ley 65 de 1993 reconoce el derecho de las madres reclusas a llevar su embarazo a buen término y a tener a sus hijos consigo hasta los tres años. Las Reglas de Bangkok, aprobadas por las Naciones Unidas en 2010, establecen estándares internacionales de atención diferencial para mujeres gestantes y lactantes en prisión. Y sin embargo, de las 40 mujeres embarazadas registradas en establecimientos penitenciarios colombianos en 2025, 37 fueron caracterizadas con algún riesgo clínico o psicosocial. La norma que busca cuidarlas existe, pero la realidad es otra. Entre rejas me llaman mamá es una investigación periodística que busca llegar al corazón de esa experiencia, a ponerle voces a los datos. No para hablar de crímenes ni de condenas, sino para contar lo que significa ser madre en un lugar diseñado para el castigo: lo que significa gestar sin libertad, parir sin la mano de nadie conocido, criar en nueve metros cuadrados, o amar a un hijo que crece al otro lado de una reja y al que solo se puede abrazar los domingos durante una hora y bajo la mirada de un guardia. Este proyecto nació en Medellín y se trasladó a Bogotá, en conversaciones con mujeres que accedieron a contar sus historias. Entender el contexto y contextualizar las palabras Para entender esta realidad hay que empezar por el contexto, por las palabras. Diccionario de una madre en prisión define los conceptos que estructuran esta investigación: qué es una cárcel, qué es la maternidad en prisión, quién es el cuidador, qué implica una sentencia para una familia entera. No como ejercicio académico, sino como punto de partida para comprender lo que los datos revelan. https://youtu.be/a9kgvCKBfBo Escuchar las historias Para entender mejor los datos, hay que escuchar los testimonios. Historias en reclusión es un pódcast de dos episodios que documenta la maternidad en prisión desde las voces de quienes la viven. En el primero, Zuleymi Martínez cuenta lo que significa gestar, parir y criar dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. En el segundo, Helen Dayana Cruz Cajicá relata lo que fue crecer mientras su mamá cumplía una condena. Ambos episodios cuentan también con el análisis de Danna Fernanda Tejada, psicóloga con experiencia en establecimientos penitenciarios, y Juan David Posada, doctor en Derecho y experto en derechos humanos de personas privadas de la libertad. También puedes escucharlo en SoundCloud. Hablar con los niños y niñas Cuando una madre entra a la cárcel, sus hijos quedan afuera con una pregunta que nadie sabe responder: ¿dónde está mamá? La mayoría de los cuidadores no saben cómo explicarlo. Muchos optan por el silencio o por historias que tarde o temprano se derrumban. Los niños, mientras tanto, llenan ese vacío con lo que pueden. Para cuando preguntes por mí es un cómic pensado para acompañar esa conversación. A través de la historia de un niño y su abuela, ofrece un lenguaje accesible y honesto para explicarle a un menor de edad que su mamá está en la cárcel. Al final incluye una guía de orientaciones prácticas dirigida a los adultos que acompañan estos procesos. La realización de este cómic contó con la orientación profesional de María Camila Tuberquia, trabajadora social, y Elizabeth Portilla, psicóloga especialista en neurodesarrollo y aprendizaje.
Tiros de gracia: las dudas sobre la matanza de disidentes en Guaviare
Los 26 cadáveres organizados de disidentes con tiros de gracia sobre una vía del municipio de El Retorno, ponen en duda la idea de que murieron en combate. También muestran la conexión de la disidencia de “Iván Mordisco” con el Cauca y el drama del reclutamiento de niños. La vereda Kuwait, en el municipio de El Retorno, Guaviare, es quizá más conocida por el pequeño peaje comunitario ubicado en una tienda debajo de un árbol al lado de la vía que llega al caserío de La Paz. Desafortunadamente, en enero de 2026, se volvió noticia por la aparición de 26 cadáveres organizados sobre esa misma vía, todos miembros de la disidencia liderada por ‘Iván Mordisco’ que opera en la zona. Esta matanza podría ser el episodio más reciente en la confrontación entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias ‘Calarcá’, y el Estado Mayor Central (EMC) de ‘Mordisco’. Aunque esa disputa no es nueva, este hecho es algo sorprendente porque la intensidad de esa confrontación había disminuido: pese a las amenazas y presiones sobre las comunidades, no se habían dado enfrentamientos entre los dos grupos en los últimos seis meses. Su intensidad ha sido menor que la de confrontaciones en otros departamentos, como Norte de Santander o Cauca. Este hecho tan sangriento deja diferentes interrogantes, al tiempo que algunos detalles importantes para entender el conflicto en esta parte de Guaviare. ¿Qué pasó en Kuwait? Hay distintas versiones. La Fuerza Pública y reportes iniciales hablan de un combate entre miembros del EMBF y el EMC. Este último, publicó un comunicado repitiendo una versión que se movía por redes sociales y WhatsApp, en la que dicen que miembros del grupo del EMBF envenenaron a los del EMC y los asesinaron. Pero los videos de los cadáveres generan más dudas que certezas. Todos los cuerpos tienen heridas de «tiros de gracia», algo particularmente atípico. Aunque en un enfrentamiento un combatiente puede morir por un disparo en la cabeza, en este caso todas las víctimas murieron de la misma manera y sin impactos de bala en otras partes del cuerpo. A esto se suma que parece que todos fueron ejecutados directamente sobre la vía, sin señales visibles de combate. Este patrón indica que los integrantes del EMC no murieron en combate y que, además, habrían sido previamente despojados de sus armas, pues no parece que hubieran puesto resistencia. Es difícil entender cómo 26 miembros de un grupo armado ilegal llegaron a estar en una situación así: sin armas y a la merced de sus asesinos. Aquí la versión del envenenamiento coge algo de fuerza, igual que otra posibilidad: que haya sido un asunto interno del grupo. Ya varios medios, citando información de inteligencia, han reportado que ‘Calarcá’ le pagó $500 millones a alias ‘Korea’, un mando medio del EMC en la zona, por la información necesaria para emboscar a los disidentes de ‘Mordisco’. Estos problemas internos no son nuevos en el EMC en Guaviare. Por meses han rondado rumores fuertes de que algunos comandantes han «vendido» a otros por conflictos entre ellos, lo cual explicaría, según estas versiones, operaciones militares en contra de líderes del EMC que han llevado a la muerte de algunos de ellos, como alias ‘el Paisa’, ex jefe del Frente Primero, en Solano, Caquetá, en abril del 2025. Existen ejemplos desde la creación de la disidencia incluso. Alias ‘Aldemar’, uno de los mandos medios fundadores de la disidencia —y quien operaba en el sector de Kuwait, La Paz y el río Inírida— fue capturado en febrero del 2018. Según miembros del grupo armado en ese entonces, el mismo frente le entregó la información necesaria a la Fuerza Pública para ubicarlo y detenerlo porque se robaba plata. En otro caso, en 2017, el comandante financiero —también fundador del grupo— alias ‘Danilo’, se voló del Frente Primero con alrededor de dos mil millones de pesos; se escapó del caserío de La Paz. Pero todo cambió a finales de 2022 cuando alias ‘Frank’, comandante financiero del mismo frente, rompió con el grupo (otra vez) en La Paz. En ese momento, ‘Mordisco’ respondió violentamente y buscó atacar a ‘Frank’ donde estuviera. Luego ‘Frank’ fue capturado por las autoridades, pero escapó después de recibir casa por cárcel. Desde entonces, ‘Mordisco’ empezó a traer nuevos comandantes al frente, la mayoría desde afuera: ‘El Paisa’ llegó en 2023 desde Caquetá y luego alias ‘Yimmy’ desde el Cauca, por ejemplo. La instrucción de ‘Mordisco’ para ellos era «poner orden», sobre todo internamente. Esta era la prioridad, incluso por encima de mantener la relación política ya establecida con la población civil. Y cumplieron: poco después, habitantes en las áreas de operaciones de estos dos comandantes empezaron a quejarse de su maltrato e imprevisibilidad. Esto no es para afirmar que la matanza se deba a conflictos internos de las unidades del EMC en Guaviare, sino para plantear que es otra hipótesis que tampoco se puede descartar. ¿Y La Paz qué? La vereda Kuwait es vecina al caserío de La Paz, el pueblo más importante de este sector del río Inírida, y que es ampliamente conocido en la zona por ser un centro de operaciones de la disidencia del EMC. Los miembros del grupo a veces están uniformados y armados, y citan reuniones en el caserío, incluso con mandos importantes. Según diferentes fuentes, el mismo ‘Mordisco’ a veces pasaba por allá hace unos años. Ellos gobiernan en varios sentidos: imponen normas, resuelven diferencias entre la comunidad, ofrecen protección de enemigos externos, y regulan y participan en la economía de la coca. Ningún foráneo puede entrar sin el permiso del grupo. El control del EMC se extiende desde La Paz hasta la vereda Kuwait, un punto clave para impedir el ingreso de la Fuerza Pública allí, lo que hace indispensable para el grupo mantener dominio sobre este territorio. La Paz depende de la coca para su economía, aunque desde la pandemia también ha habido un aumento en la deforestación en la zona, lo cual ha significado más
‘Assasinar’ en nombre del orden: Río y las sombras de Orión | Hablalo #66
https://youtu.be/TRIYm5g_eNE?si=4EsdR69M9WRz9nbn El martes 28 de octubre, Brasil y el mundo quedaron impactados por una de las operaciones policiales más mortales en la historia reciente de Río de Janeiro. Más de 100 personas fueron asesinadas durante el operativo realizado en dos favelas del norte de Río: Complexo da Penha y Complexo do Alemão. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones criminales, pero los testimonios y los reportes de prensa han levantado fuertes denuncias por ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. En el episodio #66 de Háblalo, conversamos con Marina Mozzillo de Moura, Magíster en Educación y Derechos Humanos, sobre las implicaciones de este operativo para la defensa de los derechos humanos en este país y los cuestionamientos al gobierno estatal por el uso desmedido de la fuerza en operativos de este tipo. Entrevista: Samarah Zapata y Julián Ortega. Producción: Carmelo, Pablo Giraldo, Juana Zuleta y Santiago Bernal.
Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo
La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede
Otro grito de desesperanza
Sin querer entrar en el debate sobre el pesimismo, quisiera que se entendiera realmente el peso y la zozobra de la realidad. Collage: Juliana Palacio Hoyos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el 2024 cerró con 889 feminicidios, una cifra aterradora, a pesar de las alertas emitidas a lo largo del año por la Defensoría del Pueblo, ONG y colectivas. Antioquia, esta tierra paisa aún tan negada al respeto mínimo por el otro, encabezó la lista con 129 feminicidios, seguida por Bogotá y Atlántico, cada uno con 84 y 83 respectivamente. Esto deja un panorama desolador: en Antioquia, a la semana fueron asesinadas de 2 a 3 mujeres. Con registro, dentro de la anterior cifra de feminicidios, específicamente transfeminicidios hubo 21, y de nuevo Antioquia queda en primer lugar con 5 casos. Mi primera precisión es necesaria, porque no obstante las organizaciones sociales advierten que las cifras podrían ser aún mayores, pues no todos los casos son reportados o clasificados adecuadamente en los registros oficiales, y yo lo creo firmemente. El 7 de abril, un video conmocionó al país, pues era la prueba más despiadada de una parte de la sociedad colombiana, y de que aún nos falta mucho para ser realmente libres. Lamento tener que abrir el contexto de este caso mencionando la existencia de ese video, pero es importante, lo diré más adelante. El hecho que hasta ahora sigue muy presente en la conversación pública se trata del asesinato de Sara Millerey. En Bello, Antioquia, el viernes 4 de mayo, Sara se encontraba en el barrio Buenos Aires cuando, en condiciones que están siendo investigadas, unos sujetos la violentaron. Golpearon su cuerpo, quebraron sus piernas, sus brazos y, por último, la tiraron a la quebrada La García. Una secuencia de hechos que me recuerda la charla TEDx de la escritora argentina Camila Sosa, cuando decía que desde que se reconoció públicamente como mujer trans, su padre le dictó un destino bajo una sentencia de muerte clara: “Un día van a venir a golpear esa puerta para avisarme de que te encontraron muerta, tirada en una zanja”. He aquí cómo con Sara, todas estamos presenciando tal profecía: Mataron a Sara Millerey. La mataron por ser. Grabaron su estado, su cuerpo violentado, quebrado y adolorido, tratando aún —por medio de los gritos— de ser salvado. La grabaron. No la salvaron a tiempo. La vieron, la golpearon, la odiaron, la mataron. Mataron a Sara, mataron una parte de nuestra esperanza. «¿Consumimos dolor y atrocidad con la excusa de ‘informarnos’ cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos?». Y en este punto es donde vuelvo, con cansancio, a comentar sobre el video que había mencionado. La razón de que este caso haya alcanzado la viralidad fue un video que violentaba aún más la vida de Sara; mientras ella agonizaba, fue grabada y publicada. Y yo me pregunto, ¿consumimos dolor y atrocidad con la excusa de “informarnos” cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos? No quiero pensar en que en una semana volveremos al silencio, un precedente que ya viene ocurriendo. Abrí diciendo un número aterrador: 889. Y no solo son cifras, son gritos, gritos de desesperanza. Nos matan y no pasa nada, volvemos viral la violencia, las formas que nos llevan a la muerte y, aunque por un momento la indignación pareciera ser por fin la agenda, vuelve y sucede: ante el arrebato de la vida, el mundo no para. Contrario a eso, es impresionante cómo se reproduce aún más violencia en las mismas conversaciones al respecto. Con esto quiero tocar lo que ha venido rondando en la discusión del caso y cómo la vida después de la muerte sigue siendo violentada. Lo primero es que la Alcaldía de Bello, en su comunicado oficial en el que pretendía condenar el crimen, se refirió a Sara con su nombre de registro civil, el que ya no la nombraba. Siendo esto, una vez más, muestra de la violencia sistemática y simbólica tan presente en la cotidianidad y en una sociedad llena de márgenes que condena y niega lo que establece distinto. Eso no es solo un error administrativo, es un gesto de desprecio a su identidad. Lo segundo es una disputa que lleva mucho tiempo en el movimiento feminista, sobre si reconocer o no la lucha trans, y yo aquí, más que ponerme de un lado de la balanza, quisiera marcar la línea divisoria más importante, la que a todas, con las identidades de género desde donde nos reconozcamos, nos compete: la vida y la muerte. Mientras discutimos, nos matan, y nos matan por lo mismo: por ser. Más allá de las múltiples realidades que conllevan ese ser para cada una de nosotras. La realidad de ser trans no la diré yo, que no lo soy, pero lo que sí puedo ver —y que vemos todes a diario sin hacer mucho— es la violencia a esta población que resulta siendo más marginada por, como ya lo mencioné, ser “diferente”. Así que el asunto se trata, más allá de los ideales, de humanidad básica. A Sara la mataron por ser. Y es asunto de todas, todos y todes que no la borren, no normalizar el eco momentáneo para rápidamente volver al silencio. Este grito es porque, desde todas las formas y maneras que habitamos el mundo, seguimos teniendo la amenaza de muerte encima, porque la violencia trasciende la muerte, y a la lucha la frena un tanto la diferencia, es porque el panorama lo marca en parte, la desesperanza. Es lamentable. A todas nos une el miedo. Sí, también justamente la resistencia, pero una realidad llena de odio.
Políticos, influencers y activistas religiosos, unidos en las narrativas desinformadoras contra personas LGBTIQ+
La ola conservadora y antiderechos —cuyo ejemplo más reciente y visible está en las políticas de Donald Trump— tiene como protagonistas en Colombia a grupos que difunden contenidos que desinforman. Ocurre especialmente cada vez que en el Congreso se debaten proyectos de ley que buscan proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente personas trans. Analizamos lo que dicen, cómo esparcen sus mensajes y qué hay detrás. Ilustración: Saro Agustina. [Nota editorial: Esta investigación fue actualizada el 7 de abril de 2025 para precisar un dato que no cambia en nada el sentido general de la historia.] Entre el 10 y el 16 de junio de 2024, la semana en la que se hundió en el Congreso el proyecto de ley “Inconvertibles”, usuarios de X publicaron casi 3 000 tuits con los hashtags #ConLosNiñosNoTeMetas, #ConMisHijosNoTeMetas, #DictaduraDeGenero e #InconvertiblesEsTortura, según un rastreo que hicimos con ayuda de la herramienta de monitoreo de redes sociales Meltwater. “Inconvertibles”, conocido como “Quiérele Siempre” tras la radicación del proyecto ante el Congreso el pasado 1 de octubre, buscaba prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que prometen cambiar la orientación o identidad sexual, pero que carecen de sustento científico y que son equiparadas a formas de tortura contra las personas LGBTIQ+ que han sido sometidas a estos procesos. Las publicaciones para atacar ese proyecto aparecieron como una campaña entre políticos de los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres; activistas religiosos, influencers de redes, actores y organizaciones como Lazos de Amor Mariano y Unidos por la Vida, todos sectores conservadores que esparcieron narrativas de desinformación sobre el tema, como mostramos en detalle más adelante. El proyecto había pasado los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pero la Comisión Primera del Senado no lo discutió y fue archivado el 12 de junio del año pasado. Los hashtags con los que promovieron el boicot a la iniciativa se repitieron durante todo el 2024 para deslegitimar otras propuestas a favor de los derechos LGBTIQ+. También se usaron para convocar protestas en octubre de 2024 contra el gobierno de Gustavo Petro y la Superintendencia de Salud por una circular emitida para garantizar atención integral en salud a las personas trans en Colombia. Aunque el proyecto fue presentado como una iniciativa en favor de la diversidad con el objetivo de impedir que, mediante abusos físicos o psicológicos, una persona fuera obligada a cambiar su identidad o expresión de género u orientación sexual, según el análisis de Linterna Verde, el mensaje original de la campaña terminó por “alejar la discusión de los objetivos originales de la iniciativa”. Como también lo documentó La Silla Vacía en su investigación, “Mentiras y conspiraciones presionaron caída de proyecto que prohibía ‘terapias de conversión’”, quienes se oponen a este proyecto revivieron un fantasma que años atrás fue un arma poderosa: los señalamientos contra la llamada “ideología de género”, que los sectores conservadores aseguran que se busca imponer en lxs niñxs. Con una mezcla de opiniones y desinformación, movilizaron una tropa digital. “Con el foco puesto en los menores de edad, la campaña de oposición tomó por bandera su protección. Un ángulo que, más allá de tergiversar el objetivo del proyecto, resultaba muy fuerte como estrategia de oposición”, indica Linterna Verde en su análisis. ONU Mujeres ha advertido que “en muchos países, actores estatales y no estatales intentan hacer retroceder los avances obtenidos con tanto esfuerzo y profundizar la estigmatización, poniendo en peligro los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+. Estos grupos promueven ataques y desinformación para intentar deslegitimar a las personas LGBTIQ+”. Este año se espera un nuevo ‘round’ en el Congreso, donde se debatirá el nuevo proyecto “Quiérele siempre”, la nueva versión de lo que fue “Inconvertibles” para prohibir las ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género o “terapias de conversión”). Por ello, Colombiacheck y La Liga contra el Silencio, en alianza con All Out (un movimiento global que lucha por los derechos de las personas LGBT+), le pusimos la lupa a las campañas de desinformación que circularon en 2024 contra el proyecto anterior, llamado “Inconvertibles”. Analizamos publicaciones en la red social X con el software de monitoreo Meltwater y luego las cruzamos con los monitoreos de las desinformaciones que Colombiacheck ha verificado sobre este tema. Las narrativas de desinformación Tanto en las verificaciones publicadas por Colombiacheck (en las que se monitorean videos de Facebook, Instagram y TikTok) como en el análisis realizado en X con Meltwater se encontraron las mismas narrativas de desinformación, centradas en repetir estas mentiras: La versión falsa de que “Inconvertibles” buscaba cerrar iglesias y encarcelar a líderes religiosos, profesionales de la salud y padres de familia, impidiéndoles aconsejar y orientar a sus hijos bajo pena de cárcel. El argumento infundado de que el proyecto de ley atentaba contra la patria potestad de los padres, la objeción de conciencia y la libertad religiosa. La desinformación de que la iniciativa avalaba la amputación de órganos a menores de edad y promovía la llamada “ideología de género” en instituciones educativas y de salud. La mentira de que el proyecto permitía que los niños, en algunas publicaciones afirmaban que desde los 3 años y en otras desde los 5, decidieran sobre su cambio de sexo. Como parte de su trabajo de verificación del discurso público, Colombiacheck ha analizado esas afirmaciones, a las que calificó como “falsas” y “cuestionables” en las siguientes publicaciones: Es falso que con el proyecto de ley Inconvertibles quieran cerrar iglesias «por no estar a favor de la ideología de género». Activista cristiano desinforma en video viral sobre el proyecto de ley ‘Inconvertibles’. Proyecto de Ley 272 no “avala la amputación de órganos a menores de edad” ni impone la “ideología de género”. Proyecto de ley ‘Inconvertibles’ no permite que los niños de cinco años decidan su cambio de sexo. Son las mismas narrativas, difundidas por casi los mismos actores, que en octubre de 2024 organizaron las protestas contra el gobierno y la Superintendencia de Salud por
Periodismo en fuga: récord de desplazamientos forzados en Colombia
El temor y las amenazas llevaron el año pasado a un número récord de periodistas a abandonar sus hogares y a cesar o reducir su trabajo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 20 casos de desplazamiento forzado dentro del país y cuatro de exilio en 2024. Ocurrieron en un contexto de creciente violencia contra la prensa, especialmente por acciones de grupos armados ilegales, pero también por represalias frente a denuncias de corrupción.
“Lo feo es que en una ciudad pasen cosas como las de La Escombrera”: Alonso Salazar, autor de El largo vuelo del cirirí
En el Hay Festival Jericó hablamos con Alonso Salazar, autor de El largo vuelo del cirirí, sobre Fabiola Lalinde, la búsqueda de su hijo y las disputas por los espacios de memoria que se dan en Medellín alrededor de la consigna de “Las cuchas tienen razón”. Alonso Salazar en el Hay Festival Jericó 2025. Intervención: Santiago Bernal Largo. Fabiola Lalinde fue, tal vez, una de las primeras madres buscadoras en Colombia. Cuando su hijo, Luis Fernando Lalinde, fue torturado y asesinado por el Ejército de Colombia en 1984, ella se embarcó en la búsqueda de los responsables y de los restos de su hijo, en la que ella misma llamó “Operación Cirirí”. Con su trabajo dejó un legado para cientos de familias víctimas de desaparición forzada. Semanas después de que la administración distrital de Medellín ordenara borrar el mural de “Las cuchas tienen razón” y después de que esta frase se replicara a lo largo del país, conversamos con Alonso Salazar, periodista, escritor, exalcalde de Medellín, uno de los invitados al Hay Festival Jericó, que se celebró entre el 24 y el 26 de enero en ese municipio antioqueño. Salazar es autor de El largo vuelo del cirirí, un reportaje sobre la historia de Fabiola, la búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, sobre lo que implica honrar y conocer las memorias de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Collage: Santiago Bernal Largo. ¿Cuál es el legado que deja Fabiola Lalinde para las madres que buscan a sus hijes? Fabiola Lalinde fue una mujer que trascendió su propia lucha, ella se fue acercando a muchas familiares de desaparecidos, especialmente madres. Incluso después de que encontró los restos de su hijo y logró identificarlos, continuó en una labor pedagógica y de producción, y entre las asociaciones de madres con las que mayor contacto tuvo fueron las de la comuna 13, que incluso hicieron un mural en esa zona en homenaje a doña Fabiola. Ella era extremadamente sensible y solidaria con ese tema y logró volver un poco más universal el tema de los derechos humanos y universalizó su propio caso. Alonso, aunque puede parecer un poco obvio ¿por qué es importante hablar de la búsqueda de Fabiola y de la vida de ella? Yo creo que en Colombia hace falta hablar de esta hecatombe que hemos vivido como sociedad, marcada por cualquier cosa que se llame guerra o conflicto y que después se tradujo en palabras como masacres, desaparecidos, exterminios. Dentro de todo ese mar han emergido unas mujeres extraordinarias que se volvieron muy significativas, entre ellas Fabiola Lalinde. Ella fue incansable en la en la lucha de búsqueda por su hijo desaparecido por el Ejército en 1984. Se convirtió en un ejemplo de documentación, de cómo llevar un seguimiento estricto, de tenacidad, de no detenerse frente a los obstáculos. Incluso fue detenida por un montaje que le hizo el Ejército y ella dijo que esos días de cárcel habían sido los mejores de su vida porque allá se terminó de “cranear”, esa es su palabra, la operación Cirirí para la búsqueda de su hijo. Hoy en día pienso que esas memorias hay que reivindicarlas. Son muchas y deben ser parte también del patrimonio histórico colombiano. «Ella fue incansable en la en la lucha de búsqueda por su hijo desaparecido por el Ejército en 1984. Se convirtió en un ejemplo de documentación, de cómo llevar un seguimiento estricto, de tenacidad, de no detenerse frente a los obstáculos». Alonso Salazar, autor del El largo vuelo del cirirí El año pasado en la Facultad de Comunicaciones y Filología empezó la Cátedra de Paz Fabiola Lalinde. ¿Por qué en los espacios como la UdeA es necesario seguir hablando sobre estos temas? La Universidad pública sigue siendo la más sensible a estos temas: a la violación de los derechos humanos y a los temas sociales y Fabiola Lalinde ha sido adoptada a lo largo del tiempo por distintos colectivos que la mencionan o que estuvieron cobijados por su solidaridad. Ella tiene un recorrido tan vasto en ese tema de los derechos humanos que su archivo personal fue declarado patrimonio por la Unesco para la memoria de Latinoamérica. Así que me parece que hizo suficientes méritos para que la universidad pública abriera una cátedra con su nombre que es al mismo tiempo la posibilidad de seguir reflexionando sobre todas las tragedias que hemos vivido. En relación con la controversia que hubo con el mural de “Las cuchas tienen razón”, me gustaría preguntarle, como exalcalde de la ciudad, ¿qué lectura hace de estos hechos? Esta es una administración que piensa que la ciudad se ve mejor limpia con la noción de limpieza que ellos tienen y callada. Yo creo que les da como escozor que se hable de esos temas de la historia de la ciudad, pero esos temas no se pueden eludir, están ahí y hay derecho a que haya gente que los exprese y los murales son una forma de hacer activa esa voz. Ahora, “es que es feo”. ¿Cuál es la realidad de la estética? Lo feo es que en una ciudad pasen cosas como las de La Escombrera. Lo negativo es silenciar. Durante mi alcaldía yo busqué maneras distintas de promover las causas de las familias de desaparecidos, de buscar cooperación con la Fiscalía. Ayudamos a generar textos periodísticos asesorados por la profesora Patricia Nieto para expresar las voces de las víctimas, en fin, yo siempre he tenido la conciencia de que de que hay cosas que son ineludibles y que lo peor que una sociedad puede hacer a veces es negar su historia. Collage: Santiago Bernal Largo. Eso también me lleva a las declaraciones del alcalde diciendo qué es arte y que no lo es. Detrás de esas declaraciones, ¿usted cree que hay negacionismo sobre lo que ha pasado en la ciudad? Sin duda. Yo creo que si le pregunta muy directamente no va a negar que allí hay desaparecidos, porque eso ya es imposible de negar, pero él sí prefiere