Las caras del turismo
En Támesis, caminar el territorio también es una forma de resistir. Entre montañas, petroglifos, aves y caminos nocturnos, el turismo aparece como una promesa y una contradicción: puede proteger la vida y la memoria, pero también ponerlas en riesgo. Las Caras del Turismo recorre este municipio del suroeste antioqueño para escuchar a quienes habitan, guían y cuestionan una actividad que se cruza con la defensa del patrimonio, la biodiversidad y la resistencia frente a la minería. Aquí, el turismo no es solo un viaje: es una decisión política, cultural y ambiental.
Editorial: De metáforas, bates y debates
El 30 de julio de 2025, un día después de la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó, en una entrevista con La FM, una amenaza abierta a la izquierda colombiana: “en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”. Aunque luego trató de matizar lo que quiso decir, fue claro en señalar que no considera a los políticos de izquierda sus contradictores, sino sus enemigos. Un par de semanas después, el 15 de agosto, De la Espriella reconoció que hay palabras que se pueden transformar en violencia directa. Pero no lo hizo como un mea culpa por sus declaraciones previas. En los mismos micrófonos aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay: “el régimen instigó el asesinato de Miguel Uribe y el narcoterrorismo lo ejecutó”, dijo. «Quiero que sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos» Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial Tweet En Colombia sabemos que la violencia engendra violencia. En su informe final, la Comisión de la Verdad recuerda que aunque la democracia colombiana ha sido “restringida, imperfecta, semicerrada”, los espacios de participación que se han conquistado con hitos como la Constitución Política de 1991 y los acuerdos de paz con las Farc en 2016 no han resultado de los tiros, sino de su silenciamiento. En ambos casos la sociedad presionó para conseguirlos: “la democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra”, dijo la comisión. La violencia está cargada de palabras y de símbolos. El pasado 7 de octubre, Andrés Felipe el Gury Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, salió con un bate de béisbol a intimidar a manifestantes en una marcha pro Palestina. Rodríguez quedó registrado en video cuando les declaraba “la guerra”. Luego, ante los cuestionamientos, el concejal decidió ser más provocador: grabó la palabra “diálogo” en el bate y prometió regalar algunos de esos “amansa mamertos”. Ese bate, además de un arma, es un símbolo que impone la confrontación sobre el diálogo. El Gury, quien es investigado disciplinariamente por la Procuraduría por posible instigación a la violencia, parece olvidar que llegó al Concejo gracias a una democracia que se construyó desde el debate, no desde el bate. “La democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra” Informe final de la Comisión de la Verdad Tweet Otra instigación a la violencia que quisieron disfrazar de libertad de expresión fue la de la influencer Laura Gallego ‒ahora exseñorita Antioquia‒, quien en dos videos les preguntó a los precandidatos De la Espriella y Santiago Botero si, en caso de tener “solo una bala”, la usarían contra Petro o contra el exalcalde Daniel Quintero. Gallego defendió su opinión bajo la excusa de que los disparos eran una “metáfora de la justicia”. Opinar implica siempre responsabilidad sobre lo que se expresa, más cuando se emite ante una audiencia de casi 50 mil seguidores en redes sociales. El discurso de Gallego también es violencia y desde la “metáfora” prepara el terreno que legitima las agresiones físicas. Las palabras de la guerra han sembrado de sangre la política colombiana. Así sucedió desde los años 80 con la Unión Patriótica, cuyo exterminio estuvo legitimado por la estigmatización hacia sus integrantes. Así pasó también en los años 2000 cuando el entonces presidente Uribe se refería a sus opositores, a los que persiguió ilegalmente el DAS, como “guerrilleros de civil”. Y así ocurre todavía: según Indepaz, 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. La misma organización advierte que en el año electoral que se avecina esos crímenes podrían aumentar. 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. Indepaz Tweet En Colombia, donde los actores armados representan un riesgo permanente para la acción política, resulta aún más grave que funcionarios, precandidatos y figuras públicas alimenten un ambiente hostil para la deliberación democrática. Ya hemos transitado el camino de la violencia en la política y sabemos que la democracia, fundada en la legitimidad de la diferencia, la protección del disenso y el respeto por el otro, se hace pedazos cuando, en nombre de su defensa, se trata al opositor político como un enemigo que hay que “destripar”. En las elecciones del 2026 la sociedad colombiana debe condenar a quienes buscan instaurar un clima político violento, tanto simbólico como directo. Si no lo hacemos, la democracia corre el riesgo de convertirse en el recuerdo de un sistema que terminó sepultado en su propio nombre. Adenda: No se puede justificar que el subdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia fuera, al mismo tiempo, representante del presidente Petro en el Consejo Superior de la UdeA. La izquierda conoce bien el papel represivo que han tenido las fuerzas de inteligencia del Estado en las universidades públicas. Que Wilmar Mejía ocupara ese puesto es inaceptable.
Si la UdeA pide ayuda, ¿la Gobernación responde?
La Universidad de Antioquia hoy enfrenta una multicrisis que pone en riesgo su futuro, su calidad y sus ejes misionales. Para cerrar este año, la Universidad necesita $178.000 millones. Además, el Consejo Superior Universitario pidió a las unidades académicas que reduzcan $100.000 millones para el 2026. En el episodio #62 de Hablalo conversamos con Mauricio Alviar, exdocente y exrector de la UdeA y ahora secretario de Educación de Antioquia, sobre su papel y el de la Gobernación en la crisis, las medidas que se han tomado y lo que le depara a la Universidad. Entrevista: Valeria Londoño Morales y Santiago Bernal Largo. Producción: Carmelo, José Manuel Holguín, Valeria Londoño Morales, Isabella Navarrete Barrero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.
El negocio eléctrico que financió a los batallones responsables de los ‘falsos positivos’ en el Oriente Antioqueño
ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate. Ilustración: Lucía Mage Ese día en la mañana, Luz Stelly Morales Arias estaba moliendo café en el patio de su casa de la vereda El Morro, en el municipio de Granada, Antioquia, en medio de un paisaje montañoso marcado por represas para la generación de electricidad. No había terminado el bachillerato por falta de recursos económicos y a sus 16 años, pasaba los días colaborando en los quehaceres de una familia numerosa que se ganaba la vida cultivando lo que podía y jugando baloncesto con sus amigos. Todo ocurrió el 17 de septiembre de 2003. Sobre las 10:30 de la mañana, un grupo de militares del Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) interrumpió la rutina de la adolescente. Le dijeron que una desmovilizada de la guerrilla la había señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se la llevaron, supuestamente, para entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser una menor de edad. Los militares, que han confesado estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la trasladaron a otra zona de la vereda en donde la retuvieron por varias horas. Al final de la tarde asesinaron a Luz Stelly y manipularon el cuerpo para presentarla como una guerrillera muerta en un combate que nunca ocurrió. Los miembros del BAJES intimidaron a la gente que llegó a la zona a reclamarles por el crimen para que se fueran. Entre quienes reclamaban se encontraban familiares de la adolescente, que, angustiados, preguntaban por ella. Imagen tomada de la audiencia de la JEP con la fotografía de Luz Stelly Morales Arias. Luz Stelly fue solo una de las más de 300 víctimas de estos crímenes de Estado, conocidos como ‘falsos positivos’, cometidos por el BAJES, según la JEP. Este batallón fue el responsable de la mayor cantidad de asesinatos de este tipo si se compara con todas las otras unidades del Ejército del país. La labor de estos militares se centraba, principalmente, en cuidar la infraestructura de generación y transmisión eléctrica del Oriente Antioqueño, zona llena de embalses que forman los ríos que bajan de las cumbres de las montañas hasta el río Magdalena. Desde la década de los setenta se desarrolló este complejo de represas, que, en la actualidad, suministra el 30 % de la energía del país, según datos de la Gobernación de Antioquia. Las tres principales empresas en el negocio de la generación, transporte y comercialización de electricidad en esa región de Antioquia son Empresas Públicas de Medellín (EPM), Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) e ISAGEN. El desarrollo de sus proyectos ha estado relacionado con conflictos sociales en zonas como aquella en la que vivía Luz Stelly, con comunidades que han sido estigmatizadas como colaboradoras de las guerrillas del ELN y las FARC. Para la primera década de los 2000, las tres empresas tenían un capital completamente público. Cascada en Cocorná, Antioquia. Las hidroeléctricas del Oriente Antioqueño aprovechan las caídas de agua de los numerosos ríos que nacen en las montañas del departamento. Foto: Juan Carlos Contreras. Esta investigación estableció que las tres empresas entregaron más de 40 mil millones de pesos de la época (a hoy, unos 80 mil millones de pesos) a unidades militares como el BAJES, entre 2002 y 2008, años en los que, según la JEP, se presentó la mayor cantidad de crímenes conocidos como ‘falsos positivos’ en el país y, particularmente, en el Oriente Antioqueño. Las tres compañías aportaron esos recursos bajo la figura de convenios de cooperación para que batallones de la IV Brigada —que tiene la responsabilidad de la seguridad en parte de Antioquia— cuidaran su infraestructura, con el argumento de garantizar el suministro de energía en parte del país. Según la JEP, esta brigada del Ejército es uno de los mayores ejemplos de la sistematicidad de estos asesinatos durante esos años. Desde 1998, con la Ley 489, la legislación colombiana contempla la figura de los convenios de cooperación entre empresas del sector minero-energético y la fuerza pública. Estos acuerdos permiten que compañías públicas o privadas entreguen recursos económicos directamente al Ejército o a la Policía Nacional, para que protejan la infraestructura asociada a sus operaciones. El argumento para sustentar esta financiación es que la extracción de recursos naturales es vital para el crecimiento económico y, por lo tanto, su protección es un asunto de interés público. Desde hace varios años, organizaciones sociales han denunciado que estos convenios representan un dilema ético dentro de un Estado democrático y se convierten en un factor vinculado a la violencia que sufren comunidades que tienen conflictos ambientales, laborales y de otros tipos con empresas que financian directamente a la fuerza pública. La doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, Shauna Gillooly, y la doctora en sociología de la Universidad de Oxford, Jamie Shenk, han estudiado estos convenios en Colombia y sus vínculos con violaciones de derechos humanos desde hace más de cinco años (ver el avance de una de sus investigaciones). Las doctoras explican que estos convenios son una figura que también existe en otros países del mundo, especialmente en lugares en los que el Estado no hace presencia y las empresas tienen sus negocios extractivos en entornos de comunidades vulnerables. “Existen en varios lugares del mundo, en países de África, en Suramérica, en Perú, en Brasil. Sin embargo, en Colombia hay particularidades, tienen una mayor formalidad que en otros lugares, por ejemplo, son dirigidos y firmados directamente por el Ministerio de Defensa”, señalaron las académicas a Rutas del Conflicto. Particularmente en el caso del Oriente Antioqueño, región en la que se presentó el mayor número de víctimas de ‘falsos positivos’ en todo el país y que cuenta con una fuerte presencia de empresas de producción energética, ¿cuál fue el vínculo entre estos convenios y la violencia que sufrió la población?
Buscar a un hijo con el cansancio a cuestas
La labor de madres buscadoras como Marta Soto y Flor Vásquez es valiente y heroica, pero también agotadora. En el proceso, sacrifican su bienestar y su carga se hace más pesada con cada día en que no obtienen respuestas. Sus hijos desaparecieron después de la firma del acuerdo de paz de 2016, por lo que tienen que lidiar con los tiempos y las formas de la justicia ordinaria. Flor Alba, a punta de cuchara y sartén, le exige a la fiscal de su caso que le dé celeridad a la investigación de la desaparición de su hijo Yoryin Adrián. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. En un cuarto pequeño de suelo veteado Marta Soto espera que el fiscal le permita acceder a la audiencia virtual en la que pretende obtener una orden de exhumación para buscar el cuerpo de su hijo Bleyder Alexander Aguirre Soto. La acompañan Luz Ceballos y Rubiela López, dos madres a quienes la guerra les quitó a sus hijos, y Juan David Toro, defensor de derechos humanos y fundador de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza, quien también ha acompañado a Marta en los procesos legales de su búsqueda. Son las 9:15 de la mañana del 17 de marzo de 2025 y van 15 minutos de retraso para la audiencia. Buscadoras con Fe y Esperanza es una colectiva de mujeres que buscan a sus hijos, la mayoría de ellos desaparecidos después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc-EP en 2016. El grupo inició en 2020 de la mano de Juan David, que para entonces acompañaba, desde el equipo de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín, varios procesos de mujeres cuyos hijos desaparecieron después del primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’”, cuenta Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva. Los casos de las primeras madres que formaron el grupo eran de muchachos barristas mochileros del Nacional o Medellín que desaparecieron siguiendo a sus equipos. Los casos de desaparición forzada posteriores al acuerdo de paz no son investigados por la Justicia Especial para la Paz ni por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), sino por la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía. Juan David y Jessica coinciden en que por esta razón la búsqueda que realizan madres como las de Buscadoras con Fe y Esperanza está aún más llena de trabas y demoras. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y diciembre de 2024 hubo 1929 víctimas de desaparición forzada en Colombia. No obstante, los registros de la Fiscalía son más altos: 13.836 víctimas entre enero de 2017 y marzo de 2025, de las cuales 2400 son de Antioquia, es decir, el 17.3 % del total nacional. Ante las demoras o la falta de resultados de la Fiscalía en los procesos de estas madres, muchas han tenido que convertirse en las detectives de sus propios casos. Son ellas quienes buscan pruebas y testigos que puedan ayudarles a dar con el paradero de sus hijos, lo que las lleva a ponerse en condiciones de vulnerabilidad física y emocional. Días después de la desaparición de Bleyder, Marta recibió imágenes del cuerpo de su hijo junto con la ubicación de donde lo habían enterrado. En 2023, la Fiscalía hizo prospecciones en ese lugar y encontró tres cuerpos, pero ninguno fue identificado como Bleyder Alexander. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’” Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza “Ese estado permanente de búsqueda puede llevar a afectaciones cognitivas y en la memoria; también hay mujeres buscadoras que han muerto de cáncer, de accidentes cerebrovasculares y problemas cardiovasculares propiciados por las condiciones de su búsqueda”, afirma Nidia María Montoya, psicóloga de la UBPD. “Su situación les demanda 24/7 de su tiempo, por eso dejan de resolver sus asuntos personales o familiares y dejan de preocuparse por su salud y bienestar, porque eso es lo primero a lo que renuncian: su bienestar”, concluye. Cuando van 40 minutos de retraso en la audiencia, Juan David refresca la página por décima vez con la esperanza de que en una de esas el fiscal ya esté en la videollamada. Mientras esperan, Marta les cuenta a Luz y Rubiela que piensa aceptar un microcrédito de tres millones y medio para poder pagarles a los tres pagadiarios a los que les debe. Ella vende mangos frente a un colegio, pero desde que su hijo desapareció el 27 de octubre de 2020 trabajar es cada vez más duro, pues es ella quien ha hecho toda la investigación del caso. Esto no solo le quita tiempo para trabajar, sino que le implica gastos adicionales, porque el propósito de encontrar el cuerpo de su hijo le roba la paz y el sueño. “¿Nada que te responde el fiscal?”, le pregunta Juan David a Marta cuando está por cumplirse una hora de retraso para la audiencia. Minutos antes, le había escrito al fiscal para avisarle que lo esperaban. Ella niega con la cabeza. No para de tocarselos dedos de las manos, mira a todos lados como buscando un escape del cuarto, se agarra la frente y se tapa los ojos mientras murmura “Dios mío, Dios mío, Dios mío”. Con cada minuto de retraso se ve más agotada. “La desaparición forzada no es azarosa. Las condiciones socioeconómicas son un factor asociado al tema de la desaparición porque hay unas vulnerabilidades en la población que la hace propicia a ser carnada para actores del conflicto”, explica Nidia. También menciona que para algunos actores
Edición 108. Diciembre de 2024
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