Selva en fuga: el tráfico de madera que devora los bosques bolivianos
En la frontera entre Bolivia y Perú, el paso de madera ilegalmente extraída de la Amazonía, incluso de zonas protegidas, es común y se hace en medio de un entramado de corrupción en varios niveles y con la participación de grupos que siguen operando entre las sombras, invisibles pero presentes. Los controles de los dos Estados son pocos, a veces no llegan a tiempo y otras, nunca. Los bosques del departamento de Pando, Bolivia, ocupan una superficie aproximada de 6,4 millones de hectáreas, de las cuales 94 % corresponden a bosques tropicales. Inserto completamente en la Amazonía, este departamento alberga una rica biodiversidad. Los árboles de sus bosques pueden alcanzar más de 40 metros de altura y vivir varios siglos. Foto: Eduardo Franco & Ernest Drawert. Selva adentro, en el norte del departamento de Pando, Bolivia, la vegetación parece tragarse la ruta. El paisaje se vuelve más denso y menos vigilado. En la comunidad Holanda, un estrecho desvío penetra las entrañas de esa espesura. Es el inicio de un camino comunal que serpentea los límites de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, que comparte 67 kilómetros de frontera difusa con Perú. Por este camino, los vehículos escasean. Solo las motocicletas cruzan el monte con frecuencia, muchas cargadas hasta con cuatro miembros de una familia, incluidos niños. Por el mismo camino, cruzando desde Perú, llegan también otros visitantes. No vienen por turismo ni por parentesco. Son traficantes de madera. https://delaurbe.udea.edu.co/wp-content/uploads/2025/07/Drone-bosques-Pando-Bolivia.mp4 “Sí, hemos vendido madera a peruanos”, admite un miembro de la comunidad rural campesina, usualmente llamados comunarios, que prefiere no revelar su nombre. Lo hace sin orgullo ni temor, como quien comenta algo cotidiano. “En triple”, explica. Cuando le preguntamos si entra hasta la comunidad, la respuesta llega sin vacilación: “Entra hasta donde sea. Rompe el monte”. Los triples son grandes camiones con tres pares de ruedas parecidas a las de un tractor. Su carrocería adaptada es solo una plataforma de madera cruda sin contención en los bordes. Son vehículos militares antiguos de procedencia rusa, adquiridos en Ecuador, e ingresados a Perú desarmados como chatarras. No cuentan con placas de rodaje ni con autorización para transitar y son usados para mover la madera desde los puntos de extracción hasta zonas intermedias donde es acopiada. Una vez hecho el trato con el comunario, los triples ingresan atropellando la selva con su doble tracción, resistiendo el barro y trepando pendientes. En ellos van los responsables de cortar y cargar la madera: taladores y estibadores. Llevan motosierras, combustible, y los llamados “castillos”: una herramienta de metal que une a dos motosierras para que puedan cortar al mismo tiempo, aserraderos móviles que pueden transformar un tronco de 40 metros en tablones en cuestión de horas. Operan de noche, en grupos pequeños, eficaces. Entran, cortan, acumulan la madera en lugares conocidos como “rodeos” y finalmente, los estibadores la cargan a los triples para regresar a Perú. «Las especies codiciadas son: mara, cumarú, cedro, roble, y almendrillo. Paradójicamente, las últimas tres tienen prohibición de extracción y se encuentran bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres». (CITES). Algunos cruzan incluso los límites de la Reserva Manuripi, donde la extracción maderera comercial está completamente prohibida. Aun así, los campamentos se montan. Los motores rugen. Los árboles caen. La ley es apenas un murmullo. Desde 2005, los guardaparques han realizado operativos para desalojar campamentos y quemar triples incautados. El último se registró en 2023, según un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Nos pide reservar su nombre. Los traficantes han puesto un precio sobre su cabeza. Lo que se arriesgan a hacer no es menor. Transportar madera ilegal por rutas bolivianas debería implicar el cruce de al menos algún punto de control. Pero en toda la carretera recorrida por nuestro equipo periodístico, solo se encontraron dos controles policiales. El más cercano a las comunidades, en Empresiña, es apenas una cabaña de madera con una cuerda colgante que se alza para dar paso. «No hay puntos de control forestal. No existen oficinas de aduana. Y cuando no hay papeles que acrediten el origen de la madera, los billetes hacen el trabajo. Con sobornos, los oficiales miran a otro lado. Todo tiene lugar en un paisaje que parece diseñado para el contrabando, donde los árboles valen más muertos que vivos». Los papeles que blanquean la madera ilegal Después de viajar en triple, la madera es cargada a un camión semitrailer y se moviliza con la obtención de una Guía de Transporte Forestal (GTF) falsificada. Cuando es legal, esta guía se trata de un documento oficial emitido por el Estado peruano, que “ampara la movilización de productos y subproductos forestales maderables”. El camión “triple” peruano decomisado en febrero de 2025 por la ABT Pando en un operativo en la comunidad Alta Gracia, municipio de Filadelfia, está estacionado afuera de sus oficinas en Cobija. Foto: Eduardo Franco. Pero nada en este negocio ilícito es gratuito. Obtener una de estas guías, esa hoja que abre las barreras al contrabando, no es un trabajo sencillo ni barato. Hasta ahora, dos grandes entramados han sido develados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Madre de Dios, departamento peruano que comparte una línea fronteriza de aproximadamente 120 kilómetros con Bolivia. El primero, en 2020, se denominó “Los Hostiles de la Amazonía”. Una red de extracción, acopio y transporte de madera con ayuda interna, cuya organización se divide en tres grupos: los comercializadores, que se encargan de corromper a los funcionarios del gobierno regional, la policía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (SUNAT) y otros; los tramitadores o blanqueadores, quienes consiguen los documentos fraudulentos para que la madera ilegal pueda salir de Madre de Dios; y los funcionarios, que a cambio de dinero no registran la documentación ni verifican el volumen o especie de la madera transportada, favoreciendo el tráfico ilegal de recursos naturales. La investigación de este caso se abrió en distintas fases y en
Cuerpos enfermos, casas vacías y un metro que aún no pasa
Los moradores afectados por la construcción del metro de la 80 dicen que en los últimos cinco años más de 30 personas han muerto y otras se han enfermado por la incertidumbre, la injusticia y la tristeza. Quienes se han ido sufren el desarraigo, quienes quedan temen perder sus casas y perciben más inseguridad. Todos viven el estrés como una experiencia compartida**. El barrio El Volador tiene más de un siglo de existencia. Hoy, el paisaje incluye a contratistas y retroexcavadoras que le abren paso al futuro metro de la 80. Collage: Melany Peláez Morales. A principios de agosto de 2024 el Concejo de Medellín hizo un minuto de silencio por la memoria de Karla Cristina Velásquez Suárez, lideresa del barrio El Volador que había fallecido el mes anterior a sus 50 años. “Venía ejerciendo un liderazgo muy importante en los moradores”, dijo el concejal José Luis Marín cuando pidió el homenaje. En el video, justo antes de que el sonido de una trompeta llenara el recinto, se escucha una voz que pregunta: “¿Y de qué murió?”. Las obras para la construcción del metro ligero que seguirá el corredor vial de la avenida 80 de Medellín comenzaron ocho días después de la muerte de Karla Cristina, el 24 de julio del 2024. La Línea E irá entre las estaciones Caribe y Aguacatala, con un trayecto de 13.5 km. El proyecto va en un 34.2 % de ejecución y requiere la compra de 1239 predios a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), de los cuales 750 (60 %) ya fueron entregados. La obra impacta a 2848 personas, entre ellas, las moradoras y los moradores que aseguran que su salud se viene deteriorando hasta llegar, incluso, a desenlaces fatales. Según la comunidad, hay alrededor de 32 muertos después del anuncio del proyecto, además los avalúos y las ofertas han sido inferiores al valor comercial de sus casas. A esto se suma que quienes perdieron su sustento económico perciben más inseguridad al quedar rodeados de estructuras desocupadas y hoy ven en ruinas los hogares que dejaron. *** En el solar había árboles de mango, mandarina, guanábana, aguacate y uno de mamoncillo que nunca dio fruto. Lucía tenía la costumbre de montarse en ellos a jugar y Karla, ocho años mayor, la tarea de cuidarla. Un día se rompió una rama, Lucía cayó de espaldas y no sintió el cuerpo. Ambas lloraron asustadas, Karla la levantó y la calmó hasta que recuperó el movimiento. Cuando crecieron, la mayor se volvió más de la casa y su hermana más habladora y atrevida. Por eso en la adolescencia su madre le pidió a Lucía que cuidara a Karla y así lo hizo. Entre lágrimas, quienes conocieron a Karla recuerdan con gratitud y aprecio su sonrisa y su disposición a ayudar. Fue cercana a la Junta de Acción Comunal, participó en las reuniones con las instituciones y la comunidad y denunció las injusticias de la obra ante el Concejo y por medio de plantones, marchas y activismo en redes sociales. Preguntaba en un grupo de WhatsApp de afectados sobre las movilizaciones que llevaban a cabo y decía que se recuperaría para juntarse de nuevo, pero su deterioro fue rápido y el mensaje con la noticia de su muerte los tomó por sorpresa. Karla tenía diabetes y sufría de los riñones. Lucía la acompañó a sus controles los últimos cuatro años mientras la creatinina subía con el estrés: “Mi hermanita comenzó a decaer. Era la más vulnerable de la familia”. Karla lloraba por su casa y por no tener adónde ir, estaba enferma y desempleada. En junio, le dio una infección pulmonar, estuvo en cuidados intensivos y murió el 12 de julio. «Mi hermanita comenzó a decaer. Era la más vulnerable de la familia» Lucía Velásquez Juliana Machado, politóloga, psicóloga y terapeuta sistémica, explica que hay estudios que demuestran que el estrés agudiza o acelera las enfermedades, pero en el mundo clínico no hay consenso porque no es sencillo probarlo y el sufrimiento solo se valida cuando se diagnostica. Para Machado no es necesario un respaldo científico que asocie estas muertes y síntomas con las pérdidas por el proyecto, basta con los testimonios. “Que la gente haga énfasis en lo material tiene que ver con que percibe que la ciudad la está empobreciendo a propósito, y en un país con muy pocas redes de protección social eso genera angustia y una vulnerabilidad en términos de poder mantenerte vivo y seguro”, explica. Sin embargo, pese a las denuncias ciudadanas, ninguna institución ha investigado las afectaciones en la salud de los moradores. En 2021, cuando les socializaron el proyecto, Karla, Lucía y Juan David, su hermano menor, pidieron una asesoría con la EDU porque no eran propietarios, sino poseedores y eso dificultaba la sucesión. Les respondieron que era un trámite lento y les hablaron de expropiación. Otros familiares aparecieron para reclamar la propiedad, entonces los hermanos solicitaron una declaración de pertenencia por ocupación a nombre de Karla, pues fue la que siempre estuvo ahí. Pero en enero de 2024 se les notificó la expropiación administrativa del predio. Karla murió ese año y Lucía ya no puede prestar más dinero para pagar abogados. A finales del 2024 dejaron la casa que ocupó la familia por más de 110 años, una de las primeras de El Volador. Esa casa, erigida con tapia, y que ahora está demolida, recibió el primer televisor del barrio, fue sede de sancochos y novenas navideñas y fue la guardería que cuidó a varias generaciones por más de tres décadas. El patio con árboles frutales y la casa ahora son un lote baldío por el que evitan pasar y que Juan David prefirió no despedir. El día que Lucía y Alejandro, el hijo mayor de Karla, entregaron la casa a la EDU, una de las trabajadoras sociales dijo “mirá esta matica tan bonita”, la arrancó del solar y se la llevó. *** Jaime Alberto Lopera tiene 69 años, es alto y delgado, usa lentes, camiseta
¿Cambiar el mapa de Colombia? Cómo la gobernanza indígena en la Amazonía invita a imaginar un país distinto
Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) llevan 34 años en el limbo jurídico: la Constitución de 1991 las reconoció, los pueblos amazónicos ya las ejercen, pero el Estado aún no las formaliza. El racismo estructural, la resistencia al cambio y la burocracia han frenado el proceso en la Amazonía, limitando sus contribuciones para contener las amenazas que hoy la acechan. “Las narrativas del mundo donde solo el humano actúa, esa centralidad, silencia todas las otras presencias”.Ailton Krenak Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. El problema de los mapas es que convierten líneas, nombres y fronteras en verdades que damos por sentadas. Nos dicen, por ejemplo, que hay líneas imaginarias que separan territorios o ríos. También nos crean ideas de permanencia: el mapa oficial de Colombia ha sido prácticamente el mismo desde antes de 1991; así lo recordamos, así se enseña en los colegios. Y, sin embargo, ese mapa ha cambiado —y sigue cambiando— sin que el papel lo muestre. Basta mirar la Amazonía, donde entre 1985 y 2023 se talaron 3,8 millones de hectáreas de bosque, casi el tamaño de Suiza. Pero los mapas tienen otro problema: nos crean una ilusión de distancia que hace pensar que lo que ocurre lejos poco tiene que ver con nosotros. Para la mayoría de quienes vivimos en las ciudades, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, inhóspito, casi deshabitado. La imaginamos como un paisaje exuberante y verde, con animales exóticos y plantas diversas que nos mostraban en las clases de geografía cuando señalaban: “allá, la selva”. Pero ese mapa —mental y oficial— está a un paso de cambiar. La Constitución de 1991 estableció en el papel la creación de las ETI, una figura político-administrativa —una forma en la que se delimita, se administra y se gobierna un territorio—, que se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos. Las ETI se reconocieron para reflejar el país plural y diverso que es Colombia, pero también para responder mejor a las realidades en los territorios, donde los pueblos indígenas tienen una relación con el lugar que habitan muy diferente a la que tenemos quienes vivimos en las ciudades. Después de 34 años de espera, el Estado podría, por fin, reconocer algo que ya ocurre en la realidad: en la Amazonía, decenas de pueblos indígenas gobiernan según sus prácticas culturales y conocimientos. Estas formas ancestrales de gobernanza han sido esenciales para preservar el bosque tropical más extenso y mejor conectado del mundo y proteger sistemas vitales como los “ríos voladores” que llevan lluvia desde el océano a los Andes y surgen del vapor de agua que se libera en la atmósfera, y que influyen en los patrones de lluvia y la disponibilidad de agua dulce. Imagen aérea del río Mitú. Foto: Felipe Rodríguez | Gaia Amazonas. Actualizar el mapa de Colombia con las ETI no solo salda una deuda histórica; es, sobre todo, una apuesta por la supervivencia de todos. Esto es posible porque en 2018, un decreto ley precisó las condiciones necesarias para formalizar esos gobiernos, específicamente para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés —lo que se conoce como la Amazonía oriental, fronteriza con Venezuela y Brasil—, donde hay “áreas no municipalizadas”, una figura inexistente en la ley, pero común en el habla cotidiana, que se refiere a territorios indígenas que no hacen parte de ningún municipio. “El tema de las ETI para nosotros es muy importante porque es una herramienta para la protección del territorio, es ese blindaje al territorio; nos ayuda a ser autónomos, a ejercer la libre determinación, a que gobernemos de acuerdo a nuestro Plan de vida”, dice Kenny Johana Yucuna, secretaria de las Mujeres dentro del Consejo Indígena —la instancia de gobernanza— del territorio Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas. “Va a ser algo histórico”, dice Yucuna. Habla del momento en el que las ETI, por fin, se formalicen después de tantas trabas y burocracias administrativas. Para eso han trabajado desde hace años y por esa razón, cada cierto tiempo, ella y otros líderes amazónicos, deben viajar a Bogotá desde sus comunidades para reuniones con funcionarios públicos, cooperantes y aliados. Cada vez que sale, Yucuna tiene que navegar desde su comunidad Mamurá hasta La Pedrera, un viaje de 12 horas en lancha por el Mirití Paraná y luego por el Caquetá, dos ríos que serpentean en medio de la selva. Las múltiples tonalidades de verde la acompañan en el camino por donde suben y bajan embarcaciones con pasajeros y provisiones. Tras el largo viaje llega a La Pedrera, la población más grande de esta zona. Ahí hay una pequeña pista de aterrizaje desde donde, al día siguiente, toma un vuelo de 45 minutos rumbo a Leticia y después otro, de una hora y 40 minutos, a Bogotá. Mirití Paraná, de donde es Yucuna, es uno de los cuatro territorios indígenas que integran el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Los otros son el Yaigojé Apaporis, el Pirá Paraná y el Río Tiquié, agrupados en esta instancia de coordinación que se formalizó en marzo de 2024. En estos cuatro territorios, que buscan constituirse como ETI, habitan más de 30 pueblos indígenas, como los Yucuna, Matapí, Tanimuca, Letuama, Itano, Miraña, Cubeo, Uitoto, entre otros. Tres de esos cuatro territorios, sumados a los de Bajo Río Caquetá y PANI, todos ubicados en Amazonas y Vaupés, están entre los que más avances registran en el camino para formalizarse como ETI. Esto luego de la expedición del decreto ley 488, del 5 de mayo de 2025, que permitió avanzar en temas que estaban pendientes. Entre el 6 y el 21 de mayo, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió seis actos administrativos que certifican el tamaño y límites de cada jurisdicción, las proyecciones poblacionales del DANE y otros detalles necesarios para formalizar las ETI. Pero aún falta que el gobierno les dé luz verde tras procesos de socialización y “diálogos interculturales” que deben realizarse con otros actores locales. El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien ha estado al frente de los diálogos
En la UdeA la paz se contrata, pero no llega ni al 1 % del presupuesto general
En junio de 2024 se agudizó la crisis financiera de la Universidad de Antioquia. Desde la administración central, se ha hecho un llamado a tomar medidas de austeridad para solventar la crisis. Surgen preguntas sobre cómo se pueden ver afectados los proyectos de paz en esta situación. Entre 2018 y 2023, la Universidad de Antioquia ha hecho 64.766 contratos, en las modalidades de compraventa, consultoría e insumos, de los cuales 573 corresponden a proyectos e iniciativas dirigidas a la construcción de paz y memoria. La inversión en iniciativas de este tipo ha sido de 7.700 millones de pesos, que representa apenas el 0,44 % del total de presupuesto de gastos, que en 2023 asciende a 1,7 billones de pesos. En comparación, un solo contrato con la CIS (Corporación Universitaria de Servicios) realizado en 2021 tiene un valor más alto (7.900 millones) que todos los contratos de paz. Durante este período, la Facultad de Comunicaciones y Filología (la unidad académica con mayor número de inversión en contratación) ha suscrito 238 contratos, acumulando un total de 509 millones de pesos, es decir, un 6,6 % del gasto total en contratos sobre paz de la UdeA. 2021 fue el año con mayor cantidad de contratos, con un total de 109, de los cuales 50 también fueron de la FCF. La siguiente gráfica expone todos los contratos relacionados a temas de paz y conflicto entre 2018 y 2023, divididos por año, la dependencia y el tipo de contratación: Gráfica 1: Número de contratos relacionados a temas de paz y conflicto por dependencia. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA. Si bien se podría decir que la suma destinada a la contratación relacionada con paz y memoria en los últimos 6 años no es tan baja, al compararla con el presupuesto general de la Universidad solo para el 2024, se observa que el porcentaje es tan mínimo que, habría que multiplicarlo 216 veces para igualar esta cantidad. El presupuesto total desde 2018 hasta 2023 es de 7,1 billones de pesos, lo que significa que la contratación para la paz representa solo el 0,10 %. En ninguno de los años los contratos destinados a temas de paz logran superar el 1 %. Gráfica 2: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. Tabla 1: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. La paz: un tema recurrente en la UdeA La Universidad de Antioquia es una institución que, históricamente, le ha apostado a la construcción de paz y memoria como uno de los ejes centrales en el ámbito de la docencia y la investigación. Los proyectos con este enfoque han llegado a distintos territorios, teniendo un alcance significativo en ellos. Sin embargo, ante las recientes medidas de austeridad por la crisis financiera, vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará con estos proyectos? El 20 de junio de 2024, La vicerrectoría general de la Universidad de Antioquia publicó una circular en la que anunciaba la implementación de unas medidas de austeridad para contener la crisis financiera que ha afrontado desde los últimos años, y que este año se agudizó, cuando en mayo la universidad anunció que se retrasaría el pago de nómina. «Acogiendo el llamado y las orientaciones del Consejo Superior Universitario (…) compartimos un primer grupo de medidas y recomendaciones orientadas a recuperar la liquidez de la Universidad en el corto plazo y garantizar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.» En las medidas contempladas en la circular firmada por el Vicerrector general – para ese momento ejerciendo funciones de rector – Elmer de Jesús Gaviria Rivera, se incluyen: la suspensión de contratación de profesores vinculados, ocasionales, de cátedra y de empleados para actividades especiales con cargo a los fondos generales; la reducción de horas cátedra en el plan de trabajo de los docentes; y la reducción de gastos de transporte, viáticos, insumos, publicidad y uso de TIC. En la gráfica se compara el presupuesto y el total de gastos de la Universidad por año, entre 2018 y 2023. Se observa que desde 2022 los gastos excedieron el presupuesto general, tanto que al año siguiente, los gastos lograron estar 59.500 millones de pesos por encima del presupuesto, es decir que la universidad tuvo que buscar otras maneras para solventar el dinero en el que se excedió en gastos. Gráfica 3: Presupuesto histórico de la universidad en los últimos años, comparado con sus gastos. Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la UdeA. Varias dudas persisten sobre las medidas de austeridad. Por ejemplo, ¿cómo se verán afectadas las actividades relacionadas con la investigación o extensión, especialmente aquellas vinculadas con procesos de memoria y construcción de paz en los que la Universidad ha sido pionera? A lo largo de su historia, la Universidad de Antioquia se ha interesado en trabajar temas de paz, memoria y conflicto desde distintos ámbitos. Víctor Casas, coordinador de Hacemos Memoria, unidad de la Universidad que investiga y promueve un diálogo público sobre el conflicto armado y las violaciones de Derechos Humanos en Colombia, señala que «La Universidad de Antioquia ha estado históricamente comprometida con la paz, la memoria y el conflicto, no como una moda, sino como parte de su identidad». En 2017, surge la Unidad Especial de Paz (UEP) como respuesta a la necesidad de las unidades académicas de contar con un espacio para coordinar y transversalizar acciones de construcción de paz que se implementan desde todas las unidades académicas, tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Fue creada formalmente en 2018 mediante una resolución del Consejo Superior Universitario. Su objetivo es articular, gestionar y
La migración en Necoclí: A 3754 kilómetros del “sueño americano”
Necoclí solía ser, sobre todo, un destino turístico frecuentado por personas que buscaban vacacionar. Ahora es una parada en la odisea de miles de migrantes que día tras día salen de allí con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Dos profesores y 23 estudiantes de Periodismo de la UdeA estuvieron allí a finales de enero de 2024 para investigar sobre la crisis migratoria. Cada día salen lanchas como esta cargadas de migrantes. Quiénes van en cada una y hasta dónde llegan depende de cuánto puedan pagar. Foto: José Manuel Holguín. El mar Caribe se llevó tres vidas la tarde del 29 de enero de 2024. Una lancha en la que viajaban 41 personas se volcó y hundió cuando atravesaba el espacio marítimo de Unguía, Chocó. Las víctimas mortales del accidente fueron dos niños y la madre de uno de ellos. Así nos recibió Necoclí. Desde allí hacia la selva del Darién salen 1000 y 1200 migrantes al día, según Wilfredo Menco Zapata, personero municipal. Pero llegar a Necoclí no es sinónimo de subirse a un bote hacia el Darién; para eso hay que tener dólares. No todos los migrantes cuentan con el dinero que los «guías» exigen para transportarlos, su mejor alternativa es vivir en la playa hasta conseguir el dinero que les falta. Dormir así, vivir así El paisaje en el Malecón de las Américas, playa de Necoclí, es el de cientos de carpas armadas junto al mar. Cuerdas y ramas de árboles sirven para colgar la ropa. Los «colchones» son tapetes de los que se usan para hacer yoga. Si están bien equipados, el techo es un plástico que los protege de la lluvia. «Lo más duro de todo esto es dormir así, vivir así», dice Maryelbis, migrante venezolana que vive a la orilla del mar. En la playa hay quienes viajan solos y quienes viajan en grupos grandes, a veces de amigos, otras veces de familias; todos a la espera de conseguir el dinero para irse. En la familia de Mariel son nueve en total: cinco adultos y cuatro menores. Su migración empezó hace cinco años, cuando dejaron Venezuela y se fueron a Perú. Allí no encontraron la vida que buscaban, por lo que decidieron emigrar a Estados Unidos. Están varados en Necoclí porque al llegar no tenían el «impuesto» que cobran los grupos armados que controlan la zona, así que tuvieron que reunir esa plata allí. Mientras algunos de la familia trabajan en el pueblo, los demás piden limosna. Con eso hacen suficiente para sobrevivir y juntar de a poco lo necesario para irse. Al momento de este reportaje, solo les faltaba el «impuesto» de una persona para poder viajar. Aunque la playa es un lugar duro para vivir, hay personas y organizaciones que tratan de hacer este tránsito más fácil para el migrante. Las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, de la arquidiócesis de Apartadó, son cuatro monjas que, entre otras cosas, crearon un comedor donde cientos de migrantes comen cada día. Funciona con recursos de la arquidiócesis, la ayuda de las mujeres que cocinan a diario y de las voluntarias que hacen el proceso de registro de los migrantes para que reclamen su almuerzo. Ana Fajardo es la monja que menos tiempo lleva en Necoclí, apenas 10 meses para ese momento. Es de Pasto, pero ya recorre el territorio como si fuera local. Mientras caminaba, migrantes, policías y habitantes le pedían la bendición; hasta un cambista que cargaba con un gordo fajo de dólares en sus manos se inclinó a su paso para ser santiguado. También está la Tienda Humanitaria que regala implementos de higiene personal. A diario llegan entre 60 y 80 personas y allí les entregan los artículos que manifiesten necesitar. Esta es una de las iniciativas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Necoclí, así como tres tanques de agua potable (ver página 12). Un padre con dos niños en brazos llegó a la tienda. Le entregaron papel higiénico, crema dental y jabón; además, le dieron un fular portabebés. Le enseñaron cómo doblarlo y, una vez lo amarró a su pecho, cargó al niño menor en él para probar que funcionara; el niño de cabellos dorados reía mientras su padre lo acomodaba; cuando por fin estuvo bien, el padre lo miró y sonrió, le besó la frente y salió con él en su pecho y su otra hija agarrada de la mano. Mariel comenzó a migrar hace cinco años con su familia. Fueron hasta Perú, pero al no encontrar lo que buscaban emprendieron hacia Estados Unidos. Foto: Juan Felipe Restrepo. Niñez en tránsito De cada 10 migrantes, tres son mujeres lactantes con niños en brazos, según el personero Menco. Y de acuerdo con Unicef, entre enero y octubre de 2023 cruzaron por Necoclí 99.995 menores de edad. En Necoclí los niños saben que van de paso y que su destino es Estados Unidos. Pueden estar un día jugando en la playa con otros niños, y al otro subidos en una barca rumbo al Darién. Para quienes no se han ido es normal verlos irse, y para los que se van, parece que no les duele hacerlo. Aunque para muchos de ellos el viaje puede ser como una aventura, están más expuestos a los riesgos del camino y migrar con ellos puede ser más difícil para los adultos que los llevan. La iniciativa Espacios Seguros de la organización Goal es un intento por brindarles a los niños un lugar apropiado en medio de tanto caos. De lunes a viernes, Geraldyn Mendoza, psicóloga del proyecto, acomoda las mesas y sillas coloridas para iniciar las actividades. Allí juegan, aprenden un poco, se conocen entre sí y comen un refrigerio que para algunos es su desayuno. Los niños llegan temprano para ayudarle a Geraldyn en la tarea. A este espacio, que va de nueve a 11:30 de la mañana, pueden llegar a asistir más de 50 y hasta más de 90 niños. Siempre tiene que ir un padre o acudiente. Algunos se quedan con
Conservar la esperanza mientras se arriesga la salud en la migración
En los últimos tres años, Necoclí ha sido punto de convergencia para cientos, y a menudo miles, de personas que se encuentran en proceso de migración por la selva del Darién. La mayoría se amontonan en las playas, lo que genera problemas de salubridad que están siendo abordados por diversos organismos. Las pequeñas huellas de Haziel y Pablo quedan marcadas en la arena mientras exploran el lugar en el que permanecerán durante varios días. Haziel tose ligeramente, lo que indica que aún tiene secuelas de la enfermedad que lo afectó hace apenas unos días. Milei y Bresia, sus padres, los observan y se aseguran de que no se alejen. Esta familia dejó atrás su hogar en la selva del Perú para adentrarse en lo desconocido, en busca de lo que para ellos es un futuro mejor. Ahora están en una playa de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Milei es venezolano, mientras que Bresia y los niños son peruanos. Pablo tiene cinco años y Haziel tres. Antes vivían en Atalaya, en el departamento amazónico de Ucayali, donde él trabajaba como soldador y ella como mesera. A pesar de sus dos ingresos, no lograban reunir suficiente dinero para sobrevivir. Decidieron que querían probar suerte en Estados Unidos, por lo que vendieron la mayoría de sus pertenencias y emprendieron el viaje con la esperanza intacta. El trayecto de seis días en bus desde Perú hasta Colombia no fue fácil: lidiaron con conductores poco amables que querían cobrarles por los niños, aunque los llevaran cargados, pasaron por Lima, atravesaron Ecuador, llegaron a Cali y terminaron en la playa de Necoclí el 25 de enero de 2024. El lugar que los recibió está a la orilla de un mar amarronado que mezcla las aguas del Caribe con las del río Atrato y es un punto estratégico para quienes se atreven a cruzar el tapón del Darién. Según Migración Colombia, en enero de 2024 hubo 26.196 salidas de personas desde Necoclí. Milei y su familia se quedan en la playa Malecón de las Américas, donde improvisaron un refugio con una carpa y algunos plásticos. Este lugar es el punto de reunión para cientos de migrantes, quienes duermen en carpas y hamacas dispuestas unas junto a otras. Allí también está Mary, una de las tantas personas que han permanecido en el municipio durante meses mientras reúnen el dinero necesario para continuar. Llegó desde Venezuela con su hija Susi y llevan más de un año en Necoclí. La carpa de Mary está a varios metros de la de Milei y los suyos. Es 31 de enero. Esta mañana, como siempre de lunes a viernes, reciben la visita de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Una de ellas es Ana Alicia Fajardo; ella y sus tres compañeras recorren la playa para interactuar con los migrantes y «brindarles un mensaje de esperanza» junto con un ficho que les permitirá recibir un plato de comida. El alimento se distribuye en una casa de la iglesia. Bajo un intenso sol de mediodía los migrantes caminan de 15 a 20 minutos desde la playa hasta allí. Cada uno lleva algún recipiente para recibir la comida mientras que, en la casa, varias mujeres la preparan. Las ollas están llenas de alimentos para un poco más de 300 personas. A la una de la tarde, el almuerzo está listo. Ordenados en fila, pasan a recibir sus porciones, que hoy son de arroz con lentejas y guandolo. Desde hace meses está en construcción un comedor en un terreno perteneciente a la diócesis de Apartadó. Gracias a estas ayudas, Mary y su hija no han pasado hambre. Ella se gana la vida colocando cartones sobre las motocicletas para protegerlas del sol, y por esto recibe algunas monedas. «Las hermanas nos brindan mucha comida. Gracias a ellas y a Dios no pasamos hambre aquí», dice mientras sonríe. Los sábados, la iglesia protestante Catedral de la Fe provee los alimentos. Los domingos, los migrantes deben procurarse su comida, ya que las organizaciones descansan. Mary cuenta que esos días va a una pollería donde le regalan algo para comer. La hermana Ana es originaria de Nariño. Su vocación la trajo a esta zona en 2023 para brindar acompañamiento y apoyo a “los hermanos migrantes”, como los llama. Foto: Juan Felipe Restrepo Cano. Un hospital insuficiente Pablo y Haziel tienen sus estómagos llenos. Esto alivia a sus padres, quienes no pueden evitar sentir preocupación por ellos. El que más los inquieta es Haziel, que en los últimos días ha tenido tos y dificultades para respirar. Milei lo llevó a la Cruz Roja, donde lo examinaron y le brindaron algunos medicamentos. Ahora, la tos ha disminuido, pero la curiosidad del niño va en aumento. Está en la etapa de querer descubrir, tocar, oler y llevarse a la boca todo lo que encuentra, por lo que Bresia está pendiente de él y le retira lo que podría representar un peligro. En 2021, la Cruz Roja estableció un puesto de salud en la playa para brindarles servicios médicos, enfermería, primeros auxilios, apoyo psicológico y medicamentos a los migrantes varados en Necoclí. Antes de eso, la atención a los migrantes era diferente, como anota monseñor Hugo Torres, quien entre 2014 y 2023 fungió como obispo de Apartadó y ahora es el arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Durante su gestión en Urabá, Torres lideró acciones para defender los derechos de los migrantes en el territorio, con la coordinación de recursos internacionales y la colaboración de los gobiernos locales para proteger a esta población. Monseñor Torres se destaca como una voz comprometida con la defensa de los derechos de los migrantes en esta región. Desde Santa Fe de Antioquia, sigue interesado por la situación. Recuerda que hasta antes de la llegada de la Cruz Roja, la diócesis se encargaba de cubrir los gastos de atención médica de los migrantes en el hospital, donde si bien se les brindaba atención en caso de urgencias, no se les garantizaban otros servicios. No olvida el caso de una
Enfrentar el mundo después de la no adopción
Entre 2018 y 2023 habían 6412 personas dentro del ICBF que tenían 18 o más años y nunca fueron adoptadas. Muchas de ellas abandonaron la institución guiadas por el azar de las calles y sin una familia que les acogiera. Hoy, es posible que 3569 niños, niñas y adolescentes corran el mismo destino. Ingrese al link de la multimedia para conocer esta historia: https://adopcionesdelaurbe.shorthandstories.com/
Los trapitos sucios se lavan en la casa
¿Qué pasa cuando el hogar es el lugar del que te quieres proteger? ¿Qué sucede cuando el monstruo no está debajo de la cama sino en todas partes? Cuando los sueños se tornan pesadillas y el despertar no trae consuelo. ¿Cómo enfrentar la cruda realidad que se despliega ante los ojos? Cuando las palabras se atascan en la garganta, cuando el juego se vuelve parte del temor, cuando mirar hacia adelante parece una hazaña, ¿cómo lidiar con el peso de un pasado que te marca de por vida? Bris es una mujer de 28 años. Le gusta nombrarse y que la nombren como Bris Pino, sobre todo por la conexión con lo femenino, con su mamá. Tiene piel mestiza, ojos grandes que caen a los lados, cabello lacio que enmarca su rostro, dos tatuajes de mandalas en los hombros que la mantienen, como ella dice: “en equilibrio”, y buena postura. No parece que por años estuvo encorvada, la meditación la ayudó a enderezarse. Aprendió a soltar, soltar todo lo que partió del dolor de su infancia. Vive en el barrio Santa Rita, Bello. Es feminista popular y toda su militancia ha sido en Medellín. Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Luis Amigó, trabaja como educadora popular en la Corporación Amiga Joven, acompañando procesos de niñez en prevención de violencia sexual. Han sido 6,352 casos de violencias sexuales contra menores de edad en el municipio de Medellín del departamento de Antioquia, desde julio de 2022 hasta noviembre de 2023, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Para dimensionar esta realidad, basta con imaginar que estos casos podrían llenar 7 veces el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, que tiene una capacidad para 880 personas. Es una imagen impactante que confronta con la magnitud del problema y obliga a reflexionar sobre qué se está haciendo como sociedad para proteger a los niños y las niñas. Dentro de estos casos, se registraron 1,568 actos sexuales, 1,352 accesos carnales, 897 acosos sexuales, 711 otras formas de violencia sexual, 37 casos de explotación sexual, 5 de trata de personas, y 2 de mutilación genital en menores de 5 años. Cada uno de estos números representa una historia de sufrimiento. El 76% de estos casos corresponde a 4.841 violencias sexuales que han afectado a niñas. Esto debería replantear los enfoques y políticas que se tienen para abordar la violencia de género desde sus raíces más profundas. Grietas y olvido Durante dos décadas, Bris ha luchado por rescatar los fragmentos buenos de su infancia. Ha intentado exiliar la amnesia, esa que puede durar en una persona desde minutos, hasta décadas. Sin embargo, sus esfuerzos apenas han logrado desenterrar migajas de recuerdos que han ido liberándose como una hoja seca de un árbol, o como todo un montón de ellas. Estas memorias que se reviven en su mente, atraviesan su ser como ráfagas de angustia, perturbando sus músculos, desafiando su equilibrio y acelerando el latido de su corazón. La memoria es un resguardo del pasado con escondites; entre sus pliegues se encuentran los momentos que se resisten a ser rescatados por palabras. De acuerdo con el docente de Psicobiología en la Universidad de Antioquia, Jorge Iván Fernandez, quien ha trabajado el tema de bases biológicas de la conducta durante diez años, “recordar algo que no puedes nombrar es más difícil. Algo que no puedes entender. Puede que haya personas que digan: ‘yo no sabía. Vine a entender, que a mí me abusaron, cuando me lo señalaron’. Si no tienes palabras para nombrar algo, no está en tu vocabulario, en tus referentes del mundo, va a ser muy complicado decir: ‘a mí me pasó esto’, pero cuando tienes ya las herramientas, es posible reconocerlo”. El lenguaje y la evocación van de la mano: se nombra para que algo exista, pero a veces el dolor cae sin mitigaciones en los recuerdos y los empaña de forma indefinida. A los 8 años, Bris dormía en una habitación con todas sus hermanas, en ella había cinco camarotes apiñados como refugio, con una entrada resguardada por una cortina que apenas conseguía ocultar el peligro que la acechaba. Cada noche, sin falta, ella y sus hermanas se armaban de coraje, organizaban una barricada improvisada con canecas, palos y cualquier trasto que pudiera desencadenar, el estruendo necesario para alertarlas de que el hombre que las aterraba tanto, había llegado. Repetían el ritual una y otra vez, aferrándose a la idea de que esa noche, quizás, él no entraría. El escenario más común donde ocurren casos de violencia sexual, es el hogar, con un total de 3,266 casos, según los hechos reportados por SIVIGILA, entre julio de 2022 y noviembre de 2023 en el municipio de Medellín. Es crucial resaltar que dentro de este contexto, se incluyen los dos casos de mutilación genital. Estas cifras confrontan con una realidad en la que el lugar que debería ser un refugio seguro para niños y niñas se convierte, en demasiadas ocasiones, en el escenario de sus peores pesadillas. BRIS «Tengo algunos recuerdos que me llegan a la cabeza, entre ellos está que él lo hizo muchas veces, pero hubo uno en el que sentí que no era algo normal, que eso no era un amor de papá, y hablé. Más o menos como a los siete años, recuerdo que yo estaba muy enferma en la casa de mi abuela, y estaba sola. Todos habían salido, no sé para qué. Mi papá llegó a mirar cómo estaba yo. Recuerdo que apenas llegó, me senté… sabía qué iba a pasar, sabía que llegaba a tocar. Vi que él empezó a mirar como por las habitaciones si había alguien. —Quién hay aquí —Me dice. —Estoy sola. —Entonces venga yo le hago unos masajitos, venga la acaricio. Venga veo cómo está para tocarla. Empezó a tocarme las piernas, los hombros, los senos, y ya me iba a tocar mi vulva, cuando le dije: —¡Nooo, usted qué está haciendo! Usted porque me toca, usted porque me toca
Si los bosques pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían?
En Colombia no solo se acaba la Amazonía. En lo que va del siglo XXI, Antioquia ha perdido más del 12% de su cobertura arbórea; esto amenaza la biodiversidad del departamento, la sostenibilidad del territorio y, en algunos casos, la seguridad de los habitantes. ¿Qué se puede conocer del fenómeno de la deforestación a través del periodismo de datos? Antioquia menos verde En Antioquia hay 7 municipios que han perdido al menos una cuarta parte de su bosque entre 2002 y 2022. Las regiones del Nordeste y Magdalena medio son las zonas con cifras más críticas de deforestación en este periodo de tiempo. ¿Nuestra casa sigue siendo verde? La problemática de la deforestación en el departamento se ha incrementado en los últimos 20 años. Solo en Remedios hay un descenso del 34% en la cobertura de bosque visible, mientras en Segovia es del 30%, en Yondó del 26%, en Puerto Berrío del 25% y en Vegachí del 24%. Estos municipios de las regiones Nordeste y Magdalena Medio encabezan la lista de pérdida de bosque en Antioquia y hacen parte de los 28 identificados en los Núcleos de Alta Deforestación (NAD) del país según el Plan Estratégico del Programa para el Control de la Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques en Antioquia. Uno de los núcleos es la Serranía de San Lucas que se extiende por los tres municipios más deforestados. ¿Qué nos muestran las tendencias? En esta investigación se pudo establecer que luego de un alto pico de pérdida de hectáreas en un municipio, emergen auges económicos en tres factores asociados a la deforestación: minería, ganadería y siembra de cultivos ilícitos (coca). Vegachí, por ejemplo, pasó de 0 hectáreas observables de coca en 2016 a 7.890 hectáreas en 2022. En el mismo periódo, Segovia duplicó sus hectáreas de coca, Remedios las multiplicó por diez y Yondó superó por primera vez, desde 2001, las 1.000 hectáreas. Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Vegachí, duplicaron su producción de oro entre 2016 y 2022. También, la población bovina creció en Segovia (156%), Remedios (97%) y Vegachí (87%), durante este periodo de tiempo. En el gráfico se puede observar el comportamiento de estos factores luego de un pico de deforestación. Interactúe con el gráfico, eligiendo factores para compararlos. Anotaciones selváticas Gustavo Adolfo Palacio o Teófilo, como le gusta que le digan, es habitante del AETCR Carrizal entre Remedios y Segovia, y firmante del acuerdo de paz con las FARC. Su relación con el bosque viene desde sus días de combatiente y, ahora, promueve la reforestación y cuidado de los bosques en su comunidad. Puedes conocer su historia aquí: Deforestación en Antioquia: conversaciones entre humanos y árboles. Sobre delitos ambientales El manejo judicial en Colombia de los delitos ambientales todavía deja muchos vacíos y demuestra una alta incapacidad del sistema para avanzar en los procesos. En Colombia el número de casos reportados por la Fiscalía General de la Nación ha aumentado en un 88% en los últimos 13 años. Han entrado a indagación 3.528 casos y sólo 13 de ellos han llegado a la etapa de ejecución de penas. En el siguiente gráfico se muestran los casos por año en cada una de las etapas del proceso. Antioquia es el departamento del país con mayor número de registros activos de delitos ambientales entre 2010 y 2023, han entrado a indagación en la Fiscalía 262 casos. En el siguiente gráfico se puede evidenciar que 9 de cada 10 delitos permanece en etapa de indagación por más de 5 años, la mayoría no pasa la etapa de indagación. Los delitos más comunes en el departamento son aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, contaminación ambiental, daño en recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos de minerales (como el oro). En términos generales, la deforestación parece estar bajando. Aunque la imposibilidad de controlar los factores clave de la tala de árboles sigue haciendo de este departamento menos verde, disminuye los hábitats naturales para sus especies endémicas y, eventualmente, desplazará poblaciones humanas por los cambios en el ecosistema.
Los problemas de los niños venezolanos en Medellín: sin escuelas ni seguridad
La cifra de los niños venezolanos no matriculados en Medellín es tres veces mayor que la de los niños colombianos no matriculados. Además, los niños venezolanos son las víctimas en el 89% de los delitos cometidos contra los niños migrantes en el distrito. Dibujo elaborado por Emiliano Ruiz, niño venezolano de 5 años beneficiario del ICBF. Medellín es la segunda ciudad de Colombia que más población migrante venezolana acoge: según Migración Colombia, 241.166 personas nacidas en Venezuela residían en Medellín en el 2023. Los venezolanos corresponden al 6,4% de los habitantes del Valle de Aburrá, para tener una idea de cuánto es eso, hay tantos venezolanos en el Área Metropolitana como personas viviendo en el municipio de Envigado. Según la Secretaría de Educación, durante el 2023 se matricularon 36.959 niños venezolanos en instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Medellín Cómo Vamos, una alianza interinstitucional que evalúa y da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad, afirmó en un reciente informe que en 2023 al menos el 13,3% de los niños venezolanos no estaban matriculados en ninguna institución educativa. La cifra de niños venezolanos no matriculados es 3 veces mayor que la registrada en los niños colombianos: 3,7%. Catalina Calle, coordinadora de regionalización en el centro de estudios Casa de las Estrategias, resalta que “no todos los niños migrantes venezolanos llegan a Medellín con las mismas condiciones pero la mayoría de ellos sí llegan con un duelo migratorio porque han dejado atrás a sus redes de apoyo para buscar oportunidades en un nuevo país”. Algunos menores de edad venezolanos por sus condiciones socioeconómicas llegan en estado de vulnerabilidad y son propensos a que se les complique el acceso a la educación, sean reclutados por redes criminales o sean víctimas de delitos. Migrar es perder la infancia Según la Policía de Infancia y Adolescencia, durante el 2022 y el 2023 se denunciaron 63 delitos cometidos en contra de menores de edad extranjeros en Medellín, de los cuales el 89% fueron cometidos contra niños migrantes venezolanos. Las niñas son las principales afectadas, ellas corresponden al 71,6% de las víctimas de delitos cometidos contra los niños venezolanos. Los principales delitos cometidos contra los migrantes venezolanos menores de edad son delitos sexuales, como acceso carnal violento y acto sexual con menor de catorce años. Cómo es el caso de una niña venezolana de nueve años en estado de embarazo, que el ICBF reportó como beneficiaria en el Servicio Especial Familiar en 2023. Teniendo en cuenta la edad de la niña, la ley colombiana considera ilícito el acceso carnal en cualquier caso con menor de catorce años. El caso ocurrió en el 2023 en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, en donde, en el mismo periodo de tiempo, fueron reportados 72 casos de embarazos adolescentes en niñas venezolanas. Estos casos tuvieron como punto crítico las comunas San Javier con 11 niñas embarazadas y las comunas Robledo, Manrique, Popular y La Candelaria con 6 casos cada una. En relación con esta problemática, el Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que proporciona asistencia a migrantes con enfoque en derechos humanos, comenta que «hay muchos casos de estas niñas abusadas, donde normalmente son los mismos familiares o las personas con las que ellas viven los agresores”. En el 2023 según la Policía de Infancia y Adolescencia los lugares donde más delitos se han cometido en contra de los niños venezolanos son la vía pública y sus hogares con 34 y 16 casos respectivamente. El Consejo Danés para Refugiados tiene una explicación para esta problemática, ellos aseguran que “debido a la capacidad económica con la que llegan a Colombia algunas familias migrantes duran temporadas viviendo en asentamientos informales, los cuales son muy inseguros”. También añaden que “esas familias ni siquiera tienen un baño dentro de sus casas para hacer sus necesidades o bañarse, y si quieren hacerlo, aunque sea de noche, deben salir y estar expuestos, eso incluye a los niños que en muchos casos, no cuentan con supervisión constante de los adultos”. Estos asentamientos informales de venezolanos se encuentran alrededor de toda la ciudad y las condiciones entre cada uno de ellos son diversas. Uno de los más concurridos está ubicado en el barrio La Sierra en la comuna Villa Hermosa. Allí llegó por primera vez María José* una mujer migrante venezolana de 22 años que vende dulces en la calle con sus hijos. En el 2020 mientras ella pedía limosna en el barrio El Poblado con su hijo de un año, no pudo comprobar ante la Policía de Infancia y Adolescencia que era la madre. En consecuencia, el ICBF inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que le impidieron ver a su hijo durante un año. Conoce la historia de María José aquí. Una de las denuncias más recurrentes entre organizaciones como la Colonia de Venezolanos en Colombia es que en Medellín se han usado niños venezolanos para vender dulces o pedir limosnas en la calle. En palabras de Mónica Jaramillo, abogada en el Consejo Danés para Refugiados “estos niños a veces son alquilados por los mismos padres para causar pesar y generar más ganancias, pero puntualmente en Medellín está situación es muy complicada porque es una ciudad destino donde llegan las redes de tráfico de personas y de explotación sexual”. Las condiciones de los niños venezolanos en las calles van en contravía del derecho a vivir plenamente su infancia. El Consejo Danés para Refugiados insiste en que “estos niños además de ser explotados laboralmente, son violentados en dos derechos importantes: el de vivir en condiciones de bienestar y el de acceder a la educación, porque son obligados a estar largos periodos de tiempo en la calle siendo explotados”. La educación como refugio Las matrículas de estudiantes venezolanos en colegios públicos y privados de Medellín han aumentado desde 2018. Según la Secretaría de Educación, en el 2023 fueron matriculados 36.959 niños de nacionalidad venezolana en el distrito. Cabe destacar que en Medellín hay 408.588 niños matriculados, lo que significa que el 9% de los estudiantes del sistema educativo