Violencia obstétrica, un dolor que atraviesa cuerpo y alma
Las mujeres siempre han parido con un dolor que nace de las propias entrañas, del proceso de traer al mundo un nuevo ser humano. Sin embargo, la normalización del “parirás con dolor” ha hecho que se ignore la existencia de causas externas al sufrimiento del parto, una forma de violencia que no es propia de este proceso natural. Ilustración: Jhojan Meneses “La violencia obstétrica es una violencia de género que se da contra el cuerpo, la psique y la humanidad de la mujer y es ejercida por los profesionales de la salud que atienden a las gestantes”, explica Diana Patricia Molina, quien hace más de 10 años ha investigado este tema. Es psicóloga y magíster en Salud Pública, y hace parte del Grupo de Investigación en Salud Mental (Gisame) de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Las palabras de Molina resumen una realidad: en las salas de parto, algunas mujeres reciben malos tratos por parte del personal médico que, a veces sin intención y otras por la naturalización de conductas agresivas y violentas, someten el cuerpo y la mente de sus pacientes a un daño del que poco se habla. Muchas mujeres han vivido ese sufrimiento sin siquiera saber que no es normal que exista. La violencia obstétrica abarca todo el abanico de violencias físicas, psicológicas, simbólicas e institucionales que pueden sufrir las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye maltratos físicos, procedimientos bruscos, forzados, innecesarios o sin conocimiento de la madre; tratos abusivos y humillantes en la actitud y el lenguaje; irrespeto a la intimidad, prácticas médicas desactualizadas y desatención a las solicitudes de la mujer. Bernardo Agudelo, investigador del grupo Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que “cualquier imposición que conduzca a la realización de una acción o un procedimiento bajo el pretexto de la mejoría, pero que en el fondo lo que está haciendo es simplemente beneficiando al médico u omitiendo la capacidad de decidir de la mujer es violencia”. Y esto lo explica porque a veces es difícil distinguir cuándo una práctica es realizada porque es necesaria y cuándo es evitable y solo tiene el propósito de acelerar tiempos para favorecer al personal médico o al sistema de salud. En nuestra cultura la gestante debe asumir el dolor en silencio. Muchas mujeres que han vivido partos violentos y crueles piensan que era algo que debía pasar. Madres y abuelas aconsejan a la embarazada “portarse bien” en la clínica para que no la dejen de última, es decir, que aguante, que no grite ni haga escándalo. “En la sala algunas mujeres son gritando, llorando, diciendo que no aguantan más, pidiendo que les pongan la epidural. Las enfermeras les gritan o les chistan. Les dicen que dejen la bulla o que no sean flojas”, dice Catherine Cuartas, de 30 años y madre de una bebé de cuatro meses. Dio a luz en una clínica de Medellín y durante los dos días que duró su trabajo de parto vio y vivió el maltrato del personal médico hacia las maternas. “Las mamás, cuando no les hacían caso y no iban donde ellas rápido, se alteraban y empezaban a insultar a las enfermeras. Fue un ambiente muy hostil. Yo no hice ruido, aguantaba mi dolor en silencio porque no quería que me trataran así”, recuerda. “Una les pregunta a las mamás cómo les fue en el parto y siempre te responden ‘Sí, todo muy bien; pero me pasó esto…’ y ellas lo aceptan como si nada hubiera pasado; pero detrás de esos testimonios hay mucho dolor, muchas heridas”, dice Cristina García, psicóloga perinatal. La suya es una especialidad centrada en la salud mental de las gestantes y sus familias antes, durante y después del embarazo. Ella cuenta que las mujeres minimizan lo que les sucedió, porque no lo han identificado como violencia o creen que era algo rutinario. Los abusos verbales y psicológicos pretenden ser lecciones morales que el personal de salud ejerce sobre la mujer, por ejemplo el uso de la expresión “cuando estaba haciendo al niño ahí sí no le dolía”. Diana Patricia Molina explica que este tipo de comentarios no solamente se hacen sobre la vida sexual de las mujeres, también sobre su cantidad de hijos, su edad y sus elecciones sobre cómo parir. Estas son vulneraciones a su derecho a la autodeterminación reproductiva. Por ejemplo, hay casos en los que el personal médico trata de convencer a las mujeres indígenas de no parir con parteras de sus comunidades o se niega a entregarles la placenta cuando la solicitan para rituales. Como el trabajo de parto de Catherine estaba tardando mucho y el personal médico ya empezaba a temer por la salud del bebé, le practicaron una amniotomía, que es la rotura del saco amniótico. Aun así, el parto seguía retrasado y la bebé se estaba quedando sin oxígeno, por lo que tuvieron que recurrir a una cesárea de emergencia. Aunque Catherine preguntaba insistentemente qué estaba pasando, las enfermeras no le explicaron la situación. Únicamente le dijeron que todo estaba bien y que su pareja estaba enterada. Horas después de haber tenido a su hija, ella supo que al padre nunca le dijeron lo que estaba sucediendo ni le informaron sobre la realización de la cesárea. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece entre los derechos de las mujeres gestantes el tener presentes a sus acompañantes para su tranquilidad y comodidad, pero muchos hospitales solo les permiten verlos en fases específicas del proceso y por períodos de tiempo controlados. En julio de 2022 fue aprobada la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, la cual establece este y otros derechos de las maternas para promover el parto humanizado; sin embargo, no está clara su reglamentación y el momento en que esa norma debe empezar a implementarse. Aunque el parto de Catherine no fue como lo esperaba, estaba contenta de que su bebé estuviera bien. Pero a la hora de
Colegios no seguros, niñas no calladas
Al mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio. “La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban. “El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín. La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto. Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal. Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio. Secreto a voces El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas. Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor. Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas. Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín. De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas. Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores. A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos. Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la