¡Cuidado con los príncipes azules!
En Colombia, los mitos del amor romántico están relacionados con la violencia de pareja. Érase una vez un lugar con olor a café, verdes paisajes y cuentos de hadas en el que las personas creían en los mitos del amor romántico, sin saber que estos los separaban de un final feliz. El amor dura para siempre, todo lo puede, de todo es capaz. Perdona, aguanta, sufre, o al menos así lo dice el amor romántico, un ideal basado en mitos como la fidelidad y los celos , que está instaurado en el imaginario colombiano y que, según una investigación del 2022, está relacionado con la violencia en pareja. Las mujeres son las principales víctimas de esta creencia. La investigación, titulada “El Amor romántico y sus mitos en Colombia: una revisión sistemática” identificó los mitos románticos de mayor relevancia en el contexto colombiano y las consecuencias relacionadas con la violencia de género. El estudio confirma que estos “podrían contribuir a esta violencia, al reafirmar roles de género desiguales y patriarcales”. Diana González, trabajadora social, magíster en intervención social, especialista en prevención y atención de violencias basadas en género (VBG) y miembro de la Secretaría de la Mujer en la Gobernación de Antioquia, dice que esta investigación resalta “la relación entre el amor romántico y las prácticas de conflictividad, de agresión y de violencias, y esta idea de que el amor nos saca de sí. Que entramos bajo un hechizo y no somos responsables de nuestras acciones, porque estamos enamorados o enamoradas”. Para entender los hallazgos menciona que “los roles de género tienen que ver con los lugares, las tareas y las labores que le corresponden a los hombres y a las mujeres y digamos que no es solo una división de estereotipos y roles, sino que también es una valoración, se valora lo masculino y se desprecia lo femenino”, dice. Mientras que lo femenino se asocia a la entrega y al sacrificio infinitos, de los hombres se espera dominación, control y fuerza. “Ahí está la explicación o la conexión entre el amor romántico y la violencia de género; en que la base es muy desigual Una investigación realizada por Alejandra Ariza Ruiz, Carmen Viejo Almanzor y Rosario Ortega Ruiz, de la Universidad de Córdoba (España) , sintetiza los estudios empíricos sobre el amor romántico en Colombia. La muestra está compuesta por 26 investigaciones y reúne los artículos de mayor impacto publicados en bases de datos especializadas de ciencias sociales. Se trata de un análisis del estado del arte interdisciplinario, es decir, revisa investigaciones de varios campos de las ciencias sociales y su relación con los mitos del amor y la violencia en pareja. Alejandra Ruiz, investigadora principal, dice que por ejemplo mediante el análisis de la obra literaria de la bogotana Soledad Acosta [que se hizo en 2017] identificó “que, en el siglo XIX, el amor romántico se asoció con el sufrimiento de las mujeres (heroínas de los relatos), de varias maneras –despechos, dolor, enfermedad, muerte–” y que también basada en análisis [que se hizo en 2011] de foros de Internet sobre noticias de violencia conyugal del principal periódico del país, evidenció “una asociación entre el sufrimiento y la feminidad con expresiones del tipo: ‘a las mujeres les gusta sufrir maltrato’.” Un amor hecho de mitos Para la psicóloga Yurani Muñoz, quien acompaña mujeres víctimas de violencias basadas en género en Medellín y hace análisis de cifras de violencia intrafamiliar, los resultados coinciden con algunas de las situaciones que se encuentra en las atenciones. “Mitos fundantes hay un montón en función de las relaciones y eso mantiene las relaciones en violencia de pareja. El mito de la media naranja, que se va a encontrar a la persona perfecta que hacemos match y encajamos perfectamente” explica Muñoz, quien además hace parte del Grupo de Investigación de Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Menciona también el mito de la fidelidad absoluta y exclusiva de las mujeres, que crea en ellas mentalidad de que el amor debe durar para el resto de la vida sin importar qué y el mito de los celos que está basado en el control sobre la pareja. “Lo digo como cruzando con la experiencia laboral y es: mujeres muy jóvenes que todavía consideran o que siguen viendo y siguen siendo educadas en que si me cela es porque me quiere, lo hablo en términos de mujeres porque son las mayores afectadas en una situación de violencia.” Más allá del cuento de hadas En 2022, la violencia de género en Colombia causó 614 feminicidios. Y en 2023 disminuyeron a 410, pero continúan ocurriendo. “Yo creo que la investigación es muy relevante, o sea, casi que es la principal razón por la cual las mujeres y las adolescentes son asesinadas en nuestro país. El feminicidio es un asunto real y lo que nos cuentan las cifras es que la mayoría se llaman feminicidios íntimos, o sea, se dan en el contexto de las parejas o las ex parejas. Es un asunto muy vigente e incómodo para nuestro país. Y casi siempre se pone desde la voz de las feministas, es como una se vuelve una cantaleta y se vuelve paisaje,” resalta Diana González. Sin embargo, las tres autoras concluyen en que los resultados de esta investigación son relevantes para el contexto colombiano. Sin embargo “en la comprensión de la problemática son limitados, primordialmente, por la imposibilidad de identificar elementos psicológicos puntuales subyacentes a los mitos románticos y a los estereotipos de género que pueden desencadenar o prevenir violencia.” Para González la investigación realizada reconoce que en Colombia se han realizado varias investigaciones al respecto y esta en particular lo que hace es reconocer esa trayectoria. Pero falta ahondar más en esta y en las próximas en qué sigue, qué queda faltando. Para González y Muñoz es importante que esta investigación y otras similares, salgan del papel y la academia. Para Yurani deberían empezar a reflejarse o derivar en las políticas públicas, en programas de atención e intervención.
De camino con ellas
La palabra mujer tradicionalmente se asocia a la palabra madre. De forma similar, en los últimos años, a la palabra migrante se le agrega un apellido: “venezolano”. Fotografía: Juliana Palacio. Colombia recibe el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes venezolanos en el mundo. Para diciembre de 2023, Migración Colombia presentó cifras que afirman que en el país se encuentran aproximadamente 2’864,796 personas migrantes procedentes de Venezuela, y de estas aproximadamente el 50,2% son mujeres. Con estos datos y, a pesar de que las autoridades migratorias no actualizan con frecuencia las cifras donde se realiza la diferenciación de personas migrantes por sexo, las mujeres migrantes existen, tienen una historia, y todos los días se levantan dispuestas a enfrentar el mundo en un país desconocido. Aunque viajen solas o acompañadas, estas mujeres llevan como prioridad su rol como madres, pues en sus mentes siempre están sus hijos y la esperanza de darles un mejor futuro. Esa convicción las anima a seguir cada día a pesar de que, además de su equipaje de mano, también llevan consigo las implicaciones del ser mujer en medio de una situación de alto riesgo a la vulneración de sus Derechos Humanos, como lo es la migración. En los últimos años ha aumentado la visibilidad de las mujeres en el proceso migratorio, y se les ha separado de su rol tradicional como madres y esposas. Las mujeres ahora migran por muchas razones alejadas de su papel históricamente asignado como jefas del hogar, que era lo que se pensaba anteriormente. El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU se refirió a esto como la “feminización de la migración” en su informe de 2019. Este fenómeno les llevó a descubrir que, en la actualidad, entre los factores que impulsan la migración de mujeres se encuentra la búsqueda de trabajo, mejores oportunidades, o huir de la discriminación y la violencia por motivos de género. Sin embargo, las migrantes en Necoclí siguen cumpliendo con el canon, porque sus razones para migrar están ligadas a su rol de madres, ya que, incluso si estas viajan solas, pretenden mejorar la calidad de vida de sus hijos o su familia en su país de origen. El Tapón del Darién es la frontera entre Colombia y Panamá, y es en esta selva llena de peligros naturales y humanos donde se define el camino de las migrantes hacia países donde esperan encontrar mejores oportunidades. Las situaciones climáticas extremas hacen del paso del Darién una travesía complicada y peligrosa. El tramo que atraviesan los migrantes desde Colombia hasta Panamá es de un poco más de 100 kilómetros a pie y se tardan entre 3 y 4 días en recorrerlo; algo así como caminar en línea recta desde Medellín hasta Manizales, en el Eje Cafetero. Los suelos húmedos y pantanosos pueden causar esguinces y fracturas, el intenso calor deshidrata, el hambre provoca desde la fatiga extrema hasta las fallas cardiorrespiratorias, y el consumo de agua contaminada desata infecciones estomacales. Son alrededor de tres ríos de corrientes caudalosas los que atraviesan los migrantes dentro de la selva, y muchos son arrastrados o se ahogan por las aguas enfurecidas; por lo que los y las migrantes cruzan en fila india agarrados de una larga soga. Además de las condiciones geográficas del lugar, los animales e insectos de la zona también se convierten en una amenaza. La presencia de serpientes, ranas y hormigas venenosas, alacranes, caimanes, jaguares, pumas o mosquitos que transmiten enfermedades como dengue y malaria, mantienen en constante alerta a las personas que transitan. Además de estos peligros naturales, en el Darién también hay presencia de guerrillas, paramilitares, y bandas dedicadas al narcotráfico o contrabando. Según la Cruz Roja de Panamá, entre el 10-15% de quienes atraviesan la selva sufren violencia sexual durante el camino, y entre las víctimas se encuentran niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Además, algunos de los coyotes contratados dejan varados a los y las migrantes dándoles indicaciones falsas en algún punto o, si estos cuentan con poca experiencia, se pueden perder debido a que la densidad de la selva no permite ver por dónde sale o se esconde el sol. El presidente de la Cruz Roja panameña, Elías Solís, señaló que El Tapón del Darién “Es el paso fronterizo más difícil, no solo por lo inhóspito de la selva, sino por todos los elementos de violencia sexual, violencia por razones de género, trata de personas, etc. Muchos migrantes son despojados de sus pertenencias y sufren violaciones”. Generalmente, la meta de las personas migrantes es llegar a Estados Unidos, pero en ocasiones su destino es alguno de los países de paso que atraviesan. Como es el caso de Yailin Ibarra, quien viaja con sus cinco hijos de 18, 16, 14, 9 y 5 años. Ella busca llegar a Honduras para encontrar buenos especialistas que puedan tratar la enfermedad de su hija mayor, quien sufre del corazón. Para llegar a la selva del Darién, las personas migrantes tienen que llegar primero a los municipios de Necoclí o Turbo, ubicados en el Urabá Antioqueño, y allí toman una lancha que los pasa a Acandí o a Capurganá. Estas embarcaciones salen diariamente desde el muelle de Necoclí, a pesar del sobrecupo y alto riesgo de hundirse. De hecho, el 29 de enero de 2024 se volcó una lancha en la que se transportaban personas migrantes; y de 41 personas que iban a bordo, fallecieron dos menores de edad y la madre de una de ellas. Fotografía: Juliana Palacio. Para tomar estas lanchas, quienes migran deben pagar 350 dólares por persona, que son aproximadamente $1’371.600 pesos colombianos, o sea, más de un salario mínimo legal vigente en 2024. Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres viaja con más de dos hijos; por ejemplo, a una familia de cinco personas le tocaría reunir casi 6,8 millones de pesos,
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
“Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima”
¿Quién es, cómo es, cómo luce alguien que sufrió violencia sexual? El corto documental Niebla propone estas preguntas y cuestiona la mirada del espectador que espera lo crudo y lo explícito. Marcela Han, la directora, plantea en esta conversación las complejidades que se tejen entre la memoria y el lenguaje alrededor de esta violencia. Cuando me contó, ¿qué me contó? Conocí a Marcela Han en el segundo semestre del 2015, cuando llegamos a El Tiempo como practicantes. Eran meses de cielos azules y días soleados en Bogotá. Quizás por eso recuerdo que ese día hacía sol, pero puede que la memoria me engañe. Ella recuerda que me contó durante una pausa en la jornada, pero no cómo me lo contó. ¿Fue en la mañana? ¿Era lunes o jueves? Lo que me confió ese día detonó, años después, la creación de Niebla, un corto documental estrenado en 2022. Ese año ganó como mejor corto documental nacional en el festival de cortos Bogoshorts. En 2023 se proyectó en el festival Cine en Femenino, y en la sala de cine del Edificio San Ignacio de la UdeA, en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, en el que también fue reconocido como el mejor corto documental. Marcela prefiere que la presente como realizadora audiovisual, aunque también es politóloga y ejerció como periodista. Yo prefiero presentarla como mi amiga. Vivimos juntos casi cuatro años, hasta que la pandemia y nuestras búsquedas personales nos cambiaron de rumbo. Esta conversación parte de esa amistad, tanto como de la admiración que siento hacia ella y la certeza de que Niebla es imprescindible para complejizar la ya difícil conversación sobre las violencias sexuales, la memoria, el lenguaje y la justicia. ¿En qué momento de la vida estabas cuando rodaste Niebla? Fue el año de la pandemia, 2020. La preproducción y el rodaje se dio en las cuarentenas. De hecho, en Niebla se ven las medidas de bioseguridad del momento. Estábamos muy aislados; eso también quedó plasmado en el corto, no solo por los tapabocas, sino también porque los diálogos son con mucha distancia entre las personas, lo que termina hablando de la soledad de haber pasado por una experiencia de violencia sexual, de esos cuerpos un poco aislados y fragmentados. Eso en lo externo, ¿y en lo personal en qué estabas? En la maestría. Aplacé el último semestre para enfocarme en esto. Renuncié a El Tiempo, me mudé, y le metí mi liquidación y todo mi dinero sin tener otro trabajo. Me adentré sin mucha certeza, pero con la convicción de que eran el tiempo y los recursos que merecía. Niebla nació como proyecto de maestría, pero reunió un equipo de más de 10 personas. ¿Por qué tanta gente se involucró? Creo que también tuvo que ver con la pandemia. En el contexto del mundo había muchas ganas de salir, superar el encierro, crear y aprovechar esa oportunidad de volcarnos a lo que realmente nos mueve. Eso influyó en que varios encontraran en Niebla un escape o una vía para crear algo. Yo me senté con cada una de las personas, por consejo de Juan David Blanco, el asistente de dirección que me guio en todo el proceso. Fue un voto de confianza de todos y todas por el que siempre he estado agradecida. Creo que veían una posibilidad de hacer algo por lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer algo. Lo audiovisual apareció en esos mismos años. ¿Cómo llegó? Siempre he buscado un vehículo para expresarme. Yo estudié Ciencia Política, sabiendo que no la iba a ejercer, porque quería llenarme de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Luego pensé que era la escritura ese vehículo, por eso llegué al periodismo, pero nunca me interesó el lenguaje de la denuncia. Y en mi primer trabajo en El Tiempo como coordinadora de blogs sentaron a mi lado a Julián Espinosa, que terminó siendo luego mi jefe en audiovisual y dándome la oportunidad. Él expresaba muchas cosas con los videos que hacía, que se acercaban más a algo artístico, pero con mucha investigación. Me llamó la atención y empecé con la fotografía. Compré mi primera cámara, hice un curso como de cuatro horas y ahí se me abrieron muchas posibilidades. Se me abrió la curiosidad sobre todo por la imagen en movimiento. Desde ahí sé que en lo audiovisual encontré en lo que me quiero concentrar. Luego, empecé la maestría en Creación Audiovisual (Pontificia Universidad Javeriana) en 2019, pero no entré pensando en hacer algo como Niebla. Fue en la investigación que me di cuenta de que podía hablar de la frustración que había sentido en esos años de otra manera y vi que eso resonaba mucho en otras personas. En Niebla no se dice explícitamente cuál es la “verdadera” Marcela, si las amigas y la mamá son reales o son actrices y qué le pasó. ¿Por qué? Lo que quiero problematizar en Niebla es la figura de la víctima: ¿cómo nos acercamos a esta figura? Muchas veces, cuando una amiga o familiar nos cuenta algo así, la vemos como una víctima. Eso en el mejor de los casos, porque muchas veces nos negamos a creerle. Es una manera de blindarme a mí, a la actriz y a las personas involucradas que tuvieron un episodio doloroso en sus vidas de cualquier juicio que pueda emitir quien lo ve como un espectador que quiere satisfacer su morbo. Por eso partimos de asumir que te van a cuestionar cuando cuentas algo así. En Niebla una de las amigas cuenta que la gente cambió con Marcela y no con él. Entonces tiene que ver con el valor de la palabra y, frente a quien consume el cine, con la pregunta de por qué importa tanto que diga que la abusaron si ya lo sabe, por qué les pedimos a las personas que cuenten las vainas tal como son. ¿Qué pasa si no quiero, si me niego? Es la manera más digna que
Ellas también: antioqueñas que abrieron camino en el periodismo deportivo
Pese a obstáculos como el trabajo sin remuneración, la desigualdad salarial y los prejuicios machistas, Esperanza, Lina y Jeraldine han logrado ser tres de las pioneras en el cubrimiento de deportes en Colombia. Aunque han ocupado espacios que antes estaban más restringidos, muchas de esas barreras persisten. Ilustración: Laura Martínez – @LawMartínezR En los 103 años que tenía El Espectador, ninguna mujer había estado en la sección de deportes. La primera fue Esperanza Palacio Molina, una periodista antioqueña que defendió su interés por cubrir estos temas pese a que la presencia masculina era predominante en el gremio. “Al editor le gustaba mucho como yo escribía y sentía que era hora de que una mujer llegara al periódico”, cuenta sobre su llegada a ese medio en 1989. Antes de estar en El Espectador, Esperanza trabajó en el periódico El Mundo, desde 1983. Aunque desde su llegada expresó su deseo por cubrir deportes, comenzó en la sección cultural. Luego le permitieron encargarse del fútbol aficionado y otros deportes menos populares en Colombia. Una vez empezó a cubrir fútbol profesional, en 1986, nunca lo dejó. En El Mundo estuvo hasta 1987. “Un día el director me dijo que tenía que volver a cubrir fútbol aficionado, porque a partir de ese momento él iba a cubrir el profesional. Yo no le hice caso y seguí. Entonces él me llamó y me dijo: ‘¿Es que vos no has entendido que ya no vas a cubrir más fútbol profesional?’. Le dije: ‘Ah, bueno, entonces me voy’, y renuncié”, relata Esperanza. Y es que, debido al machismo en Colombia, algunos periodistas hombres se sienten los únicos capaces de trabajar en el periodismo deportivo y no respetan el lugar que las propias mujeres piden, de acuerdo con la investigación “Análisis de las periodistas deportivas en los medios de comunicación en Colombia”, de Juan Andrés Sarcos Araujo, comunicador de la Pontificia Universidad Javeriana. Sarcos destaca, además, que incluso las periodistas mujeres han llegado a normalizar los comentarios machistas. Como comenta Lina López, periodista deportiva de la Universidad de Antioquia y productora de Teleantioquia Deportes, “uno a veces escucha ‘tan bonita pero tan brutica, no domina el tema’. Hay una frase que dice ‘Eh, es que las mujeres no sé cómo ven el fútbol o de una manera diferente o simplemente hablan por hablar’”. El caso de Esperanza fue excepcional, ya que no pasó mucho tiempo para que le propusieran ser la primera mujer en cubrir deportes en El Espectador luego de su renuncia a El Mundo. Allí cubrió fútbol profesional desde 1989 hasta 1995: registró los mundiales de Italia 90 y de Estados Unidos 94 y acompañó a la Selección Colombia en sus giras previas a los mundiales. Mientras acompañaba a la Selección antes de la Copa Mundial de 1994, Esperanza se convirtió en la segunda mujer del mundo en entrar a un estadio en Arabia Saudita. “En la delegación éramos 42 personas y yo era la única mujer, tuve muchas dificultades para entrar. Cuando estábamos en migración me llevaron a un cuarto y me revisaron hasta el último pelo. Me miraban con rabia, ¿por qué? Porque no querían a una mujer”, recuerda. Una vez terminada su etapa en El Espectador, trabajó en El Colombiano entre 1998 y 2007, cuando se pensionó. Luego se dedicó a escribir eventualmente. En 2010 fue la directora de la candidatura de Medellín para ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y en 2016 fue la directora de comunicaciones de los Juegos Suramericanos. Esperanza Palacio es una de las mujeres pioneras del periodismo deportivo en Antioquia y Colombia, quien ha labrado camino desde hace más de 30 años. Como ella, Lina López y Jeraldine Franco, dos periodistas deportivas antioqueñas, también han abierto espacios para que el gremio sea más equitativo y haya más mujeres referentes. Avanzar entre sesgos En 2021, Jeraldine Franco pasó a la historia como la primera mujer periodista de Colombia en viajar a cubrir el Tour de Francia completo. Lo hizo para DirecTv Sports. Ese mismo año dirigió las comunicaciones del Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD) de ciclismo y judo, en el marco de Talentos Colombia, iniciativa del Ministerio del Deporte y las federaciones colombianas. La trayectoria de Jeraldine ha sido amplia, ha trabajado en medios como el canal CNC Medellín, en programas como Gente, pasión y fútbol, ha escrito para la revista Futbolete, entre otros. Pero sus inicios en el medio fueron hostiles. A sus 21 años ingresó a Caracol Televisión: “Cuando entras a un medio grande, las personas empiezan a hablar. A pesar de que ya llevaba años y me reconocían, yo escuchaba: ¿ella por qué tan chiquita en ese medio? ¿A quién le ha ganado, o qué? ¿Por qué no meten a una persona con más experiencia?”. Esos comentarios se vuelven paisaje en los medios de comunicación y se potencian en escenarios del gremio deportivo. “Creo que en un mundo donde abundan los hombres, llega una mujer y no faltan los comentarios, los piropos, como lo llamamos, eso de ‘nos echaron los perros’ y creo que esas situaciones nos pasan únicamente a las mujeres”, comenta Lina López. También afirma que, pese a que con los años el gremio ha cambiado, se siguen escuchando algunas de esas frases y que las críticas que le hacen a un periodista son muy distintas a las que le hacen a una periodista, ya que los comentarios hacia ellos rara vez tienen que ver con su aspecto físico. Lina López trabaja en Teleantioquia Deportes: fue la primera mujer en entrar a este equipo y la primera en producir el programa, en el que ahora participan otras mujeres. Justo en ese canal comenzó su carrera, en el 2006, cuando ingresó a hacer sus prácticas en un programa llamado 45 min y en el noticiero. Una vez terminadas, trabajó en Noticias Telemedellín. Lina fue corresponsal de Caracol Televisión en Antioquia durante 9 años. En ese medio cubrió eventos deportivos como el mundial de BMX, el mundial de fútbol de Rusia 2018, entre otros. Tiempo después de tomar la decisión de
Crear, criar y creer: el rojo de Yira
Yira Plaza O’Byrne es periodista, directora y productora de cine. También es hija y madre, dos roles que hoy se cruzan con sus militancias y reflexiones de izquierda y con creaciones como El rojo más puro, película que estrenó en 2023. Desde la maternidad, Yira trata de hacer real la consigna de que “el mundo merece cambiar”. Foto: Andrés Gutiérrez. Ilustración: Melany Peláez. Con la orientación de una partera y bebidas ancestrales que remplazaron los sedantes del hospital, Yira dio a luz a Damián, su primer hijo. Hizo un curso virtual para ser doula, que se refiere en la cultura muisca a las acompañantes de las embarazadas en sus procesos de parto. Y aunque ahora los únicos nacimientos que acompaña son los de las películas de su productora de cine Briosa Films, aprovechó sus aprendizajes para recibir a su segunda hija, Candelaria, y compartirlos con las mujeres que se cruza en la vida. Yira Plaza O’Byrne hace parte del Consejo Audiovisual y Cinematográfico de Medellín. No le pagan, pero elige estar ahí para velar por los derechos del sector. Desde 2021 trata de hacer sostenible a Briosa, donde es dueña, directora general, jefa de distribución y con la que firma un contrato por prestación de servicios para sí misma. Su atención, sin embargo, les pertenece a sus dos hijos: el “crespoliso” de cinco años, que se pasea por las proyecciones y los conversatorios a los que la invitan, y la recién llegada. La maternidad la ha llevado a repensar el mundo y el lugar que las madres, las niñas y los niños ocupan en él. En octubre, cuando aún esperaba a Candelaria, decía que quería escribir un texto que se titulara más a menos así: “¿Por qué quiero tener otro hije a pesar de haber leído Contra los hijos (2014), el libro de la chilena Laura Meruane?”. Cree que ser mamá no es difícil solo por serlo, sino porque la sociedad no está preparada para que las mujeres críen y creen. El mundo es adultocéntrico. Yira sabe que no es posible ir a un lugar donde su niño pueda jugar a su lado y comportarse acorde a su edad sin el reproche de los más grandes. Por eso ha procurado que su cuidado sea diferente: Damián bebe de las botellas de agua que ponen en los eventos a los que la invitan, juega con su cabello cuando está sentada frente a la gente y se le acerca a decirle “mamá” y a hacerle preguntas mientras ella habla. El niño deja por su casa un rastro coherente con lo que Yira quisiera para los más pequeños. Los dibujos pegados en la pared, los juguetes en varios sitios y la transformación de la sala en un teatrino componen un espacio que Damián llena con gritos espontáneos y con recorridos disfrazado de calamar o de murciélago. La maternidad ha hecho que Yira tenga menos tiempo libre, pero dice que siempre se puede seguir haciendo lo que se ama si se priorizan los tiempos y se hacen renuncias. En su caso, tiene acuerdos de distribución de tareas de cuidado con Luckas, su pareja. Yira nació en Cartagena en 1987 y es la menor de tres hijos. Lleva el nombre de una periodista y líder comunista que murió en los 80, Yira Castro, madre del senador Iván Cepeda. En sus álbumes familiares había fotos de funerales, leía prensa comunista desde pequeña y a los 14 años encontró en la biblioteca de su casa una amenaza de muerte dirigida a su padre, Luis Plaza, un líder sindical que integró la Unión Patriótica (UP) y que dormía con un revólver cuando no estaba exiliado. Creció en un hogar atípico, pero la familia seguía siendo tradicional: su mamá cargaba con todas las labores de cuidado. “Mucho gusto, Doris O’Byrne Dorado, soy la mamá de Yira”, se presenta, como si cualquier persona que conoce a su hija no se hubiera visto ya El rojo más puro, el documental que se estrenó en 2023 y en el que ella aparece. Dos cosas han hecho que Yira se sienta feminista: ser mamá y pensar en su mamá. “Son dos procesos que a mí me han hecho ser consciente de la inequidad, la brecha de género, la exclusión de las mujeres y de cómo terminamos siendo las que soportamos el capitalismo sin el reconocimiento del trabajo doméstico y de toda la carga mental que llevamos”, asegura. “Si no fuera por ti, no hubiera ninguna historia que contar, absolutamente nada, porque tú fuiste la que sostuviste esto y gracias a ti soy yo la que hoy puede contar esta historia”, le explica Yira a Doris, que recién había llegado a la casa de su hija en Medellín para acompañarla en el parto. Con “esto” se refiere a la época en la que su mamá trabajaba como profesora en San Onofre, Sucre, mientras el resto de la familia vivía en Cartagena. La madre se iba los lunes y regresaba los viernes para lavar, planchar y hacer todas las tareas del cuidado. Aunque Doris no se formó al interior del partido, ni daba discursos como su exesposo, siempre ha tenido un criterio político, ha generado espacios de debate y se ha pensado la vida desde lo colectivo. “Mi mamá es la más revolucionaria de todas”, dice Yira. El rojo más puro, su ópera prima como directora, es una película de primeras veces: la primera vez que su mamá reconoció lo duro que fue hacerse cargo de todo, pero también la primera vez que vio a su papá llorar. Yira filmó durante varios años las transformaciones del país y su historia familiar, y con ese material decidió contar el liderazgo social y político de la izquierda en Colombia mientras deconstruía al hombre heroico. Recuerda que al comienzo no sabía qué hacer con la cámara y las lágrimas de su padre que rodaban al mismo tiempo, pero quiso mostrar a un revolucionario que se equivoca, se contradice y a veces le duele la vida. Cuando ella tenía 16 y estudiaba Medicina en la Universidad de Cartagena, comenzó a militar en la Juventud Comunista Colombiana (Juco). Luego se salió de la carrera y, en contra de su sueño de ser actriz, decidió estudiar Periodismo en la Universidad de Antioquia porque creía que desde ahí podía contribuir más a la sociedad. “Creo que igual hubiese podido hacer algo”, reflexiona, y recuerda que mientras grababa, su papá le decía que el cine no movía masas. En el prestreno de la película, con el teatro Camilo Torres lleno, arengas y ovaciones, reconoció ante el público que se había equivocado. Yira siguió en la Juco cuando llegó a Medellín. Vio por primera vez la violencia del Estado en contra del movimiento estudiantil y experimentó una estigmatización constante. En Cartagena sentía que las formas de resistir eran más alegres y se podían manifestar públicamente. En Medellín, en cambio, resistir era poder reunirse y no quedarse callada, pero también ocultar que pertenecía a un movimiento. Cuando Yira vio Memorias de los silenciados: el Baile Rojo (2003), que narra el exterminio de la UP, entendió la carga que llevaba su padre y comenzó a sentir la necesidad de contarla: “No me dejaba tranquila. Escribía sobre eso, era una cosa que estaba ahí, dentro de mí.”. Fue por medio de El rojo más puro que pudo narrar la
Ese edificio ya no verá nacer
La unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación cerró sus servicios en octubre del 2023. Medellín perdió más de 90 años de experiencia en la atención a las madres y los recién nacidos con los casos más complejos de Antioquia. Esta es la crónica de los últimos días de esa unidad. El bloque 12 del hospital San Vicente Fundación alojaba la unidad de ginecobstetricia que atendía los casos más complejos de Antioquia. Foto: Renata Taborda. Un niño disfrazado de Batman caminaba de la mano de una mujer por el sendero que los dirigía a la unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación. Eufórico, daba pequeños saltos. Con sus dedos sostenía una cubeta naranja de la que asomaban los dulces que recogió durante el día. El sol de la tarde reflejaba sus acciones en el suelo. Atrás de ellos, una joven vestida con una bata azul y una venda en su cabeza conversaba con otra mujer, tal vez su madre. Ese 31 de octubre, algo en el San Vicente se percibía diferente. El edificio que vio nacer personas durante más de 90 años se erguía igual. No obstante, a través de una ventana abierta en la parte trasera ya se anunciaba la ausencia: una habitación vacía, con camarotes a ambos lados y colchones manchados de viejos. Todo empezaría a desocuparse porque ese era el último día de la unidad que nació en 1929 y donde tantas escenas, llantos de nacimientos, suspiros repentinos y el azar de existir, sucedieron por primera vez. El hospital decidió cerrarla. Adentro del edificio, al fondo, la luz se reflejaba sobre una estatua de la virgen María con su mirada hacia el cielo, envuelta en prendas oscuras. A los lados se extendían pasillos con habitaciones en las que había 12 camas, ocho de parto y cuatro de cuidados especiales. En la entrada del bloque 12, a la derecha, un grupo de mujeres conversaban en una pequeña sala de espera. Se daban consejos sobre cómo cuidar y cangurear a sus bebés y sobre los tiempos en que comían y dormían. Algunas seguían en observación después de su parto, otras estaban en controles con sus recién nacidos. “Las mujeres somos la mayor parte de la población, entonces necesitaríamos tener un servicio decente y digno donde se nos atiendan nuestras necesidades en todo el ciclo vital”, dijo una enfermera joven que estaba en turno ese día. Mientras ella y otra enfermera mayor se lamentaban por el cierre de la unidad, entraron a un bebé recién nacido, en una incubadora, envuelto en mantas azules. Los médicos a su alrededor comprobaban que todo estuviera bien. Las enfermeras desviaron su mirada y lo contemplaron dormido. La unidad de ginecobstetricia del San Vicente era la única de Medellín que atendía casos de alta complejidad. Para la enfermera mayor, esto hacía más significativo su trabajo: “Era maravilloso darles un mejor cuidado y brindarles la mejor atención para que tanto ellas como los bebés salieran adelante”. Un pito repetitivo que daba cuenta de los signos vitales del bebé se escabullía en la conversación, mientras ellas miraban a los lados para asegurarse de no ser escuchadas: “Creemos que es importante que se sensibilice a la población de la gravedad del asunto y que se adopten medidas de salud pública para evitar el cierre masivo de los servicios de obstetricia”, dijo la más joven. Explicaron que este no es solo un problema del San Vicente. La Clínica del Rosario cerró sus servicios maternos el 30 de junio y otras como la de las Américas solo tienen una sala de partos. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en el 2012 Antioquia tenía registradas 1049 camas de obstetricia. En el 2023 esta cifra se redujo a 495 camas, de las cuales 237 están en Medellín. El deterioro de este campo de la salud viene dándose desde hace más de una década y las razones en su mayoría son financieras. “Desde hace mucho tiempo nosotros venimos regidos por un manual tarifario que tiene subvalorados los procedimientos que se hacen en el área obstétrica. Es decir, lo que se invierte en una actividad obstétrica realmente no se recupera, porque no se factura ni se cobra lo que vale”, cuenta Sandra Cuervo, docente de la Universidad de Antioquia y directora de Nacer, un grupo de investigación, docencia y extensión con énfasis en salud sexual, reproductiva y de la infancia. Esta problemática viene colapsando la red de salud, además de sobrecargar al personal médico y negar que las mujeres embarazadas tengan un parto humanizado, que ahora es obligatorio gracias a la Ley 2244 de 2022. En Medellín hubo 35.157 partos en 2022 y 18.917 en el primer semestre de 2023, según el Dane. Andrés Zapata Cárdenas, director médico del San Vicente, cuenta que ese hospital atendía alrededor de 900 cada año: “Nosotros no teníamos una participación de gran volumen en la atención obstétrica. En cambio, hay una atención igual o peor con los niños. En el hospital tenemos 200 camas destinadas a esta población y una mayor capacidad, por lo que decidimos enfocarnos en esta demanda pediátrica”. El cierre sería ese 31 de octubre. Así lo confirmaron las dos enfermeras. Afuera, terminaba el día. La unidad de ginecobstetricia fue fundada en 1929. Sus servicios cerraron el 31 de octubre del 2023. Foto: Renata Taborda. Los primeros cimientos La iglesia blanquecina del Hospital San Vicente Fundación reposaba ante un cielo nublado de octubre. Adentro, en uno de los bancos de madera café, una mujer rezaba arrodillada. Sostenía un rosario entre sus manos ante la cúpula decorada con un trío de pinturas en las que resaltaban las vestiduras blancas de su protagonista, Jesús. Un poco más abajo, un ramo de flores se asomaba en el costado derecho de una virgen María mediana envuelta en un manto verde oscuro y un vestido crema con el que sobresalía su embarazo. Al final del pasillo central, atravesando por el umbral de vitrales y cuadros, un patio exponía también a la madre de
El nombre de una, en nombre de todas
Desde el título Cho Nam-joo (Seúl, 1978), autora de Kim Ji-young, nacida en 1982, ya avecina lo que será su obra: la historia de una mujer con el nombre más común del año en que nació, la cual va a vivir las experiencias por las que pasan la mayoría de las mujeres surcoreanas: una everyman.
Violencia obstétrica, un dolor que atraviesa cuerpo y alma
Las mujeres siempre han parido con un dolor que nace de las propias entrañas, del proceso de traer al mundo un nuevo ser humano. Sin embargo, la normalización del “parirás con dolor” ha hecho que se ignore la existencia de causas externas al sufrimiento del parto, una forma de violencia que no es propia de este proceso natural. Ilustración: Jhojan Meneses “La violencia obstétrica es una violencia de género que se da contra el cuerpo, la psique y la humanidad de la mujer y es ejercida por los profesionales de la salud que atienden a las gestantes”, explica Diana Patricia Molina, quien hace más de 10 años ha investigado este tema. Es psicóloga y magíster en Salud Pública, y hace parte del Grupo de Investigación en Salud Mental (Gisame) de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Las palabras de Molina resumen una realidad: en las salas de parto, algunas mujeres reciben malos tratos por parte del personal médico que, a veces sin intención y otras por la naturalización de conductas agresivas y violentas, someten el cuerpo y la mente de sus pacientes a un daño del que poco se habla. Muchas mujeres han vivido ese sufrimiento sin siquiera saber que no es normal que exista. La violencia obstétrica abarca todo el abanico de violencias físicas, psicológicas, simbólicas e institucionales que pueden sufrir las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye maltratos físicos, procedimientos bruscos, forzados, innecesarios o sin conocimiento de la madre; tratos abusivos y humillantes en la actitud y el lenguaje; irrespeto a la intimidad, prácticas médicas desactualizadas y desatención a las solicitudes de la mujer. Bernardo Agudelo, investigador del grupo Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que “cualquier imposición que conduzca a la realización de una acción o un procedimiento bajo el pretexto de la mejoría, pero que en el fondo lo que está haciendo es simplemente beneficiando al médico u omitiendo la capacidad de decidir de la mujer es violencia”. Y esto lo explica porque a veces es difícil distinguir cuándo una práctica es realizada porque es necesaria y cuándo es evitable y solo tiene el propósito de acelerar tiempos para favorecer al personal médico o al sistema de salud. En nuestra cultura la gestante debe asumir el dolor en silencio. Muchas mujeres que han vivido partos violentos y crueles piensan que era algo que debía pasar. Madres y abuelas aconsejan a la embarazada “portarse bien” en la clínica para que no la dejen de última, es decir, que aguante, que no grite ni haga escándalo. “En la sala algunas mujeres son gritando, llorando, diciendo que no aguantan más, pidiendo que les pongan la epidural. Las enfermeras les gritan o les chistan. Les dicen que dejen la bulla o que no sean flojas”, dice Catherine Cuartas, de 30 años y madre de una bebé de cuatro meses. Dio a luz en una clínica de Medellín y durante los dos días que duró su trabajo de parto vio y vivió el maltrato del personal médico hacia las maternas. “Las mamás, cuando no les hacían caso y no iban donde ellas rápido, se alteraban y empezaban a insultar a las enfermeras. Fue un ambiente muy hostil. Yo no hice ruido, aguantaba mi dolor en silencio porque no quería que me trataran así”, recuerda. “Una les pregunta a las mamás cómo les fue en el parto y siempre te responden ‘Sí, todo muy bien; pero me pasó esto…’ y ellas lo aceptan como si nada hubiera pasado; pero detrás de esos testimonios hay mucho dolor, muchas heridas”, dice Cristina García, psicóloga perinatal. La suya es una especialidad centrada en la salud mental de las gestantes y sus familias antes, durante y después del embarazo. Ella cuenta que las mujeres minimizan lo que les sucedió, porque no lo han identificado como violencia o creen que era algo rutinario. Los abusos verbales y psicológicos pretenden ser lecciones morales que el personal de salud ejerce sobre la mujer, por ejemplo el uso de la expresión “cuando estaba haciendo al niño ahí sí no le dolía”. Diana Patricia Molina explica que este tipo de comentarios no solamente se hacen sobre la vida sexual de las mujeres, también sobre su cantidad de hijos, su edad y sus elecciones sobre cómo parir. Estas son vulneraciones a su derecho a la autodeterminación reproductiva. Por ejemplo, hay casos en los que el personal médico trata de convencer a las mujeres indígenas de no parir con parteras de sus comunidades o se niega a entregarles la placenta cuando la solicitan para rituales. Como el trabajo de parto de Catherine estaba tardando mucho y el personal médico ya empezaba a temer por la salud del bebé, le practicaron una amniotomía, que es la rotura del saco amniótico. Aun así, el parto seguía retrasado y la bebé se estaba quedando sin oxígeno, por lo que tuvieron que recurrir a una cesárea de emergencia. Aunque Catherine preguntaba insistentemente qué estaba pasando, las enfermeras no le explicaron la situación. Únicamente le dijeron que todo estaba bien y que su pareja estaba enterada. Horas después de haber tenido a su hija, ella supo que al padre nunca le dijeron lo que estaba sucediendo ni le informaron sobre la realización de la cesárea. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece entre los derechos de las mujeres gestantes el tener presentes a sus acompañantes para su tranquilidad y comodidad, pero muchos hospitales solo les permiten verlos en fases específicas del proceso y por períodos de tiempo controlados. En julio de 2022 fue aprobada la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado, la cual establece este y otros derechos de las maternas para promover el parto humanizado; sin embargo, no está clara su reglamentación y el momento en que esa norma debe empezar a implementarse. Aunque el parto de Catherine no fue como lo esperaba, estaba contenta de que su bebé estuviera bien. Pero a la hora de
Colegios no seguros, niñas no calladas
Al mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio. “La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban. “El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín. La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto. Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal. Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio. Secreto a voces El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas. Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor. Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas. Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín. De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación. En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas. Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores. A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos. Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la