El consumo de sustancias, en el centro de los debates de convivencia en la UdeA para 2026
El consumo de algunas sustancias psicoactivas en espacios compartidos dentro del campus es motivo de inconformidad en estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante ello, la Dirección de Bienestar Universitario propone crear zonas específicas y establecer límites frente a los espacios donde se consume**. Los pasillos y mesas son los lugares donde más se perciben los efectos del humo y los olores. Foto: Ronaldo Kury. El consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Antioquia sigue siendo uno de los temas clave cuando se habla de convivencia. Aunque se han implementado proyectos institucionales para tratar la situación y fomentar el respeto en las mesas, pasillos y otras áreas compartidas, muchos integrantes de la comunidad universitaria se sienten afectados por los efectos del humo y de los olores en los espacios comunes. Una de las zonas con más dificultades de convivencia relacionadas con el consumo es la «Ele» que conforman los bloques 9, 12, 13 y 14. Una de las unidades académicas ubicadas allí es la Facultad de Comunicaciones y Filología (FCF), donde estudiantes, profesores y trabajadores han reportado afectaciones en sus actividades diarias de forma recurrente. Natalia Restrepo Saldarriaga, profesora de la FCF, dice que esta problemática ha impactado directamente su trabajo: «Mi oficina se llena de olor, a veces incluso de humo, y eso me da migraña, inapetencia, no me permite concentrarme. Entonces no puedo trabajar, tener reuniones, atender estudiantes ni almorzar en la oficina». Restrepo, quien lleva dos años en la universidad, aseguró que la situación ha empeorado con el tiempo, «cuando llegué ya se sentía, pero no en este nivel. Ha ido aumentando de manera paulatina, pero muy veloz, y cada vez está peor». La docente reportó el problema al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, pero no ha recibido una solución. «Nos visitaron una vez y tomaron fotos. Dijeron que me harían exámenes médicos para saber si el humo había hecho alguna afectación en mi cuerpo, pero no me volvieron a contactar», concluyó. Isabella Navarrete, estudiante de Periodismo de la Universidad, sufre de rinitis, una condición respiratoria que se agrava con la exposición al humo y a algunos olores. Esto le dificulta permanecer en algunos espacios de la universidad donde se realizan consumos de marihuana, cigarrillo y otras sustancias. «Siempre me debo ir», comenta, y explica que estas situaciones interrumpen sus momentos de estudio y concentración en los pasillos y otros lugares de la universidad. Pasillo del bloque 12 de la Universidad de Antioquia, un lugar afectado por la problemática. Foto: Ronaldo Kury. Respecto a esta situación, la decana de la FCF, Olga Vallejo Murcia, manifestó que el consumo en los alrededores del bloque 12, donde queda la Facultad, «está causando muchísima interferencia en el desarrollo y cumplimiento de la misión» de esta unidad académica. Según explicó, el humo proveniente del consumo de marihuana en los alrededores del bloque ha obligado a suspender sesiones de atención psicológica en la oficina de Bienestar de la Facultad, ubicada en el segundo piso y en la parte trasera del bloque, debido a que «nadie quiere tener una terapia en medio de una humareda». La decana agregó que varios profesores han optado por ausentarse de sus oficinas debido al humo de marihuana. «Es imposible estar cuatro o cinco horas de trabajo en esas condiciones», aseguró Vallejo. Además señaló que esta situación le ha generado una «gran impotencia» como administradora de la Facultad, ya que a pesar de los intentos de diálogo y sensibilización, «parece que no hay una solución». María Fernanda Barreto, coordinadora de proyectos de la Dirección de Bienestar, señala que la estrategia institucional ante esta problemática no es punitiva y que, al contrario, busca promover una línea pedagógica: «La dirección de Bienestar lo que busca es que, a través del diálogo y la conversación, podamos llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia en lo que se refiere a este tema», explicó Barreto. La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con dos proyectos para abordar estos asuntos, ambos del Plan de Acción Institucional de la Universidad (PAI): «Conciencia Colectiva», que se encarga de la convivencia y «Somos Comunidad», que se enfoca en el uso adecuado de los espacios. Uno de los enfoques de ambos programas es sensibilizar frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro del campus. Como parte de los esfuerzos por disminuir el consumo en los espacios comunes, el pasado viernes 24 de octubre, la Dirección de Bienestar Universitario organizó una asamblea de venteros universitarios, en la que se acordó, entre otros puntos, limitar el consumo de sustancias en los lugares donde se ubican los puestos de venta. Sin embargo, el consumo también es habitual en otros sitios del campus donde no hay presencia de venteros. Extracto de los acuerdos alcanzados en la asamblea de venteros llevada a cabo el 24 de octubre del 2025. Barreto explicó que el cierre de la pista de atletismo por remodelación causó una dispersión de los consumidores por la universidad, pues al lado de está queda la zona conocida como «El Aeropuerto», sitio que históricamente ha concentrado el consumo. A pesar de que la pista fue reabierta en julio de este año, el consumo permanece en otras zonas de la Universidad. Según la decana Olga Vallejo, esto ocurre por «comodidad» de los consumidores, que prefieren seguir en otros lugares antes que desplazarse a la pista. Ante esto, Bienestar sigue buscando alternativas para manejar la situación. También explicó que, como uno de los objetivos del proyecto «Somos Comunidad», se realizará un Plan de Redistribución de los Espacios Comunes (PREC) con el cual «se está tratando de revisar cómo podemos llegar no solamente a unos acuerdos mínimos, sino también a establecer lugares para que estas prácticas puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de afectar la misionalidad universitaria«. La pista atlética solía ser el punto de concentración del consumo, pero ahora se ha dispersado por todo el campus | FOTO: UdeA web. Estas zonas se establecerían con el objetivo de que Bienestar Universitario pueda realizar intervenciones con el Programa Educativo
¿Cómo funciona el comercio privado en una universidad pública?
Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia explican la lógica del comercio formal (y privado) dentro de la universidad pública más importante del departamento**. Mapa de la oferta comercial en Ciudad Universitaria. Fuente: Página web Universidad de Antioquia. En medio de las llamadas «asambleas por convivencia», el impacto de la Resolución Rectoral 52880 del pasado lunes 10 de noviembre y el revuelo que ambas causaron en la comunidad universitaria, desde De La Urbe nos preguntamos cómo funciona el comercio privado dentro de Ciudad Universitaria, el campus principal de la Universidad de Antioquia y por qué, aún siendo una universidad pública, la mayoría de los locales son de privados y con precios elevados, parecidos al mercado externo a la U. Para esto, hablamos con Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano, quienes explican cómo funciona el comercio formal y privado dentro de la UdeA y por qué, aún con esa oferta, siguen creciendo las ventas informales, incluso al lado de locales activos como los Domo Café, en un campus en el que cada día circulan entre 28.000 y 30.000 personas. ¿Cómo es el proceso para alquilar un local dentro de la Universidad? Juan Gabriel García: En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión. Fue una directriz de [la oficina] jurídica, entonces ahora se hace de esa forma. Cuando tenemos un local desocupado porque alguien se fue, que renunció a la concesión y no firma la renovación o no pide renovación, el local se libera. Hay otras formas en las que los locales se liberan: cuando las personas no cumplen con el pago de la concesión mensual, tienen muchos atrasos o presentan dificultades con la interventoría que se les hace a los locales. ¿Cómo se hace la concesión? Juan Gabriel García: A través del portal se hace una convocatoria con el estudio de cuánto más o menos puede costar el local en el mercado. Las propuestas que lleguen a la Universidad se estudian y a la más pertinente se le asigna el local. ¿Hace cuánto funciona el modelo de concesión? Karen Ramírez: Desde hace cinco años estamos llevando contratos de concesión. ¿Quién hace la interventoría? Karen Ramírez: Lo que tiene que ver con los locales está pasando a la Vicerrectoría Administrativa para hacer la ordenación del caso, o sea, para actuar como los representantes de la Universidad que suscriben el contrato, y la interventoría la hace la División de Infraestructura Física. Hasta este momento era el Departamento de Desarrollo Humano el que tenía la interventoría técnica, pero siempre nos acompañamos de la Escuela de Nutrición y Dietética, con la que tenemos un acta de compromiso para que desde el punto de vista técnico realicen la interventoría a cada uno de los expendios de alimentos. ¿Cada cuánto se hace la interventoría? Karen Ramírez: A los locales se les realizan visitas periódicas. Podemos hacerlo una vez cada mes, cada dos meses o según la necesidad. Por ejemplo, si tenemos algún reporte ante cualquier situación, la interventoría de inmediato actúa. ¿Cuántos locales hay en total en Ciudad Universitaria? Juan Gabriel García: En Ciudad Universitaria tenemos 33 locales comerciales. Obviamente no todos son de alimentos. Tenemos un local que ocupa la Cooperativa de Profesores de la Universidad (Cooprudea), tenemos papelerías. De alimentos tenemos 21. «En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión». Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario ¿Cuánto cobra la Universidad por cada local? Karen Ramírez: Dentro de la convocatoria se hace un análisis de mercado según las circunstancias concretas del momento específico. Se establece un precio, se saca una convocatoria donde se dice cuál es el valor, se establecen los requisitos, entendiendo que hasta el momento que nosotros administrábamos [antes del paso a la Vicerrectoría Administrativa] hay un incremento anual del 8 % y quienes están interesados se presentan y se les asigna con ese valor. ¿Cuánto duran las concesiones? Karen Ramírez: La idea es hacer prórrogas. No son automáticas. Una vez está por terminar el contrato, se hace una renovación con las partes que suscriben la prórroga por el periodo de un año. ¿En qué se invierte ese dinero que la Universidad recauda? Juan Gabriel García: Hasta el momento, porque este proceso está pasando a la Vicerrectoría Administrativa, el recurso llega a unos fondos especiales de la Dirección de Bienestar. Esos recursos se invierten en apoyos económicos a estudiantes, entre los que está el bono de alimentación. ¿Qué va a pasar [con el cambio de administración]? No lo tenemos todavía seguro, pero se está revisando. Los locales comerciales se han visto muy deteriorados en la Universidad y con la escasez de recursos no se alcanza a hacer adecuaciones. Entonces, con el paso a la División de Logística e Infraestructura de la Vicerrectoría Administrativa, se está revisando cuánto del ingreso va a pasar para apoyos a estudiantes por parte de Bienestar y cuánto para la readecuación y sostenimiento de los locales comerciales. ¿Han recibido quejas por los precios específicamente? Juan Gabriel García: Nosotros no hemos tenido quejas formales por los precios, sí hemos tenido comentarios de algunos decanos en reuniones donde nos dicen que en ciertos locales los precios son muy elevados. Sabemos que en la Universidad tenemos algunos productos que son muy específicos y que compran las personas que tienen los recursos, pero también tenemos otros apoyos en Bienestar como el servicio de alimentación para las personas que realmente tengan la necesidad y por eso pasan por una revisión con un trabajador social […] Digamos que en la Universidad hay una variedad de precios donde las personas pueden comprar. ¿Existe alguna regulación sobre los precios que deben tener los locales? Karen Ramírez: Habíamos reglamentado, inclusive, que un palito de queso tuviera un valor específico, que el
Es dura la siembra, pero hay cosecha
La falta de acceso a educación y los grupos armados ilegales son razones de peso para dejar atrás el campo, pero varios jóvenes de Tamar Bajo insisten en quedarse. Aunque no descartan tener que salir en algún momento de su vereda en Remedios, Antioquia, para buscar oportunidades en la ciudad, sus planes son regresar; el amor por la tierra y la organización campesina pesan más. Fernei, Andrés y Darwin conocen las ventajas y las dificultades de ser jóvenes campesinos. Por eso su trabajo colectivo consiste en defender y mejorar su territorio. Ilustraciones: Ana Sofía Peláez. Andrés, Darwin y Fernei me contaron que el río Tamar era cristalino y se veían los peces. Ninguno de los tres había nacido para verlo, pero lo describieron con el orgullo y la nostalgia que les transmitieron los más viejos. En agosto de 2025, ellos fueron mis guías durante el VIII Campamento Ecológico de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Aunque el objetivo era aprender sobre especies sombrilla, en el camino conocí otro grupo de seres que también son vitales para el territorio: los jóvenes campesinos. Tamar Bajo está en la esquina oriente de Remedios, en el Nordeste antioqueño. Tiene 35 viviendas y más de 200 habitantes, varios asentados a la orilla del río y otros donde se abre paso al bosque. En la vereda, algunos árboles les pertenecen a los monos aulladores rojos y el cielo es propiedad de las guacamayas azuliamarillo, pero los caminos son de los ejércitos. La zona, dedicada sobre todo al comercio de madera y la minería, está en disputa entre el ejército nacional, el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo y, hasta antes de irse para reforzar su presencia en el Catatumbo, el Frente 24 de las disidencias de las Farc. Los primeros días de julio del 2025, organizaciones de derechos humanos de la región alertaron sobre confinamientos por el accionar del Clan del Golfo en esta y otras veredas. Por allí pasa la caravana del Campamento Ecológico en la que vamos estudiantes universitarios, voluntarios de Peace Brigades International y campesinos. Una sola vida Andrés Orrego Palacio tiene 17 años y es el menor de ocho hijos. Nació en Barrancabermeja, Santander, pero la mayoría de su vida la ha pasado en el campo; hasta olvidó que en el pueblo hay que cruzar calles. Cuando llegó a Tamar Bajo, estaba en tercero de primaria y en quinto paró de estudiar porque no había bachillerato en la vereda. Luego, «unos mineros me prestaron un cajón y tenía yo mi batea que me dio mi mamá, esperaba todas las mañanas con mi desayuno y me iba a la pata de ellos, a bregar, a ver uno qué se sacaba por ahí en el día y sí, ellos me fueron explicando», recuerda. Después, don Joaquín, un vecino, le enseñó a manejar canoa a motor. Andrés le «marineaba» a él, es decir, cargaba y entregaba la mercancía en los puertos y estaba pendiente de los palos y del río. De vez en cuando, don Joaquín le soltaba la canoa para que practicara. «Aprendí bien y ahí me fue buscando para coger el cargo de la línea»; con 13 años y sin posibilidad de seguir la escuela en su vereda, Andrés llegó a ser motorista y marinero de la ruta entre Tamar Bajo y la vereda San Francisco, en Yondó. Recién escampa salimos de Tamar Bajo, la trocha es intransitable y una de las camionetas de la caravana va sin fuerza. Andrés deja su poncho mulera de lado y es el primero en ir a empujar. Más adelante, se quita la camiseta porque no quiere ensuciarla mientras ata la cuerda de remolque a los vehículos. Da indicaciones: que los del platón salten para no «encunetarnos» o que los conductores metan tal cambio. Cuando no funciona, se remanga el pantalón y con una pala distribuye el lodo. Ya en pantaloneta, Andrés se sumerge en el río Ité, que desde la noche anterior inundó parte de la carretera; guía el recorrido, el agua le llega a las rodillas y, a ratos, al ombligo. Alguien le pregunta de dónde saca tanta energía y él, risueño y empapado, contesta: «me tengo que despertar feliz porque es una sola vida». Tierra en vez de guerra En 2022, tras una ardua lucha de la comunidad, la Alcaldía envió una profesora de bachillerato a Tamar Bajo. Andrés cursó sexto y séptimo, y ahí dejó porque le aburre y tiene muchos compromisos. Trabaja como ayudante de uno de sus hermanos, que es aserrador y vive en Yarima, un corregimiento de San Vicente de Chucurí, Santander. Dice que salió de la vereda «a buscar un futuro», pero de inmediato reformula y concluye que el futuro no está afuera, aunque el dinero para alcanzarlo sí. Andrés quiere tener una finca o un camión para trabajar, como sus otros hermanos, y prestar el servicio militar para ser escolta de una organización legal como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La ACVC hace un trabajo organizativo, político y social en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del mismo valle. Desde 1996 ha defendido y articulado a los sectores rurales de Remedios y Yondó, en Antioquia; y de Cantagallo y San Pablo, en el sur de Bolívar, pero no fue sino en marzo de este año que se consolidó la Coordinadora de Jóvenes de la ZRC. En 2023, la asociación campesina realizó encuentros con las juventudes de estos municipios, Andrés participó en algunos y se entusiasmó con la idea de crear un comité de jóvenes en su vereda: «yo era moleste y moleste al señor don Pedro: ‘don Pedro, don Pedro, ¿cuándo van a venir a mirar quiénes somos los del comité?’». Pedro Jesús Mora es el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Tamar Bajo y el coordinador del Comité Ambiental de la ZRC. Se considera un hombre pacifista y un tipo muy cansón porque, en todo lugar al que llega, insiste en
“La libertad de prensa está en fase terminal”: dirigente gremial ante nueva ola de censura en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado restricciones a la libertad de prensa en Venezuela tras las noticias del Nobel a María Corina Machado y el atentado a activistas venezolanos en Bogotá en octubre. El periodista y dirigente gremial Edgar Cárdenas explica cómo se vive hoy la censura en el país vecino. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Foto: TalCual. En pasado mes de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela alertó sobre nuevos casos de censura en medios venezolanos cuando se conoció que la líder opositora María Corina Marcha recibiría el Premio Nobel de la Paz y tras la cobertura del atentado en Bogotá contra Luis Peche y Yendri Velásquez, activistas venezolanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Los episodios de censura más notorios fueron las suspensiones de los espacios radiales de los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, ambos transmitidos por el circuito radial Unión Radio, tras informar sobre el Premio Nobel concedido a Machado. Denuncia del SNTP ante nueva ola de censura. Para profundizar en la situación actual de la libertad de prensa, y en el marco de la reciente entrega del Premio Nobel a Machado en Oslo, conversamos con Edgar Cárdenas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, quien detalla cómo se manifiestan hoy las restricciones informativas en el país. ¿Usted percibió la censura que denuncia el SNTP? Sí, ciertamente hay una política de censura que forma parte de una política de agresiones a periodistas y medios, y lo que busca es silenciar la información. Se trata de que la gente no conozca lo que acontece. Según la visión del Gobierno venezolano, los ciudadanos deben conocer los hechos noticiosos solamente a través de las plataformas que dependen del sistema de medios públicos del Estado venezolano o de aquellos medios que les son afectos. Lo que implica, por supuesto, que no hay libre circulación de las ideas, que no hay pluralidad. Volviendo a los dos casos particulares [el caso de dos jóvenes activistas venezolanos que fueron atacados en Colombia y el caso del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado], ciertamente reventaron y colapsaron las redes sociales, pero hubo prohibiciones en los distintos medios de comunicación. María Corina Machado, líder opositora venezolana, y los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez. ¿Cómo se presentan estas prohibiciones? ¿de qué manera? Antes los institutos oficiales emitían una comunicación prohibiendo los contenidos, ahora no. Ahora son llamadas, no dejan rastro. Ahora es una llamada de una alta autoridad, de una alta esfera gubernamental, que le dice a un canal de televisión o a una emisora de radio que no puede tener este dictado, que no puede decir aquella otra palabra, y los medios, por supuesto, tratando de sobrevivir, asumen ese tipo de posición. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas utiliza el gobierno para censurar? En Venezuela actualmente tenemos 18 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por informar con imputaciones por “terrorismo” o por “incitación al odio”. Se ha venido estructurando un andamiaje jurídico que permite silenciar la información a través de estos instrumentos que lo que buscan es criminalizar la opinión y legitimar la censura. Hay una cantidad de condiciones que, por supuesto, limitan el ejercicio de la profesión, es arbitrario y termina aterrorizando a los medios de comunicación y periodistas porque es una forma de decir: «Esto es lo que les puede ocurrir a los periodistas que siguen informando de contenido sensible». Algunos periodistas ya llevan más de tres años privados de la libertad. Entonces, yo diría que la libertad de expresión en Venezuela no está en una situación ni siquiera complicada, está en una situación de fase terminal. Porque a medida que el gobierno intente ser el que fije la pauta noticiosa, en esa medida entonces estamos entregando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si ahora nos encontramos con que es el Estado o es el gobierno quien dicta esas pautas, la libertad de expresión prácticamente queda en cero. ¿Qué se puede decir de la autocensura? ¿La hay? Y si la hay, ¿es por miedo? Sí, por supuesto. Ejercer el periodismo, hoy en día, es de alto riesgo, sobre todo en Venezuela, y por supuesto que hay miedo. Vemos cómo todas esas detenciones arbitrarias de periodistas ocurren solamente por el hecho de informar. Hay casos tan lamentables como el de un colega periodista que por cubrir una protesta por falta de agua en una población del interior del país fue detenido e imputado por incitación al odio. ¿Qué se les aconseja a los periodistas desde el CNP en este contexto? Aquí lo más importante, en lo que nosotros insistimos, es que hay que salvaguardar la vida, por supuesto, pero también apegarse a los preceptos éticos que nos obligan a cumplir con nuestra labor, siempre y cuando la seguridad nos lo permita. Sin embargo, las audiencias hoy en día, y más en estos procesos con gobiernos donde la censura y la persecución a los periodistas es prácticamente parte del día a día, ya han comenzado a entender el contenido entre líneas. Por eso, los periodistas tienen que aprender a escribir precisamente ese contenido entre líneas, y sobre todo cuidar el uso de todas aquellas frases que puedan ser sensibles al gobierno, porque el problema de las altas esferas gubernamentales hoy día es su alta sensibilidad sobre determinados temas. ¿Cómo ve el panorama a mediano plazo? Yo no veo la posibilidad de que esto disminuya, pienso que esto va a seguir arreciando más bien, porque se perfeccionan más las fórmulas y las técnicas para censurar. Vemos ahora que sin cartas, sin documentos, solamente por una llamada ya te pueden censurar. Todo esto a raíz de que dos periodistas conocidos en la radio hicieron un simple comentario sobre que se le otorgó el premio Nobel a Maria Corina Machado e hicieron que el medio los retirara, es decir, salieron de los medios de comunicación [al
La crisis de hoy en voces nuevas y viejas
Las consecuencias del déficit financiero y las otras caras de la multicrisis han llevado a que en la UdeA se escuchen voces nuevas en los roles de representación de docentes y estudiantes, que se suman y confrontan a las que, desde antes, ya resonaban en las esferas directivas. Mauricio Múnera y María Isabel Duque asumieron la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en mayo de 2025 con una posición crítica frente a la administración central e impulsados por el creciente descontento de los docentes. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. “El rector no está tomando decisiones, lo que está haciendo es por la presión que le ha planteado el [Consejo] Superior, pero ha sido la Vicerrectoría Administrativa la que ha tomado la vocería, ha sido el vicerrector y su equipo haciendo unos análisis específicos de reducción. Más allá no hay ningún otro tipo de decisiones que afecten la vida universitaria en términos de gobierno universitario, ni en términos de deserción, ni en términos de violencias basadas en género. Todo se ha quedado en el plano de la crisis financiera y las decisiones han sido de reducción”. Mauricio Múnera, representante profesoral suplente ante el CSU Foto: Juan Andrés Fernández Villa. Una de las posturas de la representación profesoral y la Mesa Ético Política ‒creada por profesores y profesoras en 2024‒ es que la Universidad no debería endeudarse más para solucionar sus problemas de liquidez. “Cuando [el rector] te pone un escenario de que si no la vendemos a este único señor dadivoso que la va a comprar [solo hubo una oferta por la hacienda El Progreso, en Barbosa], y que si no nos endeudamos por 100 mil millones de pesos no vamos a pagarle la nómina a los profesores, a mí me pone entre la espada y la pared […]. Es irresponsable a dónde nos ha llevado este señor, a tomar malas decisiones”. María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU Pasaron más de 20 años para que el estudiantado volviera a tener voz y voto en el CSU. El 26 de agosto, la Asamblea General de Estudiantes decidió cambiar su posición frente a la representación estudiantil y apoyar el proceso de elección. Laura Melissa Olarte fue elegida el 11 de septiembre como representante principal junto a Juan Manuel Muñoz como suplente. Foto: Dirección de Comunicaciones de la UdeA. “Hay una lectura un poco crítica frente al momento en el que proponen la reforma a la Ley 30, reforma que llevaron al Congreso y que a ellos mismos [el Gobierno nacional] les tocó retirar. Yo considero que esta debió haber sido una de las banderas del Gobierno durante las primeras legislaturas del Congreso y ellos son muy conscientes de cuál es el problema financiero de las universidades públicas, pero dejaron casi para la última legislatura una reforma a la Ley 30”. Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal ante el CSU Foto: Valeria Londoño Morales. La UdeA está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación) desde el 11 de septiembre. La decisión de enviar una inspectora in situ no fue bien recibida por la Gobernación, ni por la Rectoría; en cambio, los grupos de docentes y los estudiantes la ven con buenos ojos. “Es innegable que la presencia de una inspectora in situ motivada por una crisis financiera genera un impacto en la reputación de la Universidad, pues inevitablemente se instala una duda pública sobre la solidez administrativa y la capacidad de la institución para manejar sus propios recursos. Sin embargo, mi trabajo no busca vulnerar la autonomía universitaria. Mineducación ejerce la suprema inspección y vigilancia, que es una función de rango constitucional. La justificación de esta intervención es clara: la autonomía de las instituciones de educación superior no puede utilizarse como escudo para poner en riesgo el derecho fundamental a la educación de los estudiantes a causa de la inviabilidad financiera”. Angielly Paola Martínez, inspectora in situ del Mineducación La voz de Arboleda es más conocida: está en su tercer período como rector (el primero inició en 2018). Además de señalar a la UdeA como “víctima de su propio éxito”, él asume una responsabilidad parcial porque asegura que el problema venía desde antes. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA. “Hay una frase de un exintegrante del Consejo Superior: hacia atrás es más fácil. Para tratar de entender por qué no hicimos cosas que debimos haber hecho, mirar hacia atrás es más fácil. Él también decía que para atrás todos somos muy inteligentes. Desde 2007 esta universidad gasta más de lo que recibe. Desde esa fecha se sabía que iba a llegar un momento en el que, si seguíamos gastando más de lo que recibíamos, esto iba a ser insostenible, pero teníamos unos ahorros y unos ingresos, lográbamos unas contrataciones y solventar recursos a través de las distintas actividades que desarrollamos”. Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la UdeA Foto: Valeria Londoño Morales. El 30 de octubre, Mauricio Alviar renunció a su cargo como secretario de Educación de Antioquia. Desde 2024 hasta su renuncia presidió el CSU, donde impulsó las medidas de austeridad que hoy son cuestionadas dentro de la Universidad y que ponen en peligro la estabilidad laboral de personal administrativo y docente de todas las unidades académicas. “La figura del profesor de cátedra es muy importante, sobre todo la de aquellos que tienen vínculos con el sector productivo, con el sector público o con las comunidades; es importante porque su experiencia y conocimiento se lo transmiten a los estudiantes y ayudan muchísimo al proceso de formación. Pero insisto en que se nos fue la mano porque a mí me parece que hay un exceso de contratos de hora cátedra para docencia en pregrado debido a que los profesores de planta han disminuido su participación en la docencia. Un profesor de planta hoy, en promedio, está dedicando el 14 % de su plan de trabajo a docencia directa y nosotros hemos insistido en que, en promedio, en cualquier institución de educación superior ese porcentaje debería
Más que una línea amarilla: lo que hay detrás de la Cultura Metro
Aunque han pasado 30 años desde el viaje inaugural del Metro, desde antes de su apertura, esta iniciativa de cultura ciudadana ya se estaba gestando como una estrategia pedagógica para las y los futuros pasajeros de este sistema. Tres décadas después nos preguntamos qué hay detrás de la Cultura Metro. Foto: Luis Miguel Ríos. Este año, el Metro de Medellín cumplirá 30 años desde que inició operaciones, en noviembre de 1995. Sin embargo, siete años antes de que el primer vagón recorriera el valle de Aburrá ya se discutía un proyecto educativo para preparar a la ciudadanía frente a este nuevo sistema de transporte. Ese proyecto sería el antecedente de lo que más tarde la gente llamaría Cultura Metro: una iniciativa que hoy influye en los usuarios de formas tan sutiles que, con frecuencia, pasan inadvertidas. ¿Qué es la Cultura Metro? En términos conceptuales, la institución define la Cultura Metro como un modelo que promueve relaciones positivas en tres dimensiones: con uno mismo, con los otros y con el entorno. Así lo explica Hugo Armando Loaiza, coordinador de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín. Él destaca que este proceso comenzó en 1988 y que, en sus inicios, no tenía nombre; sería la ciudadanía, con el tiempo, quien lo bautizaría. Su origen responde a la necesidad de formar al público antes de la puesta en marcha del sistema. En 1988, la estrategia se centraba en preparar a la comunidad como futura usuaria. Programas como el Vagón Escuela buscaban mostrarles a los habitantes del valle de Aburrá cómo serían los trenes, qué elementos tendrían y cómo se usarían. Ese punto de partida definió la línea base de lo que hoy continúa vigente. Actualmente, la Cultura Metro es un código de comportamiento y una ética colectiva en la que, según Lucía Arango Liévano, jefa de la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia, existe un consenso tácito. Pero es más que un decálogo: detrás hay una fuerte fundamentación teórica desde la comunicación, el control de masas y la sociología. Son teorías aplicadas mediante mecanismos sutiles que orientan el comportamiento del usuario hacia lo que la institución considera deseable. Loaiza señala, por ejemplo, que la limpieza de las estaciones no es un asunto de estética sino parte de una estrategia basada en la teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982. Esta sostiene que los signos de desorden fomentan la delincuencia; en contraste, el aseo del Metro refuerza comportamientos positivos. Desde la psicología social, la psicóloga Meilin Ortega entiende la Cultura Metro como un proceso de aprendizaje observacional: los usuarios imitan conductas al verlas repetidas, interiorizando las normas sin necesidad de sanciones explícitas. Esto fortalece una identidad compartida que, según la Teoría de la Identidad Social, convierte al usuario en miembro de un grupo con valores propios. Loaiza también destaca una tríada fundamental descrita por Cristina Bicchieri: formación, control y sanción. En el Metro se privilegia el pilar formativo, se aplica en menor medida el control y se procura evitar la sanción directa, aunque esta sigue existiendo. De allí la presencia de la Policía Nacional, única autoridad con facultad legal para retirar a un usuario ante situaciones como hurtos, riñas o casos de abuso. ¿Por qué los paisas aman y cuidan tanto el Metro? Según Lucía Arango, el Metro surgió en un momento en el que Medellín tenía una profunda sed de patriotismo. A finales del siglo XX, la ciudad era reconocida internacionalmente por su violencia y la ciudadanía buscaba motivos de orgullo. En ese contexto apareció un sistema de transporte moderno, inédito en Colombia. Para Loaiza, esa innovación aún vigente explica el fuerte vínculo emocional con el Metro. La institución no solo transporta personas, sino que ofrece un valor agregado: servicios paralelos como los Escuchaderos, los Bibliometros o las exposiciones de arte dentro de las estaciones. Estos generan cercanía, identidad y una forma de reciprocidad ciudadana. Este modelo responde, en parte, a la teoría del «pequeño empujón» de Richard Thaler. Loaiza lo resume así: «El Metro te entrega el 10% diciéndote que no cruces la línea amarilla; espera de ti el 90% restante haciendo caso». Desde la psicología comunitaria, Ortega señala que programas como Amigos Metro o Bibliometro fortalecen la autoeficacia colectiva: la confianza en la capacidad del grupo para mantener el orden. El usuario deja de ser un simple pasajero y se convierte en agente de cuidado. Todo esto se conecta con el concepto de desarrollo orientado al transporte. «El transporte transforma las ciudades porque transforma los hábitos, y los hábitos de moverse cambian completamente la ciudad», afirma Loaiza. Arango agrega que este modelo se articula con la narrativa del «desarrollo paisa», históricamente ligada a «vencer el monte»: un ideal de progreso basado en la urbanización y el orgullo regionalista. La Cultura Metro, afirma, recoge elementos cuestionables de esa tradición, como la idea de que Antioquia es la región más desarrollada del país. «El Metro de Medellín logró hacerle creer a todo un país que un medio de transporte común era un lujo y no un derecho», sentencia. Las opiniones de los usuarios reflejan que la Cultura Metro es ampliamente valorada, pero enfrenta tensiones. Para muchos, es un hábito inculcado desde la infancia y un motivo de orgullo. Sin embargo, coinciden en que en horas pico sus principios se desdibujan entre empujones, falta de empatía y congestión. Algunos aseguran que la cultura se ha debilitado; otros la consideran dogmática. En conjunto, las voces ciudadanas muestran una cultura apreciada, pero frágil frente a la presión diaria del sistema. ¿Qué se sacrifica con esta idea de cultura? Arango cuestiona cómo un modelo de cultura dominante puede justificar prácticas problemáticas en nombre del orden. En el caso de la Cultura Metro, señala que esta ha validado comportamientos como la delación o el linchamiento social. Recuerda el caso de 2018, cuando tres grafiteros murieron arrollados por un tren de mantenimiento mientras pintaban un vagón. En redes sociales, muchos
Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana
En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,
¡Que les den pastel!: ¿En qué condiciones está el Sistema Metro para su cumpleaños #30?
La joya del área metropolitana es su sistema de transporte público, que este 2025 cumple 30 años. Tres décadas de orgullo paisa, transformación social e innovación. Sin embargo, el pastel de celebración tiene algunos ingredientes no tan dulces de los que como ciudadana no puedo estar orgullosa. Parece impensable, pero algunas de las banderas que tanto defiende como la inclusión, la accesibilidad y la transformación social, en ocasiones se ven contrariadas. En el primero de los pisos amargos del pastel, las necesidades de inclusión y accesibilidad son un desafío que a pesar de los esfuerzos de la institución por superarlo, se transforma y persiste. La estrategia de construcción de 27 ascensores para facilitar el acceso autónomo a usuarios con movilidad reducida es un claro ejemplo. Esta reestructuración justifica la demolición de taquillas, pues en dichos espacios se instalarán los ascensores. Pero, ¿Demoler las taquillas y cerrarlas no afecta la accesibilidad del usuario al sistema? El 16.9% de la población usuaria del Metro son adultos mayores, una población que no está completamente alfabetizada sobre las TIC. Las máquinas no están diseñadas para realizar una tarea demasiado compleja, pero tampoco son tan simples en la práctica y fallan de forma recurrente. Por otro lado, aunque en el Metro hay señalizaciones podotáctiles, braille y apoyo auditivo en máquinas o ascensores para personas ciegas, los dispositivos de recarga requieren interactuar con una pantalla táctil. La alternativa es utilizar la App Cívica u otros canales de recarga digital (que tampoco están exentos de fallas) y hacer uso del mecanismo de activación de saldo con el celular (NFC) que no tienen todos los teléfonos celulares. Las personas sordo señantes también afrontan obstáculos. Mientras que de los 180 guías educativos, 10 son bilingües, solo uno es intérprete de lengua de señas. Y si llegan a tener un problema con una máquina de recarga, el proceso de reclamo está obstaculizado porque estas quejas deben presentarse vía telefónica. Con las máquinas, la velocidad del servicio ya no depende de quienes lo prestan, sino del usuario, que según sus necesidades, tarda más o menos tiempo en realizar la recarga. Si se confunde, se demora; si paga con monedas, se demora; si la máquina rechaza un billete, se demora. Aquí los que quieran comer pastel, que hagan la fila. Se supone que aunque se hayan cerrado varias taquillas, las nuevas máquinas instaladas en estaciones durante la semana del 8 de octubre están en una fase piloto, para probar la reacción de los usuarios. Lo siguiente es la etapa educativa en la que se hará un trabajo formativo sobre la introducción de estos dispositivos y se buscará entender qué les hace falta. Mejor dicho, este piso del pastel aún está crudo. Sobre la decoración del pastel, SINTRAMETRO, el sindicato de trabajadores del Metro de Medellín, ubica su figura de fondant para denunciar el cierre de taquillas que se está gestando en estaciones como Itagüí, Aguacatala, Envigado, Sabaneta, Ayurá, Industriales y Tricentenario. Buscan defender el derecho de los usuarios a elegir qué mecanismo de recarga utilizar mediante la estrategia de recolección de firmas, que ya ha reunido más de 4.000. Pero también baten la crema con otros problemas como los cambios en los contratos que se han impuesto para los trabajadores, gracias al aumento de máquinas: los informadores y vendedores en taquilla (INV) han tenido que salir de sus cubículos para convertirse en orientadores de experiencia (OREX). El Metro añade chispitas a la crema argumentando que tales estrategias permitirán «agilizar el servicio» (un factor que no se garantiza por completo con la automatización de los procesos) y cubrir la necesidad latente de ahorrar dinero desde la pandemia, porque durante este período el metro tuvo muy pocos ingresos tarifarios (es decir, el dinero que reciben por el pago del usuario a cambio del servicio). Tanto así que por la situación de austeridad no se celebrará ni con bombos ni con platillos esta tercera década que cumple la empresa, pero por ahora nos conformamos con el pastel amargo. La situación económica preocupante persiste, así el Metro de Medellín cuente con uno de los tiquetes más costosos en comparación con los de otros metros de latinoamérica. Con un valor de 0.90 USD, encabeza la lista junto a Chile (0.95USD) y Brasil (0.90USD). Cada pasaje de ingreso al sistema cuesta 3.430 pesos colombianos por persona, para las familias usuarias del Metro esto no es tan rentable, sobre todo si pensamos que por cada miembro hay que pagar mínimo dos viajes, es decir 6.860 pesos y si por ejemplo son cuatro miembros entonces es un gasto de 27.320 pesos al día. Considerando que la mayoría de usuarios del servicio son personas de los estratos 1, 2 y 3 podemos concluir que no es rentable para una familia utilizar a diario el sistema Metro. Para que la rebanada de pastel rinda hay que comérsela por migajas. Tomado de Memoria de Sostenibilidad 2024, Metro de Medellín. El sindicato agrega sabor a inseguridad laboral con esencia de cláusula presuntiva, un mecanismo que establece que el contrato es vigente por un período de seis meses y por el mismo periodo podrá ser renovado, por lo que cada 6 meses los trabajadores pueden quedarse sin contrato y el empleador no está obligado a otorgar indemnización, esto pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados. En Antioquia, empresas como EPM ya la han declarado inoperante, ahora prefieren otros sabores. Mientras tanto, las empresas privadas con contratos de tercerización en el Metro reclaman pronto su parte del pastel. Actualmente, por ejemplo, hay 4 empresas vinculadas a los procesos de mantenimiento: CAF, Parts and Solutions, Telval y Quality Masivo, pero se espera que ingresen otras nuevas. Para otras necesidades como la homologación de repuestos se han priorizado convenios universitarios con instituciones que también son de carácter privado como la EAFIT, en el manejo de algunas taquillas tenemos a GANA y en la interventoría del Metro de la 80 a Ardanuy Colombia SAS junto a Sandys Group. A través de procesos de «outsourcing» o tercerización
Lo más emblemático de 30 años de arte en el Metro
El 30 de noviembre de 2025 se cumplieron 30 años desde la inauguración del Metro. Desde entonces, vagones, estaciones y parques también han sido lugares de exposición, temporal o permanentemente, de obras de arte que reflejan la cotidianidad y la cultura de una ciudad que, tres décadas después, ha vivido profundas transformaciones.
Conversación con la curadora de la BIAM 2025: “Aprender a ver, a escuchar, es un factor definitivo para comprender el arte”
Collage: Sara Hoyos Vanegas. La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín significó un reencuentro con la memoria, con la ciudad y con un territorio que necesitaba engrandecer sus vínculos con el arte contemporáneo. El evento, que acaba de clausurar, contó con más de cien mil visitantes y acogió 160 artistas nacionales e internacionales. Detrás de este proceso estuvo la arquitecta, museógrafa, curadora y divulgadora de arte, Lucrecia Piedrahita, responsable de articular una edición que se extendió por 15 municipios, recuperó líneas históricas y construyó una lectura de la libertad anclada en Epifanio Mejía, el poeta que escribió en el himno, «yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña / llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa». Su trayectoria comenzó al regresar de estudiar crítica de arte en Florencia, Italia, cuando asumió la dirección del Museo de Antioquia y apostó por una formación de públicos que consideraba imprescindible. Fue allí, todavía como directora, cuando el maestro Botero tomó la decisión de donar su obra a la ciudad en un gesto que redefiniría el vínculo de Medellín con el arte. Más tarde dirigiría el Festival de Arquitectura, Arte y Ciudad, realizaría curadurías en distintos lugares del país y fuera de él, escribiría, enseñaría en universidades, impartiría clases particulares y sostendría durante quince años un programa de radio en Radio Bolivariana. Su trabajo, como ella misma lo define, ha sido insistir en una mirada cada vez más consciente y selectiva, convencida de que divulgar arte es también una manera de construir ciudadanía. En esta conversación, Piedrahita habla sobre el proceso de curaduría, de la idea de libertad que guió la bienal, de la necesidad de «llevar el arte a la gente» y de por qué el arte contemporáneo es, más que nunca, un lenguaje para pensar nuestro tiempo. Antes de entrar en la curaduría y en lo que implicó revivir una Bienal después de casi medio siglo, me parece interesante que nos cuente cómo llegó a ser la curadora de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025. Llego como curadora de la Bienal por una trayectoria que he tenido desde que llegué de estudiar en Italia. He hecho muchísimas curaturas a nivel nacional, internacional, y, como arquitecta y curadora, me considero una divulgadora del arte. Fui llamada por Roberto Rave, director del ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y comencé en mi responsabilidad de curar una bienal después de 44 años. Esa es una cifra muy grande. Estamos hablando de casi medio siglo de donde Medellín no tenía una bienal. Una bienal se hace cada 2 años y es importante por varias razones: una de ellas es el evento más importante al que aspira un artista, visual en este caso. Permite el intercambio internacional y nacional de los de los artistas, de los museos, de los coleccionistas […] una bienal como esta ha puesto a Medellín y Antioquia en el mapa y eso lo consideramos supremamente importante y permite que volvamos a encontrarnos. La bienal se ha tejido en 15 municipios de Antioquia, en muchas sedes de acá de la ciudad y del área metropolitana, y eso ha hecho que nos volvamos a encontrar alrededor del arte, de la cultura, de las mediaciones para leer las obras de arte desde un pensamiento interdisciplinar. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de esta edición? Llevo un año y 11 meses al frente de esta curaduría. Una bienal se estructura alrededor de unas figuras capitales del arte nacionales e internacionales. Invité a Ibrahim Mahama, el artista de África, ghanés, 38 años, catalogado esta semana entre los 25 artistas más importantes del mundo. Está considerado entre las 100 voces más influyentes de África. Y que él nos hubiera dicho «Sí, quiero quiero ir a Medellín, quiero ir a Antioquia» para nosotros fue un respaldo y una credibilidad. Tener a Delcy Morelos, la artista colombiana del momento con una notoriedad tremenda, donde las galerías la están esperando, donde las bienales la esperan. Tener a Pedro Reyes, el artista político, A Azuma Makoto, el artista botánico de Japón y los maestros nuestros que vieron las bienales anteriores: Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, la maestra Martha Elena Vélez, y así un grupo bastante amplio nos permitió tener, como digo yo, la cúpula de la bienal. Y de ahí empieza un trabajo de entrevista, revisión de portafolios de artistas con una carrera muy sólida. Luego, artistas que fueron llamados a presentar un proyecto específico, porque una Bienal expone el pensamiento de un artista. Entonces, un artista de Bienal nos hace ver su obra en medio de una escala distinta a la que vemos normalmente, hay un trabajo de inmersión de una tectónica de cómo su obra nos implica. Hubo convocatorias, como la convocatoria de Arte joven, y se abrieron otras tres convocatorias para Antioquia, en el país y obviamente Medellín. Entonces, esos son básicamente los procedimientos de cómo se curó la bienal. La bienal asumió un concepto tan amplio como complejo: la libertad. ¿Qué idea de libertad fue la que definió el eje curatorial de esta edición? La bienal asume un compromiso con un concepto que es muy amplio. Si hablamos de libertad, creo que cada uno podría tener una definición. Pero en este caso Roberto Rave [director de la BIAM 2025] estuvo muy interesado en que ese concepto de libertad estuviera anclado en Epifanio Mejía, porque escribió el himno antioqueño. Un gran poeta, gran ensayista, intelectual. Concluimos que el concepto de libertad para Epifanio Mejía es la ecuación en equilibrio entre arte, naturaleza y paisaje. Pero además es esa relación de esos elementos con nosotros como colectividad. Ese concepto de somos libres y tenemos una relación de igualdad con la naturaleza del paisaje fue definitiva porque sabemos que el gran rompimiento que tuvo la pandemia era que hubo sin duda un tocar los límites que no podíamos; es decir, un maltrato a la naturaleza, al paisaje, eso devino en la catástrofe que fue. Epifanio