En Medellín la salud mental se atiende en horario de oficina
Durante el inicio del 2024 la Línea Amiga Saludable duró 15 días sin prestar servicio. Aunque el 1 de febrero reanudaron actividades, el nuevo contrato trajo un cambio: la línea que busca atender la salud mental en Medellín ahora presta acompañamiento por parte de profesionales psicólogos y psiquiatras de lunes a viernes solamente en horario de oficina y de lunes a sábado. Ilustración realizada por la IA Dall-E En Medellín existen diversas estrategias para atender la salud mental, entre ellas está la Línea Amiga Saludable, el código Dorado y los Escuchaderos, estos últimos son espacios de escucha activa que se pensaron como una alianza entre la Alcaldía y el Metro de Medellín para evitar los intentos de suicidio en el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Durante el 2023 hubo 54 Escuchaderos habilitados y en 2024 solo 10 siguen en funcionamiento. Las modificaciones en los servicios de estas estrategias de atención y acompañamiento psicosocial se dan en una época en que el índice de suicidios e intentos de suicidio va en aumento en la ciudad. Durante el 2023 hubo 207 casos concretados en el Distrito, 20 más que en el 2022. El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reporta que durante los últimos 10 años las cifras de suicidios en Medellín han aumentado en más de 1.000 casos y en el 2023 tuvieron su punto más alto con 2.891 intentos de suicidio. </ div>»> Pero… ¿Cuándo ocurren la mayoría de los intentos? El Sivigila reporta que, durante los últimos 10 años, el domingo es el día de la semana donde más se comienzan a manifestar los síntomas que desencadenan en la conducta suicida, en pocas palabras, el domingo es el día en que muchas de las personas que se intentan suicidar comienzan a planear hacerlo. Esto tiene una explicación según la psicóloga norteamericana Larina Kase, quien a este fenómeno lo llama el “síndrome del domingo”, ella lo define como un malestar aparentemente “inexplicable” en el que puede haber ansiedad, angustia, inestabilidad emocional, sensación de vacío, tristeza o melancolía. Antonio Toro, profesor de medicina de la Universidad de Antioquia y jefe del Departamento de Psiquiatría y Conductas Humanas se suma a esta idea: “hay estudios donde se han encontrado que algunas personas padecen de síntomas ansiosos previo al inicio de la semana o terminando sus vacaciones”. Según el Sivigila durante los últimos 10 años en Medellín el domingo es el día donde se reportan más intentos de suicidio y donde ingresan más personas por conductas suicidas en las clínicas y hospitales de Medellín. En la lista le siguen el lunes y el sábado. </ div>»> </ div>»> ¿Por qué esto importa a la luz del nuevo contrato de la Línea Amiga? El Distrito de Medellín para el 2024 presupuestó $38.000 millones para las iniciativas amparadas en el proyecto Medellín Me Cuida: Salud, de ahí sale el presupuesto para La Línea Amiga, los Escuchaderos y el Código Dorado. Durante el 2023, Medellín Me Cuida: Salud presentó un presupuesto inicial de $26.000 millones, o sea, este año hay nominalmente $12.000 millones más para esta estrategia de salud pública, pero iniciativas como los Escuchaderos cerraron 44 de sus 54 sedes y la Línea Amiga limita las horas de su servicio psiquiátrico y psicológico. Según el último contrato firmado para el funcionamiento de la Línea Amiga Saludable, dos meses de servicio le cuestan a la Secretaría de Salud más de 309 millones de pesos (sin incluir el IVA), al año esto se traduce en más de 1.800 millones de pesos que la Alcaldía de Medellín gasta solo en el funcionamiento de la Línea Amiga. Esa misma línea ahora solo presta el servicio 24/7 con un técnico en atención prehospitalaria y los servicios de psicología y psiquiatría solo se prestan en horario de oficina: de lunes a viernes de 7a.m. a 5 p.m., los sábados de 8 a.m. a 12 m. y los domingos no está disponible. La pregunta más importante aquí es ¿qué pasa fuera de este horario con las personas con conductas suicidas que quieren atención de la Línea Amiga y que necesitan acceder al servicio de psiquiatría de forma gratuita? Lina Bedoya, Líder de la Unidad de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Medellín comenta que la decisión de limitar los servicios de psicología y psiquiatría de la Línea Amiga Saludable fue tomada para la “optimización de los recursos disponibles” y es algo momentáneo. Es importante mencionar que hasta la fecha de la escritura de esta nota han pasado 4 meses desde que la Línea Amiga no su presta servicio profesional 24/7. Lina Bedoya además recalca que “una persona que requiera de forma urgente este servicio deberá consultar por urgencias a través de su Entidad Administradora de Planes de Beneficios de Salud, asumiendo el pago de las cuotas y en el caso de la población no asegurada, la prestación se realiza a través de la ESE Metrosalud. Desde el laboratorio de medios De la Urbe interpusimos un derecho de petición ante la Secretaría de Salud de Medellín para saber a cuántas personas durante el 2022 y el 2023 atendió la Línea Amiga Saludable, también pedimos que nos especificaran la hora y el día en el que se solicitó cada uno de esos servicios. Nos respondieron con una base de datos de la que tomamos la siguiente información: Durante ese periodo de tiempo la Línea Amiga atendió a 29.176 personas, de las cuales, 13.400 fueron atendidas en el horario que en el que ya no se presta servicio profesional, o sea en los últimos dos años el 46% de las consultas se realizaron fuera del nuevo horario establecido para la atención profesional. Durante el 2023 el servicio de la Línea Amiga fue más solicitado por estudiantes, desempleados y amas de casa. El 64% del total de los casos atendidos fueron de mujeres y el 35% fueron del régimen subsidiado. Así mismo, es un servicio más solicitado por los jóvenes entre los 14 y los 28 años. Aunque en la base de datos
“No se puede manejar de la misma forma un batallón que una universidad pública”
John Jairo Arboleda, rector de la UdeA designado para un tercer período, habló del ambiente en el que el Consejo Superior Universitario se decantó por él. Además, respondió a varias de las críticas que le han formulado desde varios sectores de la Universidad, como que su gestión ha sido “permisiva”. El rector John Jairo Arboleda en el 10|12 Lab, donde se grabó la entrevista. Allí anunció propuestas sobre la duración del período de la rectoría. Foto: Juliana Restrepo Santamaría. El pasado 2 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) reeligió a John Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, con seis votos a favor. En la sesión extraordinaria que se realizó en la Gobernación de Antioquia, Arboleda recibió el apoyo del sector productivo, el Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, el representante del profesorado, el de las directivas académicas y el de los egresados. El período 2024-2027 será el tercero en línea para él, no obstante, en esta entrevista aseguró que será el último. A propósito de su designación, De la Urbe habló con Arboleda sobre lo que la comunidad universitaria puede esperar de esta nueva gestión; y le planteó algunas dudas y cuestionamientos que quedaron tras la campaña, como su figura de candidato-rector y su relación con sectores del empresariado antioqueño. En un inicio, usted no estaba en las cuentas de las candidaturas, ¿por qué decidió volverse a lanzar? La normatividad universitaria permite que haya una postulación en el ejercicio del cargo. Desde lo personal, uno tiene que tomarse unos tiempos distintos. Así es que las decisiones son muy al final del proceso, y por eso precisamente quedé en el último lugar de la inscripción. También había sucedido en la primera (para el período 2018-2021). Yo era decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (2016-2017), y pensaba mucho en la toma de la decisión porque ‒siempre lo he dicho‒ no es un cargo, es una enorme responsabilidad la que uno asume; y para eso tiene que tomarse su tiempo para pensarlo, para discutirlo con muchas personas cercanas y, sobre todo, para preguntarle a la familia si están dispuestos a acompañar tantas ausencias. Terminó una campaña donde hubo mucha desinformación con respecto a las candidaturas. ¿Qué lectura hace sobre ese panorama? Muy lamentable. Yo lo sufrí. Lo sufrí porque yo creo que una de las grandes cosas que nos diferencia a los académicos universitarios de la dirigencia política nacional es que nosotros nos basamos en hechos, en cifras, y en la proyección que creemos que debe tener la Universidad. Yo no creo que haya cabida en un debate de estos para noticias falsas, mentiras completas, verdades a medias o para algunos comentarios tendenciosos. Y eso, desafortunadamente, nos pasó. Pero ya por fortuna sucedió el proceso de designación y esperamos recuperar nuestro espacio. En medio de ese panorama, unos carteles lo señalaban entre los aspirantes “del GEA” (Grupo Empresarial Antioqueño). ¿Tiene alguna relación con el GEA o con el empresario Manuel Santiago Mejía? Tengo una relación interinstitucional. La Universidad de Antioquia y quien ocupe su rectoría hacen parte de la Junta Asesora del CUEE 2.0 (Comité Universidad Empresa Estado), y allí se encuentran todos los empresarios del departamento: los grandes, los medianos y especialmente los pequeños. Yo he tenido relación con el doctor Manuel Santiago en virtud de su participación en el Consejo Superior Universitario por muchos años. Él hace parte de la Junta Directiva del Hospital Alma Mater de Antioquia desde que era IPS universitaria, y ha sido un egresado de la Universidad que siempre ha estado muy atento en generar puentes de comunicación cuando se trata de gobiernos locales, regionales o nacionales, y también con el resto del empresariado. Tengo muy buena relación con los empresarios de Antioquia, con algunos de Colombia, e incluso en otras regiones. A mí me parece que es una gran oportunidad para que ellos conozcan de cerca la universidad pública, y sobre todo para que acompañen y apoyen muchos de los procesos que desarrollamos en los territorios. El 2 de abril el sector productivo votó por usted, cuando en principio había votado por la profesora Natalia Gaviria. ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que el gran valor de mi candidatura fue la consulta. La comunicación que se conoció del Intergremial es que ellos se acogían también a esa consulta y que postulaban mi nombre. Y a raíz de lo que se suscitó con la elección de rector en la Universidad Nacional, el señor presidente hizo dos trinos en los cuales decía: uno, que se haga público por quién votan, así sea secreto el proceso; y dos, que apoyen a quien ganó en las consultas. ¿Cree que ser candidato-rector lo favoreció de alguna manera? Yo creo que favorece, sin duda. Primero por trayectoria, segundo por conocimiento del desempeño y funcionamiento de la institución; y por supuesto, cuando uno lleva seis años en el cargo hay mucha más gente que lo conoce y que ha trabajado con uno, y seguramente entre esas personas hay alguna preferencia por algún nombre, alguna figura en particular. Pero también hay riesgos. Yo creo que, en situaciones tan difíciles como las que nos toca administrar a las universidades públicas en nuestro país, es más fácil cometer errores, tener opiniones contrarias a lo que uno haya hecho. Finalmente, lo que se critica es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho es difícil de criticar, aunque también pueden venir críticas en cosas que se dejan de hacer. ¿Qué tan involucrado quiere estar en el debate sobre la reforma a la Ley 30? Como rector, lo que me toque hacer como la figura que represento. Pero sobre todo yo quiero ser un gran promotor de la participación que debemos tener los universitarios y la sociedad, porque yo creo que no podemos perder esta hermosa oportunidad de construir, porque este es un tema del orden nacional. La Ley Estatutaria de Educación va a generar la imperiosa necesidad de establecer no una reforma de la Ley 30,
La explotación sexual no se erradica persiguiendo extranjeros
Durante los últimos meses, el alcalde Federico Gutiérrez ha emprendido una mediática cacería de extranjeros pedófilos en Medellín apoyado por la creciente opinión desfavorable hacia los “gringos” ‒ese genérico que usamos para referirnos a los extranjeros del “primer mundo”‒ y el rechazo hacia el turista que llega en busca de sexo. Esta iniciativa, que se fortaleció a raíz del caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, hallado en un hotel con dos menores de edad de 12 y 13 años a quienes habría explotado sexualmente, detonó medidas como el Decreto 0248 de 2024 que, con un enfoque prohibicionista, deja en evidencia la angosta mirada que tenemos en la ciudad sobre un problema que va más allá de los “gringos” y El Poblado. Es cierto que urge tomar medidas sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y que se agradece que esta Alcaldía parezca tenerla entre sus prioridades, pero el discurso que se ha ido tejiendo en Medellín alrededor de este tema se limita a exponer a los “gringos” como los principales culpables y deja en segundo plano a los abusadores locales, las redes y las víctimas adultas de explotación sexual, y otras zonas de la ciudad con esta problemática, como el Centro, la 33, la 70 y Castilla. El rechazo que ha crecido entre los habitantes de Medellín hacia esos “gringos”, aunque justificado, se queda corto frente al panorama completo de la explotación y deja tranquilas a las organizaciones criminales que gozan de un chivo expiatorio para no ser juzgadas. Los pederastas extranjeros no vendrían a la ciudad tan entusiasmados si no existieran redes de trata para respaldar sus deseos. Según un reportaje de Vorágine, en Medellín “la explotación sexual infantil está conformada por personas colombianas y venezolanas que usan a menores de edad como ‘anzuelo’ para moverse por las comunas y los colegios reclutando más niños y niñas”, por lo que centrarse en la persecución del eslabón final de la cadena de explotación no basta para erradicarla. En escenarios que trascienden a El Poblado es donde se gestan las estructuras de las redes de explotación. Aun si se pusiera un cerco gigante alrededor de toda la Comuna 14, la actividad delictiva seguiría desarrollándose en los barrios de Medellín y la prostitución solo se movería a los lugares aledaños. Además, la ESCNNA y el trabajo sexual se siguen demandando y pactando en el espacio digital, hasta ahora poco considerado por las estrategias de la Alcaldía, como quedó en evidencia con la “suspensión” física de la demanda de prostitución en el parque Lleras y sus alrededores. Expandir la visión sobre la explotación sexual implica tener en cuenta las actividades que se desarrollan en otras comunas y en internet, entendiendo que sucede y ha sucedido más allá del turismo “gringo”. El Decreto 0248 tiene un plazo de seis meses y rige en el espacio comprendido entre el parque El Poblado y la carrera 32D, dos cuadras más arriba de Provenza. El resto de los escenarios donde se dan los delitos asociados a la ESCNNA siguen gozando de la clandestinidad, mientras que las trabajadoras sexuales de la Comuna 14 quedaron a la deriva y se sienten estigmatizadas por las medidas transitorias que prohíben su actividad en el espacio público. La cartilla “Diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín en la administración municipal 2020-2023”, de la Universidad de Antioquia y la Mesa contra la ESCNNA Medellín, advertía, para finales de 2019, que un problema que persiste en la lucha contra la explotación sexual es la falta de enfoque territorial y diferencial en la respuesta a estos casos, así como el abordaje a los diferentes tipos de explotadores. La alcaldía de Daniel Quintero, en su intento de incentivar el turismo, no desarrolló una estrategia adecuada para prevenir o mitigar los problemas que pudiesen potenciarse con la visita de extranjeros, por lo que ahora le corresponde al gobierno de Gutiérrez ejecutar un plan integral que permita disminuir las cifras de víctimas ‒según el Observatorio de ESCNNA de la ONG Valientes Colombia, en 2023 fueron 329 las víctimas de delitos asociados con la ESCNNA en Medellín‒ y evitar que continúe el reclutamiento de menores con fines de trata y explotación. En medio de los debates sobre la gentrificación, el encarecimiento de la vida y la explotación sexual ha sido sencillo poner a los “gringos” en el centro de la culpa. Más allá de su grado de responsabilidad evidente, permeada también por el colonialismo y por la idea de que pueden cometer en otro país los delitos que no se atreven en el suyo, hay un legado de narcotráfico y misoginia además de una falta de regulación estatal que han permitido sostener las prácticas comerciales y delictivas que terminamos por padecer los habitantes de Medellín. Si el debate deja de limitarse a la idea de que los “gringos” son los artífices de los males de la ciudad, será posible desentrañar la verdadera complejidad de la explotación sexual, con todas sus víctimas y victimarios.
Hablemos de adaptar el periodismo a otros formatos, con Ana Katalina Carmona
Si se menciona el nombre de Ana Katalina Carmona en la Universidad de Antioquia, a lo mejor a pocas personas se les haga familiar esas tres palabras. Pero si se dice que es egresada del Pregrado de Periodismo, probablemente la memoria ya se empiece a refrescar y algunos docentes la recuerden sentada frente a ellos en una de sus clases y varios de sus compañeros puedan hablar de ella con propiedad, mientras se tomaban un café en uno de los corredores del bloque 12 de la ciudad universitaria. No obstante, puede que siga siendo una completa desconocida para muchos periodistas de su generación y por supuesto, para otros más viejos que ella. Ana Kata, como le dicen quienes más la tratan, en realidad nunca ejerció el periodismo, o al menos, no como tradicionalmente se espera (o esperaba) que una periodista se desempeñe en el oficio. Esta mujer se decantó por la escritura; pero de guiones, muy influenciada por la investigación y el rigor periodístico, pero de documentales, y más recientemente, de historias de ficción. Ana Katalina entonces, por más descabellado que le parezca a los puristas del oficio, practica el periodismo desde la producción y la escritura audiovisual. Cofundadora de Querida Productora, tiene más de cinco años de experiencia como productora, directora y guionista de proyectos cinematográficos y televisivos. Su guion de largometraje “La Cábala del Pez” ganó el premio de escritura del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Colombia (FDC) y el premio de la Comisión Fílmica de Medellín. También fue seleccionado para participar en los talleres internacionales de Cine Qua Non Lab México, Bolivia Lab, BR Lab Brasil y en el Taller de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos de la Fundación Carolina e Ibermedia en España. Es directora y guionista de los cortometrajes “Comunión” y “Los Enemigos”, este último ganador del premio revelación del Festival Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse (Francia). Actualmente, trabaja como guionista de series para plataformas streaming y se encuentra en el desarrollo de su primer largometraje “La Cábala del Pez”. Actualmente, también es integrante del staff de escritores de la serie de Netflix: “Secuestro del Vuelo 601”. Todo es para decir, que ella, dentro del programa del pregrado, llamado ‘Hablemos de Periodismo‘ ofrecerá una charla titulada: “Adaptar el periodismo a otros formatos”. Donde hablará, entre otros temas, acerca de la influencia que ha tenido su formación en investigación periodística, el sentido crítico, el contraste de fuentes y la búsqueda de información rigurosa que le heredó el pregrado, para actualmente, dedicarse a la escritura de guiones y a la producción audiovisual. Este viernes 3 de mayo, a partir de las 10:00 a.m. en el aula Maestras y maestros fundadores (12-209) de la Universidad de Antioquia, estudiantes, docentes y comunidad académica en general, podrán conversar con esta egresada alrededor de esas otras maneras, en las que se puede hacer periodismo. Además, el grupo de lectura de De La Urbe hará una sesión especial de lectura del libro en el que se basó la serie, Los condenados del aire de Massimo Di Ricco, y del podcast de Radio Ambulante «Los Aeropiratas». La sesión se llevará a cabo el martes 30 de abril a las 4 p.m. en el segundo piso del 10|12 Lab.
Viaje a Otraparte
Estás invitada e invitado a vivir de primera mano una experiencia periodística y audiovisual sobre la Casa Museo Otraparte con un cortometraje, una serie de pódcast y álbumes fotográficos. Es hora de irnos de viaje, así que… ¡Próxima estación, Otraparte! Casa Museo Otraparte es un espacio dedicado al escritor y filósofo Fernando González, ubicado en el corazón de Envigado en el que lugar que hace no mucho tiempo, fue su hogar. El tiempo y las grandes instituciones locales y nacionales han revindicado la obra de Fernando, logrando que Otraparte se convierta en un centro cultural de suma importancia para el desarrollo de actividades artísticas y de esparcimiento, que van desde la escritura, hasta la lectura y el teatro, en el municipio de Envigado y todo el Valle de Aburrá. Seguro has ido a Otraparte, pero ¿te has detenido a observar y escuchar atentamente? Viaje a Otraparte es un proyecto experimental, multimedial y periodístico propuesto por estudiantes del curso Taller de Lenguaje Audiovisual, del pregrado en Periodismo de la Universidad de Antioquia, con la intención de visibilizar espacios patrimoniales del Valle de Aburrá como Casa Museo Otraparte. Encontrarás así, productos en tres lenguajes distintos: audiovisual, sonoro y fotográfico sobre este mágico lugar. Explota el sitio web y adéntrate en esta experiencia.
Puente de la 4 sur: territorio cannábico resignificado
Desde que Gustavo Petro inició su mandato presidencial ha sido reiterativo en la necesidad de cambiar el modelo prohibicionista con que se ha abordado el consumo de marihuana en el país. Este consumo, en Medellín, es una práctica habitual en el espacio público. Muestra de ello, es que en esta ciudad en el mes de mayo se realiza la marcha más grande del país para defender los derechos de los consumidores de marihuana. Puente de la 4 Sur. Foto: Telemedellín. El puente de la 4 sur en Cristo Rey, ha sido un lugar de controversia desde su construcción hace 12 años. Al conectar importantes vías peatonales y vehiculares, así como barrios del sur de la ciudad, el puente se ha convertido en un espacio disputado, especialmente por jóvenes consumidores de marihuana. La construcción del puente no previó las dinámicas culturales relacionadas con el consumo de drogas, lo que ha llevado a que los alrededores se conviertan en un territorio compartido entre consumidores y no consumidores de marihuana. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de la política de drogas prohibicionista del país y cómo esta afecta los derechos y la dignidad de los consumidores con estigmas como drogadictos, delincuentes o enfermos. Esta situación la han evidenciado quienes frecuentan el puente de la 4 sur cada tarde y noche, horas de mayor afluencia, que son aprovechadas por policías y agentes de tránsito para realizar sus “operativos relámpago” en busca de drogas e impartiendo comparendos a las motos que se encuentran parqueadas en la zona. Los conflictos entre la comunidad y la fuerza pública se remontan a la construcción del puente a inicios del 2010, con disputas sobre la valorización de los lotes y la demolición de negocios locales. Cuando los ingenieros de Concreto S.A en compañía de la secretaría de Infraestructura y Espacio Público llegaron al barrio a socializar el proyecto, hubo discusiones acaloradas. También hubo desacuerdos por la valorización de los lotes a intervenir, como a menudo sucede en mega obras de este tipo. “El cuadradero de buses de la ruta de Guayabal se encontraba en el costado occidental”, recuerda Paula García, presidenta de la acción comunal local. Ella vive con su familia en Cristo Rey hace 43 años. “Ahí está ubicada la pista de skate actualmente”. Los habitantes del barrio han aprendido a valorar el puente de la 4 sur como un espacio de integración, comenta García. Sin embargo, el sentimiento de pertenencia no es generalizado entre los habitantes, especialmente padres de familias y adultos mayores, quienes aún tienen preocupaciones por la falta de seguridad. Los casos de inseguridad fueron manifestados ante la alcaldía municipal, pero no obtuvieron respuesta favorable, cuenta García. Esta situación motivó a jóvenes y adultos a pensar en iniciativas para mejorar el espacio, como la construcción del Parque de Ruedas 4 Sur, conocido popularmente como pista de skate 4 sur. “Vimos un espacio amplio, plano e idóneo para montar debajo del puente que nos cubría del sol y de la lluvia. Era un lugar especial”, cuenta Juan Urrea, uno de los promotores de la construcción de la pista de skate. La propuesta de construir la pista de skate surgió en una de las Jornadas de Vida y Equidad de la Comuna 15, Guayabal, en el año 2013, este fue uno de los programas de gobierno del entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Para financiar el proyecto utilizaron recursos del presupuesto participativo de la comuna. Así como la intervención de 1.800 metros cuadrados del espacio público resultante de la construcción del puente. “Estamos debajo de un puente que por lo general nunca pasa nadie, que se vuelve un nicho de inseguridad, pues mire el espacio tan espectacular que se hizo acá”, dijo Federico Gutiérrez ante los medios de comunicación presentes acerca de la obra concluida el 20 de agosto de 2016, dia en que inauguró el Parque de Ruedas 4 sur. Desde entonces este espacio deportivo recibe a diario a aficionados y profesionales de deportes extremos como el roller, el skate y el BMX. “El puente de la 4 sur me llama mucho la atención porque es muy bonito y la pista es muy bacana para patinar”, opina Juan Escobar, skater aficionado que atrajo la construcción de la pista de skate. Juan Escobar curioseando con las drogas probó la marihuana. La consume desde los 14 años. La Convención Única de Estupefacientes de 1961, la piedra angular de la política de drogas en el mundo, define a la marihuana como las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina. Esta planta es conocida en el país como bareta, bareto, blon, cripy, cripa, hierba, marihuana, moña, mota, porro. Nombrada como la crespa o el crespo en íntimo vínculo del cuerpo con la planta. La crespa, femenina, mestiza de estas tierras. Llegó a América junto a otras plantas y personas como los esclavos africanos con sus hábitos ancestrales, así lo afirma Antonio Escohotado, abogado, filósofo españo y autor del libro Historia General de las Drogas. El cannabis contiene tetrahidrocannabinol (THC), sustancia que altera la percepción de la realidad. Efecto conocido como “la traba” o “el viaje”. “Probé la marihuana con ganas de experimentar su efecto”, recuerda Escobar. El consumo de marihuana a la vista de todos en su barrio influenció en esa búsqueda que, en algunos jóvenes, resulta necesaria para relacionarse. Entre los consumidores de cannabis existe la creencia de que la marihuana los hace sociables. “La marihuana tiene un efecto que lo hace a uno más conversador, más hablador. La marihuana me aporta más sociabilidad”, explica Escobar. “Uno se acerca al parcero que está fumando y le pide un cuero para pegar el porro o le pide prestada una candela”. Así inician muchas de las amistades cannábicas en parques como este, añadió. Esa sociabilidad permite contar con una red emocional y también de apoyo para enfrentar la situación de miedo que implica padecer la “marihuanofobia” presente en algunos grupos
Los problemas de los niños venezolanos en Medellín: sin escuelas ni seguridad
La cifra de los niños venezolanos no matriculados en Medellín es tres veces mayor que la de los niños colombianos no matriculados. Además, los niños venezolanos son las víctimas en el 89% de los delitos cometidos contra los niños migrantes en el distrito. Dibujo elaborado por Emiliano Ruiz, niño venezolano de 5 años beneficiario del ICBF. Medellín es la segunda ciudad de Colombia que más población migrante venezolana acoge: según Migración Colombia, 241.166 personas nacidas en Venezuela residían en Medellín en el 2023. Los venezolanos corresponden al 6,4% de los habitantes del Valle de Aburrá, para tener una idea de cuánto es eso, hay tantos venezolanos en el Área Metropolitana como personas viviendo en el municipio de Envigado. Según la Secretaría de Educación, durante el 2023 se matricularon 36.959 niños venezolanos en instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Medellín Cómo Vamos, una alianza interinstitucional que evalúa y da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad, afirmó en un reciente informe que en 2023 al menos el 13,3% de los niños venezolanos no estaban matriculados en ninguna institución educativa. La cifra de niños venezolanos no matriculados es 3 veces mayor que la registrada en los niños colombianos: 3,7%. Catalina Calle, coordinadora de regionalización en el centro de estudios Casa de las Estrategias, resalta que “no todos los niños migrantes venezolanos llegan a Medellín con las mismas condiciones pero la mayoría de ellos sí llegan con un duelo migratorio porque han dejado atrás a sus redes de apoyo para buscar oportunidades en un nuevo país”. Algunos menores de edad venezolanos por sus condiciones socioeconómicas llegan en estado de vulnerabilidad y son propensos a que se les complique el acceso a la educación, sean reclutados por redes criminales o sean víctimas de delitos. Migrar es perder la infancia Según la Policía de Infancia y Adolescencia, durante el 2022 y el 2023 se denunciaron 63 delitos cometidos en contra de menores de edad extranjeros en Medellín, de los cuales el 89% fueron cometidos contra niños migrantes venezolanos. Las niñas son las principales afectadas, ellas corresponden al 71,6% de las víctimas de delitos cometidos contra los niños venezolanos. Los principales delitos cometidos contra los migrantes venezolanos menores de edad son delitos sexuales, como acceso carnal violento y acto sexual con menor de catorce años. Cómo es el caso de una niña venezolana de nueve años en estado de embarazo, que el ICBF reportó como beneficiaria en el Servicio Especial Familiar en 2023. Teniendo en cuenta la edad de la niña, la ley colombiana considera ilícito el acceso carnal en cualquier caso con menor de catorce años. El caso ocurrió en el 2023 en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, en donde, en el mismo periodo de tiempo, fueron reportados 72 casos de embarazos adolescentes en niñas venezolanas. Estos casos tuvieron como punto crítico las comunas San Javier con 11 niñas embarazadas y las comunas Robledo, Manrique, Popular y La Candelaria con 6 casos cada una. En relación con esta problemática, el Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que proporciona asistencia a migrantes con enfoque en derechos humanos, comenta que «hay muchos casos de estas niñas abusadas, donde normalmente son los mismos familiares o las personas con las que ellas viven los agresores”. En el 2023 según la Policía de Infancia y Adolescencia los lugares donde más delitos se han cometido en contra de los niños venezolanos son la vía pública y sus hogares con 34 y 16 casos respectivamente. El Consejo Danés para Refugiados tiene una explicación para esta problemática, ellos aseguran que “debido a la capacidad económica con la que llegan a Colombia algunas familias migrantes duran temporadas viviendo en asentamientos informales, los cuales son muy inseguros”. También añaden que “esas familias ni siquiera tienen un baño dentro de sus casas para hacer sus necesidades o bañarse, y si quieren hacerlo, aunque sea de noche, deben salir y estar expuestos, eso incluye a los niños que en muchos casos, no cuentan con supervisión constante de los adultos”. Estos asentamientos informales de venezolanos se encuentran alrededor de toda la ciudad y las condiciones entre cada uno de ellos son diversas. Uno de los más concurridos está ubicado en el barrio La Sierra en la comuna Villa Hermosa. Allí llegó por primera vez María José* una mujer migrante venezolana de 22 años que vende dulces en la calle con sus hijos. En el 2020 mientras ella pedía limosna en el barrio El Poblado con su hijo de un año, no pudo comprobar ante la Policía de Infancia y Adolescencia que era la madre. En consecuencia, el ICBF inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que le impidieron ver a su hijo durante un año. Conoce la historia de María José aquí. Una de las denuncias más recurrentes entre organizaciones como la Colonia de Venezolanos en Colombia es que en Medellín se han usado niños venezolanos para vender dulces o pedir limosnas en la calle. En palabras de Mónica Jaramillo, abogada en el Consejo Danés para Refugiados “estos niños a veces son alquilados por los mismos padres para causar pesar y generar más ganancias, pero puntualmente en Medellín está situación es muy complicada porque es una ciudad destino donde llegan las redes de tráfico de personas y de explotación sexual”. Las condiciones de los niños venezolanos en las calles van en contravía del derecho a vivir plenamente su infancia. El Consejo Danés para Refugiados insiste en que “estos niños además de ser explotados laboralmente, son violentados en dos derechos importantes: el de vivir en condiciones de bienestar y el de acceder a la educación, porque son obligados a estar largos periodos de tiempo en la calle siendo explotados”. La educación como refugio Las matrículas de estudiantes venezolanos en colegios públicos y privados de Medellín han aumentado desde 2018. Según la Secretaría de Educación, en el 2023 fueron matriculados 36.959 niños de nacionalidad venezolana en el distrito. Cabe destacar que en Medellín hay 408.588 niños matriculados, lo que significa que el 9% de los estudiantes del sistema educativo
Historias Migrantes
El Frente Comuneros del Sur reitera su interés de participar en los diálogos regionales y el desminado humanitario
El Frente Comuneros del Sur del ELN expresó en un comunicado su intención de participar en los diálogos de paz regionales iniciados en el departamento de Nariño. Esto le suma un nuevo capítulo a la crisis por cuenta de las conversaciones paralelas en ese departamento. El Frente Comuneros del Sur reafirmó su intención de participar en los diálogos regionales iniciados el 9 de marzo en Samaniego, Nariño. En un comunicado en video publicado por RTVC el 12 de marzo, esa agrupación asumió también el compromiso de realizar labores de desminado humanitario. Por su parte, Otty Patiño, Alto Consejero para la Paz, celebró la decisión de este grupo y además anunció la conformación de un equipo operativo en pro de ayudar a concretar con éxito el desminado. A estos anuncios los antecede un pronunciamiento de la delegación nacional del ELN, que el 20 de febrero tomó la decisión de llamar a consultas a sus delegados y congelar los diálogos. El argumento central era que esta iniciativa regional, anunciada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, era un show mediático que pretendía disfrazar el incumplimiento del cese al fuego bilateral. En ese momento, aunque no de manera explícita, se hizo referencia al punto siete del nuevo protocolo de acciones específicas, acordado en el sexto ciclo, que dice que el gobierno no puede desarrollar operaciones de desmovilización individuales y/o colectivas y de desarticulación de ninguna forma a estructuras del ELN. Seis días después, Antonio García publicó una columna llamada La razón de la sinrazón. En su escrito, el Primer Comandante del ELN hizo alusión a una operación de inteligencia para acabar al Comando Central (COCE) y que, según él, fue puesta en marcha desde el 2014. Además, acusó al dirigente del frente Comuneros de ser un infiltrado, aliado con la Segunda Marquetalia y un grupo de paramilitares del pacífico. Ese mismo día, Otty Patiño en entrevista con Cambio, habló sobre la denominada crisis y comentó que le parecía extraña la reacción de Antonio García: “Para él, este proceso es una conspiración de inteligencia para quebrantar y fracturar al ELN y, desde luego, no se trata de eso”. Luis Fernando Trejos, profesor e investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, comentó que esta situación que expresaba el comunicado podía mostrar “que la unidad de mando dentro del ELN tiene fisuras. No está atomizada, pero tampoco es tan monolítica como se han esforzado en comunicarlo”. Sin embargo, el impase parecía superado, puesto que, en horas de la tarde del 26 de febrero, en un comunicado conjunto, la mesa anunció la continuidad de las actividades propuestas en los acuerdos firmados hasta ese momento, o sea el cese al fuego, el proceso de participación de la sociedad y las labores humanitarias. El 9 de marzo iniciaron los diálogos regionales en Nariño y la polémica parecía zanjada. Al evento desarrollado en el coliseo de Samaniego asistieron representantes de organizaciones sociales y comunitarias, así como defensores de derechos humanos. El inició de esas conversaciones se concibió como un puente de diálogo entre estructuras armadas presentes en el territorio y viró hacia la consolidación del programa gubernamental, Regiones de Paz. Estas últimas están enmarcadas en la ley de Paz Total, o Ley 2272 de 2022, y básicamente son definidas como espacios territoriales donde se pueden adelantar, con autorización presidencial, diálogos de paz. En el evento, el gobernador Escobar presentó las “Maquetas de Paz”, una serie de proyectos que contarán con el apoyo de Planeación Nacional y cuyo objetivo es invertir más de 230 mil millones de pesos en obras de infraestructura vial, plantas de tratamiento de agua, fortalecimiento de la presencia universitaria, entre otros. En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes: 1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024 «> En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes: 1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024 «>En los Diálogos Regionales por la Paz anunciamos una inversión inicial de $237 mil millones, en articulación con el Gobierno Nacional, que serán destinados, en un primer momento en los municipios de Samaniego, La Llanada y Guachavés, alrededor de 4 componentes: 1️⃣ Seguridad… pic.twitter.com/UwvflGnKSr — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 10, 2024 Justo ese mismo nueve de marzo Antonio García, en su cuenta de X, volvió a llamar la atención frente a los diálogos regionales que, según él, realmente iniciaron a finales de 2022, al mismo tiempo que fue descubierta la operación de infiltración del la que habló en su columna. García además insistió en que el Gobierno no solo continuó con dicho plan de desmovilización con el objetivo de mostrar a un ELN dividido, sino también protegió a la estructura con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz-UNIPEP y dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado. Frente a la coyuntura que suscitó el anuncio del Gobernador el 19 de febrero, de iniciar diálogos regionales en Nariño y precisamente con el ELN, en una entrevista realizada por María Jimena Duzán y publicada el 11 de marzo, Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, aclaró que uno de los planteamientos que tiene el presidente Gustavo Petro es llegar al territorio con transformaciones, y agregó que los gobernadores tienen como mandato contribuir a superar los problemas de su región y generar sus propios cambios, lo que es diferente a iniciar diálogos con actores armados. “La ley en Colombia no permite eso, un gobernador no se puede sentar a hacer diálogos con un grupo armado y llegar a acuerdos. Entonces diálogo hay que interpretarlo en este caso como
¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta cuando el Gobierno es de izquierda?
Aunque no hay avances sustanciales en la promesa de reformar la Ley 30 de 1992, que organiza “el servicio público” de educación superior, los universitarios todavía se debaten sobre qué posición tomar, como movimiento social, frente al Gobierno de Gustavo Petro. Collage: Valentina Urrea Aristizábal y Santiago Bernal Largo. Ha pasado más de un año desde que Gustavo Petro asumió la presidencia y el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de educación superior, una de sus promesas de campaña, sigue en borrador. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha asumido la posición confrontativa que lo ha caracterizado frente a otros Gobiernos. La llegada de Petro al poder fue ampliamente respaldada por jóvenes y universitarios; ahora, el movimiento estudiantil ha asumido una posición expectante mientras define en qué lugar se ubicará en relación con el Gobierno y su propuesta de reforma. La postura de los estudiantes ha sido “débil”, según Carlos Díaz, estudiante de Ciencia Política que entre 2018 y 2022 participó de marchas y otros espacios del movimiento estudiantil. Él considera que la victoria de Petro también se debió al movimiento estudiantil, pero cree que esa afinidad ha sido contraproducente, pues ha “cegado” a los estudiantes por tratarse de un presidente de izquierda. “El movimiento estudiantil que hubo de 2018 a 2022 parece haber muerto. Parece haber perdido su independencia y carácter crítico respecto de cualquier Gobierno y gobernante”, apunta Díaz. A pesar de que el movimiento estudiantil tiene un relevo de militancias y liderazgos constante, esto no ha sido impedimento para que se herede entre generaciones la idea “de que sí o sí hay que hacerle oposición al Gobierno”, como señala Luisa López, politóloga y magíster en Sociología Política. Por eso, considera que buena parte del estudiantado no ha reflexionado sobre la correlación de fuerzas que puede implicar apoyar o no al Gobierno y, en particular, esta propuesta de reforma a la educación superior. Esa reflexión se intentó abordar en el más reciente Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), que se convocó en la UdeA del 22 al 24 de septiembre de 2023 para discutir los aspectos del borrador a la reforma de la Ley 30, entre otras preocupaciones de la comunidad estudiantil de distintas universidades de Colombia. Pero no se consiguió. El último día del encuentro el cronograma estaba retrasado casi 10 horas: la discusión en plenaria sobre los reclamos del movimiento estudiantil al Gobierno debía comenzar en la mañana, pero cuando por fin tomó lugar, las delegaciones de varias partes del país empezaron a irse. Eran las cinco de la tarde, el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo estaba casi vacío y los universitarios aún no habían acordado una declaración política. Los últimos estudiantes se debatieron entre tomar una postura a favor del Gobierno o, en cambio, distanciarse de este. Al final, la que era una de las decisiones centrales del encuentro quedó en el aire por la falta de cuórum para tomarla. “El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la universidad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las coyunturas políticas, sociales y económicas del país”, piensa Carlos Díaz, quien además considera que el desorden de este encuentro y las ausencias en algunas plenarias y discusiones muestran que hay menos compromiso de la comunidad estudiantil con las causas del movimiento. «El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la univerisdad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las conyunturas políticas, sociales y económicas del país». Carlos Díaz A esto se suman las complejidades de establecer liderazgos en el movimiento estudiantil, ya que mientras en la movilización social es importante generar identidades colectivas y roles de liderazgos, como explica Luisa López, en el caso de los universitarios hay relevos generacionales que interfieren con este factor: “Se es mujer toda la vida, se es obrero durante gran parte de la vida productiva, pero se es estudiante muy poco tiempo y eso hace que se pierda muy rápido el trabajo de la formación de líderes”. En debate permanente El período 2018-2022 fue de mucha agitación social. En 2019 y 2021, durante el Gobierno Duque, se dieron masivas protestas nacionales en contra de un intento de reforma tributaria, de la desfinanciación de las universidades públicas, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del presidente con los acuerdos de paz. Fue en el marco de ese Gobierno que surgió el ENEES como una propuesta para unificar fuerzas en el movimiento estudiantil. Su última reunión, antes de la del 2023, fue en noviembre del 2019 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con delegaciones de 23 instituciones de educación superior, menos que los tres mil estudiantes de 41 instituciones que participaron en el más reciente encuentro, en la UdeA. Allí debatieron y presentaron propuestas sobre ejes temáticos como la financiación, el bienestar, la regionalización, las violencias basadas en género, entre otros. La financiación es uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley 30. El artículo 87 de la ley vigente determina que los aportes que entran a las IES del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se calculan según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, con base en los precios de la canasta familiar. Ese aumento presupuestal no es suficiente para cubrir los costos de la canasta de insumos, productos y servicios necesarios para sostener una IES. Esto quiere decir que a las instituciones de educación superior les está entrando menos plata de la que gastan, lo que ha generado un déficit. Esta canasta es calculada cada semestre por el Dane en el Índice de Costos de Educación Superior (ICES). El proyecto de reforma propone que el aumento a las universidades se calcule con base en el ICES y no en el IPC. Juan Pablo Dussan, estudiante de Economía del Colegio Mayor de Cundinamarca, participó en