Irene lleva más de 10 años enfocándose en la investigación sobre el conflicto armado en el país. Foto: Archivo UdeA
En los últimos años Piedrahita hizo parte de la Comisión de la Verdad y apoyó la investigación del conflicto armado en Antioquia. El principal interrogante fue cómo aceptar que la violencia existe, que es “objeto de estudio”, y que no se puede definir. Esto, dice ella, fue un reto para la Comisión que implicó un estudio etnográfico exhaustivo con énfasis en aquellos territorios cuyo modelo de conflicto es complejo debido a disputas por el poder y la democracia. Urabá, con cerca de 80 mil desplazados a la fecha, es uno de esos territorios en disputa en los que el conflicto armado obra de manera cotidiana.
Para la investigadora no es posible entender Antioquia sin entender Urabá, pues el 88% de la población de esta región es víctima directa del conflicto, ya sea bajo la modalidad de desaparición, homicidios o secuestros. En esta entrevista, Irene nos explica cuál es la situación actual de Apartadó frente al conflicto y cómo Medellín ha sido el principal destino de las víctimas del conflicto desde los años ochenta hasta el presente.
¿Cuál fue el panorama que arrojó el estudio del conflicto armado en Antioquia por parte de la Comisión de la Verdad?
Investigar el conflicto armado en Antioquia es muy difícil porque es el departamento más victimizado del país. Cuando se observan las cifras de víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia, salvo en ataques a centros poblados, Antioquia siempre encabeza la lista. El reto de la Comisión de la Verdad era entender qué es lo que pasa en este departamento y por qué ha sido epicentro del conflicto armado colombiano.
De acuerdo con el informe final de la Comisión, de 8.768.057 de personas que registra en todo el país la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 1.567.022 corresponden a Antioquia. Es decir, el 17%.
No obstante, ese reporte demuestra que Antioquia es una de las zonas del país donde se han desarrollado más procesos de investigación sobre el conflicto armado, tanto desde la sociedad civil como desde la academia. Este trabajo ha logrado mantener y consolidar un amplio y diverso tejido social de acción colectiva, resistencia y resiliencia. Desde diferentes perspectivas y formas de actuar, las poblaciones han hecho frente al impacto de la confrontación armada y se han encargado de la transformación de su entorno, gracias al liderazgo de organizaciones étnicas, de mujeres, de jóvenes, sindicales y de defensa de los derechos humanos, entre otras.
¿Qué pudieron encontrar de la investigación en Antioquia referente a las causas del conflicto armado?
El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco José de Roux, decía que si Antioquia no hace la paz, Colombia no hace la paz. Y de la investigación pudimos comprender ciertos aspectos peculiares de la violencia en Antioquia:
- La disputa por la tierra ha sido fundamental en casos como Urabá.
- La disputa por la democracia. Si miramos lo que pasa en Urabá a finales de los ochenta y principios de los noventa con la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) y con la fuerza de la Unión Patriótica (UP), lo que nos encontramos son distintas formas de disputa por el control de la democracia y el orden político.
- La complejidad de la cultura. Antioquia es un departamento con unos valores culturales que dictan que quien piensa diferente debe ser eliminado. El conflicto armado ha sido útil para justificar muertes de distintas maneras.
- La repetición de ciclos de violencia. Es una forma de explicar lo que sucede hoy que son reciclajes de la guerra que tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos de paz que no se lograron cerrar y la ausencia del estado.
¿Qué pudieron encontrar de la investigación en Antioquia referente a las causas del conflicto armado?
Lo que sucede en Urabá es que es una región con un gran potencial para la explotación de banano, pero no todo Urabá quiere vivir alrededor del banano, y no todos los modelos de desarrollo del territorio se pueden centrar en el banano. Dos de los fenómenos más complejos que ha atravesado la región con respecto al conflicto armado colombiano tienen que ver con el desplazamiento forzado y despojo de tierras en Urabá, y ambos están ligados a la producción de banano. Lo complejo es que quien piensa distinto debe ser eliminado. Cuando pensamos en violencias asociadas a conflicto armado solemos pensar en las violencias directas, pero hay un montón de violencias indirectas, como la posibilidad de que no desarrolles tu forma de pensar o modo de vida, que también hace que sea muy complicado vivir en los territorios.
En efecto, la imposibilidad de permanecer en el territorio ha causado desplazamientos masivos hacia las principales ciudades del país donde las dinámicas sociales permiten un mejor desarrollo a sus habitantes. Según la Comisión de la Verdad, es posible asociar el desplazamiento forzado en la zona de Urabá con proyectos de desarrollo económico de gran envergadura, despojo por monocultivos y despojo por "contrarreforma agraria” o desplazamiento asociado al abandono por intensidad del conflicto. Asimismo, en materia de tierras hay una constante en el sentido de que a pesar de algunos avances en materia de restitución de tierras no hay condiciones para el retorno.
El panorama actual del conflicto armado en Urabá
En Urabá hay que hablar de las violencias que suceden hoy y que están relacionadas con la presencia de grupos armados pos-desmovilización o con la presencia de disidencias de las Farc. Lo que pasa es que estamos en un momento distinto del conflicto en lugares como Urabá y Bajo Cauca.
Es difícil saber quién controla el territorio en estos momentos. En los años noventa era un poco más claro comprender quiénes estaban y qué era lo que se estaba disputando o con qué comandante tenías que hablar para poder hacer ciertas cosas o no.
Según un artículo publicado por el medio periodístico Las 2Orillas en 2021, regiones como Urabá enfrentan hoy una nueva modalidad de conflicto entre grupos de jóvenes pandilleros. Cerca de trescientos jóvenes han ido formando dos grupos o bandos para enfrentarse entre sí. Este conflicto armado urbano entre grupos de jóvenes pandilleros ha sido nombrado de manera equivocada por las administraciones municipales como “conflicto juvenil”.
¿Han disminuido las cifras actuales de desplazamiento forzado en Urabá con respecto a los años noventa?
Aunque no tengo las cifras en la cabeza, yo diría que hoy tenemos menos desplazamiento porque tenemos también menos fuerza militar en los territorios. En el caso de Urabá, hubo un fenómeno de desplazamiento que se llamó “tierra arrasada”: poblaciones enteras tuvieron que salir de sus casas y abandonar sus tierras. El impacto que provocó ese despojo siempre fue visible.
¿Y qué pasa con Medellín, que sigue siendo territorio receptivo de esos desplazamientos?
Pienso en la zona nororiental de Medellín, y pienso particularmente en un barrio como Bello Oriente. Cuando miras a los pobladores de esta zona casi todos vienen del Urabá o del Oriente antioqueño. Muchos de los que vienen de Urabá llegaron a finales de la década de los ochenta y noventa. En los noventa, precisamente, la Corporación Región tenía un programa que se llamaba “Tenemos nuevos vecinos”, y justamente lo que intentaba hacer era promover la comprensión de que quien llega no es perezoso sino que tiene una historia muy complicada detrás y viene de un proceso de violencia muy fuerte.
Libia Posada tiene una obra en la que en las piernas de las personas que fueron desplazadas de manera forzada dibujan las rutas y las trayectorias de ese desplazamiento. La obra intenta capturar las huellas de la violencia.
Las víctimas de desplazamiento que llegan a Medellín nos ponen a pensar en los derechos que tienen a la ciudad. Medellín no solamente es de quienes nacieron en el Parque Berrío: Medellín es de quienes la van poblando y de quienes se van acercando a ella. Y eso también pone a pensar a los desplazados en los derechos que tienen.
La estancia en los lugares de recepción, ya sea en Urabá o en Medellín, los enfrenta a situaciones en las que el miedo continúa influyendo en sus actuaciones. Así lo muestran el temor a su visibilización como desplazados y su actitud frente al retorno.
Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la discriminación en Medellín se manifiesta en la negativa a darles trabajo a las personas desplazadas: "Por el mero hecho de decir que se viene de Urabá ha sido motivo para no darnos trabajo, porque se cree que somos guerrilleros". Incluso algunas instituciones, afirman los entrevistados, les han recomendado "que no digamos que somos desplazados y menos de Urabá". Además, el color de piel y las costumbres son percibidas como un elemento que los aísla.
Fotografía de la obra "Signos cardinales", de Libia Posada
¿Cómo se está articulando Medellín hoy para garantizar esos derechos de las víctimas de desplazamiento?
En el caso de Medellín hay atención a la población desplazada. Que no tiene que ver con esta administración sino con toda la trayectoria de lucha de los desplazados, por lo menos de los noventa en adelante. Afortunadamente, tenemos cierta institucionalidad que nos permite garantizar esos derechos como la Unidad Permanente de Derechos Humanos, la Personería de Medellín y la Unidad para las víctimas, donde la gente puede acercarse y encontrar una ruta de atención humanitaria. Sin embargo, creo que ese no es hoy un foco cuando estamos en un momento de mucha incertidumbre.
Según el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, en 2022 se registraron 2349 personas desplazadas, es decir, hubo un aumento de 911 afectados por este delito en comparación del 2021. Medellín entonces sigue siendo el principal destino para las víctimas provenientes de Urabá. Eso ocurre desde 1992 y se agudizó entre 1996 y 1998. A partir del año 2000 se presentó una disminución del 11% de las personas que llegan a Medellín procedentes de Urabá, principalmente de Apartadó (Personería, 2006).
SAN JOSÉ DE APARTADO, UNA RESISTENCIA AL CONFLICTO
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido ejemplo de resistencia al conflicto desde hace más de veinte años. Se fundó en 1998, después de una serie de masacres entre 1996 y 1997 que forzaron el desplazamiento de miles de personas. Hasta allí llegaron las primeras familias que regresaron o decidieron permanecer en sus tierras en las veredas La Unión, Arenas y La Esperanza. Aunque la comunidad logró recuperar una parte de sus vidas, los retenes y bloqueos económicos se incrementaron en el territorio por parte de los grupos armados.
La Comunidad de Paz son 14 veredas cerca dela frontera con Panamá. Foto de: Fundación Musol
Con ánimos de sostenerse en el territorio y proteger a sus familias, la comunidad entendió que debía organizarse y cultivar sus alimentos para ser sustentable, y por esta razón crearon los primeros grupos de trabajos comunitarios. Esto fue lo que llevó finalmente a la fundación de la Comunidad de Paz.
La violencia ha llevado a la Comunidad a buscar otras opciones de desarrollo. Comenzaron a trabajar en un modelo de soberanía alimentaria: recuperaron semillas autóctonas de la zona, cultivaron cacao, (que hoy en día es exportado a varios países de Europa, y que pasa por numerosas auditorías para mantener los estándares de comercio justo), plantaron cultivos de pancoger. Y también buscaron un modelo alternativo de educación con sus propios profesores, una enseñanza centrada en valores de amor a la tierra. Posteriormente, construyeron la Universidad de la Resistencia y fueron fortaleciendo estos modelos por los que siguen trabajando hoy en día.
Hoy, varias veredas de la Comunidad son casi autosostenibles en cuanto a la producción de alimentos y han logrado comercializar algunos productos agrícolas. Esto les aporta recursos financieros.
