Lenta e incapaz: los cuestionamientos a la Ruta Violeta en la UdeA
Tiempos lentos de respuesta, poca capacidad, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo, inaplicación de medidas cautelares contra agresores de manera oportuna y falta de tipificación de las sanciones son algunas de las falencias por las que la Ruta Violeta está en el centro de las críticas en esta emergencia por Violencias Basadas en Género. Fotografía: Valentina Quintín “RUTA VIOLENTA”, se lee en una de las puertas del primer piso del Bloque Administrativo (16) de la Ciudad Universitaria de la UdeA. En todo el campus, y especialmente en las facultades que desde abril se han movilizado por las Violencias Basadas en Género (VBG), también se leen mensajes que piden soluciones frente a las situaciones violentas que afectan sobre todo a las mujeres de la comunidad universitaria. Esta emergencia tiene en asamblea permanente a algunas unidades académicas de la Universidad desde la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del 22 de mayo. El señalamiento está dirigido a la Ruta Violeta, el mecanismo institucional creado en 2018 para atender y sancionar las VBG en la Universidad y que, ante las recientes denuncias de estudiantes y profesoras, es cuestionada por su incapacidad para garantizarles a las denunciantes derechos como la atención oportuna y su seguridad en el campus. Desde su creación, la Ruta Violeta se ha reestructurado y modificado como resultado de la movilización universitaria en contra de las VBG en 2022, así como también a exigencias normativas del Ministerio de Educación Nacional. “La primera ruta que tuvo la Universidad consistía en que Bienestar atendía a las personas, pero la única capacidad que teníamos en ese momento era ofrecerles un acompañamiento psicológico, lo jurídico era remitido a otra parte”, cuenta Liliana Marcela Ochoa, exdirectora de Bienestar Universitario y actual vicerrectora de Docencia. Los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género Liliana Marcela Ochoa Además de la poca capacidad, Ochoa dice que para entonces (2018) las VBG no estaban tipificadas como faltas disciplinarias, “así que los primeros casos se empezaron a investigar como faltas de respeto y, por supuesto, no es lo mismo sancionar una falta de respeto que una violencia de género”. En octubre de 2022, tras el cese de actividades decidido por la AGE, el rector Jhon Jairo Arboleda firmó una serie de compromisos que llevaron a que el Consejo Superior Universitario tipificara las VBG y la violencia sexual como faltas disciplinarias. También creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), con el fin de investigar y sancionar los actos de este tipo. Luego, en enero de 2023, la Rectoría adoptó el Protocolo para la prevención, atención y sanción de las violencias basadas en género y violencias sexuales, que formaliza la Ruta Violeta con dos componentes: atención integral e investigación-sanción. Pese a estos avances en las normas universitarias, el funcionamiento de la Ruta continúa siendo objeto de críticas: tiempos lentos de respuesta, poca capacidad de los equipos a cargo de sus componentes, inexistencia de criterios de atención para las personas con mayor riesgo y la no aplicación de medidas cautelares contra los agresores de manera oportuna, entre otras. Esto ha dado pie a una sensación de descontento, desprotección y desatención a las denunciantes. La (in)capacidad de la Ruta “La primera falencia que tiene la Ruta es que únicamente hay dos duplas psicojurídicas para toda la Universidad, y esto no es solo la ciudadela, sino la Universidad con todas sus sedes y seccionales”, dice Nikole Kallinowsky, estudiante e integrante del Comité de Género Universitario de la UdeA. Las dos duplas psicojurídicas (abogada y psicóloga) del componente de atención integral de la Ruta Violeta deben prestar la primera atención a cualquiera de las más de 50.000 personas que pueden activar el mecanismo en la Universidad, incluyendo sus 12 campus y seccionales fuera del Valle de Aburrá. A partir de este primer paso, la persona denunciante decide si continuar con el proceso en Fiscalía, en el caso de que la agresión sea un delito, o seguir en el componente de Investigación y Sanción de la Ruta, que cuenta con tres abogadas en el Equipo 3. “Estamos hablando de tres abogadas que tienen que trabajar el mismo caso, cada una a cargo de una etapa distinta. Ellas reciben un correo con una queja hoy y por ahí en seis meses estarán contestando si se hace apertura al proceso. Podrán pasar meses para que hagan la primera audiencia. De ahí en adelante, mientras llaman testigos, hacen la proyección de fallos, se pueden ir dos años o más”, explica Paola Posada, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e integrante del Comité de Género de la Asamblea Profesoral. Según una respuesta oficial de ese Comité, además de esas demoras, “no se conocen sanciones disciplinarias efectivas y ejemplarizantes que permitan a la comunidad universitaria cambiar la percepción de impunidad”. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el panel Justicia para las mujeres en la UdeA: ¿Necesidad o utopía?, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en el que la Colectiva prestó el servicio de asesoría psicojurídica y representación técnica a la Universidad, realizaron 47 representaciones. De estas, 36 fueron en procesos disciplinarios: en 5 casos la UAD emitió auto inhibitorio, es decir, se abstuvo de iniciar procesos; los casos restantes están en las siguientes etapas: 20 en indagación, 6 en investigación, 5 en juzgamiento y ninguno ha tenido fallo. Fotografía: Valentina Quintín Sin garantías de protección En una entrevista publicada por El Espectador el 9 de junio, la profesora del programa de Astronomía Lauren Flor Torres contó que llevaba un mes trabajando desde casa y alejada de las aulas. Esta fue la “medida de protección” que le ofreció la Universidad tras activar la Ruta Violeta contra el estudiante Pablo Restrepo por presunto acoso. El caso de Lauren revela una de las problemáticas más graves de la Ruta: no hay criterios para priorizar la atención y valorar los riesgos de quienes se encuentran
Tres décadas de infidelidades y un homicidio
Esta historia de amor nació con los impulsos de la rebeldía adolescente, pero se desvaneció tras décadas de maltrato psicológico que desencadenaron una salida desesperada, un crimen. Martha Roldán cumple una condena ‒en revisión‒ de 98 meses de prisión por el asesinato de su esposo, Carlos Humberto Jaramillo. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura “En la flor de la juventud se cometen errores garrafales”, dice entre lágrimas Martha Roldán, considerada en su momento una de las más elegantes y refinadas residentes de Altos del Poblado, en la Comuna 14 de Medellín. En agosto del 2022 fue condenada a 98 meses de prisión por el homicidio de su esposo, Carlos Humberto Jaramillo Restrepo, un empresario dedicado a importar materias primas del oriente de Asia. Según la autopsia realizada por Medicina Legal, la causa de la muerte fue una combinación letal de fármacos que le disparó los niveles de glucosa en la sangre y resultó en el deceso del hombre de 53 años el martes 18 de enero del 2022. Martha era la única persona cercana a la víctima con acceso a los medicamentos. Además, conocía la enfermedad de Carlos y tenía los conocimientos médicos para llevar a cabo el asesinato. El fiscal del caso planteó como móvil del crimen el cansancio que ella sentía por las constantes infidelidades de su esposo; el detonante ocurrió el 2 de enero del 2022, fecha en la que cumplían 30 años de matrimonio, cuando Carlos Humberto le pidió el divorcio. Huida y bonanza Martha Roldán y Carlos Humberto Jaramillo se conocieron en 1989, cuando ella tenía 15 años y cursaba décimo en el colegio Marymount de Medellín. Carlos era hermano de la mejor amiga de Martha, Clara Luz Jaramillo, quien estudiaba con ella. “Desde que se conocieron se gustaron, pero el papá de Martha no quería que ella tuviera novio, y mucho menos que fuera Carlos, porque esa familia (la de Martha) era rica de toda la vida y nosotros éramos nuevos ricos”, recuerda Clara Luz. Sin importar las restricciones de su padre, Martha y Carlos iniciaron un noviazgo secreto que desencadenó que, en 1990, ella se fugara de su casa y se mudara con él; dos años después se casaron. “Al inicio nos tocó muy duro. Él estudiaba Administración de Empresas en Eafit, pero cuando el papá se dio cuenta de que yo me había escapado de mi casa para estar con él, dejó de pagarle la universidad. En ese momento le tocó empezar a trabajar para pagar los tres semestres que le hacían falta”, cuenta Martha, con una sonrisa, en el balcón del que es su hogar hace más de un año. A pesar de las adversidades, la pareja salió adelante y en 1995 se les apareció el negocio. Una línea marítima comercial entre Colombia y Asia Oriental acababa de abrirse, y esto le permitió a Carlos importar polietileno de alta densidad, utilizado para la fabricación de cubiertas de cables de energía y envases de alimentos y de productos para el hogar. “Era un negocio muy rentable, recuerdo que había meses en los que él podía importar entre 15 y 20 contenedores, todos repletos con producto al que ya le tenía comprador”, recuerda Martha. Esta bonanza les permitió mudarse del pequeño apartaestudio que arrendaban, cerca del parque de Boston, a su casa propia en Altos del Poblado, uno de los sectores más lujosos de Medellín. En esa casa vivieron poco más de 26 años, hasta que la muerte los separó. La gota que la colmó Desde que inició la bonanza, Martha y Carlos intentaron concebir un hijo, tarea que no dio frutos y que, según ella, marcó un punto de inflexión en la relación. Pasaron cuatro años y ella visitó a varios médicos, pero todos le decían que no tenía ningún problema: “Nada nos daba resultado; yo visité varios médicos, pero todos me decían que no tenía problemas, que todo estaba bien. Desde esa época, por ahí en los 2000, empecé a escuchar rumores de infidelidades de él hacia mí, pero cuando yo lo confrontaba siempre me decía que era falso, que la gente nos tenía envidia y que él sería incapaz”. En 2003, Martha se mudó a Jericó, Antioquia, para llevar a cabo su año rural y graduarse como médica cirujana del CES. Allí empezó a recibir llamadas casi a diario en las que le contaban que veían a Carlos con una u otra mujer o que él alquilaba una avioneta y se llevaba a sus amantes para Cartagena. Martha estaba cansada, pero todavía sentía amor y estaba dispuesta a “hacer lo que hiciera falta” para mantener su matrimonio. Por eso, decidió no ejercer su carrera como médica cirujana y se vinculó de lleno a la empresa de su esposo, según explica, como una manera de mantener el control de la relación. La estrategia funcionó, pues durante 12 años más se mantuvieron juntos y su negocio continuó prosperando; sin embargo, las infidelidades continuaron e incluso, cierto día de diciembre del 2015, Martha encontró un brasier que no era suyo cuando regresó a casa luego de un fin de semana fuera de la ciudad, hecho que le desencadenó un ataque de ansiedad y un infarto. Luego de algunos análisis, su cardiólogo determinó que Martha tenía presión arterial alta; por lo tanto, le recetó un medicamento que, según Medicina Legal, fue el que le ocasionó la muerte a Carlos siete años después. Desde diciembre del 2015 hasta enero del 2022, el matrimonio siguió. “La relación ya no era la misma, pero había un respeto y cariño mutuos muy grandes”, describe ella. Por lo menos dormían en la misma cama y salían juntos de vacaciones. “Hasta teníamos sexo de manera ocasional. Cada vez que me acordaba de sus infidelidades me daba mucha ira, pero aprendí a ignorar el sentimiento y concentrarme en el amor que tenía hacia él”, recuerda Martha, sentada en la sala de su casa, mientras intenta contener las lágrimas. Los rumores sobre las infidelidades de Carlos no terminaron. La última infidelidad de
¡Cuidado con los príncipes azules!
En Colombia, los mitos del amor romántico están relacionados con la violencia de pareja. Érase una vez un lugar con olor a café, verdes paisajes y cuentos de hadas en el que las personas creían en los mitos del amor romántico, sin saber que estos los separaban de un final feliz. El amor dura para siempre, todo lo puede, de todo es capaz. Perdona, aguanta, sufre, o al menos así lo dice el amor romántico, un ideal basado en mitos como la fidelidad y los celos , que está instaurado en el imaginario colombiano y que, según una investigación del 2022, está relacionado con la violencia en pareja. Las mujeres son las principales víctimas de esta creencia. La investigación, titulada “El Amor romántico y sus mitos en Colombia: una revisión sistemática” identificó los mitos románticos de mayor relevancia en el contexto colombiano y las consecuencias relacionadas con la violencia de género. El estudio confirma que estos “podrían contribuir a esta violencia, al reafirmar roles de género desiguales y patriarcales”. Diana González, trabajadora social, magíster en intervención social, especialista en prevención y atención de violencias basadas en género (VBG) y miembro de la Secretaría de la Mujer en la Gobernación de Antioquia, dice que esta investigación resalta “la relación entre el amor romántico y las prácticas de conflictividad, de agresión y de violencias, y esta idea de que el amor nos saca de sí. Que entramos bajo un hechizo y no somos responsables de nuestras acciones, porque estamos enamorados o enamoradas”. Para entender los hallazgos menciona que “los roles de género tienen que ver con los lugares, las tareas y las labores que le corresponden a los hombres y a las mujeres y digamos que no es solo una división de estereotipos y roles, sino que también es una valoración, se valora lo masculino y se desprecia lo femenino”, dice. Mientras que lo femenino se asocia a la entrega y al sacrificio infinitos, de los hombres se espera dominación, control y fuerza. “Ahí está la explicación o la conexión entre el amor romántico y la violencia de género; en que la base es muy desigual Una investigación realizada por Alejandra Ariza Ruiz, Carmen Viejo Almanzor y Rosario Ortega Ruiz, de la Universidad de Córdoba (España) , sintetiza los estudios empíricos sobre el amor romántico en Colombia. La muestra está compuesta por 26 investigaciones y reúne los artículos de mayor impacto publicados en bases de datos especializadas de ciencias sociales. Se trata de un análisis del estado del arte interdisciplinario, es decir, revisa investigaciones de varios campos de las ciencias sociales y su relación con los mitos del amor y la violencia en pareja. Alejandra Ruiz, investigadora principal, dice que por ejemplo mediante el análisis de la obra literaria de la bogotana Soledad Acosta [que se hizo en 2017] identificó “que, en el siglo XIX, el amor romántico se asoció con el sufrimiento de las mujeres (heroínas de los relatos), de varias maneras –despechos, dolor, enfermedad, muerte–” y que también basada en análisis [que se hizo en 2011] de foros de Internet sobre noticias de violencia conyugal del principal periódico del país, evidenció “una asociación entre el sufrimiento y la feminidad con expresiones del tipo: ‘a las mujeres les gusta sufrir maltrato’.” Un amor hecho de mitos Para la psicóloga Yurani Muñoz, quien acompaña mujeres víctimas de violencias basadas en género en Medellín y hace análisis de cifras de violencia intrafamiliar, los resultados coinciden con algunas de las situaciones que se encuentra en las atenciones. “Mitos fundantes hay un montón en función de las relaciones y eso mantiene las relaciones en violencia de pareja. El mito de la media naranja, que se va a encontrar a la persona perfecta que hacemos match y encajamos perfectamente” explica Muñoz, quien además hace parte del Grupo de Investigación de Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Menciona también el mito de la fidelidad absoluta y exclusiva de las mujeres, que crea en ellas mentalidad de que el amor debe durar para el resto de la vida sin importar qué y el mito de los celos que está basado en el control sobre la pareja. “Lo digo como cruzando con la experiencia laboral y es: mujeres muy jóvenes que todavía consideran o que siguen viendo y siguen siendo educadas en que si me cela es porque me quiere, lo hablo en términos de mujeres porque son las mayores afectadas en una situación de violencia.” Más allá del cuento de hadas En 2022, la violencia de género en Colombia causó 614 feminicidios. Y en 2023 disminuyeron a 410, pero continúan ocurriendo. “Yo creo que la investigación es muy relevante, o sea, casi que es la principal razón por la cual las mujeres y las adolescentes son asesinadas en nuestro país. El feminicidio es un asunto real y lo que nos cuentan las cifras es que la mayoría se llaman feminicidios íntimos, o sea, se dan en el contexto de las parejas o las ex parejas. Es un asunto muy vigente e incómodo para nuestro país. Y casi siempre se pone desde la voz de las feministas, es como una se vuelve una cantaleta y se vuelve paisaje,” resalta Diana González. Sin embargo, las tres autoras concluyen en que los resultados de esta investigación son relevantes para el contexto colombiano. Sin embargo “en la comprensión de la problemática son limitados, primordialmente, por la imposibilidad de identificar elementos psicológicos puntuales subyacentes a los mitos románticos y a los estereotipos de género que pueden desencadenar o prevenir violencia.” Para González la investigación realizada reconoce que en Colombia se han realizado varias investigaciones al respecto y esta en particular lo que hace es reconocer esa trayectoria. Pero falta ahondar más en esta y en las próximas en qué sigue, qué queda faltando. Para González y Muñoz es importante que esta investigación y otras similares, salgan del papel y la academia. Para Yurani deberían empezar a reflejarse o derivar en las políticas públicas, en programas de atención e intervención.
De camino con ellas
La palabra mujer tradicionalmente se asocia a la palabra madre. De forma similar, en los últimos años, a la palabra migrante se le agrega un apellido: “venezolano”. Fotografía: Juliana Palacio. Colombia recibe el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes venezolanos en el mundo. Para diciembre de 2023, Migración Colombia presentó cifras que afirman que en el país se encuentran aproximadamente 2’864,796 personas migrantes procedentes de Venezuela, y de estas aproximadamente el 50,2% son mujeres. Con estos datos y, a pesar de que las autoridades migratorias no actualizan con frecuencia las cifras donde se realiza la diferenciación de personas migrantes por sexo, las mujeres migrantes existen, tienen una historia, y todos los días se levantan dispuestas a enfrentar el mundo en un país desconocido. Aunque viajen solas o acompañadas, estas mujeres llevan como prioridad su rol como madres, pues en sus mentes siempre están sus hijos y la esperanza de darles un mejor futuro. Esa convicción las anima a seguir cada día a pesar de que, además de su equipaje de mano, también llevan consigo las implicaciones del ser mujer en medio de una situación de alto riesgo a la vulneración de sus Derechos Humanos, como lo es la migración. En los últimos años ha aumentado la visibilidad de las mujeres en el proceso migratorio, y se les ha separado de su rol tradicional como madres y esposas. Las mujeres ahora migran por muchas razones alejadas de su papel históricamente asignado como jefas del hogar, que era lo que se pensaba anteriormente. El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU se refirió a esto como la “feminización de la migración” en su informe de 2019. Este fenómeno les llevó a descubrir que, en la actualidad, entre los factores que impulsan la migración de mujeres se encuentra la búsqueda de trabajo, mejores oportunidades, o huir de la discriminación y la violencia por motivos de género. Sin embargo, las migrantes en Necoclí siguen cumpliendo con el canon, porque sus razones para migrar están ligadas a su rol de madres, ya que, incluso si estas viajan solas, pretenden mejorar la calidad de vida de sus hijos o su familia en su país de origen. El Tapón del Darién es la frontera entre Colombia y Panamá, y es en esta selva llena de peligros naturales y humanos donde se define el camino de las migrantes hacia países donde esperan encontrar mejores oportunidades. Las situaciones climáticas extremas hacen del paso del Darién una travesía complicada y peligrosa. El tramo que atraviesan los migrantes desde Colombia hasta Panamá es de un poco más de 100 kilómetros a pie y se tardan entre 3 y 4 días en recorrerlo; algo así como caminar en línea recta desde Medellín hasta Manizales, en el Eje Cafetero. Los suelos húmedos y pantanosos pueden causar esguinces y fracturas, el intenso calor deshidrata, el hambre provoca desde la fatiga extrema hasta las fallas cardiorrespiratorias, y el consumo de agua contaminada desata infecciones estomacales. Son alrededor de tres ríos de corrientes caudalosas los que atraviesan los migrantes dentro de la selva, y muchos son arrastrados o se ahogan por las aguas enfurecidas; por lo que los y las migrantes cruzan en fila india agarrados de una larga soga. Además de las condiciones geográficas del lugar, los animales e insectos de la zona también se convierten en una amenaza. La presencia de serpientes, ranas y hormigas venenosas, alacranes, caimanes, jaguares, pumas o mosquitos que transmiten enfermedades como dengue y malaria, mantienen en constante alerta a las personas que transitan. Además de estos peligros naturales, en el Darién también hay presencia de guerrillas, paramilitares, y bandas dedicadas al narcotráfico o contrabando. Según la Cruz Roja de Panamá, entre el 10-15% de quienes atraviesan la selva sufren violencia sexual durante el camino, y entre las víctimas se encuentran niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Además, algunos de los coyotes contratados dejan varados a los y las migrantes dándoles indicaciones falsas en algún punto o, si estos cuentan con poca experiencia, se pueden perder debido a que la densidad de la selva no permite ver por dónde sale o se esconde el sol. El presidente de la Cruz Roja panameña, Elías Solís, señaló que El Tapón del Darién “Es el paso fronterizo más difícil, no solo por lo inhóspito de la selva, sino por todos los elementos de violencia sexual, violencia por razones de género, trata de personas, etc. Muchos migrantes son despojados de sus pertenencias y sufren violaciones”. Generalmente, la meta de las personas migrantes es llegar a Estados Unidos, pero en ocasiones su destino es alguno de los países de paso que atraviesan. Como es el caso de Yailin Ibarra, quien viaja con sus cinco hijos de 18, 16, 14, 9 y 5 años. Ella busca llegar a Honduras para encontrar buenos especialistas que puedan tratar la enfermedad de su hija mayor, quien sufre del corazón. Para llegar a la selva del Darién, las personas migrantes tienen que llegar primero a los municipios de Necoclí o Turbo, ubicados en el Urabá Antioqueño, y allí toman una lancha que los pasa a Acandí o a Capurganá. Estas embarcaciones salen diariamente desde el muelle de Necoclí, a pesar del sobrecupo y alto riesgo de hundirse. De hecho, el 29 de enero de 2024 se volcó una lancha en la que se transportaban personas migrantes; y de 41 personas que iban a bordo, fallecieron dos menores de edad y la madre de una de ellas. Fotografía: Juliana Palacio. Para tomar estas lanchas, quienes migran deben pagar 350 dólares por persona, que son aproximadamente $1’371.600 pesos colombianos, o sea, más de un salario mínimo legal vigente en 2024. Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres viaja con más de dos hijos; por ejemplo, a una familia de cinco personas le tocaría reunir casi 6,8 millones de pesos,
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
“Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima”
¿Quién es, cómo es, cómo luce alguien que sufrió violencia sexual? El corto documental Niebla propone estas preguntas y cuestiona la mirada del espectador que espera lo crudo y lo explícito. Marcela Han, la directora, plantea en esta conversación las complejidades que se tejen entre la memoria y el lenguaje alrededor de esta violencia. Cuando me contó, ¿qué me contó? Conocí a Marcela Han en el segundo semestre del 2015, cuando llegamos a El Tiempo como practicantes. Eran meses de cielos azules y días soleados en Bogotá. Quizás por eso recuerdo que ese día hacía sol, pero puede que la memoria me engañe. Ella recuerda que me contó durante una pausa en la jornada, pero no cómo me lo contó. ¿Fue en la mañana? ¿Era lunes o jueves? Lo que me confió ese día detonó, años después, la creación de Niebla, un corto documental estrenado en 2022. Ese año ganó como mejor corto documental nacional en el festival de cortos Bogoshorts. En 2023 se proyectó en el festival Cine en Femenino, y en la sala de cine del Edificio San Ignacio de la UdeA, en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, en el que también fue reconocido como el mejor corto documental. Marcela prefiere que la presente como realizadora audiovisual, aunque también es politóloga y ejerció como periodista. Yo prefiero presentarla como mi amiga. Vivimos juntos casi cuatro años, hasta que la pandemia y nuestras búsquedas personales nos cambiaron de rumbo. Esta conversación parte de esa amistad, tanto como de la admiración que siento hacia ella y la certeza de que Niebla es imprescindible para complejizar la ya difícil conversación sobre las violencias sexuales, la memoria, el lenguaje y la justicia. ¿En qué momento de la vida estabas cuando rodaste Niebla? Fue el año de la pandemia, 2020. La preproducción y el rodaje se dio en las cuarentenas. De hecho, en Niebla se ven las medidas de bioseguridad del momento. Estábamos muy aislados; eso también quedó plasmado en el corto, no solo por los tapabocas, sino también porque los diálogos son con mucha distancia entre las personas, lo que termina hablando de la soledad de haber pasado por una experiencia de violencia sexual, de esos cuerpos un poco aislados y fragmentados. Eso en lo externo, ¿y en lo personal en qué estabas? En la maestría. Aplacé el último semestre para enfocarme en esto. Renuncié a El Tiempo, me mudé, y le metí mi liquidación y todo mi dinero sin tener otro trabajo. Me adentré sin mucha certeza, pero con la convicción de que eran el tiempo y los recursos que merecía. Niebla nació como proyecto de maestría, pero reunió un equipo de más de 10 personas. ¿Por qué tanta gente se involucró? Creo que también tuvo que ver con la pandemia. En el contexto del mundo había muchas ganas de salir, superar el encierro, crear y aprovechar esa oportunidad de volcarnos a lo que realmente nos mueve. Eso influyó en que varios encontraran en Niebla un escape o una vía para crear algo. Yo me senté con cada una de las personas, por consejo de Juan David Blanco, el asistente de dirección que me guio en todo el proceso. Fue un voto de confianza de todos y todas por el que siempre he estado agradecida. Creo que veían una posibilidad de hacer algo por lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer algo. Lo audiovisual apareció en esos mismos años. ¿Cómo llegó? Siempre he buscado un vehículo para expresarme. Yo estudié Ciencia Política, sabiendo que no la iba a ejercer, porque quería llenarme de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Luego pensé que era la escritura ese vehículo, por eso llegué al periodismo, pero nunca me interesó el lenguaje de la denuncia. Y en mi primer trabajo en El Tiempo como coordinadora de blogs sentaron a mi lado a Julián Espinosa, que terminó siendo luego mi jefe en audiovisual y dándome la oportunidad. Él expresaba muchas cosas con los videos que hacía, que se acercaban más a algo artístico, pero con mucha investigación. Me llamó la atención y empecé con la fotografía. Compré mi primera cámara, hice un curso como de cuatro horas y ahí se me abrieron muchas posibilidades. Se me abrió la curiosidad sobre todo por la imagen en movimiento. Desde ahí sé que en lo audiovisual encontré en lo que me quiero concentrar. Luego, empecé la maestría en Creación Audiovisual (Pontificia Universidad Javeriana) en 2019, pero no entré pensando en hacer algo como Niebla. Fue en la investigación que me di cuenta de que podía hablar de la frustración que había sentido en esos años de otra manera y vi que eso resonaba mucho en otras personas. En Niebla no se dice explícitamente cuál es la “verdadera” Marcela, si las amigas y la mamá son reales o son actrices y qué le pasó. ¿Por qué? Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima: ¿cómo nos acercamos a esta figura? Muchas veces, cuando una amiga o familiar nos cuenta algo así, la vemos como una víctima. Eso en el mejor de los casos, porque muchas veces nos negamos a creerle. Es una manera de blindarme a mí, a la actriz y a las personas involucradas que tuvieron un episodio doloroso en sus vidas de cualquier juicio que pueda emitir quien lo ve como un espectador que quiere satisfacer su morbo. Por eso partimos de asumir que te van a cuestionar cuando cuentas algo así. En Niebla una de las amigas cuenta que la gente cambió con Marcela y no con él. Entonces tiene que ver con el valor de la palabra y, frente a quien consume el cine, con la pregunta de por qué importa tanto que diga que la abusaron si ya lo sabe, por qué les pedimos a las personas que cuenten las vainas tal como son. ¿Qué pasa si no quiero, si me niego? Es la manera más digna que
Ellas también: antioqueñas que abrieron camino en el periodismo deportivo
Pese a obstáculos como el trabajo sin remuneración, la desigualdad salarial y los prejuicios machistas, Esperanza, Lina y Jeraldine han logrado ser tres de las pioneras en el cubrimiento de deportes en Colombia. Aunque han ocupado espacios que antes estaban más restringidos, muchas de esas barreras persisten. Ilustración: Laura Martínez – @LawMartínezR En los 103 años que tenía El Espectador, ninguna mujer había estado en la sección de deportes. La primera fue Esperanza Palacio Molina, una periodista antioqueña que defendió su interés por cubrir estos temas pese a que la presencia masculina era predominante en el gremio. “Al editor le gustaba mucho como yo escribía y sentía que era hora de que una mujer llegara al periódico”, cuenta sobre su llegada a ese medio en 1989. Antes de estar en El Espectador, Esperanza trabajó en el periódico El Mundo, desde 1983. Aunque desde su llegada expresó su deseo por cubrir deportes, comenzó en la sección cultural. Luego le permitieron encargarse del fútbol aficionado y otros deportes menos populares en Colombia. Una vez empezó a cubrir fútbol profesional, en 1986, nunca lo dejó. En El Mundo estuvo hasta 1987. “Un día el director me dijo que tenía que volver a cubrir fútbol aficionado, porque a partir de ese momento él iba a cubrir el profesional. Yo no le hice caso y seguí. Entonces él me llamó y me dijo: ‘¿Es que vos no has entendido que ya no vas a cubrir más fútbol profesional?’. Le dije: ‘Ah, bueno, entonces me voy’, y renuncié”, relata Esperanza. Y es que, debido al machismo en Colombia, algunos periodistas hombres se sienten los únicos capaces de trabajar en el periodismo deportivo y no respetan el lugar que las propias mujeres piden, de acuerdo con la investigación “Análisis de las periodistas deportivas en los medios de comunicación en Colombia”, de Juan Andrés Sarcos Araujo, comunicador de la Pontificia Universidad Javeriana. Sarcos destaca, además, que incluso las periodistas mujeres han llegado a normalizar los comentarios machistas. Como comenta Lina López, periodista deportiva de la Universidad de Antioquia y productora de Teleantioquia Deportes, “uno a veces escucha ‘tan bonita pero tan brutica, no domina el tema’. Hay una frase que dice ‘Eh, es que las mujeres no sé cómo ven el fútbol o de una manera diferente o simplemente hablan por hablar’”. El caso de Esperanza fue excepcional, ya que no pasó mucho tiempo para que le propusieran ser la primera mujer en cubrir deportes en El Espectador luego de su renuncia a El Mundo. Allí cubrió fútbol profesional desde 1989 hasta 1995: registró los mundiales de Italia 90 y de Estados Unidos 94 y acompañó a la Selección Colombia en sus giras previas a los mundiales. Mientras acompañaba a la Selección antes de la Copa Mundial de 1994, Esperanza se convirtió en la segunda mujer del mundo en entrar a un estadio en Arabia Saudita. “En la delegación éramos 42 personas y yo era la única mujer, tuve muchas dificultades para entrar. Cuando estábamos en migración me llevaron a un cuarto y me revisaron hasta el último pelo. Me miraban con rabia, ¿por qué? Porque no querían a una mujer”, recuerda. Una vez terminada su etapa en El Espectador, trabajó en El Colombiano entre 1998 y 2007, cuando se pensionó. Luego se dedicó a escribir eventualmente. En 2010 fue la directora de la candidatura de Medellín para ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y en 2016 fue la directora de comunicaciones de los Juegos Suramericanos. Esperanza Palacio es una de las mujeres pioneras del periodismo deportivo en Antioquia y Colombia, quien ha labrado camino desde hace más de 30 años. Como ella, Lina López y Jeraldine Franco, dos periodistas deportivas antioqueñas, también han abierto espacios para que el gremio sea más equitativo y haya más mujeres referentes. Avanzar entre sesgos En 2021, Jeraldine Franco pasó a la historia como la primera mujer periodista de Colombia en viajar a cubrir el Tour de Francia completo. Lo hizo para DirecTv Sports. Ese mismo año dirigió las comunicaciones del Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) de ciclismo y judo, en el marco de Talentos Colombia, iniciativa del Ministerio del Deporte y las federaciones colombianas. La trayectoria de Jeraldine ha sido amplia, ha trabajado en medios como el canal CNC Medellín, en programas como Gente, pasión y fútbol, ha escrito para la revista Futbolete, entre otros. Pero sus inicios en el medio fueron hostiles. A sus 21 años ingresó a Caracol Televisión: “Cuando entras a un medio grande, las personas empiezan a hablar. A pesar de que ya llevaba años y me reconocían, yo escuchaba: ¿ella por qué tan chiquita en ese medio? ¿A quién le ha ganado, o qué? ¿Por qué no meten a una persona con más experiencia?”. Esos comentarios se vuelven paisaje en los medios de comunicación y se potencian en escenarios del gremio deportivo. “Creo que en un mundo donde abundan los hombres, llega una mujer y no faltan los comentarios, los piropos, como lo llamamos, eso de ‘nos echaron los perros’ y creo que esas situaciones nos pasan únicamente a las mujeres”, comenta Lina López. También afirma que, pese a que con los años el gremio ha cambiado, se siguen escuchando algunas de esas frases y que las críticas que le hacen a un periodista son muy distintas a las que le hacen a una periodista, ya que los comentarios hacia ellos rara vez tienen que ver con su aspecto físico. Lina López trabaja en Teleantioquia Deportes: fue la primera mujer en entrar a este equipo y la primera en producir el programa, en el que ahora participan otras mujeres. Justo en ese canal comenzó su carrera, en el 2006, cuando ingresó a hacer sus prácticas en un programa llamado 45 min y en el noticiero. Una vez terminadas, trabajó en Noticias Telemedellín. Lina fue corresponsal de Caracol Televisión en Antioquia durante 9 años. En ese medio cubrió eventos deportivos como el mundial de BMX, el mundial de fútbol de Rusia 2018, entre otros. Tiempo después de tomar la decisión de
Crear, criar y creer: el rojo de Yira
Yira Plaza O’Byrne es periodista, directora y productora de cine. También es hija y madre, dos roles que hoy se cruzan con sus militancias y reflexiones de izquierda y con creaciones como El rojo más puro, película que estrenó en 2023. Desde la maternidad, Yira trata de hacer real la consigna de que “el mundo merece cambiar”. Foto: Andrés Gutiérrez. Ilustración: Melany Peláez. Con la orientación de una partera y bebidas ancestrales que remplazaron los sedantes del hospital, Yira dio a luz a Damián, su primer hijo. Hizo un curso virtual para ser doula, que se refiere en la cultura muisca a las acompañantes de las embarazadas en sus procesos de parto. Y aunque ahora los únicos nacimientos que acompaña son los de las películas de su productora de cine Briosa Films, aprovechó sus aprendizajes para recibir a su segunda hija, Candelaria, y compartirlos con las mujeres que se cruza en la vida. Yira Plaza O’Byrne hace parte del Consejo Audiovisual y Cinematográfico de Medellín. No le pagan, pero elige estar ahí para velar por los derechos del sector. Desde 2021 trata de hacer sostenible a Briosa, donde es dueña, directora general, jefa de distribución y con la que firma un contrato por prestación de servicios para sí misma. Su atención, sin embargo, les pertenece a sus dos hijos: el “crespoliso” de cinco años, que se pasea por las proyecciones y los conversatorios a los que la invitan, y la recién llegada. La maternidad la ha llevado a repensar el mundo y el lugar que las madres, las niñas y los niños ocupan en él. En octubre, cuando aún esperaba a Candelaria, decía que quería escribir un texto que se titulara más a menos así: “¿Por qué quiero tener otro hije a pesar de haber leído Contra los hijos (2014), el libro de la chilena Laura Meruane?”. Cree que ser mamá no es difícil solo por serlo, sino porque la sociedad no está preparada para que las mujeres críen y creen. El mundo es adultocéntrico. Yira sabe que no es posible ir a un lugar donde su niño pueda jugar a su lado y comportarse acorde a su edad sin el reproche de los más grandes. Por eso ha procurado que su cuidado sea diferente: Damián bebe de las botellas de agua que ponen en los eventos a los que la invitan, juega con su cabello cuando está sentada frente a la gente y se le acerca a decirle “mamá” y a hacerle preguntas mientras ella habla. El niño deja por su casa un rastro coherente con lo que Yira quisiera para los más pequeños. Los dibujos pegados en la pared, los juguetes en varios sitios y la transformación de la sala en un teatrino componen un espacio que Damián llena con gritos espontáneos y con recorridos disfrazado de calamar o de murciélago. La maternidad ha hecho que Yira tenga menos tiempo libre, pero dice que siempre se puede seguir haciendo lo que se ama si se priorizan los tiempos y se hacen renuncias. En su caso, tiene acuerdos de distribución de tareas de cuidado con Luckas, su pareja. Yira nació en Cartagena en 1987 y es la menor de tres hijos. Lleva el nombre de una periodista y líder comunista que murió en los 80, Yira Castro, madre del senador Iván Cepeda. En sus álbumes familiares había fotos de funerales, leía prensa comunista desde pequeña y a los 14 años encontró en la biblioteca de su casa una amenaza de muerte dirigida a su padre, Luis Plaza, un líder sindical que integró la Unión Patriótica (UP) y que dormía con un revólver cuando no estaba exiliado. Creció en un hogar atípico, pero la familia seguía siendo tradicional: su mamá cargaba con todas las labores de cuidado. “Mucho gusto, Doris O’Byrne Dorado, soy la mamá de Yira”, se presenta, como si cualquier persona que conoce a su hija no se hubiera visto ya El rojo más puro, el documental que se estrenó en 2023 y en el que ella aparece. Dos cosas han hecho que Yira se sienta feminista: ser mamá y pensar en su mamá. “Son dos procesos que a mí me han hecho ser consciente de la inequidad, la brecha de género, la exclusión de las mujeres y de cómo terminamos siendo las que soportamos el capitalismo sin el reconocimiento del trabajo doméstico y de toda la carga mental que llevamos”, asegura. “Si no fuera por ti, no hubiera ninguna historia que contar, absolutamente nada, porque tú fuiste la que sostuviste esto y gracias a ti soy yo la que hoy puede contar esta historia”, le explica Yira a Doris, que recién había llegado a la casa de su hija en Medellín para acompañarla en el parto. Con “esto” se refiere a la época en la que su mamá trabajaba como profesora en San Onofre, Sucre, mientras el resto de la familia vivía en Cartagena. La madre se iba los lunes y regresaba los viernes para lavar, planchar y hacer todas las tareas del cuidado. Aunque Doris no se formó al interior del partido, ni daba discursos como su exesposo, siempre ha tenido un criterio político, ha generado espacios de debate y se ha pensado la vida desde lo colectivo. “Mi mamá es la más revolucionaria de todas”, dice Yira. El rojo más puro, su ópera prima como directora, es una película de primeras veces: la primera vez que su mamá reconoció lo duro que fue hacerse cargo de todo, pero también la primera vez que vio a su papá llorar. Yira filmó durante varios años las transformaciones del país y su historia familiar, y con ese material decidió contar el liderazgo social y político de la izquierda en Colombia mientras deconstruía al hombre heroico. Recuerda que al comienzo no sabía qué hacer con la cámara y las lágrimas de su padre que rodaban al mismo tiempo, pero quiso mostrar a un revolucionario que se equivoca, se contradice y a veces le duele la vida. Cuando ella tenía 16 y estudiaba Medicina en la Universidad de Cartagena, comenzó a militar en la Juventud Comunista Colombiana (Juco). Luego se salió de la carrera y, en contra de su sueño de ser actriz, decidió estudiar Periodismo en la Universidad de Antioquia porque creía que desde ahí podía contribuir más a la sociedad. “Creo que igual hubiese podido hacer algo”, reflexiona, y recuerda que mientras grababa, su papá le decía que el cine no movía masas. En el prestreno de la película, con el teatro Camilo Torres lleno, arengas y ovaciones, reconoció ante el público que se había equivocado. Yira siguió en la Juco cuando llegó a Medellín. Vio por primera vez la violencia del Estado en contra del movimiento estudiantil y experimentó una estigmatización constante. En Cartagena sentía que las formas de resistir eran más alegres y se podían manifestar públicamente. En Medellín, en cambio, resistir era poder reunirse y no quedarse callada, pero también ocultar que pertenecía a un movimiento. Cuando Yira vio Memorias de los silenciados: el Baile Rojo (2003), que narra el exterminio de la UP, entendió la carga que llevaba su padre y comenzó a sentir la necesidad de contarla: “No me dejaba tranquila. Escribía sobre eso, era una cosa que estaba ahí, dentro de mí.”. Fue por medio de El rojo más puro que pudo narrar la
Ese edificio ya no verá nacer
La unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación cerró sus servicios en octubre del 2023. Medellín perdió más de 90 años de experiencia en la atención a las madres y los recién nacidos con los casos más complejos de Antioquia. Esta es la crónica de los últimos días de esa unidad. El bloque 12 del hospital San Vicente Fundación alojaba la unidad de ginecobstetricia que atendía los casos más complejos de Antioquia. Foto: Renata Taborda. Un niño disfrazado de Batman caminaba de la mano de una mujer por el sendero que los dirigía a la unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación. Eufórico, daba pequeños saltos. Con sus dedos sostenía una cubeta naranja de la que asomaban los dulces que recogió durante el día. El sol de la tarde reflejaba sus acciones en el suelo. Atrás de ellos, una joven vestida con una bata azul y una venda en su cabeza conversaba con otra mujer, tal vez su madre. Ese 31 de octubre, algo en el San Vicente se percibía diferente. El edificio que vio nacer personas durante más de 90 años se erguía igual. No obstante, a través de una ventana abierta en la parte trasera ya se anunciaba la ausencia: una habitación vacía, con camarotes a ambos lados y colchones manchados de viejos. Todo empezaría a desocuparse porque ese era el último día de la unidad que nació en 1929 y donde tantas escenas, llantos de nacimientos, suspiros repentinos y el azar de existir, sucedieron por primera vez. El hospital decidió cerrarla. Adentro del edificio, al fondo, la luz se reflejaba sobre una estatua de la virgen María con su mirada hacia el cielo, envuelta en prendas oscuras. A los lados se extendían pasillos con habitaciones en las que había 12 camas, ocho de parto y cuatro de cuidados especiales. En la entrada del bloque 12, a la derecha, un grupo de mujeres conversaban en una pequeña sala de espera. Se daban consejos sobre cómo cuidar y cangurear a sus bebés y sobre los tiempos en que comían y dormían. Algunas seguían en observación después de su parto, otras estaban en controles con sus recién nacidos. “Las mujeres somos la mayor parte de la población, entonces necesitaríamos tener un servicio decente y digno donde se nos atiendan nuestras necesidades en todo el ciclo vital”, dijo una enfermera joven que estaba en turno ese día. Mientras ella y otra enfermera mayor se lamentaban por el cierre de la unidad, entraron a un bebé recién nacido, en una incubadora, envuelto en mantas azules. Los médicos a su alrededor comprobaban que todo estuviera bien. Las enfermeras desviaron su mirada y lo contemplaron dormido. La unidad de ginecobstetricia del San Vicente era la única de Medellín que atendía casos de alta complejidad. Para la enfermera mayor, esto hacía más significativo su trabajo: “Era maravilloso darles un mejor cuidado y brindarles la mejor atención para que tanto ellas como los bebés salieran adelante”. Un pito repetitivo que daba cuenta de los signos vitales del bebé se escabullía en la conversación, mientras ellas miraban a los lados para asegurarse de no ser escuchadas: “Creemos que es importante que se sensibilice a la población de la gravedad del asunto y que se adopten medidas de salud pública para evitar el cierre masivo de los servicios de obstetricia”, dijo la más joven. Explicaron que este no es solo un problema del San Vicente. La Clínica del Rosario cerró sus servicios maternos el 30 de junio y otras como la de las Américas solo tienen una sala de partos. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en el 2012 Antioquia tenía registradas 1049 camas de obstetricia. En el 2023 esta cifra se redujo a 495 camas, de las cuales 237 están en Medellín. El deterioro de este campo de la salud viene dándose desde hace más de una década y las razones en su mayoría son financieras. “Desde hace mucho tiempo nosotros venimos regidos por un manual tarifario que tiene subvalorados los procedimientos que se hacen en el área obstétrica. Es decir, lo que se invierte en una actividad obstétrica realmente no se recupera, porque no se factura ni se cobra lo que vale”, cuenta Sandra Cuervo, docente de la Universidad de Antioquia y directora de Nacer, un grupo de investigación, docencia y extensión con énfasis en salud sexual, reproductiva y de la infancia. Esta problemática viene colapsando la red de salud, además de sobrecargar al personal médico y negar que las mujeres embarazadas tengan un parto humanizado, que ahora es obligatorio gracias a la Ley 2244 de 2022. En Medellín hubo 35.157 partos en 2022 y 18.917 en el primer semestre de 2023, según el Dane. Andrés Zapata Cárdenas, director médico del San Vicente, cuenta que ese hospital atendía alrededor de 900 cada año: “Nosotros no teníamos una participación de gran volumen en la atención obstétrica. En cambio, hay una atención igual o peor con los niños. En el hospital tenemos 200 camas destinadas a esta población y una mayor capacidad, por lo que decidimos enfocarnos en esta demanda pediátrica”. El cierre sería ese 31 de octubre. Así lo confirmaron las dos enfermeras. Afuera, terminaba el día. La unidad de ginecobstetricia fue fundada en 1929. Sus servicios cerraron el 31 de octubre del 2023. Foto: Renata Taborda. Los primeros cimientos La iglesia blanquecina del Hospital San Vicente Fundación reposaba ante un cielo nublado de octubre. Adentro, en uno de los bancos de madera café, una mujer rezaba arrodillada. Sostenía un rosario entre sus manos ante la cúpula decorada con un trío de pinturas en las que resaltaban las vestiduras blancas de su protagonista, Jesús. Un poco más abajo, un ramo de flores se asomaba en el costado derecho de una virgen María mediana envuelta en un manto verde oscuro y un vestido crema con el que sobresalía su embarazo. Al final del pasillo central, atravesando por el umbral de vitrales y cuadros, un patio exponía también a la madre de
El nombre de una, en nombre de todas
Desde el título Cho Nam-joo (Seúl, 1978), autora de Kim Ji-young, nacida en 1982, ya avecina lo que será su obra: la historia de una mujer con el nombre más común del año en que nació, la cual va a vivir las experiencias por las que pasan la mayoría de las mujeres surcoreanas: una everyman.