Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado
Según la versión del magistrado Ibáñez Najar —que la mujer desmiente categóricamente— él aceptó tomarse un café con ella y despertó al día siguiente sin conciencia de lo ocurrido. Nota editorial de la La Liga Contra el Silencio y sus aliados: Cuando intentan silenciar a uno, nos encuentran a todos. El pasado 14 de febrero, el portal CasaMacondo anunció el retiro de una parte su investigación sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, tras recibir una notificación judicial derivada de una acción de tutela. El retiro de una investigación bajo presión no solo es un ataque a la libertad de prensa, sino que vulnera el derecho de toda la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público. Por esta razón, y amparados en el artículo 20 de la Constitución Nacional, los medios que integramos la alianza de La Liga Contra el Silencio republicamos de manera íntegra la nota censurada. Nos oponemos a que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar historias y para amedrentar a las redacciones independientes. Frente al silencio impuesto, respondemos con más periodismo. Esta es una de las seis partes de esta investigación, que pueden leer completa en el portal de CasaMacondo. Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, atendió una entrevista con CasaMacondo el miércoles 13 de agosto, a eso de las ocho de la noche. Fue una conversación telefónica. Hacía meses que queríamos preguntarle por la demanda de paternidad en su contra y la pérdida del expediente en el que un juez de familia de Ibagué había decretado el parentesco con Jorge Enrique Robles, su hijo primogénito, basado en una prueba genética inobjetable. El magistrado más poderoso del país —cuya palabra es ley en el sentido más literal— respondió con desconcierto, como quien recién se enteraba de los hechos. Negó la certeza del fallo judicial, cuestionó la legalidad de la prueba genética —de la que afirmó que pudo ser manipulada— y dijo que solo se había enterado de la existencia de su primogénito tras la demanda, cuando el joven tenía veinte años. Esas fueron solo unas de sus respuestas mentirosas. Después nos contó una historia tan impactante, que la noticia sobre la demanda de paternidad y la pérdida del expediente quedaron opacadas. El presidente del máximo tribunal constitucional de la nación dijo que la madre de su hijo lo había drogado y abusado. Pero algo debió quedar resonando en su cabeza de jurista experto, porque un par de horas más tarde nos llamó para pedir que, por favor, omitiéramos esas declaraciones. No las desmintió, no se retractó. Pidió que no las publicáramos. Y aceptamos. En ese momento carecíamos de los elementos suficientes para contrastar la veracidad de sus acusaciones, que tipifican delitos penales. Pero el escenario cambió tras la publicación de la primera entrega de nuestra investigación, el 16 de agosto: «Un hijo negado y un expediente desaparecido interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional». Ocho días después, el 27 de agosto, el magistrado intentó silenciarnos mediante una exigencia de rectificación. Alegó que habíamos mentido y que habíamos vulnerado su esfera personal. No era verdad. En la carta de respuesta, en la que argumentamos nuestro rechazo a su solicitud, le recordamos que el foco de la publicación de CasaMacondo no era su vida privada, irrelevante y desprovista de interés para nuestra investigación. Lo central era la desaparición del expediente en el que lo obligaron a reconocer un hijo negado y en el que se detallan actos de manipulación de su parte. El 10 de septiembre apareció el expediente, de la misma forma en la que había desaparecido: de manera sorpresiva. Entonces pudimos constatar detalles desconocidos del proceso y, más tarde, entrevistar al hijo negado y conocer la versión de la madre. Ese texto, con detalles que desnudan las mentiras que nos dijo el magistrado en la entrevista que nos concedió, fue publicado el 18 de octubre: «Ha sido torpe, mentiroso y manipulador»: Habla el hijo de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Ahora sabemos que la relación que Ibáñez Najar y la madre de su primogénito mantenían a escondidas fue conocida por personas cercanas a la pareja, lo mismo que el embarazo y el nacimiento del hijo mutuo, que el padre cargó recién nacido, en un acto político, frente a varios testigos, entre ellos Édgar Robles Ramírez, tío del niño y actual magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. También sabemos con toda certeza que el padre le propuso al hijo pagarle sus estudios universitarios a cambio de que renunciara al derecho de usar su apellido. Esos pagos fueron mensuales, y siempre por un salario mínimo. Comprobar que las afirmaciones del presidente de la Corte Constitucional habían sido un intento de engaño y de manipulación nos obligó a reconsiderar nuestra primera decisión de no hacerlas públicas. Tras un consejo editorial, CasaMacondo resolvió abordar nuevamente al magistrado para advertirle que las publicaríamos. Quisimos saber, además, si tenía algo más por decir. Su respuesta fue que nos prohibía la divulgación de esas aseveraciones, argumentando que las había planteado como hipótesis y en un contexto informal, sin la advertencia de que podrían hacerse públicas. Mintió otra vez. El tono de su voz fue categórico. En su caso, ese modo de decir es aún más certero, tratándose de un magistrado con su formación académica y su experiencia profesional. Justamente por eso, tampoco puede alegar que la conversación con un periodista, que le advierte las razones de su llamada, en el contexto de una investigación, necesita su autorización para ser divulgada. La entrevista nunca se planteó off the record o de modo confidencial. A continuación compartimos los audios y las transcripciones de algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos con Jorge Enrique Ibáñez Najar el 13 de agosto, justo el día internacional de la zurdera, pero es posible que esa fiesta nada le diga al presidente de la Corte Constitucional, que es diestro, lo sabemos. ¿En qué lugar ético queda su magistratura tras los reiterados intentos
Tiros de gracia: las dudas sobre la matanza de disidentes en Guaviare
Los 26 cadáveres organizados de disidentes con tiros de gracia sobre una vía del municipio de El Retorno, ponen en duda la idea de que murieron en combate. También muestran la conexión de la disidencia de “Iván Mordisco” con el Cauca y el drama del reclutamiento de niños. La vereda Kuwait, en el municipio de El Retorno, Guaviare, es quizá más conocida por el pequeño peaje comunitario ubicado en una tienda debajo de un árbol al lado de la vía que llega al caserío de La Paz. Desafortunadamente, en enero de 2026, se volvió noticia por la aparición de 26 cadáveres organizados sobre esa misma vía, todos miembros de la disidencia liderada por ‘Iván Mordisco’ que opera en la zona. Esta matanza podría ser el episodio más reciente en la confrontación entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias ‘Calarcá’, y el Estado Mayor Central (EMC) de ‘Mordisco’. Aunque esa disputa no es nueva, este hecho es algo sorprendente porque la intensidad de esa confrontación había disminuido: pese a las amenazas y presiones sobre las comunidades, no se habían dado enfrentamientos entre los dos grupos en los últimos seis meses. Su intensidad ha sido menor que la de confrontaciones en otros departamentos, como Norte de Santander o Cauca. Este hecho tan sangriento deja diferentes interrogantes, al tiempo que algunos detalles importantes para entender el conflicto en esta parte de Guaviare. ¿Qué pasó en Kuwait? Hay distintas versiones. La Fuerza Pública y reportes iniciales hablan de un combate entre miembros del EMBF y el EMC. Este último, publicó un comunicado repitiendo una versión que se movía por redes sociales y WhatsApp, en la que dicen que miembros del grupo del EMBF envenenaron a los del EMC y los asesinaron. Pero los videos de los cadáveres generan más dudas que certezas. Todos los cuerpos tienen heridas de «tiros de gracia», algo particularmente atípico. Aunque en un enfrentamiento un combatiente puede morir por un disparo en la cabeza, en este caso todas las víctimas murieron de la misma manera y sin impactos de bala en otras partes del cuerpo. A esto se suma que parece que todos fueron ejecutados directamente sobre la vía, sin señales visibles de combate. Este patrón indica que los integrantes del EMC no murieron en combate y que, además, habrían sido previamente despojados de sus armas, pues no parece que hubieran puesto resistencia. Es difícil entender cómo 26 miembros de un grupo armado ilegal llegaron a estar en una situación así: sin armas y a la merced de sus asesinos. Aquí la versión del envenenamiento coge algo de fuerza, igual que otra posibilidad: que haya sido un asunto interno del grupo. Ya varios medios, citando información de inteligencia, han reportado que ‘Calarcá’ le pagó $500 millones a alias ‘Korea’, un mando medio del EMC en la zona, por la información necesaria para emboscar a los disidentes de ‘Mordisco’. Estos problemas internos no son nuevos en el EMC en Guaviare. Por meses han rondado rumores fuertes de que algunos comandantes han «vendido» a otros por conflictos entre ellos, lo cual explicaría, según estas versiones, operaciones militares en contra de líderes del EMC que han llevado a la muerte de algunos de ellos, como alias ‘el Paisa’, ex jefe del Frente Primero, en Solano, Caquetá, en abril del 2025. Existen ejemplos desde la creación de la disidencia incluso. Alias ‘Aldemar’, uno de los mandos medios fundadores de la disidencia —y quien operaba en el sector de Kuwait, La Paz y el río Inírida— fue capturado en febrero del 2018. Según miembros del grupo armado en ese entonces, el mismo frente le entregó la información necesaria a la Fuerza Pública para ubicarlo y detenerlo porque se robaba plata. En otro caso, en 2017, el comandante financiero —también fundador del grupo— alias ‘Danilo’, se voló del Frente Primero con alrededor de dos mil millones de pesos; se escapó del caserío de La Paz. Pero todo cambió a finales de 2022 cuando alias ‘Frank’, comandante financiero del mismo frente, rompió con el grupo (otra vez) en La Paz. En ese momento, ‘Mordisco’ respondió violentamente y buscó atacar a ‘Frank’ donde estuviera. Luego ‘Frank’ fue capturado por las autoridades, pero escapó después de recibir casa por cárcel. Desde entonces, ‘Mordisco’ empezó a traer nuevos comandantes al frente, la mayoría desde afuera: ‘El Paisa’ llegó en 2023 desde Caquetá y luego alias ‘Yimmy’ desde el Cauca, por ejemplo. La instrucción de ‘Mordisco’ para ellos era «poner orden», sobre todo internamente. Esta era la prioridad, incluso por encima de mantener la relación política ya establecida con la población civil. Y cumplieron: poco después, habitantes en las áreas de operaciones de estos dos comandantes empezaron a quejarse de su maltrato e imprevisibilidad. Esto no es para afirmar que la matanza se deba a conflictos internos de las unidades del EMC en Guaviare, sino para plantear que es otra hipótesis que tampoco se puede descartar. ¿Y La Paz qué? La vereda Kuwait es vecina al caserío de La Paz, el pueblo más importante de este sector del río Inírida, y que es ampliamente conocido en la zona por ser un centro de operaciones de la disidencia del EMC. Los miembros del grupo a veces están uniformados y armados, y citan reuniones en el caserío, incluso con mandos importantes. Según diferentes fuentes, el mismo ‘Mordisco’ a veces pasaba por allá hace unos años. Ellos gobiernan en varios sentidos: imponen normas, resuelven diferencias entre la comunidad, ofrecen protección de enemigos externos, y regulan y participan en la economía de la coca. Ningún foráneo puede entrar sin el permiso del grupo. El control del EMC se extiende desde La Paz hasta la vereda Kuwait, un punto clave para impedir el ingreso de la Fuerza Pública allí, lo que hace indispensable para el grupo mantener dominio sobre este territorio. La Paz depende de la coca para su economía, aunque desde la pandemia también ha habido un aumento en la deforestación en la zona, lo cual ha significado más
“Yo no soy un agente del Gobierno nacional”: Héctor García, rector (e) de la UdeA
El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional apartó de la rectoría a John Jairo Arboleda y designó a Héctor Iván García como rector encargado. En esta entrevista García asegura no tiene intención de aspirar a este cargo en el futuro, habla sobre sus primeras acciones al frente de una universidad atravesada por la crisis y sobre los cuestionamientos sobre la autonomía universitaria. https://youtu.be/v5kw5GKdEBQ?si=DaqO9ziGP4JZoNZu El 20 de enero de 2026, Héctor Iván García García asumió la rectoría de la Universidad de Antioquia. Ese mismo día, abrió una cuenta en X (antes Twitter) y publicó tres videos donde aclaró que su encargo es excepcional y transitorio, que ya comenzó el empalme con el Comité Rectoral y que, tras el desembolso de los recursos del Ministerio de Hacienda, la Universidad ya empezó a cubrir sus obligaciones financieras con docentes, empleados y proveedores. Esa tarde, en entrevista con De la Urbe, habló sobre cómo no está acostumbrado a que lo graben y, antes de empezar —con las cámaras y los micrófonos ya encendidos—, aclaró entre risas lo asustado que estaba La entrevista estaba agendada para cinco días antes, pero fue cancelada a última hora debido a la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría. El viernes 16 de enero, mediante una carta a la comunidad universitaria, Arboleda afirmó que la decisión del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de imponer su reemplazo es «ilegal, arbitraria e injusta». Aunque las decisiones del MEN, anunciadas durante las vacaciones colectivas de fin de año, han sido cuestionadas por sus implicaciones a la autonomía universitaria, estas están amparadas por la Ley 1740 del 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. García es médico cirujano de la UdeA, donde también realizó una maestría en Salud Pública y otra en Epidemiología Clínica. Es profesor vinculado de la Universidad desde 1995 y justo antes de asumir la rectoría era el director del Instituto de Estudios Médicos. Horas después de empezar funciones, en el balcón del bloque 16 adjunto a la oficina de la que se despidió Arboleda un día antes, García habló sobre las expectativas que tiene respecto a la duración de su encargo y de sus planes para afrontar la crisis. *** ¿Ya asumió el cargo de forma plena? ¿Cómo se hace un empalme en estas condiciones tan atípicas? Acabamos precisamente, hace una hora, de hacer la firma de la posesión como rector en propiedad de la Universidad. El trámite universitario consiste en que, ya que yo soy un profesor vinculado con funciones de docencia, extensión e investigación, para poder asumir cargos administrativos debo tener una resolución de una comisión administrativa; dejar de ejercer como profesor y empezar a ejercer como rector. En cuanto al empalme, desde ayer [19 de enero], ya con el equipo rectoral actual hemos establecido comunicación y les hemos solicitado la información que requerimos para poder conocer la situación académica y financiera de la universidad. Sabemos que las vacaciones colectivas de la Universidad apenas terminaron y que todas las labores administrativas apenas están empezando, ¿pero cómo han estado estos días especialmente hoy, que por ejemplo ya sabemos que se hizo efectivo el desembolso de 70 mil millones de pesos del Ministerio de Hacienda? En primer lugar yo debía terminar y hacer entrega de las actividades y las funciones que tenía como profesor en la Facultad de Medicina y director del Instituto de Investigaciones Médicas, ese fue el trabajo de ayer [19 de enero]. Hoy he estado dedicado a informar a la comunidad universitaria cuáles son las directrices principales que tenemos en esta rectoría, invitar a la comunidad universitaria a participar en todas las deliberaciones que debemos tener para trazar la hoja de ruta de este periodo de transición y adicionalmente he empezado a reunirme con distintos actores: profesores, estudiantes y los distintos estamentos para conocer cuáles son las inquietudes que tienen y cuáles son las propuestas que tienen para contribuir a salir de la crisis en la que estamos en este momento. Fotograma de la entrevista con Héctor Iván García García. Cámara: Miguel Ángel Becoche Quintero. ¿Cómo llegó su nombre al Ministerio de Educación, es cierto que Carolina Corcho fue la que lo recomendó? Yo no podría responder con precisión quién me recomendó, si fue Carolina Corcho o alguien más. Hay que reconocer, que eso es de vox populi, que yo tengo una relación desde hace muchos años con la doctora Carolina Corcho porque al contrario de lo que se dice ella fue mi estudiante. Cuando ella empezó su carrera de Medicina en la Facultad, desde el segundo semestre se vinculó al Grupo de Investigación en Violencia Urbana, del cual yo era integrante, y estuvo durante todo el tiempo de su formación. Incluso cuando hizo un posgrado en Bogotá estuvo vinculada con actividades del grupo. Posteriormente, una vez fue nombrada ministra de Salud, yo fui nombrado por el rector John Jairo Arboleda, en su momento, como el enlace entre el Ministerio de Salud y las actividades que tenían planeadas para ser realizadas con la Universidad. Ahí estuve en contacto nuevamente con ella, trabajé con ella y luego de su salida, seguimos participando en todo lo que ha sido el proceso de reforma [a la salud]. Yo fui avisado por el equipo del ministro de Educación en diciembre para asistir a una reunión en la cual me plantearon que mi nombre estaba dentro de los posibles candidatos para asumir como rector y luego de yo hacer las consultas respectivas, sobre todo con mi familia, tomé la decisión y anuncié que aceptaba. En conclusión, no les podría decir a ciencia cierta si fue ella o alguien más, pero lo que sí les puedo decir con toda claridad es que, a pesar de todas las coincidencias y acuerdos que podamos tener con Carolina, mi trabajo y mi posición en esta rectoría es completamente independiente de sus decisiones y de sus opciones políticas que tiene hoy y que son absolutamente legítimas. ¿Cree que la renuncia de John Jairo Arboleda, que todavía
Despegar siendo músico emergente
Para muchos músicos emergentes, escribir canciones no es el mayor desafío. Lo verdaderamente complejo comienza después: sostener el proyecto, encontrar escenarios, acceder a formación, circular la música y, sobre todo, no abandonarla en el intento. El talento abunda, pero las plataformas son escasas, abrirse camino en la música suele disputarse entre la vocación y la supervivencia. Foto: ICPA. Hacer música no empieza en un escenario ni termina en una canción publicada. Empieza, muchas veces, en una habitación prestada, en una libreta con letras que no se cantan en voz alta, en un trabajo que no tiene nada que ver con el arte pero que permite sostenerlo. Los músicos emergentes se enfrentan a la falta de tiempo, de recursos, de oportunidades viniendo de lugares precarizados y, sobre todo, de espacios que les devuelvan la certeza de que su oficio tiene un lugar posible. Esta es la historia de dos músicos que intentan despegar sin atajos, en un país donde crear no siempre garantiza existir. En medio de trayectorias interrumpidas por la rutina, las necesidades y la enfermedad mental, apareció un estudio rodante que, por unos días, se instaló en sus municipios y alteró el curso de sus carreras. Hacer música cuando la vida aprieta Cuando Damián Tello llegó a Antioquia, la música dejó de ser el centro de sus días. Antes de ser «Cresllo» era, ante todo, alguien intentando sostenerse. Había dejado Cali y, como muchos jóvenes, tuvo que concentrarse primero en resolver lo inmediato: el arriendo, la comida, el trabajo. Atravesó un periodo en el que las urgencias económicas se impusieron sobre cualquier proyecto artístico. Durante meses trabajó haciendo domicilios entre Medellín y el Occidente antioqueño, jornadas largas en moto que lo dejaban exhausto. «La rutina ya me había aplacado tanto que no había vuelto a hacer música», cuenta. Su relación con la creación venía de mucho antes. Aprendió a escribir entre los tres y cuatro años, guiado por su padre, y desde entonces no dejó de hacerlo. En el colegio fue parte del periódico estudiantil, más por la posibilidad de publicar sus propios textos que por el ejercicio periodístico en sí. «Siempre estuve escribiendo», dice. La escritura fue el puente que más tarde lo llevó a la música. En el rap encontró una forma de trasladar la poesía a la canción, influenciado por raperos españoles como Porta, Nach y Santaflow pero, especialmente, por la escena venezolana de Apache, Canserbero y Lil Supa. «Me crié musicalmente con el rap venezolano». Su historia es parecida a la de cientos de músicos que iniciando sus carreras se enfrentan a la realidad de tener que dejar la música en segundo plano para sobrellevar el día a día. Aquellos que no cuentan con una plataforma que los respalde o ganan algún concurso que encamine sus carreras, corren el riesgo de abandonar la música. Damián, afortunadamente, contó con lo segundo. En medio de la rutina de levantarse, ir a trabajar, trasladarse de Ebéjico a Medellín, de Medellín a Ebéjico varias veces en el día, la primera convocatoria de La Nave, el estudio rodante de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) que visita a las subregiones para apoyar las carreras de artistas emergentes, apareció en un momento inesperado. Damián se inscribió sin grandes expectativas. No tenía un plan trazado ni una ambición desmedida. «Mi objetivo era ir a divertirme», cuenta. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidió no ir a trabajar. El proceso fue distinto a lo que imaginaba. Desde el trato inicial hasta la dinámica de las audiciones, la experiencia le devolvió una sensación que había quedado relegada: la de ser artista. «Fue recordar literalmente mi motivo de existencia. La música es lo que me mantiene vivo«, afirma. A pesar de sentirse intimidado por el nivel de otros participantes, cuando subió a la tarima decidió entregarlo todo. «Cuando toco el escenario dejo de ser Damián y me convierto en Cresllo». Fue elegido como uno de los ganadores de la primera temporada. El anuncio lo tomó por sorpresa. «No me lo creía», recuerda. Los aplausos, luces y vítores no bastaron para sacarlo del trance, pasó un minuto antes de que reaccionara y se diera cuenta que algo estaba a punto de cambiar. «Llegó como una cachetadita de la realidad, como un recordatorio de que sí podía hacerlo«. El aprendizaje más fuerte no vino del escenario, sino de los conversatorios con artistas de trayectorias consolidadas. Allí comprendió que la música no es solo creación, sino una industria que exige planificación, estrategia y trabajo colectivo. Mercado, público, identidad artística y el equipo son elementos que suelen permanecer invisibles para quienes apenas empiezan. «Hay que empezar a verla como una empresa, pero sin dejar de amarla». Después de su paso por La Nave llegaron otros espacios. Un campamento musical organizado por Sony Music Publishing, donde compartió procesos con artistas y productores ya posicionados. Lo que más le sorprendió fue el trato horizontal. «No era un seguidor hablando con un artista, éramos dos artistas». Durante ese proceso grabó «Rápido», una canción que marcó un cambio en su forma de trabajar. Escribió, reescribió, produjo y publicó. La letra salió en poco tiempo, «muy rápido», adaptándose a dinámicas profesionales distintas a las que conocía. Damián insiste en que el valor central de proyectos como La Nave está en algo que pocas veces se nombra: la dignidad del artista. «A cada persona que pasa por ahí, gane o no, se le da trato de artista». Escenarios adecuados, buen sonido, registro audiovisual y acompañamiento real se convierten en estímulos decisivos para no desistir. «Cuando alguien te da el valor que necesitas como artista, eso te da gasolina para avanzar». Cresllo durante un concierto de La Nave, el estudio rodante que recorrió municipios de Antioquia y le permitió grabar su primer sencillo en condiciones profesionales. Cortesía: Cresllo / ICPA. Cantar sin bajar la guardia A Jeyson Martínez, conocido artísticamente como «Son Jey», la música no lo encontró en una tarima, sino en la
Flotantes: historias sobre el agua
22 de diciembre de 2025 La ciénaga del Magdalena se está pintando de verde. El alga Hydrilla verticillata se está proliferando rápidamente afectando a la población de Nueva Venecia, un pueblo palafito que vive de sus aguas. Ocho estudiantes de periodismo investigaron esta problemática y navegaron por las aguas para ver, percibir, escuchar y entender a través de la comunidad las principales afectaciones, en temas de salud, economía e incluso, supervivencia por la crisis ambiental que crece día a día, desafiando la manera en que viven y se sostienen sobre el agua. Con el paso de los días se evidenció como el alga y otra especie conocida como «batata» terminaron siendo parte de esta problemática. A través de entrevistas con líderes, charlas con los pescadores, testimonios y dictámenes de salud nació Cuando la ciénaga se cierra, una producción audiovisual que narra desde sus habitantes, las principales consecuencias por el estancamiento del agua; problemas de salud derivados de la contaminación, limitaciones en la movilidad en canoa y la afectación en su economía debido a que el principal sustento de los venecianos es la pesca. https://youtu.be/nivDdN7qMUs?si=EdfcYMqJ3hsWAiNT Los relatos y testimonios de quienes habitan Nueva Venecia nos ayudan a remar por las Voces del Agua, una producción sonora que cuenta la historia del municipio, reviviendo la memoria del conflicto armado que marcó al territorio en el año 2000, mientras conecta esta historia con la crisis ambiental actual provocada por la expansión de la Hydrilla verticillata, el alga que dificulta la movilidad en canoa y el acceso al agua limpia. Abriendo espacio entre el alga, se llegó al colegio, donde los trazos, charlas, risas y juegos de los niños y niñas se hicieron presentes para cocrear Los mensajeros de la ciénaga, una cartografía interactiva donde ellos y ellas relatan sus sentires y vivencias por medio de audios, cuentos y cartas que flotan entre las casas palafitas, llevando sus memorias que dialogan con la batata y la Hydrilla, enredándose entre sus días, con sus padres pescadores, con sus dibujos y con el rumor del agua que los sostiene. Producción Juan Pablo Cardona Ríos Maria Andrea Carvajal Sotelo Isabela Echavarría Ortiz Sofia Carolina Quintero Borja Sara Michelle Montoya Mejía Valentina Aristizabal Diego Fernando Vega Granados Luis Fernando Vélez Aricapa 22 de diciembre de 2025
El consumo de sustancias, en el centro de los debates de convivencia en la UdeA para 2026
El consumo de algunas sustancias psicoactivas en espacios compartidos dentro del campus es motivo de inconformidad en estudiantes, docentes y personal administrativo. Ante ello, la Dirección de Bienestar Universitario propone crear zonas específicas y establecer límites frente a los espacios donde se consume**. Los pasillos y mesas son los lugares donde más se perciben los efectos del humo y los olores. Foto: Ronaldo Kury. El consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Antioquia sigue siendo uno de los temas clave cuando se habla de convivencia. Aunque se han implementado proyectos institucionales para tratar la situación y fomentar el respeto en las mesas, pasillos y otras áreas compartidas, muchos integrantes de la comunidad universitaria se sienten afectados por los efectos del humo y de los olores en los espacios comunes. Una de las zonas con más dificultades de convivencia relacionadas con el consumo es la «Ele» que conforman los bloques 9, 12, 13 y 14. Una de las unidades académicas ubicadas allí es la Facultad de Comunicaciones y Filología (FCF), donde estudiantes, profesores y trabajadores han reportado afectaciones en sus actividades diarias de forma recurrente. Natalia Restrepo Saldarriaga, profesora de la FCF, dice que esta problemática ha impactado directamente su trabajo: «Mi oficina se llena de olor, a veces incluso de humo, y eso me da migraña, inapetencia, no me permite concentrarme. Entonces no puedo trabajar, tener reuniones, atender estudiantes ni almorzar en la oficina». Restrepo, quien lleva dos años en la universidad, aseguró que la situación ha empeorado con el tiempo, «cuando llegué ya se sentía, pero no en este nivel. Ha ido aumentando de manera paulatina, pero muy veloz, y cada vez está peor». La docente reportó el problema al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, pero no ha recibido una solución. «Nos visitaron una vez y tomaron fotos. Dijeron que me harían exámenes médicos para saber si el humo había hecho alguna afectación en mi cuerpo, pero no me volvieron a contactar», concluyó. Isabella Navarrete, estudiante de Periodismo de la Universidad, sufre de rinitis, una condición respiratoria que se agrava con la exposición al humo y a algunos olores. Esto le dificulta permanecer en algunos espacios de la universidad donde se realizan consumos de marihuana, cigarrillo y otras sustancias. «Siempre me debo ir», comenta, y explica que estas situaciones interrumpen sus momentos de estudio y concentración en los pasillos y otros lugares de la universidad. Pasillo del bloque 12 de la Universidad de Antioquia, un lugar afectado por la problemática. Foto: Ronaldo Kury. Respecto a esta situación, la decana de la FCF, Olga Vallejo Murcia, manifestó que el consumo en los alrededores del bloque 12, donde queda la Facultad, «está causando muchísima interferencia en el desarrollo y cumplimiento de la misión» de esta unidad académica. Según explicó, el humo proveniente del consumo de marihuana en los alrededores del bloque ha obligado a suspender sesiones de atención psicológica en la oficina de Bienestar de la Facultad, ubicada en el segundo piso y en la parte trasera del bloque, debido a que «nadie quiere tener una terapia en medio de una humareda». La decana agregó que varios profesores han optado por ausentarse de sus oficinas debido al humo de marihuana. «Es imposible estar cuatro o cinco horas de trabajo en esas condiciones», aseguró Vallejo. Además señaló que esta situación le ha generado una «gran impotencia» como administradora de la Facultad, ya que a pesar de los intentos de diálogo y sensibilización, «parece que no hay una solución». María Fernanda Barreto, coordinadora de proyectos de la Dirección de Bienestar, señala que la estrategia institucional ante esta problemática no es punitiva y que, al contrario, busca promover una línea pedagógica: «La dirección de Bienestar lo que busca es que, a través del diálogo y la conversación, podamos llegar a unos acuerdos mínimos de convivencia en lo que se refiere a este tema», explicó Barreto. La Dirección de Bienestar Universitario cuenta con dos proyectos para abordar estos asuntos, ambos del Plan de Acción Institucional de la Universidad (PAI): «Conciencia Colectiva», que se encarga de la convivencia y «Somos Comunidad», que se enfoca en el uso adecuado de los espacios. Uno de los enfoques de ambos programas es sensibilizar frente al consumo de sustancias psicoactivas dentro del campus. Como parte de los esfuerzos por disminuir el consumo en los espacios comunes, el pasado viernes 24 de octubre, la Dirección de Bienestar Universitario organizó una asamblea de venteros universitarios, en la que se acordó, entre otros puntos, limitar el consumo de sustancias en los lugares donde se ubican los puestos de venta. Sin embargo, el consumo también es habitual en otros sitios del campus donde no hay presencia de venteros. Extracto de los acuerdos alcanzados en la asamblea de venteros llevada a cabo el 24 de octubre del 2025. Barreto explicó que el cierre de la pista de atletismo por remodelación causó una dispersión de los consumidores por la universidad, pues al lado de está queda la zona conocida como «El Aeropuerto», sitio que históricamente ha concentrado el consumo. A pesar de que la pista fue reabierta en julio de este año, el consumo permanece en otras zonas de la Universidad. Según la decana Olga Vallejo, esto ocurre por «comodidad» de los consumidores, que prefieren seguir en otros lugares antes que desplazarse a la pista. Ante esto, Bienestar sigue buscando alternativas para manejar la situación. También explicó que, como uno de los objetivos del proyecto «Somos Comunidad», se realizará un Plan de Redistribución de los Espacios Comunes (PREC) con el cual «se está tratando de revisar cómo podemos llegar no solamente a unos acuerdos mínimos, sino también a establecer lugares para que estas prácticas puedan ser llevadas a cabo sin necesidad de afectar la misionalidad universitaria«. La pista atlética solía ser el punto de concentración del consumo, pero ahora se ha dispersado por todo el campus | FOTO: UdeA web. Estas zonas se establecerían con el objetivo de que Bienestar Universitario pueda realizar intervenciones con el Programa Educativo
¿Cómo funciona el comercio privado en una universidad pública?
Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia explican la lógica del comercio formal (y privado) dentro de la universidad pública más importante del departamento**. Mapa de la oferta comercial en Ciudad Universitaria. Fuente: Página web Universidad de Antioquia. En medio de las llamadas «asambleas por convivencia», el impacto de la Resolución Rectoral 52880 del pasado lunes 10 de noviembre y el revuelo que ambas causaron en la comunidad universitaria, desde De La Urbe nos preguntamos cómo funciona el comercio privado dentro de Ciudad Universitaria, el campus principal de la Universidad de Antioquia y por qué, aún siendo una universidad pública, la mayoría de los locales son de privados y con precios elevados, parecidos al mercado externo a la U. Para esto, hablamos con Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano, quienes explican cómo funciona el comercio formal y privado dentro de la UdeA y por qué, aún con esa oferta, siguen creciendo las ventas informales, incluso al lado de locales activos como los Domo Café, en un campus en el que cada día circulan entre 28.000 y 30.000 personas. ¿Cómo es el proceso para alquilar un local dentro de la Universidad? Juan Gabriel García: En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión. Fue una directriz de [la oficina] jurídica, entonces ahora se hace de esa forma. Cuando tenemos un local desocupado porque alguien se fue, que renunció a la concesión y no firma la renovación o no pide renovación, el local se libera. Hay otras formas en las que los locales se liberan: cuando las personas no cumplen con el pago de la concesión mensual, tienen muchos atrasos o presentan dificultades con la interventoría que se les hace a los locales. ¿Cómo se hace la concesión? Juan Gabriel García: A través del portal se hace una convocatoria con el estudio de cuánto más o menos puede costar el local en el mercado. Las propuestas que lleguen a la Universidad se estudian y a la más pertinente se le asigna el local. ¿Hace cuánto funciona el modelo de concesión? Karen Ramírez: Desde hace cinco años estamos llevando contratos de concesión. ¿Quién hace la interventoría? Karen Ramírez: Lo que tiene que ver con los locales está pasando a la Vicerrectoría Administrativa para hacer la ordenación del caso, o sea, para actuar como los representantes de la Universidad que suscriben el contrato, y la interventoría la hace la División de Infraestructura Física. Hasta este momento era el Departamento de Desarrollo Humano el que tenía la interventoría técnica, pero siempre nos acompañamos de la Escuela de Nutrición y Dietética, con la que tenemos un acta de compromiso para que desde el punto de vista técnico realicen la interventoría a cada uno de los expendios de alimentos. ¿Cada cuánto se hace la interventoría? Karen Ramírez: A los locales se les realizan visitas periódicas. Podemos hacerlo una vez cada mes, cada dos meses o según la necesidad. Por ejemplo, si tenemos algún reporte ante cualquier situación, la interventoría de inmediato actúa. ¿Cuántos locales hay en total en Ciudad Universitaria? Juan Gabriel García: En Ciudad Universitaria tenemos 33 locales comerciales. Obviamente no todos son de alimentos. Tenemos un local que ocupa la Cooperativa de Profesores de la Universidad (Cooprudea), tenemos papelerías. De alimentos tenemos 21. «En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión». Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario ¿Cuánto cobra la Universidad por cada local? Karen Ramírez: Dentro de la convocatoria se hace un análisis de mercado según las circunstancias concretas del momento específico. Se establece un precio, se saca una convocatoria donde se dice cuál es el valor, se establecen los requisitos, entendiendo que hasta el momento que nosotros administrábamos [antes del paso a la Vicerrectoría Administrativa] hay un incremento anual del 8 % y quienes están interesados se presentan y se les asigna con ese valor. ¿Cuánto duran las concesiones? Karen Ramírez: La idea es hacer prórrogas. No son automáticas. Una vez está por terminar el contrato, se hace una renovación con las partes que suscriben la prórroga por el periodo de un año. ¿En qué se invierte ese dinero que la Universidad recauda? Juan Gabriel García: Hasta el momento, porque este proceso está pasando a la Vicerrectoría Administrativa, el recurso llega a unos fondos especiales de la Dirección de Bienestar. Esos recursos se invierten en apoyos económicos a estudiantes, entre los que está el bono de alimentación. ¿Qué va a pasar [con el cambio de administración]? No lo tenemos todavía seguro, pero se está revisando. Los locales comerciales se han visto muy deteriorados en la Universidad y con la escasez de recursos no se alcanza a hacer adecuaciones. Entonces, con el paso a la División de Logística e Infraestructura de la Vicerrectoría Administrativa, se está revisando cuánto del ingreso va a pasar para apoyos a estudiantes por parte de Bienestar y cuánto para la readecuación y sostenimiento de los locales comerciales. ¿Han recibido quejas por los precios específicamente? Juan Gabriel García: Nosotros no hemos tenido quejas formales por los precios, sí hemos tenido comentarios de algunos decanos en reuniones donde nos dicen que en ciertos locales los precios son muy elevados. Sabemos que en la Universidad tenemos algunos productos que son muy específicos y que compran las personas que tienen los recursos, pero también tenemos otros apoyos en Bienestar como el servicio de alimentación para las personas que realmente tengan la necesidad y por eso pasan por una revisión con un trabajador social […] Digamos que en la Universidad hay una variedad de precios donde las personas pueden comprar. ¿Existe alguna regulación sobre los precios que deben tener los locales? Karen Ramírez: Habíamos reglamentado, inclusive, que un palito de queso tuviera un valor específico, que el
Es dura la siembra, pero hay cosecha
La falta de acceso a educación y los grupos armados ilegales son razones de peso para dejar atrás el campo, pero varios jóvenes de Tamar Bajo insisten en quedarse. Aunque no descartan tener que salir en algún momento de su vereda en Remedios, Antioquia, para buscar oportunidades en la ciudad, sus planes son regresar; el amor por la tierra y la organización campesina pesan más. Fernei, Andrés y Darwin conocen las ventajas y las dificultades de ser jóvenes campesinos. Por eso su trabajo colectivo consiste en defender y mejorar su territorio. Ilustraciones: Ana Sofía Peláez. Andrés, Darwin y Fernei me contaron que el río Tamar era cristalino y se veían los peces. Ninguno de los tres había nacido para verlo, pero lo describieron con el orgullo y la nostalgia que les transmitieron los más viejos. En agosto de 2025, ellos fueron mis guías durante el VIII Campamento Ecológico de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Aunque el objetivo era aprender sobre especies sombrilla, en el camino conocí otro grupo de seres que también son vitales para el territorio: los jóvenes campesinos. Tamar Bajo está en la esquina oriente de Remedios, en el Nordeste antioqueño. Tiene 35 viviendas y más de 200 habitantes, varios asentados a la orilla del río y otros donde se abre paso al bosque. En la vereda, algunos árboles les pertenecen a los monos aulladores rojos y el cielo es propiedad de las guacamayas azuliamarillo, pero los caminos son de los ejércitos. La zona, dedicada sobre todo al comercio de madera y la minería, está en disputa entre el ejército nacional, el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo y, hasta antes de irse para reforzar su presencia en el Catatumbo, el Frente 24 de las disidencias de las Farc. Los primeros días de julio del 2025, organizaciones de derechos humanos de la región alertaron sobre confinamientos por el accionar del Clan del Golfo en esta y otras veredas. Por allí pasa la caravana del Campamento Ecológico en la que vamos estudiantes universitarios, voluntarios de Peace Brigades International y campesinos. Una sola vida Andrés Orrego Palacio tiene 17 años y es el menor de ocho hijos. Nació en Barrancabermeja, Santander, pero la mayoría de su vida la ha pasado en el campo; hasta olvidó que en el pueblo hay que cruzar calles. Cuando llegó a Tamar Bajo, estaba en tercero de primaria y en quinto paró de estudiar porque no había bachillerato en la vereda. Luego, «unos mineros me prestaron un cajón y tenía yo mi batea que me dio mi mamá, esperaba todas las mañanas con mi desayuno y me iba a la pata de ellos, a bregar, a ver uno qué se sacaba por ahí en el día y sí, ellos me fueron explicando», recuerda. Después, don Joaquín, un vecino, le enseñó a manejar canoa a motor. Andrés le «marineaba» a él, es decir, cargaba y entregaba la mercancía en los puertos y estaba pendiente de los palos y del río. De vez en cuando, don Joaquín le soltaba la canoa para que practicara. «Aprendí bien y ahí me fue buscando para coger el cargo de la línea»; con 13 años y sin posibilidad de seguir la escuela en su vereda, Andrés llegó a ser motorista y marinero de la ruta entre Tamar Bajo y la vereda San Francisco, en Yondó. Recién escampa salimos de Tamar Bajo, la trocha es intransitable y una de las camionetas de la caravana va sin fuerza. Andrés deja su poncho mulera de lado y es el primero en ir a empujar. Más adelante, se quita la camiseta porque no quiere ensuciarla mientras ata la cuerda de remolque a los vehículos. Da indicaciones: que los del platón salten para no «encunetarnos» o que los conductores metan tal cambio. Cuando no funciona, se remanga el pantalón y con una pala distribuye el lodo. Ya en pantaloneta, Andrés se sumerge en el río Ité, que desde la noche anterior inundó parte de la carretera; guía el recorrido, el agua le llega a las rodillas y, a ratos, al ombligo. Alguien le pregunta de dónde saca tanta energía y él, risueño y empapado, contesta: «me tengo que despertar feliz porque es una sola vida». Tierra en vez de guerra En 2022, tras una ardua lucha de la comunidad, la Alcaldía envió una profesora de bachillerato a Tamar Bajo. Andrés cursó sexto y séptimo, y ahí dejó porque le aburre y tiene muchos compromisos. Trabaja como ayudante de uno de sus hermanos, que es aserrador y vive en Yarima, un corregimiento de San Vicente de Chucurí, Santander. Dice que salió de la vereda «a buscar un futuro», pero de inmediato reformula y concluye que el futuro no está afuera, aunque el dinero para alcanzarlo sí. Andrés quiere tener una finca o un camión para trabajar, como sus otros hermanos, y prestar el servicio militar para ser escolta de una organización legal como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La ACVC hace un trabajo organizativo, político y social en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del mismo valle. Desde 1996 ha defendido y articulado a los sectores rurales de Remedios y Yondó, en Antioquia; y de Cantagallo y San Pablo, en el sur de Bolívar, pero no fue sino en marzo de este año que se consolidó la Coordinadora de Jóvenes de la ZRC. En 2023, la asociación campesina realizó encuentros con las juventudes de estos municipios, Andrés participó en algunos y se entusiasmó con la idea de crear un comité de jóvenes en su vereda: «yo era moleste y moleste al señor don Pedro: ‘don Pedro, don Pedro, ¿cuándo van a venir a mirar quiénes somos los del comité?’». Pedro Jesús Mora es el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Tamar Bajo y el coordinador del Comité Ambiental de la ZRC. Se considera un hombre pacifista y un tipo muy cansón porque, en todo lugar al que llega, insiste en
“La libertad de prensa está en fase terminal”: dirigente gremial ante nueva ola de censura en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado restricciones a la libertad de prensa en Venezuela tras las noticias del Nobel a María Corina Machado y el atentado a activistas venezolanos en Bogotá en octubre. El periodista y dirigente gremial Edgar Cárdenas explica cómo se vive hoy la censura en el país vecino. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Foto: TalCual. En pasado mes de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela alertó sobre nuevos casos de censura en medios venezolanos cuando se conoció que la líder opositora María Corina Marcha recibiría el Premio Nobel de la Paz y tras la cobertura del atentado en Bogotá contra Luis Peche y Yendri Velásquez, activistas venezolanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Los episodios de censura más notorios fueron las suspensiones de los espacios radiales de los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, ambos transmitidos por el circuito radial Unión Radio, tras informar sobre el Premio Nobel concedido a Machado. Denuncia del SNTP ante nueva ola de censura. Para profundizar en la situación actual de la libertad de prensa, y en el marco de la reciente entrega del Premio Nobel a Machado en Oslo, conversamos con Edgar Cárdenas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, quien detalla cómo se manifiestan hoy las restricciones informativas en el país. ¿Usted percibió la censura que denuncia el SNTP? Sí, ciertamente hay una política de censura que forma parte de una política de agresiones a periodistas y medios, y lo que busca es silenciar la información. Se trata de que la gente no conozca lo que acontece. Según la visión del Gobierno venezolano, los ciudadanos deben conocer los hechos noticiosos solamente a través de las plataformas que dependen del sistema de medios públicos del Estado venezolano o de aquellos medios que les son afectos. Lo que implica, por supuesto, que no hay libre circulación de las ideas, que no hay pluralidad. Volviendo a los dos casos particulares [el caso de dos jóvenes activistas venezolanos que fueron atacados en Colombia y el caso del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado], ciertamente reventaron y colapsaron las redes sociales, pero hubo prohibiciones en los distintos medios de comunicación. María Corina Machado, líder opositora venezolana, y los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez. ¿Cómo se presentan estas prohibiciones? ¿de qué manera? Antes los institutos oficiales emitían una comunicación prohibiendo los contenidos, ahora no. Ahora son llamadas, no dejan rastro. Ahora es una llamada de una alta autoridad, de una alta esfera gubernamental, que le dice a un canal de televisión o a una emisora de radio que no puede tener este dictado, que no puede decir aquella otra palabra, y los medios, por supuesto, tratando de sobrevivir, asumen ese tipo de posición. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas utiliza el gobierno para censurar? En Venezuela actualmente tenemos 18 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por informar con imputaciones por “terrorismo” o por “incitación al odio”. Se ha venido estructurando un andamiaje jurídico que permite silenciar la información a través de estos instrumentos que lo que buscan es criminalizar la opinión y legitimar la censura. Hay una cantidad de condiciones que, por supuesto, limitan el ejercicio de la profesión, es arbitrario y termina aterrorizando a los medios de comunicación y periodistas porque es una forma de decir: «Esto es lo que les puede ocurrir a los periodistas que siguen informando de contenido sensible». Algunos periodistas ya llevan más de tres años privados de la libertad. Entonces, yo diría que la libertad de expresión en Venezuela no está en una situación ni siquiera complicada, está en una situación de fase terminal. Porque a medida que el gobierno intente ser el que fije la pauta noticiosa, en esa medida entonces estamos entregando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si ahora nos encontramos con que es el Estado o es el gobierno quien dicta esas pautas, la libertad de expresión prácticamente queda en cero. ¿Qué se puede decir de la autocensura? ¿La hay? Y si la hay, ¿es por miedo? Sí, por supuesto. Ejercer el periodismo, hoy en día, es de alto riesgo, sobre todo en Venezuela, y por supuesto que hay miedo. Vemos cómo todas esas detenciones arbitrarias de periodistas ocurren solamente por el hecho de informar. Hay casos tan lamentables como el de un colega periodista que por cubrir una protesta por falta de agua en una población del interior del país fue detenido e imputado por incitación al odio. ¿Qué se les aconseja a los periodistas desde el CNP en este contexto? Aquí lo más importante, en lo que nosotros insistimos, es que hay que salvaguardar la vida, por supuesto, pero también apegarse a los preceptos éticos que nos obligan a cumplir con nuestra labor, siempre y cuando la seguridad nos lo permita. Sin embargo, las audiencias hoy en día, y más en estos procesos con gobiernos donde la censura y la persecución a los periodistas es prácticamente parte del día a día, ya han comenzado a entender el contenido entre líneas. Por eso, los periodistas tienen que aprender a escribir precisamente ese contenido entre líneas, y sobre todo cuidar el uso de todas aquellas frases que puedan ser sensibles al gobierno, porque el problema de las altas esferas gubernamentales hoy día es su alta sensibilidad sobre determinados temas. ¿Cómo ve el panorama a mediano plazo? Yo no veo la posibilidad de que esto disminuya, pienso que esto va a seguir arreciando más bien, porque se perfeccionan más las fórmulas y las técnicas para censurar. Vemos ahora que sin cartas, sin documentos, solamente por una llamada ya te pueden censurar. Todo esto a raíz de que dos periodistas conocidos en la radio hicieron un simple comentario sobre que se le otorgó el premio Nobel a Maria Corina Machado e hicieron que el medio los retirara, es decir, salieron de los medios de comunicación [al
Editorial: De metáforas, bates y debates
El 30 de julio de 2025, un día después de la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó, en una entrevista con La FM, una amenaza abierta a la izquierda colombiana: “en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”. Aunque luego trató de matizar lo que quiso decir, fue claro en señalar que no considera a los políticos de izquierda sus contradictores, sino sus enemigos. Un par de semanas después, el 15 de agosto, De la Espriella reconoció que hay palabras que se pueden transformar en violencia directa. Pero no lo hizo como un mea culpa por sus declaraciones previas. En los mismos micrófonos aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay: “el régimen instigó el asesinato de Miguel Uribe y el narcoterrorismo lo ejecutó”, dijo. «Quiero que sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí siempre tendrán un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos» Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial Tweet En Colombia sabemos que la violencia engendra violencia. En su informe final, la Comisión de la Verdad recuerda que aunque la democracia colombiana ha sido “restringida, imperfecta, semicerrada”, los espacios de participación que se han conquistado con hitos como la Constitución Política de 1991 y los acuerdos de paz con las Farc en 2016 no han resultado de los tiros, sino de su silenciamiento. En ambos casos la sociedad presionó para conseguirlos: “la democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra”, dijo la comisión. La violencia está cargada de palabras y de símbolos. El pasado 7 de octubre, Andrés Felipe el Gury Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, salió con un bate de béisbol a intimidar a manifestantes en una marcha pro Palestina. Rodríguez quedó registrado en video cuando les declaraba “la guerra”. Luego, ante los cuestionamientos, el concejal decidió ser más provocador: grabó la palabra “diálogo” en el bate y prometió regalar algunos de esos “amansa mamertos”. Ese bate, además de un arma, es un símbolo que impone la confrontación sobre el diálogo. El Gury, quien es investigado disciplinariamente por la Procuraduría por posible instigación a la violencia, parece olvidar que llegó al Concejo gracias a una democracia que se construyó desde el debate, no desde el bate. “La democracia […] se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra” Informe final de la Comisión de la Verdad Tweet Otra instigación a la violencia que quisieron disfrazar de libertad de expresión fue la de la influencer Laura Gallego ‒ahora exseñorita Antioquia‒, quien en dos videos les preguntó a los precandidatos De la Espriella y Santiago Botero si, en caso de tener “solo una bala”, la usarían contra Petro o contra el exalcalde Daniel Quintero. Gallego defendió su opinión bajo la excusa de que los disparos eran una “metáfora de la justicia”. Opinar implica siempre responsabilidad sobre lo que se expresa, más cuando se emite ante una audiencia de casi 50 mil seguidores en redes sociales. El discurso de Gallego también es violencia y desde la “metáfora” prepara el terreno que legitima las agresiones físicas. Las palabras de la guerra han sembrado de sangre la política colombiana. Así sucedió desde los años 80 con la Unión Patriótica, cuyo exterminio estuvo legitimado por la estigmatización hacia sus integrantes. Así pasó también en los años 2000 cuando el entonces presidente Uribe se refería a sus opositores, a los que persiguió ilegalmente el DAS, como “guerrilleros de civil”. Y así ocurre todavía: según Indepaz, 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. La misma organización advierte que en el año electoral que se avecina esos crímenes podrían aumentar. 475 firmantes de paz y 1879 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de la firma de los acuerdos de 2016. Indepaz Tweet En Colombia, donde los actores armados representan un riesgo permanente para la acción política, resulta aún más grave que funcionarios, precandidatos y figuras públicas alimenten un ambiente hostil para la deliberación democrática. Ya hemos transitado el camino de la violencia en la política y sabemos que la democracia, fundada en la legitimidad de la diferencia, la protección del disenso y el respeto por el otro, se hace pedazos cuando, en nombre de su defensa, se trata al opositor político como un enemigo que hay que “destripar”. En las elecciones del 2026 la sociedad colombiana debe condenar a quienes buscan instaurar un clima político violento, tanto simbólico como directo. Si no lo hacemos, la democracia corre el riesgo de convertirse en el recuerdo de un sistema que terminó sepultado en su propio nombre. Adenda: No se puede justificar que el subdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia fuera, al mismo tiempo, representante del presidente Petro en el Consejo Superior de la UdeA. La izquierda conoce bien el papel represivo que han tenido las fuerzas de inteligencia del Estado en las universidades públicas. Que Wilmar Mejía ocupara ese puesto es inaceptable.