Organizaciones y sectores vinculados al cristianismo respaldaron al creador de contenido Samuel Adrián luego de su arresto en el aeropuerto El Dorado. El influencer mexicano fue detenido el 13 de septiembre por desacatar la orden judicial de eliminar grabaciones e imágenes del doctor Mario Angulo de su documental Colombia: Fábrica de niños trans, la sanción fue una multa de 15 salarios mínimos mensuales y diez días de arresto.

Quienes apoyaron al mexicano presentaron el caso como una discusión relacionada con la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Por ejemplo, Abogados Cristianos Hispanoamérica acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su liberación.

Días después, el presidente Abelardo de la Espriella también comunicó su respaldo al influencer a través de una videollamada que publicó en sus redes sociales. Allí, De la Espriella expresó su apoyo al trámite de la Ley Laura, que busca prohibir los tratamientos hormonales y los procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de 18 años.

Más allá del proceso judicial, el caso permite observar una cuestión más amplia: ¿qué ocurre cuando las convicciones religiosas ingresan al terreno jurídico y político para defender una concepción particular sobre la familia, la infancia o la libertad?

Juan Diego Cañola Gómez, filósofo, magíster en Literatura y profesor de Política y Religión de la Universidad de Antioquia, conversó acerca de la relación entre religión, derecho y esfera pública.

¿Por qué algunos grupos religiosos recurren a argumentos jurídicos para defender sus creencias?

Porque ante un mundo secularizado, en el que gran parte de la población no cree en fuerzas externas a las de nuestra propia humanidad, tienen que hacer uso de las herramientas disponibles para poder defenderse. Y estas comunidades religiosas, claro, tienen que apelar al derecho, o al ordenamiento jurídico en general, porque ya hay una gran parte de la población que no legitima las creencias religiosas. Entonces es muy difícil, si no es a través del derecho en sociedades como las nuestras, que las comunidades puedan defender sus propias creencias.

En el caso de Samuel Adrián, ¿qué elementos permiten identificar esa interacción entre religión y derecho? 

En este caso hay unas comunidades religiosas que apelan al derecho para proteger lo que llaman libertad de expresión en tanto hay una denuncia de unas supuestas prácticas médico-quirúrgicas para hacerle transición a niños y niñas en Colombia. Pues, digo supuesta porque realmente no hay evidencia que corrobore que lo que se denuncia en el documental es cierto, sino que tras de ellos se mueve, digamos, cierto fanatismo por unas creencias que creen validarse a través de, por ejemplo, en este caso, el documental.

Entonces en este caso esas comunidades religiosas hacen uso del derecho o apelan al derecho porque sus propios elementos no les permiten defender sus creencias. Es decir, la única forma en que estas comunidades podrían defender sus derechos es a través de la fuerza porque gran parte de la población no comparte sus creencias, no las legitima. 

¿Qué papel juegan las redes sociales y los influencers en la difusión de estas posiciones?

Pues yo creo que las redes sociales digitales cumplen un papel muy importante porque sabemos que las comunidades religiosas de determinadas religiones, dado los cambios actuales de nuestras sociedades, han tenido que transformarse. 

Yo siento que cada vez más el punto de encuentro de la religión con las personas no es a través de la iglesia, es decir, del espacio físico, del templo, del lugar de recogimiento o de congregación, sino que tienen que apelar o hacer uso de las redes sociales digitales para poder transmitir sus ideas y sus creencias. Entonces, yo creo que muchas de estas iglesias, en este caso judeocristianas, tienen que apelar a las redes sociales digitales para poder llegar a todos los rincones del país.

¿Cómo se transforma un asunto jurídico en una causa religiosa o moral?

Eso es muy complejo por lo que el derecho intenta hacer una suerte de posibilidad secularizada no solamente de la defensa de derechos, sino también de un ordenamiento jurídico del mundo. Digo secularizada porque no debería haber una primacía de una creencia religiosa u otra.

El problema es que si la religión coarta totalmente el derecho, entonces ya no somos estados sociales de derecho como en el caso de Colombia, sino que terminamos siendo teocracias de cierta manera, y la ley divina es el derecho. Eso es muy peligroso porque ahí ya sí hay una exclusión de las demás formas de vida religiosa y ya no hay lugar a la pluralidad, sino que se instaura una verdad absoluta en cómo se debe ejercer la justicia.

¿Qué considera que puede revelar este caso en particular sobre la interacción que se da entre religión y derecho aquí en el país? 

Ese caso es muy interesante porque me lleva a pensar que una cosa es defender las ideas, ¿cierto?, pero un matiz de eso es defender ideas sobre mentiras o sobre hechos que no son comprobados. Eso es muy complejo porque digamos que de cierta manera prima un asunto de fe. Es decir, aunque estén mostrando en este documental cosas que hemos podido corroborar que no son ciertas, la gente aun así, por un asunto de fe, cree que eso es verdad y quiere imponer esa verdad frente a los datos. Pues, con datos quiero decir expertos, con congresistas, con actores del Estado que han salido a desmentir, con información verídica, que eso no es cierto.

Entonces, ¿cuál debería ser ese límite entre lo jurídico y lo religioso para estas comunidades?

Yo voy a apelar a una respuesta que es muy antigua y es que mi derecho vaya hasta donde afecta al otro. Es decir, yo creo que el límite de las formas de vida religiosa y de la religión como tal tiene que ir hasta el punto en el que yo ya no agreda las formas de vida del otro. Si yo ya lo que intento es imponer mi forma particular de vida, yo creo que ahí ya se marca el límite entre una comunidad religiosa y el ordenamiento jurídico.

¿Qué papel desempeñan conceptos como “valores”, “familia”, “libertad religiosa” o “persecución” en la construcción de estas narrativas?

Las formas de nombrar son un territorio de disputa que vienen dándose por las comunidades religiosas, en este caso las judeocristianas y más específicamente católicas y protestantes, por lo que ellos llaman una “batalla cultural” que es precisamente con el lenguaje, con las formas de nombrar la vida en el país y de imponer una narrativa también.

Entonces, claro, lo tenaz es no solamente tratar de imponer una narrativa y de disputarse las palabras, sino el disputarse las palabras sin reconocer que hay una realidad material muy distinta a lo que se intenta nombrar.

Ya que menciona el concepto de batalla cultural, ¿cree usted que este se ve aplicado en el caso? 

Me parece algo muy paradójico y es que la batalla cultural que llama este Gobierno a mí me parece más una batalla religiosa, porque es meterle a todo milagro y expresiones religiosas del catolicismo y más ampliamente del cristianismo. A mí me parece que eso, finalmente, no pareciera una batalla cultural, pareciera más una batalla religiosa, como de imponer una religión a través de los instrumentos y de las instituciones del Estado, que es muy delicado.

Porque como lo digo, si el lenguaje y las formas de nombrar ya es un territorio de disputas, a eso agréguele el ingrediente de la religión y las muchas formas de vida religiosa, porque no todas se imponen, el cristianismo se impone por encima de otras cosas. Entonces yo creo que eso va a generar mayor división en el país. No sé cómo vayamos a salir después de este gobierno, si una gran parte de la población mucho más fervorosa y creyente de unos valores anacrónicos u otra parte más fortalecida y comprometida con un estado laico, no sé.