La crisis financiera, ética y política que atraviesa la Universidad de Antioquia hoy parece más profunda que nunca. En medio de la urgencia de un salvavidas financiero, las preguntas por quiénes pueden y deben sacar a la Universidad de la crisis toman relevancia y profundizan la incertidumbre de cara a un año 2026 que solo promete más austeridad.
El 21 de febrero de 2024, en el Teatro Camilo Torres se realizaba uno de los foros institucionales con candidatos a la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Allí, frente al teatro medio vacío, John Jairo Arboleda, candidato-rector, habló sobre sus planes para estabilizar las finanzas. Al cerrar su intervención dijo: “ustedes pueden decir cualquier asunto al respecto de la desfinanciación, pero nadie puede decir que esta Universidad se ha demorado un día en pagar un salario”. Tres meses después, el 20 de mayo, docentes y personal administrativo recibieron una notificación de la Vicerrectoría Administrativa que decía que sus pagos se iban a retrasar mientras resolvían los problemas de liquidez.
A un año y medio de ese retraso, la UdeA sigue sumida en una de sus mayores crisis financieras: según la Vicerrectoría Administrativa, a la Universidad le faltan 163 mil millones de pesos para cerrar el 2025. Además, el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, aprobó las medidas de austeridad propuestas por la Secretaría de Educación de Antioquia, con las que se busca reducir cerca de 95 mil millones de pesos y disminuir en un 37 % las horas cátedra para 2026.
Al mismo tiempo, la Universidad está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación), una medida con la que esa entidad busca recopilar información para comprender las causas de la crisis. Mientras tanto, entre las propuestas aprobadas por el CSU para cubrir los costos de cierre de año están un crédito de tesorería por 54 mil millones de pesos y la venta de la hacienda El Progreso, en Barbosa, negocio que ya se cerró y por el que la Universidad recibirá cerca de 34 mil millones de pesos en cuotas hasta diciembre de este año.
En medio de todo está la comunidad universitaria, que ve las medidas de austeridad con escepticismo y cuestiona cómo afectarán la calidad de la educación y el prestigio de la institución: los estudiantes temen que los recortes impliquen una menor oferta de cursos y horarios; el estamento profesoral, que implique el despido de docentes de cátedra, lo que conlleva a que los profesores de planta se vean obligados a aumentar sus cargas de trabajo en docencia directa y a reducir las horas que dedican a la extensión y la investigación; y las unidades académicas se enfrentan a la necesidad de ajustar sus gastos de funcionamiento de cara al inicio de 2026.
El 10 de octubre de 2025, en una rueda de prensa, convocada por la Asamblea Multiestamentaria, encabezada por María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU, y Mauricio Múnera, su suplente, los docentes les pidieron a los gobiernos nacional, departamental y distrital un salvavidas económico para la Universidad. Duque advirtió: “si seguimos tal y como estamos hoy, en 10 años la Universidad no será viable”.
Detrás de ese grito de auxilio hay una discusión pendiente: si la Universidad es rescatada, ¿ese dinero será administrado por los mismos que estaban a cargo cuando se profundizó esta crisis y en quienes la confianza de los estamentos está deteriorada?
“Víctimas de nuestro propio éxito”
Para entender parte de la crisis que vive la UdeA (y todas las universidades públicas del país), hay que volver a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y sobre todo a sus artículos 86 y 87, que plantean que las universidades reciben aportes del Gobierno o de las entidades territoriales y que el incremento anual de estos se hace según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación.
Desde 1992, las universidades públicas han crecido en infraestructura, programas académicos, estudiantes e investigación y, en comparación, el IPC ha crecido por debajo. Esto ha provocado que la brecha entre lo que reciben las universidades por parte del Estado y lo que gastan sea cada vez más grande, y que el resultado sea una desfinanciación calculada en 19 billones de pesos por los rectores del Sistema Universitario Estatal para todas las universidades públicas. La UdeA, de carácter departamental, recibe recursos del Mineducación y la Gobernación; estos aportes conforman los fondos generales que, de acuerdo con la Vicerrectoría Administrativa, representan el 39 % de los ingresos.
Pero varias voces de la Universidad insisten en que la Ley 30 no explica toda la crisis, o al menos no en sus dimensiones actuales. María Isabel Duque, que además de representante profesoral ante el CSU es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, menciona que el rector solo reconoce la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental y de la Ley 30 por la forma en que se transfieren los recursos, pero “no asume responsabilidades en las decisiones que internamente tomó de crecer de manera desproporcionada frente a los recursos que le llegaban, de construir planes de desarrollo demasiado ambiciosos que no tenían un soporte financiero”.
John Jairo Arboleda fue designado para la rectoría por tercera vez consecutiva el 2 de abril de 2024, con seis de ocho votos en el CSU. Durante el proceso de designación rectoral, Arboleda asistió a varios foros de candidatos y, aunque la desfinanciación ya era conocida por el CSU, el Consejo Académico y la comunidad universitaria en general, nunca mencionó en esos espacios, de forma explícita, las verdaderas dimensiones del déficit de liquidez. Luego, en entrevista con De la Urbe, afirmó: “nosotros no teníamos ni cartas ni información escondida”. Aunque en los foros se abordaron temas relacionados con violencias basadas en género y otros asuntos coyunturales de la Universidad, según él, “el tema financiero no era una preocupación de la comunidad universitaria que asistía a los foros” y dijo que no le hicieron preguntas al respecto en esos espacios.
Fue semanas después cuando el retraso en el pago al personal administrativo y docente evidenció la verdadera dimensión de la crisis, al poner en riesgo de manera directa el cumplimiento de los ejes misionales de la UdeA: investigación, docencia y extensión. En julio de 2024, cuando la austeridad resonaba con más fuerza en las asambleas y los claustros de las unidades académicas, Arboleda encabezó reuniones de socialización sobre los estados financieros. Entonces, haciendo referencia al crecimiento en sedes, programas y estudiantes, defendió que “la Universidad es víctima de su propio éxito”. Frente a su responsabilidad en la crisis dice ahora:
“Yo acepto mi responsabilidad en lo que llevo en el ejercicio, pero este es un tema viejo”.
La Dirección de Regionalización de la UdeA, aunque reconocida por su labor de descentralizar la educación superior en Antioquia, implica costos muy altos. “Nunca le preguntamos a ningún decano cuánto costaba abrir esos nuevos programas o cuánto vale llevar ese programa a las regiones, estábamos acostumbrados a lograr encontrar esos recursos”, dijo Arboleda. Hoy, ante el déficit, explica que, para cumplir los compromisos de la institución, en sus siete años como rector, “siempre ha habido que recurrir a préstamos de tesorería para poder cerrar el año cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos en términos salariales”.
Para la profesora Duque, la crisis no se ciñe solo a los recursos que entran: “¿y esta Universidad quién la controla?, ¿quién la dirige? Sí sentimos que hay una inacción, que aquí hay problemas mucho más grandes que la financiación”. La crisis no depende solo de cómo crece o cómo recibe recursos la Universidad. Según la profesora Duque, el rector y su equipo no cuentan con las condiciones necesarias para administrar:
“Él cree que si le dan más plata esto se soluciona y no entiende que, estructuralmente, su equipo rectoral tiene problemas de perfil para manejar la Universidad”.
Más de un año después de la reelección de Arboleda, el 4 de junio de 2025, el CSU le otorgó una calificación de 1.7 sobre 5 en su gestión. Días después, Giovani Caro, representante de los egresados ante el mismo órgano, publicó una carta en la que le pedía al rector que renunciara. Aunque los demás integrantes del CSU no se sumaron a esta petición, Arboleda, mediante un comunicado publicado en X, afirmó que las críticas hacia él “contrastan con el trabajo realizado y los resultados obtenidos”.
¿Quién lanza el salvavidas?
El 10 de octubre, mientras la Asamblea Multiestamentaria hacía un llamado de auxilio por la Universidad, cientos de estudiantes marchaban por las calles de Medellín cantando arengas como esta: “romper los muros de la Universidad, que entre el pueblo del campo y la ciudad”. Aún no hay salvavidas y hoy parecen recobrar vigencia las palabras que escribió la profesora María Teresa Uribe hace 40 años en su columna en El Colombiano: “la sociedad le dio la espalda a la Universidad”.
En el llamado de auxilio, también le pidieron a la Cámara de Representantes tramitar con urgencia la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que ya fue aprobada en el Senado. Hasta inicios de noviembre los debates no habían comenzado, pero esa es la mayor posibilidad de crear un modelo financiero sólido que les permita a las universidades públicas recibir recursos de acuerdo con sus verdaderos costos de funcionamiento. Ese mismo día en las marchas estuvo presente una figura que, hasta este año y después de dos décadas, seguía vacante en la UdeA: la representación estudiantil ante el CSU.
El 11 de septiembre de 2025 los estudiantes eligieron como representantes a Laura Melissa Olarte, politóloga de la Unal y estudiante de Pedagogía y de la maestría en Historia de la UdeA, y a su suplente, Juan Manuel Muñoz, arquitecto también de la Unal y estudiante de Ciencias Políticas de la UdeA.
“La primera postura que pusimos en el CSU es que la Universidad no soporta más deudas”, cuenta Olarte. Además, que “necesitamos buscar con la movilización estudiantil un rescate financiero urgente”. Para Muñoz es positivo el aumento de recursos que vendría con la reforma a los artículos de la Ley 30, pero dice que ese no es el horizonte del movimiento estudiantil:
“Hay que seguir luchando y construyendo una reforma realmente integral, que aborde esos otros ejes problemáticos como bienestar, violencias basadas en género, democracia y participación en las universidades”.
La Asamblea Multiestamentaria le solicitó a la Gobernación que aumente las transferencias de recursos a la base presupuestal y a la Alcaldía de Medellín que promueva estrategias para aliviar el pago de servicios públicos y de impuestos. La Universidad, presente en todas las subregiones del departamento, recibe de la Gobernación el 4 % de su presupuesto. Mauricio Alviar, exsecretario de Educación de Antioquia y exrector de la UdeA, además de impulsar los recortes para el 2026, asegura que a la Universidad “se le fue la mano” en la contratación de cátedra. De momento, la Gobernación no contempla un refuerzo de los ingresos para la UdeA; Alviar, aún como secretario, aseguró que los recursos de libre destinación del departamento no son suficientes porque atienden a cuatro instituciones y “para aumentar una, habría que aumentarlas todas”.
El distrito de Medellín tampoco tiene obligaciones, ni para dar recursos a la base presupuestal ni para dar exenciones al pago de servicios públicos o de impuestos, a pesar de que la mayoría de estudiantes de la Universidad viven en Medellín. Al respecto, la profesora Duque considera: “hasta que no haya un cambio en la Ley 30 que diga que las alcaldías de los municipios donde la Universidad tenga presencia tienen la obligación de aportar, ahí no va a pasar nada, porque lo otro sería voluntario y es muy complicado”.
El Gobierno Petro tampoco ha respondido con el rescate pedido, pero sí con acciones de inspección. Desde el 11 de septiembre, la UdeA está bajo vigilancia. Angielly Paola Martínez, inspectora in situ designada por el Mineducación, debe determinar las causas que llevaron a la Universidad a esta crisis y cuál será el paso a seguir por parte del ministerio. Según explica, la inspección se mantendrá mientras persista el riesgo financiero. Es decir, no hay una fecha de finalización establecida. Además, cuenta que los hallazgos preliminares confirman un riesgo inminente de iliquidez y deterioro estructural de la institución.
El ruido generado por el anuncio de la inspección generó dificultades en el comienzo de este proceso. “El ministerio ha sido claro en manifestar que las medidas son de apoyo para garantizar la viabilidad financiera”, asegura Martínez. Arboleda, en cambio, dice que esta inspección puede influir en la reputación de la Universidad porque
“tiene un mensaje muy desafortunado para la sociedad. Cuando digan que la Universidad tiene una inspectora in situ la gente va a pensar: ¿qué será entonces lo que está pasando aquí? Nosotros sí tenemos una situación financiera, pero no hay ningún asunto que amerite las medidas que toma el ministerio”.
La inspección podría desembocar en tres escenarios. En el primero, se supera la crisis y se levanta la vigilancia; esto depende de que la Universidad restablezca su sostenibilidad y liquidez con acompañamiento del ministerio. En el segundo, la continuación de la crisis llevaría a la intervención del ministerio con medidas más drásticas, y se daría si la UdeA no logra corregir las irregularidades encontradas o incumple el plan de mejoramiento; además, podría implicar la pérdida de la acreditación por parte del Mineducación. El tercer escenario implica cambios estructurales internos, como la modificación de las directivas si se convierten en un obstáculo para la inspección.
El último llamado que hizo la Asamblea Multiestamentaria en la rueda de prensa fue al sector privado, para que se una con fondos solidarios y de inversión. Ante esto, Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se pregunta: “¿qué hace el empresariado si no es gracias al aporte que hace esta Universidad en todo el departamento?”.
Aunque la reforma a la Ley 30 está a un debate de ser aprobada en la Cámara de Representantes, por fuera de la UdeA, los demás sectores llamados no han respondido; adentro, la cercanía del 2026 se vive con temor por las consecuencias de la profundización de la austeridad y el impacto que el calendario electoral podría tener en que no llegue ningún salvavidas. En medio de esta incertidumbre, resuenan las palabras que la profesora Uribe escribió en los años 80, cuando la Universidad atravesaba otra crisis: “estamos frente a la evidencia de un fracaso, pero también en el umbral de lo que puede ser una nueva era para la educación pública en Colombia”.
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Este texto hace parte de la edición #110 del periódico De la Urbe. Acá puedes leer los testimonios de La crisis de hoy en voces nuevas y viejas.
