Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo
La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede
Otro grito de desesperanza
Sin querer entrar en el debate sobre el pesimismo, quisiera que se entendiera realmente el peso y la zozobra de la realidad. Collage: Juliana Palacio Hoyos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el 2024 cerró con 889 feminicidios, una cifra aterradora, a pesar de las alertas emitidas a lo largo del año por la Defensoría del Pueblo, ONG y colectivas. Antioquia, esta tierra paisa aún tan negada al respeto mínimo por el otro, encabezó la lista con 129 feminicidios, seguida por Bogotá y Atlántico, cada uno con 84 y 83 respectivamente. Esto deja un panorama desolador: en Antioquia, a la semana fueron asesinadas de 2 a 3 mujeres. Con registro, dentro de la anterior cifra de feminicidios, específicamente transfeminicidios hubo 21, y de nuevo Antioquia queda en primer lugar con 5 casos. Mi primera precisión es necesaria, porque no obstante las organizaciones sociales advierten que las cifras podrían ser aún mayores, pues no todos los casos son reportados o clasificados adecuadamente en los registros oficiales, y yo lo creo firmemente. El 7 de abril, un video conmocionó al país, pues era la prueba más despiadada de una parte de la sociedad colombiana, y de que aún nos falta mucho para ser realmente libres. Lamento tener que abrir el contexto de este caso mencionando la existencia de ese video, pero es importante, lo diré más adelante. El hecho que hasta ahora sigue muy presente en la conversación pública se trata del asesinato de Sara Millerey. En Bello, Antioquia, el viernes 4 de mayo, Sara se encontraba en el barrio Buenos Aires cuando, en condiciones que están siendo investigadas, unos sujetos la violentaron. Golpearon su cuerpo, quebraron sus piernas, sus brazos y, por último, la tiraron a la quebrada La García. Una secuencia de hechos que me recuerda la charla TEDx de la escritora argentina Camila Sosa, cuando decía que desde que se reconoció públicamente como mujer trans, su padre le dictó un destino bajo una sentencia de muerte clara: “Un día van a venir a golpear esa puerta para avisarme de que te encontraron muerta, tirada en una zanja”. He aquí cómo con Sara, todas estamos presenciando tal profecía: Mataron a Sara Millerey. La mataron por ser. Grabaron su estado, su cuerpo violentado, quebrado y adolorido, tratando aún —por medio de los gritos— de ser salvado. La grabaron. No la salvaron a tiempo. La vieron, la golpearon, la odiaron, la mataron. Mataron a Sara, mataron una parte de nuestra esperanza. «¿Consumimos dolor y atrocidad con la excusa de ‘informarnos’ cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos?». Y en este punto es donde vuelvo, con cansancio, a comentar sobre el video que había mencionado. La razón de que este caso haya alcanzado la viralidad fue un video que violentaba aún más la vida de Sara; mientras ella agonizaba, fue grabada y publicada. Y yo me pregunto, ¿consumimos dolor y atrocidad con la excusa de “informarnos” cuando en realidad contribuimos al morbo? ¿Acaso nos motiva el espectáculo a conversar la violencia que diariamente ignoramos? No quiero pensar en que en una semana volveremos al silencio, un precedente que ya viene ocurriendo. Abrí diciendo un número aterrador: 889. Y no solo son cifras, son gritos, gritos de desesperanza. Nos matan y no pasa nada, volvemos viral la violencia, las formas que nos llevan a la muerte y, aunque por un momento la indignación pareciera ser por fin la agenda, vuelve y sucede: ante el arrebato de la vida, el mundo no para. Contrario a eso, es impresionante cómo se reproduce aún más violencia en las mismas conversaciones al respecto. Con esto quiero tocar lo que ha venido rondando en la discusión del caso y cómo la vida después de la muerte sigue siendo violentada. Lo primero es que la Alcaldía de Bello, en su comunicado oficial en el que pretendía condenar el crimen, se refirió a Sara con su nombre de registro civil, el que ya no la nombraba. Siendo esto, una vez más, muestra de la violencia sistemática y simbólica tan presente en la cotidianidad y en una sociedad llena de márgenes que condena y niega lo que establece distinto. Eso no es solo un error administrativo, es un gesto de desprecio a su identidad. Lo segundo es una disputa que lleva mucho tiempo en el movimiento feminista, sobre si reconocer o no la lucha trans, y yo aquí, más que ponerme de un lado de la balanza, quisiera marcar la línea divisoria más importante, la que a todas, con las identidades de género desde donde nos reconozcamos, nos compete: la vida y la muerte. Mientras discutimos, nos matan, y nos matan por lo mismo: por ser. Más allá de las múltiples realidades que conllevan ese ser para cada una de nosotras. La realidad de ser trans no la diré yo, que no lo soy, pero lo que sí puedo ver —y que vemos todes a diario sin hacer mucho— es la violencia a esta población que resulta siendo más marginada por, como ya lo mencioné, ser “diferente”. Así que el asunto se trata, más allá de los ideales, de humanidad básica. A Sara la mataron por ser. Y es asunto de todas, todos y todes que no la borren, no normalizar el eco momentáneo para rápidamente volver al silencio. Este grito es porque, desde todas las formas y maneras que habitamos el mundo, seguimos teniendo la amenaza de muerte encima, porque la violencia trasciende la muerte, y a la lucha la frena un tanto la diferencia, es porque el panorama lo marca en parte, la desesperanza. Es lamentable. A todas nos une el miedo. Sí, también justamente la resistencia, pero una realidad llena de odio.
Políticos, influencers y activistas religiosos, unidos en las narrativas desinformadoras contra personas LGBTIQ+
La ola conservadora y antiderechos —cuyo ejemplo más reciente y visible está en las políticas de Donald Trump— tiene como protagonistas en Colombia a grupos que difunden contenidos que desinforman. Ocurre especialmente cada vez que en el Congreso se debaten proyectos de ley que buscan proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, especialmente personas trans. Analizamos lo que dicen, cómo esparcen sus mensajes y qué hay detrás. Ilustración: Saro Agustina. [Nota editorial: Esta investigación fue actualizada el 7 de abril de 2025 para precisar un dato que no cambia en nada el sentido general de la historia.] Entre el 10 y el 16 de junio de 2024, la semana en la que se hundió en el Congreso el proyecto de ley “Inconvertibles”, usuarios de X publicaron casi 3 000 tuits con los hashtags #ConLosNiñosNoTeMetas, #ConMisHijosNoTeMetas, #DictaduraDeGenero e #InconvertiblesEsTortura, según un rastreo que hicimos con ayuda de la herramienta de monitoreo de redes sociales Meltwater. “Inconvertibles”, conocido como “Quiérele Siempre” tras la radicación del proyecto ante el Congreso el pasado 1 de octubre, buscaba prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que prometen cambiar la orientación o identidad sexual, pero que carecen de sustento científico y que son equiparadas a formas de tortura contra las personas LGBTIQ+ que han sido sometidas a estos procesos. Las publicaciones para atacar ese proyecto aparecieron como una campaña entre políticos de los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres; activistas religiosos, influencers de redes, actores y organizaciones como Lazos de Amor Mariano y Unidos por la Vida, todos sectores conservadores que esparcieron narrativas de desinformación sobre el tema, como mostramos en detalle más adelante. El proyecto había pasado los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pero la Comisión Primera del Senado no lo discutió y fue archivado el 12 de junio del año pasado. Los hashtags con los que promovieron el boicot a la iniciativa se repitieron durante todo el 2024 para deslegitimar otras propuestas a favor de los derechos LGBTIQ+. También se usaron para convocar protestas en octubre de 2024 contra el gobierno de Gustavo Petro y la Superintendencia de Salud por una circular emitida para garantizar atención integral en salud a las personas trans en Colombia. Aunque el proyecto fue presentado como una iniciativa en favor de la diversidad con el objetivo de impedir que, mediante abusos físicos o psicológicos, una persona fuera obligada a cambiar su identidad o expresión de género u orientación sexual, según el análisis de Linterna Verde, el mensaje original de la campaña terminó por “alejar la discusión de los objetivos originales de la iniciativa”. Como también lo documentó La Silla Vacía en su investigación, “Mentiras y conspiraciones presionaron caída de proyecto que prohibía ‘terapias de conversión’”, quienes se oponen a este proyecto revivieron un fantasma que años atrás fue un arma poderosa: los señalamientos contra la llamada “ideología de género”, que los sectores conservadores aseguran que se busca imponer en lxs niñxs. Con una mezcla de opiniones y desinformación, movilizaron una tropa digital. “Con el foco puesto en los menores de edad, la campaña de oposición tomó por bandera su protección. Un ángulo que, más allá de tergiversar el objetivo del proyecto, resultaba muy fuerte como estrategia de oposición”, indica Linterna Verde en su análisis. ONU Mujeres ha advertido que “en muchos países, actores estatales y no estatales intentan hacer retroceder los avances obtenidos con tanto esfuerzo y profundizar la estigmatización, poniendo en peligro los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+. Estos grupos promueven ataques y desinformación para intentar deslegitimar a las personas LGBTIQ+”. Este año se espera un nuevo ‘round’ en el Congreso, donde se debatirá el nuevo proyecto “Quiérele siempre”, la nueva versión de lo que fue “Inconvertibles” para prohibir las ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género o “terapias de conversión”). Por ello, Colombiacheck y La Liga contra el Silencio, en alianza con All Out (un movimiento global que lucha por los derechos de las personas LGBT+), le pusimos la lupa a las campañas de desinformación que circularon en 2024 contra el proyecto anterior, llamado “Inconvertibles”. Analizamos publicaciones en la red social X con el software de monitoreo Meltwater y luego las cruzamos con los monitoreos de las desinformaciones que Colombiacheck ha verificado sobre este tema. Las narrativas de desinformación Tanto en las verificaciones publicadas por Colombiacheck (en las que se monitorean videos de Facebook, Instagram y TikTok) como en el análisis realizado en X con Meltwater se encontraron las mismas narrativas de desinformación, centradas en repetir estas mentiras: La versión falsa de que “Inconvertibles” buscaba cerrar iglesias y encarcelar a líderes religiosos, profesionales de la salud y padres de familia, impidiéndoles aconsejar y orientar a sus hijos bajo pena de cárcel. El argumento infundado de que el proyecto de ley atentaba contra la patria potestad de los padres, la objeción de conciencia y la libertad religiosa. La desinformación de que la iniciativa avalaba la amputación de órganos a menores de edad y promovía la llamada “ideología de género” en instituciones educativas y de salud. La mentira de que el proyecto permitía que los niños, en algunas publicaciones afirmaban que desde los 3 años y en otras desde los 5, decidieran sobre su cambio de sexo. Como parte de su trabajo de verificación del discurso público, Colombiacheck ha analizado esas afirmaciones, a las que calificó como “falsas” y “cuestionables” en las siguientes publicaciones: Es falso que con el proyecto de ley Inconvertibles quieran cerrar iglesias «por no estar a favor de la ideología de género». Activista cristiano desinforma en video viral sobre el proyecto de ley ‘Inconvertibles’. Proyecto de Ley 272 no “avala la amputación de órganos a menores de edad” ni impone la “ideología de género”. Proyecto de ley ‘Inconvertibles’ no permite que los niños de cinco años decidan su cambio de sexo. Son las mismas narrativas, difundidas por casi los mismos actores, que en octubre de 2024 organizaron las protestas contra el gobierno y la Superintendencia de Salud por
Periodismo en fuga: récord de desplazamientos forzados en Colombia
El temor y las amenazas llevaron el año pasado a un número récord de periodistas a abandonar sus hogares y a cesar o reducir su trabajo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 20 casos de desplazamiento forzado dentro del país y cuatro de exilio en 2024. Ocurrieron en un contexto de creciente violencia contra la prensa, especialmente por acciones de grupos armados ilegales, pero también por represalias frente a denuncias de corrupción.
“Lo feo es que en una ciudad pasen cosas como las de La Escombrera”: Alonso Salazar, autor de El largo vuelo del cirirí
En el Hay Festival Jericó hablamos con Alonso Salazar, autor de El largo vuelo del cirirí, sobre Fabiola Lalinde, la búsqueda de su hijo y las disputas por los espacios de memoria que se dan en Medellín alrededor de la consigna de “Las cuchas tienen razón”. Alonso Salazar en el Hay Festival Jericó 2025. Intervención: Santiago Bernal Largo. Fabiola Lalinde fue, tal vez, una de las primeras madres buscadoras en Colombia. Cuando su hijo, Luis Fernando Lalinde, fue torturado y asesinado por el Ejército de Colombia en 1984, ella se embarcó en la búsqueda de los responsables y de los restos de su hijo, en la que ella misma llamó “Operación Cirirí”. Con su trabajo dejó un legado para cientos de familias víctimas de desaparición forzada. Semanas después de que la administración distrital de Medellín ordenara borrar el mural de “Las cuchas tienen razón” y después de que esta frase se replicara a lo largo del país, conversamos con Alonso Salazar, periodista, escritor, exalcalde de Medellín, uno de los invitados al Hay Festival Jericó, que se celebró entre el 24 y el 26 de enero en ese municipio antioqueño. Salazar es autor de El largo vuelo del cirirí, un reportaje sobre la historia de Fabiola, la búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, sobre lo que implica honrar y conocer las memorias de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Collage: Santiago Bernal Largo. ¿Cuál es el legado que deja Fabiola Lalinde para las madres que buscan a sus hijes? Fabiola Lalinde fue una mujer que trascendió su propia lucha, ella se fue acercando a muchas familiares de desaparecidos, especialmente madres. Incluso después de que encontró los restos de su hijo y logró identificarlos, continuó en una labor pedagógica y de producción, y entre las asociaciones de madres con las que mayor contacto tuvo fueron las de la comuna 13, que incluso hicieron un mural en esa zona en homenaje a doña Fabiola. Ella era extremadamente sensible y solidaria con ese tema y logró volver un poco más universal el tema de los derechos humanos y universalizó su propio caso. Alonso, aunque puede parecer un poco obvio ¿por qué es importante hablar de la búsqueda de Fabiola y de la vida de ella? Yo creo que en Colombia hace falta hablar de esta hecatombe que hemos vivido como sociedad, marcada por cualquier cosa que se llame guerra o conflicto y que después se tradujo en palabras como masacres, desaparecidos, exterminios. Dentro de todo ese mar han emergido unas mujeres extraordinarias que se volvieron muy significativas, entre ellas Fabiola Lalinde. Ella fue incansable en la en la lucha de búsqueda por su hijo desaparecido por el Ejército en 1984. Se convirtió en un ejemplo de documentación, de cómo llevar un seguimiento estricto, de tenacidad, de no detenerse frente a los obstáculos. Incluso fue detenida por un montaje que le hizo el Ejército y ella dijo que esos días de cárcel habían sido los mejores de su vida porque allá se terminó de “cranear”, esa es su palabra, la operación Cirirí para la búsqueda de su hijo. Hoy en día pienso que esas memorias hay que reivindicarlas. Son muchas y deben ser parte también del patrimonio histórico colombiano. «Ella fue incansable en la en la lucha de búsqueda por su hijo desaparecido por el Ejército en 1984. Se convirtió en un ejemplo de documentación, de cómo llevar un seguimiento estricto, de tenacidad, de no detenerse frente a los obstáculos». Alonso Salazar, autor del El largo vuelo del cirirí El año pasado en la Facultad de Comunicaciones y Filología empezó la Cátedra de Paz Fabiola Lalinde. ¿Por qué en los espacios como la UdeA es necesario seguir hablando sobre estos temas? La Universidad pública sigue siendo la más sensible a estos temas: a la violación de los derechos humanos y a los temas sociales y Fabiola Lalinde ha sido adoptada a lo largo del tiempo por distintos colectivos que la mencionan o que estuvieron cobijados por su solidaridad. Ella tiene un recorrido tan vasto en ese tema de los derechos humanos que su archivo personal fue declarado patrimonio por la Unesco para la memoria de Latinoamérica. Así que me parece que hizo suficientes méritos para que la universidad pública abriera una cátedra con su nombre que es al mismo tiempo la posibilidad de seguir reflexionando sobre todas las tragedias que hemos vivido. En relación con la controversia que hubo con el mural de “Las cuchas tienen razón”, me gustaría preguntarle, como exalcalde de la ciudad, ¿qué lectura hace de estos hechos? Esta es una administración que piensa que la ciudad se ve mejor limpia con la noción de limpieza que ellos tienen y callada. Yo creo que les da como escozor que se hable de esos temas de la historia de la ciudad, pero esos temas no se pueden eludir, están ahí y hay derecho a que haya gente que los exprese y los murales son una forma de hacer activa esa voz. Ahora, “es que es feo”. ¿Cuál es la realidad de la estética? Lo feo es que en una ciudad pasen cosas como las de La Escombrera. Lo negativo es silenciar. Durante mi alcaldía yo busqué maneras distintas de promover las causas de las familias de desaparecidos, de buscar cooperación con la Fiscalía. Ayudamos a generar textos periodísticos asesorados por la profesora Patricia Nieto para expresar las voces de las víctimas, en fin, yo siempre he tenido la conciencia de que de que hay cosas que son ineludibles y que lo peor que una sociedad puede hacer a veces es negar su historia. Collage: Santiago Bernal Largo. Eso también me lleva a las declaraciones del alcalde diciendo qué es arte y que no lo es. Detrás de esas declaraciones, ¿usted cree que hay negacionismo sobre lo que ha pasado en la ciudad? Sin duda. Yo creo que si le pregunta muy directamente no va a negar que allí hay desaparecidos, porque eso ya es imposible de negar, pero él sí prefiere
Un genocidio ocurre en Palestina
Cuando se habla con palestinos hay algo que, sin saber, repiten todos: “mientras hablamos, un genocidio está ocurriendo”. ¿A qué se refieren? Al bloqueo de la entrada de bienes básicos como comida, medicina y agua, a los bombardeos, a los ataques contra la población civil y a los efectos de años de ocupación en la Franja de Gaza. Waseem Quzmar, de 20 años, y Omar Al Qaisi, de 22, son dos jóvenes palestinos muy distintos: el primero vive en Naplusa, en el norte de Cisjordania, y el segundo vive junto con su familia en Rumania desde que salieron exiliados de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Los une el dolor: para Omar y su familia las palabras no pueden explicar el horror que sienten al recibir las imágenes y las historias de lo que ocurre con sus compatriotas en Gaza; Waseem, por su parte, creció rodeado de violencia, escuchando de amigos y conocidos asesinados o apresados. Dice que se volvió insensible y que es una locura que la muerte de inocentes se haya normalizado tanto en su entorno. Ambos están de acuerdo con que los métodos de ocupación israelí en Palestina se han modernizado en los últimos años y que las condiciones de vida de los palestinos no han hecho más que empeorar. La violencia en Gaza empezó mucho antes del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El asedio, como llama Waseem al bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, comenzó en 2007, cuando él era apenas un niño. Ese año, Hamás, que en 2006 había ganado las elecciones, atacó las instalaciones de la Organización para la Liberación de Palestina con el fin de tomar el control total de la Franja de Gaza. En respuesta, Israel, con respaldo de Egipto, promovió un bloqueo que impedía el acceso marítimo, aéreo y terrestre a la Franja, con la justificación de presionar económicamente a Hamás. El bloqueo continúa. “Lo que está sucediendo aquí en Cisjordania no es ni de lejos comparable con lo que la gente en Gaza está pasando y ha pasado durante años”. Waseem se refiere a lo que organizaciones como Human Rights Watch han condenado como “una prisión al aire libre”, ya que se ha impedido el ingreso de bienes, lo que limita las importaciones y exportaciones; en consecuencia, más del 65 % de la población de la Franja de Gaza vive en pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y el 63 %, en condición de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, también de la ONU. “Lo que pasa aquí es malo, las historias que he escuchado de tanta gente pueden decirme al menos eso, pero lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, sin duda alguna”, agrega Waseem, y con esto se refiere a lo que la ONU define como “un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El escalamiento El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa con cohetes que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), alcanzaron el 70 % de su territorio. Los combatientes de Hamás asesinaron a más de 1200 israelíes y, de los rehenes que tomaron, más de 100 siguen retenidos o están desaparecidos. Hasta abril del 2024, según la ONU, grupos armados palestinos ‒entre ellos Hamás‒ seguían lanzando cohetes indiscriminadamente hacia Israel; algunos de ellos fueron interceptados por el domo conocido como “Cúpula de Hierro”: un sistema de defensa que cubre gran parte del territorio y que se encarga de frustrar ataques aéreos con misiles, drones y proyectiles. Según la policía israelí, la principal fuente de explosivos de Hamás son municiones que Israel lanzó sobre Gaza en los últimos 17 años y que no estallaron. Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que este ataque “representó una humillación para Israel”, que nunca había sufrido tantas bajas a manos de Hamás. Esto tiene una relación directa con la magnitud del impacto y la duración de la respuesta de Israel, que ha sido mayor en comparación con conflictos previos. Para Jaramillo, hoy es incorrecto hablar de un “conflicto”, pues no se trata de dos enemigos enfrentándose en igualdad de condiciones, sino de una respuesta desproporcionada de Israel en un contexto de ocupación histórica. El profesor añade que lo ocurrido el 7 de octubre “puso en evidencia el dolor de los palestinos ante la incesante opresión sionista”. El sionismo es un movimiento de ideología nacionalista cuyo objetivo es establecer un Estado nacional judío en territorios palestinos al considerar que les pertenecen ancestralmente. Es algo sobre lo que Omar habla con fervor. Después de todo, es el sistema de “brutalidad, redadas, asesinato y discriminación” que le arrebató a su familia su tierra natal y a él sus ganas de volver. El sionismo ha desencadenado un apartheid, que es el término utilizado por la propia comunidad palestina y las organizaciones internacionales para describir la exclusión, las agresiones y la privación de tierras de palestinos a manos de los colonos judíos. Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escribe en una nota de prensa que miles de palestinos reportaron ser detenidos arbitrariamente dentro y fuera de Gaza, muchos de esos casos se convirtieron en desapariciones forzadas. Algunos de ellos alegaron maltrato y tortura a manos de las FDI. Según la ONU, entre el 7 y el 31 de octubre de 2023, se registraron 203 ataques de colonos hacia palestinos, en cerca de la mitad de estos incidentes participaron las fuerzas israelíes, quienes escoltaban o apoyaban activamente los ataques. Waseem habla de asesinatos que ocurren en su ciudad, Naplusa. La presencia de las FDI en las ciudades de Cisjordania durante el día es inexistente. En cambio, dice que siempre ingresan tarde, entre las dos y las cuatro de la madrugada, ya sea para matar o arrestar a alguien. Moverse entre ciudades es difícil: hay carreteras completamente cerradas y otras con