Ángeles negros
Foto: Vanity Fair – TheStewartofNY/FilmMagic. Cada cierto tiempo el poder se disfraza de inclusión, cambia su color, su rostro o su forma, pero no su lógica. Las estructuras patriarcales son expertas en absorber las diferencias para hacerlas parecer una conquista de los grupos históricamente excluidos, y la industria de la moda no es la excepción. El nombre y la imagen de Valentina Castro, una mujer negra del Pacífico colombiano, se volvieron virales en redes como símbolo de inclusión gracias a su aparición en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show el 15 de octubre. Sin embargo, más que tratarse de un acto transformador, su presencia nos recuerda la habilidad del poder para disfrazarse de cambio. Durante años, Victoria’s Secret fue sinónimo de un ideal imposible. Más que lencería, era la representación de un tipo de belleza que se impuso como universal, pero que siempre fue selectiva y eurocéntrica: mujeres altas, delgadas, blancas, de cabello liso y piernas largas caminaban por esa pasarela convertida en altar. En ese universo de luces y lentejuelas no cabían pieles como la de Valentina, ni cuerpos que no encajaban en ese molde de fantasía. Ese fue siempre el verdadero poder de la pasarela: dictar cómo debían verse los cuerpos femeninos. Por eso la aparición de la modelo colombiana no pasó desapercibida. No solo porque se veía hermosa, sino por lo que llevaba encima; siglos de exclusión y miradas que aprendieron a leer la belleza desde un solo color. Valentina con sus trenzas y su piel brillante sobre la pasarela es, a simple vista, una señal de cambio, pero su aparición nos obliga a cuestionar si una marca que por años fue sinónimo de exclusión ahora usa la diversidad para lavar su imagen. Victoria’s Secret fue criticada durante años por sostener un ideal de belleza que excluía a la mayoría de las mujeres. Incluso las críticas llegaron desde adentro de la industria. En 2018, la modelo Robyn Lawley promovió un boicot a la marca por no incluir otros tipos de cuerpos. Al año siguiente cayeron en ventas y reputación, cancelaron su show y anunciaron su “renovación” con un giro hacia la inclusión y la diversidad. Sin embargo, el gesto es oportunista: el cambio llega justo cuando la sociedad exige que todas las empresas sean inclusivas. Ver a Valentina en esa pasarela fue hermoso, pero incómodo. Hermoso porque una mujer negra, de Tumaco, pisó un escenario que durante años ha sido inaccesible para muchas mujeres. Incómodo porque sabemos que esa pasarela no se transformó por dentro, solo cambió el decorado. A la misma estructura de siempre que es la belleza como espectáculo y los cuerpos como mercancía, se le suma ahora la diversidad como tendencia. La tensión entre la tradición y el cambio no es nueva. Ocurre cuando una mujer llega a un puesto de poder dentro de un sistema patriarcal, donde se celebra la representación, así sea escasa, pero se cuestiona poco la estructura. Una mujer puede ocupar el cargo más alto de un partido, una empresa o una pasarela y, sin embargo, reproducir los mismos patrones de quienes la antecedieron. Cambiar el rostro del poder no siempre significa cambiar su forma. Tal vez el riesgo de estas victorias simbólicas es confundir visibilidad con transformación. Porque la representación importa, pero no basta. Y cuando la inclusión carece de una reflexión profunda, corre el peligro de ser una nueva forma de normatividad: cuerpos distintos, pero igual de moldeados; rostros diversos, pero dentro de la misma lógica de deseo. Valentina es celebrada por ser diferente, pero lo es solo hasta donde el mercado lo permite. Lo que el público cree que celebra es la transformación de la industria, pero en el fondo aplaude cambios cosméticos, es decir, la habilidad del sistema para maquillarse. Victoria’s Secret entendió que ser inclusivas vende. Y, aun así, la presencia de Valentina no carece de poder. No por lo que significa para la marca, sino por lo que significa para quienes la ven. Una mujer negra en esa pasarela no cambia el sistema, pero altera la percepción de quienes crecieron creyendo que no podían estar ahí. Muchas niñas, al verla, confirmaron que su color, su cabello y su cuerpo también pueden habitar espacios que antes les eran negados. Que no necesitan cambiar para pertenecer, ni suavizar su identidad para ser vistas porque las infancias aprenden mirando no solo lo que pueden ser, sino también lo que les dicen que no pueden. Hoy una nueva generación crece viendo que la belleza también se parece a ellas. Esa imagen no borra las desigualdades, pero empieza a reescribir los límites de lo posible. Quizás la verdadera revolución no sea que una mujer como Valentina llegue a esos escenarios, sino que esos escenarios dejen de ser el parámetro del éxito. Que el poder deje de medirse por quién logra entrar y quién no, y empiece a definirse por quién se atreve a construir algo fuera de esos moldes. Este es un logro que no le pertenece a Victoria’s Secret, sino a ella, y a todas las que la miran y se sienten identificadas.
La crisis de hoy en voces nuevas y viejas
Las consecuencias del déficit financiero y las otras caras de la multicrisis han llevado a que en la UdeA se escuchen voces nuevas en los roles de representación de docentes y estudiantes, que se suman y confrontan a las que, desde antes, ya resonaban en las esferas directivas. Mauricio Múnera y María Isabel Duque asumieron la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en mayo de 2025 con una posición crítica frente a la administración central e impulsados por el creciente descontento de los docentes. Foto: Juan Andrés Fernández Villa. “El rector no está tomando decisiones, lo que está haciendo es por la presión que le ha planteado el [Consejo] Superior, pero ha sido la Vicerrectoría Administrativa la que ha tomado la vocería, ha sido el vicerrector y su equipo haciendo unos análisis específicos de reducción. Más allá no hay ningún otro tipo de decisiones que afecten la vida universitaria en términos de gobierno universitario, ni en términos de deserción, ni en términos de violencias basadas en género. Todo se ha quedado en el plano de la crisis financiera y las decisiones han sido de reducción”. Mauricio Múnera, representante profesoral suplente ante el CSU Foto: Juan Andrés Fernández Villa. Una de las posturas de la representación profesoral y la Mesa Ético Política ‒creada por profesores y profesoras en 2024‒ es que la Universidad no debería endeudarse más para solucionar sus problemas de liquidez. “Cuando [el rector] te pone un escenario de que si no la vendemos a este único señor dadivoso que la va a comprar [solo hubo una oferta por la hacienda El Progreso, en Barbosa], y que si no nos endeudamos por 100 mil millones de pesos no vamos a pagarle la nómina a los profesores, a mí me pone entre la espada y la pared […]. Es irresponsable a dónde nos ha llevado este señor, a tomar malas decisiones”. María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU Pasaron más de 20 años para que el estudiantado volviera a tener voz y voto en el CSU. El 26 de agosto, la Asamblea General de Estudiantes decidió cambiar su posición frente a la representación estudiantil y apoyar el proceso de elección. Laura Melissa Olarte fue elegida el 11 de septiembre como representante principal junto a Juan Manuel Muñoz como suplente. Foto: Dirección de Comunicaciones de la UdeA. “Hay una lectura un poco crítica frente al momento en el que proponen la reforma a la Ley 30, reforma que llevaron al Congreso y que a ellos mismos [el Gobierno nacional] les tocó retirar. Yo considero que esta debió haber sido una de las banderas del Gobierno durante las primeras legislaturas del Congreso y ellos son muy conscientes de cuál es el problema financiero de las universidades públicas, pero dejaron casi para la última legislatura una reforma a la Ley 30”. Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal ante el CSU Foto: Valeria Londoño Morales. La UdeA está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación) desde el 11 de septiembre. La decisión de enviar una inspectora in situ no fue bien recibida por la Gobernación, ni por la Rectoría; en cambio, los grupos de docentes y los estudiantes la ven con buenos ojos. “Es innegable que la presencia de una inspectora in situ motivada por una crisis financiera genera un impacto en la reputación de la Universidad, pues inevitablemente se instala una duda pública sobre la solidez administrativa y la capacidad de la institución para manejar sus propios recursos. Sin embargo, mi trabajo no busca vulnerar la autonomía universitaria. Mineducación ejerce la suprema inspección y vigilancia, que es una función de rango constitucional. La justificación de esta intervención es clara: la autonomía de las instituciones de educación superior no puede utilizarse como escudo para poner en riesgo el derecho fundamental a la educación de los estudiantes a causa de la inviabilidad financiera”. Angielly Paola Martínez, inspectora in situ del Mineducación La voz de Arboleda es más conocida: está en su tercer período como rector (el primero inició en 2018). Además de señalar a la UdeA como “víctima de su propio éxito”, él asume una responsabilidad parcial porque asegura que el problema venía desde antes. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA. “Hay una frase de un exintegrante del Consejo Superior: hacia atrás es más fácil. Para tratar de entender por qué no hicimos cosas que debimos haber hecho, mirar hacia atrás es más fácil. Él también decía que para atrás todos somos muy inteligentes. Desde 2007 esta universidad gasta más de lo que recibe. Desde esa fecha se sabía que iba a llegar un momento en el que, si seguíamos gastando más de lo que recibíamos, esto iba a ser insostenible, pero teníamos unos ahorros y unos ingresos, lográbamos unas contrataciones y solventar recursos a través de las distintas actividades que desarrollamos”. Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la UdeA Foto: Valeria Londoño Morales. El 30 de octubre, Mauricio Alviar renunció a su cargo como secretario de Educación de Antioquia. Desde 2024 hasta su renuncia presidió el CSU, donde impulsó las medidas de austeridad que hoy son cuestionadas dentro de la Universidad y que ponen en peligro la estabilidad laboral de personal administrativo y docente de todas las unidades académicas. “La figura del profesor de cátedra es muy importante, sobre todo la de aquellos que tienen vínculos con el sector productivo, con el sector público o con las comunidades; es importante porque su experiencia y conocimiento se lo transmiten a los estudiantes y ayudan muchísimo al proceso de formación. Pero insisto en que se nos fue la mano porque a mí me parece que hay un exceso de contratos de hora cátedra para docencia en pregrado debido a que los profesores de planta han disminuido su participación en la docencia. Un profesor de planta hoy, en promedio, está dedicando el 14 % de su plan de trabajo a docencia directa y nosotros hemos insistido en que, en promedio, en cualquier institución de educación superior ese porcentaje debería
Se buscan gobierno y rescate para la UdeA
La crisis financiera, ética y política que atraviesa la Universidad de Antioquia hoy parece más profunda que nunca. En medio de la urgencia de un salvavidas financiero, las preguntas por quiénes pueden y deben sacar a la Universidad de la crisis toman relevancia y profundizan la incertidumbre de cara a un año 2026 que solo promete más austeridad. Collage: Sara Uribe de los Ríos. El 21 de febrero de 2024, en el Teatro Camilo Torres se realizaba uno de los foros institucionales con candidatos a la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Allí, frente al teatro medio vacío, John Jairo Arboleda, candidato-rector, habló sobre sus planes para estabilizar las finanzas. Al cerrar su intervención dijo: “ustedes pueden decir cualquier asunto al respecto de la desfinanciación, pero nadie puede decir que esta Universidad se ha demorado un día en pagar un salario”. Tres meses después, el 20 de mayo, docentes y personal administrativo recibieron una notificación de la Vicerrectoría Administrativa que decía que sus pagos se iban a retrasar mientras resolvían los problemas de liquidez. A un año y medio de ese retraso, la UdeA sigue sumida en una de sus mayores crisis financieras: según la Vicerrectoría Administrativa, a la Universidad le faltan 163 mil millones de pesos para cerrar el 2025. Además, el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, aprobó las medidas de austeridad propuestas por la Secretaría de Educación de Antioquia, con las que se busca reducir cerca de 95 mil millones de pesos y disminuir en un 37 % las horas cátedra para 2026. Al mismo tiempo, la Universidad está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación), una medida con la que esa entidad busca recopilar información para comprender las causas de la crisis. Mientras tanto, entre las propuestas aprobadas por el CSU para cubrir los costos de cierre de año están un crédito de tesorería por 54 mil millones de pesos y la venta de la hacienda El Progreso, en Barbosa, negocio que ya se cerró y por el que la Universidad recibirá cerca de 34 mil millones de pesos en cuotas hasta diciembre de este año. En medio de todo está la comunidad universitaria, que ve las medidas de austeridad con escepticismo y cuestiona cómo afectarán la calidad de la educación y el prestigio de la institución: los estudiantes temen que los recortes impliquen una menor oferta de cursos y horarios; el estamento profesoral, que implique el despido de docentes de cátedra, lo que conlleva a que los profesores de planta se vean obligados a aumentar sus cargas de trabajo en docencia directa y a reducir las horas que dedican a la extensión y la investigación; y las unidades académicas se enfrentan a la necesidad de ajustar sus gastos de funcionamiento de cara al inicio de 2026. El 10 de octubre de 2025, en una rueda de prensa, convocada por la Asamblea Multiestamentaria, encabezada por María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU, y Mauricio Múnera, su suplente, los docentes les pidieron a los gobiernos nacional, departamental y distrital un salvavidas económico para la Universidad. Duque advirtió: “si seguimos tal y como estamos hoy, en 10 años la Universidad no será viable”. Detrás de ese grito de auxilio hay una discusión pendiente: si la Universidad es rescatada, ¿ese dinero será administrado por los mismos que estaban a cargo cuando se profundizó esta crisis y en quienes la confianza de los estamentos está deteriorada? “Víctimas de nuestro propio éxito” Para entender parte de la crisis que vive la UdeA (y todas las universidades públicas del país), hay que volver a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y sobre todo a sus artículos 86 y 87, que plantean que las universidades reciben aportes del Gobierno o de las entidades territoriales y que el incremento anual de estos se hace según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Desde 1992, las universidades públicas han crecido en infraestructura, programas académicos, estudiantes e investigación y, en comparación, el IPC ha crecido por debajo. Esto ha provocado que la brecha entre lo que reciben las universidades por parte del Estado y lo que gastan sea cada vez más grande, y que el resultado sea una desfinanciación calculada en 19 billones de pesos por los rectores del Sistema Universitario Estatal para todas las universidades públicas. La UdeA, de carácter departamental, recibe recursos del Mineducación y la Gobernación; estos aportes conforman los fondos generales que, de acuerdo con la Vicerrectoría Administrativa, representan el 39 % de los ingresos. Pero varias voces de la Universidad insisten en que la Ley 30 no explica toda la crisis, o al menos no en sus dimensiones actuales. María Isabel Duque, que además de representante profesoral ante el CSU es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, menciona que el rector solo reconoce la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental y de la Ley 30 por la forma en que se transfieren los recursos, pero “no asume responsabilidades en las decisiones que internamente tomó de crecer de manera desproporcionada frente a los recursos que le llegaban, de construir planes de desarrollo demasiado ambiciosos que no tenían un soporte financiero”. John Jairo Arboleda fue designado para la rectoría por tercera vez consecutiva el 2 de abril de 2024, con seis de ocho votos en el CSU. Durante el proceso de designación rectoral, Arboleda asistió a varios foros de candidatos y, aunque la desfinanciación ya era conocida por el CSU, el Consejo Académico y la comunidad universitaria en general, nunca mencionó en esos espacios, de forma explícita, las verdaderas dimensiones del déficit de liquidez. Luego, en entrevista con De la Urbe, afirmó: “nosotros no teníamos ni cartas ni información escondida”. Aunque en los foros se abordaron temas relacionados con violencias basadas en género y otros asuntos coyunturales de la Universidad, según él, “el tema financiero no era una preocupación de la comunidad universitaria que asistía a los foros” y dijo que no le
La multicrisis todavía es violeta
A más de un año del último estallido por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, poco ha cambiado la forma como se abordan estos casos. Más allá de las aristas financieras y de gobernabilidad de la multicrisis de la UdeA, las demandas respecto a las VBG no se han resuelto. Dos personas han sido sancionadas en 2025. El 8 de agosto de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-235, con la que ampara los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias de cuatro estudiantes de la UdeA que fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) y violencias sexuales presuntamente cometidas por un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre 2017 y 2018. Según explica la nutricionista Laura Franco en su tesis de maestría en Salud Pública “El cis-tema de atención a las violencias basadas en género y violencias sexuales”, las VBG constituyen un problema de salud pública por sus implicaciones en la vida de las víctimas: la vulneración a derechos como la igualdad, la salud, la educación, el trabajo y a vivir una vida libre de todo tipo de violencias. La UdeA atiende estas violencias por medio de la Ruta Violeta. La ruta fue creada en 2023 gracias a la presión de la Asamblea General de Estudiantes, la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexocorpogenéricas y el Comité de Género de la Universidad, como una reestructuración del mecanismo dispuesto por la institución desde 2018. “El movimiento de mujeres y disidencias sexocorpogenéricas ha sido el elemento estructural para mantener vigente la urgencia de no dejar esto en segundos renglones dentro de las prioridades institucionales”, afirma Franco en entrevista con De la Urbe. Para junio de 2025 la Ruta Violeta tenía 117 casos activos: 32 en análisis de noticia ‒etapa en la que se revisan las quejas o informes‒, 78 en fase de investigación o instrucción y siete en etapa de juzgamiento o fallo, según el último informe de gestión del Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la UdeA, responsable de estos procesos. El informe indica que en el primer semestre de este año se emitieron dos fallos, ambos sancionatorios: uno contra un empleado administrativo y otro contra un estudiante de pregrado. En 2024 hubo cuatro fallos sancionatorios. Ninguno de los seis ha sido contra docentes. Dos miradas sobre la Ruta Violeta Juan Gabriel García, director de Bienestar, asegura que el mecanismo goza de más confianza institucional, que se ha fortalecido porque antes eran tres personas y ahora son cinco y que, además, cuenta con respaldo financiero a pesar de la crisis económica de la UdeA. “Sabemos que los temas financieros en la Universidad no vienen del todo bien, pero esta es una apuesta decidida de la administración y sabemos la necesidad. Por eso no se ha afectado, ni se prevé que se vaya a afectar”, expresa García. Al contrario, una estudianta del Comité de Género, quien pidió ser nombrada así y reservar su identidad, considera que la Ruta Violeta “todavía funciona con las uñas” y que no responde bien a las necesidades universitarias. Sostiene que, desde el comité, han percibido que “en términos materiales y reales no ha habido una apertura para hablar con el estudiantado, sino que más bien son muy recelosos con sus procesos” porque tardan meses en publicar los informes de gestión, incluso cuando el comité los solicita. La estudianta menciona que, al principio, en los espacios de diálogo era evidente la rivalidad entre la institucionalidad y los movimientos asamblearios y que aún es una conversación difícil. Mientras tanto, García asegura que han “intentado tener los oídos muy abiertos para escuchar y conversar dónde fortalecer y poder atenderlo”. A esa percepción de hermetismo por parte de la administración se suman otras críticas recurrentes sobre situaciones contra el “deber ser” de la atención a las VBG: prácticas revictimizantes; múltiples casos declarados como inhibitorios (no se resuelve el caso por falta de cumplimiento de requisitos); personal escaso y cambiante para un mecanismo que, según Bienestar, cada vez recibe más quejas; atención centralizada y casi ausente en las regiones y en las unidades académicas; autoevaluación “insuficiente” de la Ruta Violeta y una necesidad de presión constante por parte del movimiento estudiantil para que se implementen las mejoras. En su tesis, Franco explica que la falta de celeridad de la Universidad en la atención de los casos de VBG se debe a que se le da poca importancia al tema por la posición subordinada que siguen ocupando las mujeres y las disidencias sexocorpogenéricas en la institución y a la existencia de un “pacto cognitivo institucional”. Es decir, un acuerdo tácito en el que se evita cuestionar a los agresores debido a su estatus y en el que la institución no prioriza acciones de justicia para las víctimas por “proteger” su propio prestigio. De la UdeA a la Corte Constitucional Desde diciembre de 2022, antes de la aprobación de la creación de la Ruta Violeta, y hasta el 19 de mayo de 2024, la asesoría psicojurídica, psicosocial y la representación legal de las víctimas estuvo a cargo de la Colectiva Justicia Mujer (CJM). Sin embargo, por tensiones técnicas y políticas con la administración, la CJM decidió no renovar el contrato. La firma que quedó encargada de esa atención es Zuluaga Espinosa Abogadas, que no accedió a dar una entrevista porque no había “alguna profesional disponible” para atenderla. Sin embargo, la CJM siguió acompañando el caso de las cuatro estudiantes que llegó a la Corte Constitucional. Aunque fueron atendidas por la Universidad, por solicitud del acusado el proceso pasó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, donde estuvo quieto casi dos años; solo se movió para su traslado a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá, donde tampoco hubo avances. Ante la falta de respuesta, las estudiantes y la CJM entutelaron a la Procuraduría General. La tutela llegó a la Corte Constitucional. A juicio del máximo
Más que una línea amarilla: lo que hay detrás de la Cultura Metro
Aunque han pasado 30 años desde el viaje inaugural del Metro, desde antes de su apertura, esta iniciativa de cultura ciudadana ya se estaba gestando como una estrategia pedagógica para las y los futuros pasajeros de este sistema. Tres décadas después nos preguntamos qué hay detrás de la Cultura Metro. Foto: Luis Miguel Ríos. Este año, el Metro de Medellín cumplirá 30 años desde que inició operaciones, en noviembre de 1995. Sin embargo, siete años antes de que el primer vagón recorriera el valle de Aburrá ya se discutía un proyecto educativo para preparar a la ciudadanía frente a este nuevo sistema de transporte. Ese proyecto sería el antecedente de lo que más tarde la gente llamaría Cultura Metro: una iniciativa que hoy influye en los usuarios de formas tan sutiles que, con frecuencia, pasan inadvertidas. ¿Qué es la Cultura Metro? En términos conceptuales, la institución define la Cultura Metro como un modelo que promueve relaciones positivas en tres dimensiones: con uno mismo, con los otros y con el entorno. Así lo explica Hugo Armando Loaiza, coordinador de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín. Él destaca que este proceso comenzó en 1988 y que, en sus inicios, no tenía nombre; sería la ciudadanía, con el tiempo, quien lo bautizaría. Su origen responde a la necesidad de formar al público antes de la puesta en marcha del sistema. En 1988, la estrategia se centraba en preparar a la comunidad como futura usuaria. Programas como el Vagón Escuela buscaban mostrarles a los habitantes del valle de Aburrá cómo serían los trenes, qué elementos tendrían y cómo se usarían. Ese punto de partida definió la línea base de lo que hoy continúa vigente. Actualmente, la Cultura Metro es un código de comportamiento y una ética colectiva en la que, según Lucía Arango Liévano, jefa de la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia, existe un consenso tácito. Pero es más que un decálogo: detrás hay una fuerte fundamentación teórica desde la comunicación, el control de masas y la sociología. Son teorías aplicadas mediante mecanismos sutiles que orientan el comportamiento del usuario hacia lo que la institución considera deseable. Loaiza señala, por ejemplo, que la limpieza de las estaciones no es un asunto de estética sino parte de una estrategia basada en la teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982. Esta sostiene que los signos de desorden fomentan la delincuencia; en contraste, el aseo del Metro refuerza comportamientos positivos. Desde la psicología social, la psicóloga Meilin Ortega entiende la Cultura Metro como un proceso de aprendizaje observacional: los usuarios imitan conductas al verlas repetidas, interiorizando las normas sin necesidad de sanciones explícitas. Esto fortalece una identidad compartida que, según la Teoría de la Identidad Social, convierte al usuario en miembro de un grupo con valores propios. Loaiza también destaca una tríada fundamental descrita por Cristina Bicchieri: formación, control y sanción. En el Metro se privilegia el pilar formativo, se aplica en menor medida el control y se procura evitar la sanción directa, aunque esta sigue existiendo. De allí la presencia de la Policía Nacional, única autoridad con facultad legal para retirar a un usuario ante situaciones como hurtos, riñas o casos de abuso. ¿Por qué los paisas aman y cuidan tanto el Metro? Según Lucía Arango, el Metro surgió en un momento en el que Medellín tenía una profunda sed de patriotismo. A finales del siglo XX, la ciudad era reconocida internacionalmente por su violencia y la ciudadanía buscaba motivos de orgullo. En ese contexto apareció un sistema de transporte moderno, inédito en Colombia. Para Loaiza, esa innovación aún vigente explica el fuerte vínculo emocional con el Metro. La institución no solo transporta personas, sino que ofrece un valor agregado: servicios paralelos como los Escuchaderos, los Bibliometros o las exposiciones de arte dentro de las estaciones. Estos generan cercanía, identidad y una forma de reciprocidad ciudadana. Este modelo responde, en parte, a la teoría del «pequeño empujón» de Richard Thaler. Loaiza lo resume así: «El Metro te entrega el 10% diciéndote que no cruces la línea amarilla; espera de ti el 90% restante haciendo caso». Desde la psicología comunitaria, Ortega señala que programas como Amigos Metro o Bibliometro fortalecen la autoeficacia colectiva: la confianza en la capacidad del grupo para mantener el orden. El usuario deja de ser un simple pasajero y se convierte en agente de cuidado. Todo esto se conecta con el concepto de desarrollo orientado al transporte. «El transporte transforma las ciudades porque transforma los hábitos, y los hábitos de moverse cambian completamente la ciudad», afirma Loaiza. Arango agrega que este modelo se articula con la narrativa del «desarrollo paisa», históricamente ligada a «vencer el monte»: un ideal de progreso basado en la urbanización y el orgullo regionalista. La Cultura Metro, afirma, recoge elementos cuestionables de esa tradición, como la idea de que Antioquia es la región más desarrollada del país. «El Metro de Medellín logró hacerle creer a todo un país que un medio de transporte común era un lujo y no un derecho», sentencia. Las opiniones de los usuarios reflejan que la Cultura Metro es ampliamente valorada, pero enfrenta tensiones. Para muchos, es un hábito inculcado desde la infancia y un motivo de orgullo. Sin embargo, coinciden en que en horas pico sus principios se desdibujan entre empujones, falta de empatía y congestión. Algunos aseguran que la cultura se ha debilitado; otros la consideran dogmática. En conjunto, las voces ciudadanas muestran una cultura apreciada, pero frágil frente a la presión diaria del sistema. ¿Qué se sacrifica con esta idea de cultura? Arango cuestiona cómo un modelo de cultura dominante puede justificar prácticas problemáticas en nombre del orden. En el caso de la Cultura Metro, señala que esta ha validado comportamientos como la delación o el linchamiento social. Recuerda el caso de 2018, cuando tres grafiteros murieron arrollados por un tren de mantenimiento mientras pintaban un vagón. En redes sociales, muchos
Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana
En el departamento colombiano de Guainía, cerca de la frontera con Venezuela, un proyecto de créditos de carbono promete salvar el bosque y mejorar la vida de los indígenas que lo habitan. Pero su desarrollador es acusado de querer presuntamente monopolizar el dinero del negocio por medio de maniobras opacas para someter a quienes resisten a su voluntad. En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios. Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest. Vista aérea de una zona de la Amazonía colombiana. Crédito: Diego Legrand. Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco. Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa. En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso. Cláusula sobre la división de los recursos del proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”. Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono. Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas. “Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes. Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje. “No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto. Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero,
¡Que les den pastel!: ¿En qué condiciones está el Sistema Metro para su cumpleaños #30?
La joya del área metropolitana es su sistema de transporte público, que este 2025 cumple 30 años. Tres décadas de orgullo paisa, transformación social e innovación. Sin embargo, el pastel de celebración tiene algunos ingredientes no tan dulces de los que como ciudadana no puedo estar orgullosa. Parece impensable, pero algunas de las banderas que tanto defiende como la inclusión, la accesibilidad y la transformación social, en ocasiones se ven contrariadas. En el primero de los pisos amargos del pastel, las necesidades de inclusión y accesibilidad son un desafío que a pesar de los esfuerzos de la institución por superarlo, se transforma y persiste. La estrategia de construcción de 27 ascensores para facilitar el acceso autónomo a usuarios con movilidad reducida es un claro ejemplo. Esta reestructuración justifica la demolición de taquillas, pues en dichos espacios se instalarán los ascensores. Pero, ¿Demoler las taquillas y cerrarlas no afecta la accesibilidad del usuario al sistema? El 16.9% de la población usuaria del Metro son adultos mayores, una población que no está completamente alfabetizada sobre las TIC. Las máquinas no están diseñadas para realizar una tarea demasiado compleja, pero tampoco son tan simples en la práctica y fallan de forma recurrente. Por otro lado, aunque en el Metro hay señalizaciones podotáctiles, braille y apoyo auditivo en máquinas o ascensores para personas ciegas, los dispositivos de recarga requieren interactuar con una pantalla táctil. La alternativa es utilizar la App Cívica u otros canales de recarga digital (que tampoco están exentos de fallas) y hacer uso del mecanismo de activación de saldo con el celular (NFC) que no tienen todos los teléfonos celulares. Las personas sordo señantes también afrontan obstáculos. Mientras que de los 180 guías educativos, 10 son bilingües, solo uno es intérprete de lengua de señas. Y si llegan a tener un problema con una máquina de recarga, el proceso de reclamo está obstaculizado porque estas quejas deben presentarse vía telefónica. Con las máquinas, la velocidad del servicio ya no depende de quienes lo prestan, sino del usuario, que según sus necesidades, tarda más o menos tiempo en realizar la recarga. Si se confunde, se demora; si paga con monedas, se demora; si la máquina rechaza un billete, se demora. Aquí los que quieran comer pastel, que hagan la fila. Se supone que aunque se hayan cerrado varias taquillas, las nuevas máquinas instaladas en estaciones durante la semana del 8 de octubre están en una fase piloto, para probar la reacción de los usuarios. Lo siguiente es la etapa educativa en la que se hará un trabajo formativo sobre la introducción de estos dispositivos y se buscará entender qué les hace falta. Mejor dicho, este piso del pastel aún está crudo. Sobre la decoración del pastel, SINTRAMETRO, el sindicato de trabajadores del Metro de Medellín, ubica su figura de fondant para denunciar el cierre de taquillas que se está gestando en estaciones como Itagüí, Aguacatala, Envigado, Sabaneta, Ayurá, Industriales y Tricentenario. Buscan defender el derecho de los usuarios a elegir qué mecanismo de recarga utilizar mediante la estrategia de recolección de firmas, que ya ha reunido más de 4.000. Pero también baten la crema con otros problemas como los cambios en los contratos que se han impuesto para los trabajadores, gracias al aumento de máquinas: los informadores y vendedores en taquilla (INV) han tenido que salir de sus cubículos para convertirse en orientadores de experiencia (OREX). El Metro añade chispitas a la crema argumentando que tales estrategias permitirán «agilizar el servicio» (un factor que no se garantiza por completo con la automatización de los procesos) y cubrir la necesidad latente de ahorrar dinero desde la pandemia, porque durante este período el metro tuvo muy pocos ingresos tarifarios (es decir, el dinero que reciben por el pago del usuario a cambio del servicio). Tanto así que por la situación de austeridad no se celebrará ni con bombos ni con platillos esta tercera década que cumple la empresa, pero por ahora nos conformamos con el pastel amargo. La situación económica preocupante persiste, así el Metro de Medellín cuente con uno de los tiquetes más costosos en comparación con los de otros metros de latinoamérica. Con un valor de 0.90 USD, encabeza la lista junto a Chile (0.95USD) y Brasil (0.90USD). Cada pasaje de ingreso al sistema cuesta 3.430 pesos colombianos por persona, para las familias usuarias del Metro esto no es tan rentable, sobre todo si pensamos que por cada miembro hay que pagar mínimo dos viajes, es decir 6.860 pesos y si por ejemplo son cuatro miembros entonces es un gasto de 27.320 pesos al día. Considerando que la mayoría de usuarios del servicio son personas de los estratos 1, 2 y 3 podemos concluir que no es rentable para una familia utilizar a diario el sistema Metro. Para que la rebanada de pastel rinda hay que comérsela por migajas. Tomado de Memoria de Sostenibilidad 2024, Metro de Medellín. El sindicato agrega sabor a inseguridad laboral con esencia de cláusula presuntiva, un mecanismo que establece que el contrato es vigente por un período de seis meses y por el mismo periodo podrá ser renovado, por lo que cada 6 meses los trabajadores pueden quedarse sin contrato y el empleador no está obligado a otorgar indemnización, esto pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados. En Antioquia, empresas como EPM ya la han declarado inoperante, ahora prefieren otros sabores. Mientras tanto, las empresas privadas con contratos de tercerización en el Metro reclaman pronto su parte del pastel. Actualmente, por ejemplo, hay 4 empresas vinculadas a los procesos de mantenimiento: CAF, Parts and Solutions, Telval y Quality Masivo, pero se espera que ingresen otras nuevas. Para otras necesidades como la homologación de repuestos se han priorizado convenios universitarios con instituciones que también son de carácter privado como la EAFIT, en el manejo de algunas taquillas tenemos a GANA y en la interventoría del Metro de la 80 a Ardanuy Colombia SAS junto a Sandys Group. A través de procesos de «outsourcing» o tercerización
Lo más emblemático de 30 años de arte en el Metro
El 30 de noviembre de 2025 se cumplieron 30 años desde la inauguración del Metro. Desde entonces, vagones, estaciones y parques también han sido lugares de exposición, temporal o permanentemente, de obras de arte que reflejan la cotidianidad y la cultura de una ciudad que, tres décadas después, ha vivido profundas transformaciones.
Conversación con la curadora de la BIAM 2025: “Aprender a ver, a escuchar, es un factor definitivo para comprender el arte”
Collage: Sara Hoyos Vanegas. La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín significó un reencuentro con la memoria, con la ciudad y con un territorio que necesitaba engrandecer sus vínculos con el arte contemporáneo. El evento, que acaba de clausurar, contó con más de cien mil visitantes y acogió 160 artistas nacionales e internacionales. Detrás de este proceso estuvo la arquitecta, museógrafa, curadora y divulgadora de arte, Lucrecia Piedrahita, responsable de articular una edición que se extendió por 15 municipios, recuperó líneas históricas y construyó una lectura de la libertad anclada en Epifanio Mejía, el poeta que escribió en el himno, «yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña / llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa». Su trayectoria comenzó al regresar de estudiar crítica de arte en Florencia, Italia, cuando asumió la dirección del Museo de Antioquia y apostó por una formación de públicos que consideraba imprescindible. Fue allí, todavía como directora, cuando el maestro Botero tomó la decisión de donar su obra a la ciudad en un gesto que redefiniría el vínculo de Medellín con el arte. Más tarde dirigiría el Festival de Arquitectura, Arte y Ciudad, realizaría curadurías en distintos lugares del país y fuera de él, escribiría, enseñaría en universidades, impartiría clases particulares y sostendría durante quince años un programa de radio en Radio Bolivariana. Su trabajo, como ella misma lo define, ha sido insistir en una mirada cada vez más consciente y selectiva, convencida de que divulgar arte es también una manera de construir ciudadanía. En esta conversación, Piedrahita habla sobre el proceso de curaduría, de la idea de libertad que guió la bienal, de la necesidad de «llevar el arte a la gente» y de por qué el arte contemporáneo es, más que nunca, un lenguaje para pensar nuestro tiempo. Antes de entrar en la curaduría y en lo que implicó revivir una Bienal después de casi medio siglo, me parece interesante que nos cuente cómo llegó a ser la curadora de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025. Llego como curadora de la Bienal por una trayectoria que he tenido desde que llegué de estudiar en Italia. He hecho muchísimas curaturas a nivel nacional, internacional, y, como arquitecta y curadora, me considero una divulgadora del arte. Fui llamada por Roberto Rave, director del ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y comencé en mi responsabilidad de curar una bienal después de 44 años. Esa es una cifra muy grande. Estamos hablando de casi medio siglo de donde Medellín no tenía una bienal. Una bienal se hace cada 2 años y es importante por varias razones: una de ellas es el evento más importante al que aspira un artista, visual en este caso. Permite el intercambio internacional y nacional de los de los artistas, de los museos, de los coleccionistas […] una bienal como esta ha puesto a Medellín y Antioquia en el mapa y eso lo consideramos supremamente importante y permite que volvamos a encontrarnos. La bienal se ha tejido en 15 municipios de Antioquia, en muchas sedes de acá de la ciudad y del área metropolitana, y eso ha hecho que nos volvamos a encontrar alrededor del arte, de la cultura, de las mediaciones para leer las obras de arte desde un pensamiento interdisciplinar. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de esta edición? Llevo un año y 11 meses al frente de esta curaduría. Una bienal se estructura alrededor de unas figuras capitales del arte nacionales e internacionales. Invité a Ibrahim Mahama, el artista de África, ghanés, 38 años, catalogado esta semana entre los 25 artistas más importantes del mundo. Está considerado entre las 100 voces más influyentes de África. Y que él nos hubiera dicho «Sí, quiero quiero ir a Medellín, quiero ir a Antioquia» para nosotros fue un respaldo y una credibilidad. Tener a Delcy Morelos, la artista colombiana del momento con una notoriedad tremenda, donde las galerías la están esperando, donde las bienales la esperan. Tener a Pedro Reyes, el artista político, A Azuma Makoto, el artista botánico de Japón y los maestros nuestros que vieron las bienales anteriores: Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, la maestra Martha Elena Vélez, y así un grupo bastante amplio nos permitió tener, como digo yo, la cúpula de la bienal. Y de ahí empieza un trabajo de entrevista, revisión de portafolios de artistas con una carrera muy sólida. Luego, artistas que fueron llamados a presentar un proyecto específico, porque una Bienal expone el pensamiento de un artista. Entonces, un artista de Bienal nos hace ver su obra en medio de una escala distinta a la que vemos normalmente, hay un trabajo de inmersión de una tectónica de cómo su obra nos implica. Hubo convocatorias, como la convocatoria de Arte joven, y se abrieron otras tres convocatorias para Antioquia, en el país y obviamente Medellín. Entonces, esos son básicamente los procedimientos de cómo se curó la bienal. La bienal asumió un concepto tan amplio como complejo: la libertad. ¿Qué idea de libertad fue la que definió el eje curatorial de esta edición? La bienal asume un compromiso con un concepto que es muy amplio. Si hablamos de libertad, creo que cada uno podría tener una definición. Pero en este caso Roberto Rave [director de la BIAM 2025] estuvo muy interesado en que ese concepto de libertad estuviera anclado en Epifanio Mejía, porque escribió el himno antioqueño. Un gran poeta, gran ensayista, intelectual. Concluimos que el concepto de libertad para Epifanio Mejía es la ecuación en equilibrio entre arte, naturaleza y paisaje. Pero además es esa relación de esos elementos con nosotros como colectividad. Ese concepto de somos libres y tenemos una relación de igualdad con la naturaleza del paisaje fue definitiva porque sabemos que el gran rompimiento que tuvo la pandemia era que hubo sin duda un tocar los límites que no podíamos; es decir, un maltrato a la naturaleza, al paisaje, eso devino en la catástrofe que fue. Epifanio
¿Qué piensan los jóvenes del amor y el compromiso?
En 2003, el 24 % de los millennials colombianos, entre los 18 y los 26 años, vivían en unión libre. En 2023, 57 % de los jóvenes de la gen Z, en ese mismo rango de edad, convivían bajo ese mismo modelo, según el Dane. ¿Qué tanto la generación a la que se pertenece determina esta elección? Collage: Isabella Guerrero Chamorro Aquí puedes encontrar la cartilla con el informe completo: Según el sociólogo Zygmunt Bauman vivimos en tiempos líquidos en los que las relaciones, los trabajos y los compromisos se diluyen. Lo que antes parecía sólido ‒la Iglesia, el matrimonio y las trayectorias de vida‒ se vuelve incierto. En ese escenario los jóvenes son como el agua intentando encajar en un molde: los millennials tienden a escurrirse entre las grietas del modelo heredado de generaciones anteriores, mientras que la generación Z, o centennials, sin romperlo del todo, ensaya nuevas formas de adaptarse y reconfigurarlo. Hablar de millennials o de generación Z no responde siempre a una lógica lineal. Más que categorías fijas, son etiquetas frágiles ante realidades mucho más complejas, que no explican por sí solas las elecciones afectivas de una generación. Como advierte José Luis Jiménez, filósofo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, estas etiquetas nacen sobre todo de estudios de marketing orientados a captar audiencias y por eso prefiere hablar de «efecto generacional». Este se entiende como la época que compartieron personas de la misma edad y que determina sus personalidades, «los millennials o los Z son quienes vivieron su adolescencia en determinada época», dice Jiménez. El sociólogo y psicólogo Juan Carlos Ocampo añade que una persona puede ser millennial por fecha, pero centennial por afinidad; o incluso, adoptar prácticas que parecerían propias de sus padres o abuelos. No obstante, existen ciertos consensos para referirse a estos grupos generacionales. En cenas familiares, conversaciones entre amigos o redes sociales no falta quien, con tono de alarma, repite: «los jóvenes ya no se quieren casar». Y es verdad, según los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane (2024) hoy nos casamos menos que nunca: solo un 2 % de la generación Z respondió estar casado, mientras que 20 años atrás los millenials casados, para entonces en el mismo rango de edad que los Z, eran el 7 %. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Falta de compromiso? ¿Rechazo a las tradiciones? Lejos de una sola tendencia, los millennials y la generación Z han tenido la posibilidad de explorar diversas formas de convivencia, quizás más que las generaciones anteriores a estas, y estas formas se dan de maneras menos predecibles: muchos de los primeros impulsaron modelos como relaciones abiertas, familias no tradicionales y un matrimonio pospuesto para darle prioridad al éxito profesional, mientras que entre los más jóvenes surgieron tendencias, como las trad wife, que reconsideran el matrimonio, pero con códigos y expectativas propias. Lorena y Esneider son dos jóvenes de la gen Z que tuvieron una boda tradicional; Iván y Nicolás son dos millennials que conviven sin haber tenido un rito de matrimonio, pero en ambas parejas aparece el mismo deseo: la búsqueda de estabilidad y sentido en tiempos líquidos. Desde la mirada del filósofo José Luis Jiménez, el matrimonio sigue funcionando como un rito de legitimación social, solo que ahora está moldeado por estéticas digitales y narrativas de igualdad. Las nuevas generaciones, gracias al acceso a tecnologías y en particular a las redes sociales, han crecido expuestas a contenidos que promueven la reivindicación de derechos individuales y colectivos. Por eso se han formado en torno a luchas feministas, étnicas, laborales y otras causas que han transformado sus maneras de pensar y vincularse. Para María Eugenia González, antropóloga y profesora de la asignatura de Parentesco en la UdeA, no existe una ruptura tajante entre generaciones, sino transformaciones en las necesidades afectivas y en la manera de resolverlas. A los millennials les correspondió una etapa de transición marcada por la irrupción tecnológica, mientras que las generaciones actuales han llevado ese impulso más lejos gracias a medios que aceleran y amplifican los mensajes sobre vínculos igualitarios. Hoy el matrimonio ya no se percibe como la única vía de realización, sino como una opción entre varias, y González plantea que podría estar gestándose una lucha más fuerte por relaciones horizontales, donde nadie esté por encima del otro, y donde la necesidad de vínculos estables sigue siendo humana y transversal. En un mundo acelerado y fragmentado, algunos jóvenes vuelven la mirada hacia formas más sólidas de relacionarse. El sociólogo Juan Carlos Ocampo advierte que este retorno no responde a una nostalgia ingenua, sino a una estrategia de adaptación ante la incertidumbre. Volver no implica retroceder, sino reinterpretar. Preguntar por el amor y el matrimonio es también preguntar por cómo vivir, no solo con quién. Una promesa de entrega mutua Lorena Marín y Esneider Zuluaga encarnaron esa mezcla de tradición y elección cuando se casaron hace cuatro años; ella tenía 18 años y él, 21. «¿Ves? Yo te dije que te iba a demostrar que yo iba a ser el amor de tu vida», le dijo Esneider a Lorena el 19 de septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando le puso el anillo entre lágrimas antes de su primer baile como pareja comprometida. Por la juventud de ambos, su compromiso fue muy comentado en Montería, el lugar donde nacieron y viven, aunque se identifican como antioqueños por el origen de sus familias y han mantenido esa identidad en el tiempo. Su boda se dio el 27 de febrero de 2021, todavía con tapabocas, y se celebró por la Iglesia católica. El lema que adoptaron para su relación fue Totus tuus, que significa «todo tuyo» y que ellos interpretan como «me entrego completamente a ti». «Cuando nos casamos teníamos tres años, nueve meses y 16 días de novios», recuerda Lorena. Hoy comparten la vida en pareja y también son socios en la ferretería familiar. Su relación empezó en la adolescencia: el primer «te amo» llegó en el cumpleaños 16 de