Para Leyder Perdomo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia e investigador que se ha dedicado a estudiar la estigmatización a las instituciones públicas de educación superior y las dinámicas de violencia dentro de la universidad, la estigmatización y la reacción del estudiantado es un círculo vicioso del cual no ha sido posible salir. 

Las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, en las que pone en duda la autonomía universitaria en momentos en los que las manifestaciones se tornen violentas permitiendo la entrada de la fuerza pública a los campus universitarios, desencadenaron otra serie de afirmaciones, ahora por parte de los mandatarios locales, en las que se alimenta una narrativa de estigmatización hacia la Universidad de Antioquia. 

¿Por qué se busca establecer una serie de narrativas negativas sobre la universidad?, ¿qué objetivos tienen quienes reproducen estas narrativas y cómo se benefician con esto? Perdomo contestó estas preguntas y nos dio un recorrido en la historia, desde 1965 hasta la actualidad, sobre el fenómeno de la estigmatización.

Desde su experiencia, ¿de qué manera cree que nace la imagen que se le ha dado a la universidad de conflictiva o peligrosa?

No sabría poner una fecha exacta, pero el estigma sobre la universidad es evidente desde el año 65, año en que la Universidad de Antioquia queda vinculada a la conflictividad social.

En ese año la asamblea de estudiantes decide manifestarse y suspender actividades en protesta contra la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. Hay un ejercicio de represión, y en ese contexto los medios de comunicación locales informan, con base en inteligencia militar, que esas protestas correspondían a un plan mundial del eje del mal (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al que llamaban “el niño rebelde”. Ese es el antecedente más remoto que conozco en el que públicamente se estigmatiza a la Universidad de Antioquia, señalando que la movilización y la protesta estudiantil no corresponden a la voluntad y el criterio de quienes hacen parte de la universidad, sino a planes externos, en ese caso de la Unión Soviética.

¿Qué papel han jugado los medios de comunicación para consolidar esa imagen que se le ha dado a la universidad?

Yo creo que mucho. Los medios de comunicación, al menos en lo que corresponde a la Universidad de Antioquia; los medios locales, El Colombiano y El Mundo cuando existía, muchas veces han servido como megáfono de la versión oficial de los hechos. Replican, y con esa capacidad de divulgación que tienen, sesgan la opinión pública respecto a la universidad, aludiendo a que aquí hay instrumentalización.

Esto nace en el contexto de la Guerra Fría, y en ese contexto hay una configuración doctrinal del Estado en la que las expresiones de oposición política, crítica o protesta social empezaron a catalogarse dentro de la lucha contrainsurgente, endilgándole a la universidad un rol manipulado, funcional, orgánico, afín a los grupos alzados en armas, a las guerrillas en particular.

Hay que decir que en algunas coyunturas muy específicas los medios también le han dado voz a la movilización estudiantil, pero han sido las menos de las veces; casi siempre va la versión oficial y hay un sesgo muy inclinado hacia el conflicto.

¿Qué hechos han marcado la historia de la universidad para que hoy en día se tenga esa concepción?

Episodios que recuerdo está el del 65; el asesinato de Luis Fernando Barrientos; en los años 80 la aparición del uso de explosivos en la universidad, informado como atentados terroristas y es cuando inicia lo que conocemos como el tropel; paradójicamente, en el contexto de los años 90, cuando los paramilitares intervienen intensamente en la universidad a partir del 96 mediante amenazas y luego asesinatos, entre ellos los de Hernán Henao y Gustavo Marulanda, también hubo un ejercicio de estigmatización sobre la universidad, a pesar de que eran los paramilitares quienes la estaban atacando. De hecho, hay una nota periodística de El Colombiano que se llama algo así como “¿Qué pasa en la UdeA?”, y El Mundo llegó a replicar, casi parafraseando, las comunicaciones del paramilitarismo dándoles veracidad.

Cuando suceden los hechos del 10 de febrero de 2005, con la explosión en el Bloque 1 en la que resultan heridos varios estudiantes y finalmente mueren Paula Ospina y Magali Betancourt, también hubo un proceso de estigmatización. En 2008 hubo una situación muy fuerte, porque hicieron una parada militar de las FARC en Barrientos con formación, bafles, banderas, cantan el himno y luego de eso hubo un proceso de judicialización contra mucha gente, proceso del cual terminaron condenadas una o dos personas. En ese contexto salió una portada de periódico enorme, con la foto de un paramilitar, que decía en rojo algo como “Las FARC se toma la UdeA”. También, si no recuerdo mal, en 2002 hubo una nota de El Colombiano titulada algo así como “Las becas de las FARC en la UdeA”, que decía que la guerrilla les pagaba el estudio a algunos para que hicieran proselitismo y reclutamiento.

De ahí en adelante, en el contexto de las protestas contra la implementación de medidas de vigilancia y control como el torniquete, la TIP y las cámaras de seguridad. La información periodística también fue muy sesgada hacia el vandalismo y la anarquía. En 2013 el episodio de la MANE. Y más recientemente, el episodio con el presidente De la Espriella. 

¿Quiénes se ven beneficiados con establecer una narrativa en la que se vea desfavorecida la universidad?

Generalmente son los operadores políticos que están en el gobierno o disputando el lugar de gobierno. La universidad se ha convertido en una suerte de actor muy indefenso sobre el cual se pueden decir muchas cosas. Puede haber respuestas de los universitarios pidiendo correcciones, pero finalmente quienes salen fortalecidos son los emisores de ese mensaje, como gobernantes u operadores políticos, muy ligados a los sectores tradicionales de la política colombiana. Lo que se beneficia es la agenda de seguridad y aseguramiento.

Al final hay violación de derechos humanos, personas detenidas arbitrariamente, lesiones oculares, torturas, malos tratos físicos y psicológicos, pero el problema no se resuelve; es como si esas expresiones de violencia fueran funcionales para esos actores, porque no las quieren acabar, las necesitan ahí. Se benefician reforzando esa agenda, y tal vez, aunque no lo sé con certeza, disputando tajadas burocráticas o financieras de la universidad.

¿Qué consecuencias han tenido estas narrativas y cuáles pueden tener en el futuro si se siguen reproduciendo?

Una de las cosas es que la universidad pierde todo su prestigio. El conflicto no se acaba, de hecho, se intensifica cada vez que hay estigmatización. En la agenda pública suele ser más reiterada la alusión a los conflictos que puede haber aquí que a las patentes, a las investigaciones, a los descubrimientos, a todo lo del arte y a todo lo demás que pasa en esta universidad, que termina relegado. Porque todo eso es muy prestigioso en el mundo académico, pero en lo político y social no tiene relevancia, y prima más el desprestigio.

Otra es que se atizan los conflictos, es decir, realmente no se resuelven. Yo a veces creo que los actores políticos que se benefician son conscientes de eso: necesitan que esta gente brinque, se empute, se ponga la capucha. Los necesitan así. Un poco es lo que uno alcanza a intuir en la racionalidad de esos actores. Entonces lo que hacen es precisamente provocar más conflicto, hacerlo más efervescente, y no resolverlo. Esa sería la segunda consecuencia.

¿Qué le propone a la comunidad universitaria para combatir esas narrativas?

Lo primero sería apostar por la creatividad para inventar otras formas de protesta y de leer el contexto. La segunda propuesta podría ser poner en cuestión la vocación sacrificial y el sacrificio como una especie de «capital social» y por último poner la academia en función de reflexionar, investigar y documentar lo que pasa, y ha pasado, dentro de la propia universidad, no sólo afuera.

¿La presencia de encapuchados en la universidad alimenta la estigmatización? 

Creo que eso se puede diseccionar. El problema no es ni el uso de la capucha, ni que la gente proteste, ni que tapen la vía, eso hace parte del derecho a la protesta reconocido constitucionalmente. Creo que el problema es el uso de los explosivos, porque son peligrosos para quien los usa y porque el efecto que producen hoy es contraproducente, genera prevención entre la misma gente de la universidad y ayuda a que otros alimenten esa narrativa estigmatizante, les da la excusa.

Los operadores políticos que enarbolan ficticiamente la seguridad se aprovechan de eso; algunos incluso lo han llevado al plano judicial nombrándolo como terrorismo, aunque las proporciones no son las mismas que una bomba en un edificio. 

¿Qué opina sobre la presencia y sobre cómo actúan los capuchos? 

Hay un texto que publicó El Colombiano después de las declaraciones de De la Espriella este año, con un recuento de hechos desde 2020, que cita cifras de un trabajo que hicimos desde la universidad pero de manera muy sesgada: solo mencionan los números de tropeles o protestas violentas, pero no dicen nada sobre la estigmatización que hace parte del mismo texto original, ni sobre las variaciones de esa práctica según las coyunturas.

El problema está compuesto por al menos dos grandes factores: la estigmatización y la vocación sacrificial. Por eso, los actores implicados deben intervenir; no se trata solo de pedirle a quienes se manifiestan violentamente que dejen de hacerlo, sino de que quienes estigmatizan, persiguen a la universidad e implementan políticas regresivas contra su carácter público también pongan de su parte. Si no, el problema puede resolverse, pero no de manera fácil.