Guainía se le planta a la minería con el turismo
En Guainía, un departamento amazónico, históricamente marcado por la minería de aluvión, el turismo comunitario emerge como una alternativa económica. Sin embargo, el choque entre modelos institucionales y comunitarios muestra que la transición no es sencilla. Foto: Edwin Suárez. La historia de Josué Peña, indígena curripaco, ilustra las tensiones que atraviesan a Guainía. Tras la quiebra de su negocio en Villavicencio en 2010, regresó a su capital, Inírida, con 7.000 pesos en el bolsillo. Sin opciones de empleo, terminó trabajando en una balsa minera cerca de los cerros de Mavicure, tres monolitos milenarios enormes, que tienen entre 170 y 720 metros de altura, y extrayendo tungsteno en la cuenca alta del río Inírida. La minería ilegal se convirtió en su refugio económico durante un par de años, incluso en Venezuela, cuando la persecución de las autoridades colombianas recrudeció la crisis del sector en la frontera. “Tal vez la necesidad lo lleve a uno a ver como única alternativa esa actividad (la minería), pero los resultados ambientales son desastrosos: destrucción y contaminación”, reflexiona Josué desde su casa en la comunidad de Berrocal Vitina, a 13 kilómetros de Inírida. La minería ilegal ha sido el principal motor económico de Guainía durante décadas. La actividad aurífera llegó al departamento entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando, impulsada por estudios del Gobierno nacional que develaron los lugares donde estaba el metal precioso, la fiebre del oro se instaló en la Serranía del Naquén, cerca de la frontera con Brasil. Lo que empezó como explotación en tierra, pronto se extendió a los ríos del departamento, dejando una huella imborrable: contaminación por mercurio, el material que se usa para separar la tierra del oro. A inicios de 2024, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la zona, y Parques Nacionales Naturales, estimaron que entre 14 y 30 balsas seguían buscando oro en el río Inírida. Sin embargo, líderes indígenas le dijeron al El Morichal el año pasado que en el momento de mayor apogeo minero, 1.200 barcazas trabajaron de manera simultánea a mediados de la década de los 90 en ese río. Cada draga sacaba, según Luis Camelo Moyano, una autoridad de Chorrobocón -una comunidad del río Inírida que ha buscado formalizar la minería-, un kilogramo al día. En la actualidad la producción mensual de cada balsa es de máximo un kilo al mes. La minería, ha explicado Josué varias veces, “es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y pal monte. Es un lugar seguro para muchas personas”. El año pasado en las comunidades de Venado y Remanso, unas comunidades ubicadas junto a los cerros de Mavicure que en los últimos años han experimentado un crecimiento en el turismo, había 112 personas inscritas como mineros de subsistencia en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Eso significa que, como lo dice Josué, “la minería sigue siendo una de las economías fuertes que mueve aquí el ingreso de las familias. No hay ninguna duda”. Entrada al Ecoparque Kenke. Foto: Edwin Suárez. Josué Peña en la entrada de Kenke, el parque familiar fundado en 2019. Foto: Edwin Suárez. En 2024 había en el municipio de Inírida mil barequeros inscritos en el RUCOM. Es bastante probable que, como explica Zeze Amaya, un geólogo guainiano de la Universidad Nacional de Colombia, nadie haga barequeo en Guainía porque las partículas de oro son muy finas, y por tanto sólo es posible extraerlas con mercurio. Sustituir la minería como principal fuente económica en Guainía es un reto. En un departamento donde el 98 % del territorio pertenece a resguardos indígenas y está conformado principalmente por bosques, el turismo es esa alternativa. Sin embargo, por sí solo, ahora mismo el turismo tiene un pero: es estacionario, fluye durante la temporada seca (noviembre a abril) porque se disfrutan mejor los paisajes y es más seguro ascender a los Cerros en esta época. El resto del tiempo los habitantes de la comunidades buscan otras actividades económicas, sobre todo la minería, que tiene mejor producción durante la temporada de lluvias. Estar inscritos en el RUCOM los habilita para comerciar hasta 35 gramos de oro al mes (14 millones de pesos al precio de hoy), metal que consiguen trabajando en las balsas. Y todos ganan: el minero porque puede vender oro en el comercio legalmente, los comerciantes porque compran oro a mineros formales y algunos empresarios del sector en Bogotá o Medellín, porque reciben el metal ilegal ya blanqueado. Muelle de carga de Inírida, por lugar por donde entran los víveres y mercancías que vienen del interior del país, y a su vez salen para las comunidades indígenas y centros mineros del territorio. Foto: Edwin Suárez. Oro extraído de las minas del Yapacana de Venezuela, que será fundido y comercializado en Inírida. Foto: Edwin Suárez. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) vigente no contempla la minería como una actividad importante del territorio; ocupa el quinto lugar y representa el 7,6 % del Producto Interno Bruto local. En el primer renglón está el sector público (41,2%), que genera empleo y mueve dinero a través de los proyectos de la administración local; mientras en el segundo están el comercio y la hotelería (16,3 %). La actividad minera que mueve a Inírida se desarrolla en gran medida en Venezuela. Por eso, del puerto de la capital del Guainía salen todo el tiempo embarcaciones con víveres y combustible con destino a las minas de Yapacana (Estado de Amazonas, Venezuela) o hacia las balsas de la cuenca media y alta del río Inírida. Los hoteles, los restaurantes y el comercio en general dependen del flujo del oro en la ciudad. Pero la minería ilegal ya no es una alternativa para Josué: apostó por la legalidad y por trabajos que no atenten contra los ecosistemas guainíanos. Ahora distribuye sus días entre administrar el comercio de servicios y tecnología que en 2013 estableció
Inhala y exhala (hasta que la crisis climática te lo impida)
https://youtu.be/7Si-XYsNq8M?si=hLQTNnlL-GbSQbHi El cambio climático no solo pone en riesgo el planeta, también nuestra salud. El nuevo informe de The Lancet advierte que, para 2050, más de 21 millones de personas podrían morir por sus efectos combinados. Uno de los impactos más silenciosos es la mala calidad del aire. Aunque no siempre la notamos, en Colombia y en Medellín ya representa un problema grave. En el episodio #65 de Hablalo, conversamos con Lina Marcela Porras y Duván Steven Suárez, profes de la Facultad de Medicina de la UdeA, sobre cómo esta crisis ambiental también es una crisis de salud: más calor, más contaminación y más enfermedades respiratorias. Entrevista: Natalia Mosquera y Valentina Salazar. Producción: Carmelo, Valeria Morales, Santiago Vega Durán y Andrés Tuberquia.
“Una cosa es el carro eléctrico y otra es el mundo eléctrico”: José Clopatofsky habla del panorama de la movilidad eléctrica en Colombia
El periodista, reconocido por su larga trayectoria como director de la revista Motor, muestra su postura respecto al aumento de ventas de vehículos eléctricos en el país. Foto: Facebook Jose Clopatofsky. José Clopatofsky se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del sector automotor en Colombia. Su trayectoria en la Casa Editorial El Tiempo abarca 58 años, en los que ha cubierto deportes, política y múltiples frentes informativos. Sin embargo, su especialización en el mundo del automóvil —campo en el que fue pionero hace más de cuatro décadas y en el que hoy dirige la revista Motor— lo ha convertido en referente indiscutible en el análisis y la divulgación de la movilidad en el país. En esta entrevista, comparte su visión sobre los retos y el futuro de la movilidad eléctrica en el país, a propósito del aumento en las ventas de este tipo de vehículos en el país. Las ventas de automóviles eléctricos hasta agosto de este año, comparado con la etapa entre enero y agosto del año pasado, han crecido en un 176 %, según datos de Fenalco. ¿A qué se debe ese crecimiento? Hay varias razones. Proporcionalmente los automóviles eléctricos tienen un precio relativamente accesible en Colombia debido a que no pagan impuestos. Si estuviera en el mismo régimen de todos los demás carros serían muchísimo más caros. Segundo, hay una tendencia de moda de la gente interesada en vincularse a esto, de la experiencia del carro eléctrico, no solamente de acá, de Colombia, es de la clientela mundial. Mucha gente lo está comprando para eludir el pico y placa también. La marca que más ha aumentado sus ventas en cuanto a vehículos eléctricos es una marca china. ¿De alguna u otra manera rompe ese pensamiento de que los vehículos que vienen de China son de mala calidad? Están llegando carros de China mucho mejor confeccionados, la calidad de ese país ha progresado una barbaridad y esto obedece también a las órdenes del gobierno chino, porque hace muchos años les dieron a todos los comerciantes una pauta de comportamiento de calidad. Pero hay que esperar. Estamos juzgando un carro que tiene un año o dos en el mercado mundial, contra los vehículos que tienen toda una historia. Obviamente, hay otro factor que facilita mucho, y es que la mecánica eléctrica es muy simple. El motor eléctrico tiene muy pocos componentes, es un motor genérico que está inventado, lo hay en la licuadora, en la nevera, lo hay en mil cantidades de máquinas. El carro tiene un futuro, pero no es un futuro total. Hay que mezclar todas las tecnologías para la movilidad del mundo. Los objetivos gubernamentales con los vehículos eléctricos se impulsan por toda una narrativa de cuidar el medio ambiente. ¿Usted considera que ese objetivo sí se cumple? Seguramente muchas personas lo hacen por una conciencia ambiental, muy bienvenida, pero no hay una proporcionalidad conocida al respecto. Yo creo que hay un problema y es que, pues es muy fácil sentarse en un escritorio, en un parlamento, hacer unos votos y decir en el año 2035 todos los carros deben ser eléctricos. Es muy fácil, como dijo el presidente cuando era alcalde o ahora, que el año siguiente todos los taxis de Bogotá y del país deben ser eléctricos y no ha llegado al primero. Está totalmente claro que en el 2035 no hay forma de atender el parque mundial de eléctricos, no hay forma de producirlos, ni de introducirlos, ni de cargarlos. Entonces, eso es una cosa utópica, bastante fantasiosa, todas esas cifras que se dan no son reales, no son cumplibles y tiene que haber un ajuste. El ciudadano, en general, puede desconocer ese contraste entre dónde se fabrican y dónde van a ser utilizados estos vehículos finalmente. Por ejemplo: la geografía o la infraestructura del territorio, de alguna manera, puede ser un factor que se vea como un obstáculo para los fabricantes. ¿Qué avances hay en ese aspecto? Hay muchas cosas que todavía falta conciliar, porque una cosa es el carro eléctrico y otra es el mundo eléctrico. Un carro eléctrico está inventado, pero alimentarlos, cargarlos, darles viabilidad operativa, es muy complicado. Uno dice, bueno, en Estados Unidos ya pusieron 120 mil cargadores, pues necesitan 500 mil; en Colombia hay 40, o 50, o 60, necesitamos 400. Entonces todo ese mundo eléctrico falta por desarrollarlo para que el automóvil eléctrico fuera universal y único. Eso no va a pasar, no puede pasar. La industria del automóvil no vende electricidad, no vende gasolina. A ellos les dijeron ‘hagan carros cero emisiones.’ Ahí están, pero los gobiernos tienen la obligación, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de proveer la energía para que ese tipo de vehículos funcione con la misma capacidad y autonomía de los de gasolina o diésel. Con toda esta información, ¿usted qué le puede recomendar a la persona que en ese momento planea comprar un nuevo vehículo? Pues yo le diría que haría un revuelto: los híbridos, los que son de verdad híbridos y que aportan electricidad. Son una solución bastante inteligente y neutra con respecto a todas las cosas que hemos planteado, porque funciona en gasolina indefinidamente, aporta electricidad y aporta beneficio al medio ambiente; no tiene pico y placa, tiene también reducciones en impuestos, el híbrido de alguna forma ofrece lo mejor de los dos mundos. El comprador de eléctrico debe conocer muy bien el mundo donde se va a meter, conocer bien la forma como va a operar y ver que eso le convenga, que le funcione para su diaria movilidad, porque el carro eléctrico no se puede comprar por goma. Usted anteriormente ya había hablado un poco sobre el tema de la vida útil de estos vehículos, mencionando que una batería tiene un costo bastante considerable respecto al valor del carro. ¿Vale la pena lo que se supone que uno se ahorra en cuanto a gasolina y demás, respecto a los costos por esto de la vida útil? A ver, ese cuento con la gasolina que me ahorro 100 mil o 150 mil pesos mensuales, pues realmente no es significativo en un carro que vale 140 o 150
Amazonía bajo ataque: Un mapeo de la delincuencia en la selva tropical más grande del mundo
En la Amazonía, especialmente en las regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el crimen organizado domina amplias zonas. Una investigación del proyecto Amazon Underworld indagó en 987 municipios amazónicos de los seis países y encontró la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Siete de esos grupos están presentes en más de un país. Ilustración: Laura Alcina La selva amazónica se ha convertido en un territorio más y más hostil. En muchas zonas, especialmente aquellas cercanas a las fronteras internacionales, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza dominante. Una nueva investigación de Amazon Underworld indica que al menos el 67 % de un total de 987 municipios amazónicos en seis países principales (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se enfrentan a la presencia de redes criminales y grupos armados. No se encontró presencia ni información de presencia en el resto del territorio. De ellos, el 32 % se enfrentó a más de un grupo en sus zonas, y siete grupos criminales o armados operan entre dos y cuatro países diferentes incluidos en este estudio. El mapa es el resultado de una investigación realizada en 987 municipios amazónicos, que reveló la presencia de grupos armados en al menos el 67 % de ellos. Esta visualización es un intento exhaustivo de cartografiar la presencia de grupos armados en toda la Amazonia. Aquí, los grupos armados y las organizaciones criminales con mayor dominio territorial se identifican y representan individualmente, mientras que los grupos criminales más pequeños se agrupan en la categoría «otros». Para recopilar información sobre la presencia de estructuras del crimen organizado y grupos armados en toda la Amazonia, entre marzo y septiembre de 2025 realizamos entrevistas con fuentes primarias en el territorio, investigamos documentos oficiales y presentamos solicitudes de acceso a la información. Los entrevistados son principalmente personas que tienen contacto directo con actores armados y economías ilícitas. Este grupo diverso incluye líderes indígenas, miembros de la comunidad, líderes religiosos, oficiales de policía, fuentes de inteligencia, fiscales, empresarios locales, miembros de facciones y personas involucradas en economías ilícitas. En nuestra metodología, sólo consideramos que un grupo está presente en un municipio si ese grupo está llevando a cabo alguna actividad económica allí. La utilización del territorio como ruta, por ejemplo, o incluso los registros de detenciones de individuos en determinados territorios no son, en sí mismos, criterios para marcar la presencia de un grupo en ese municipio. 987 Municipios de la Amazonía de seis países fueron investigados por Amazon Underworld durante 2025 para este informe. 211 Municipios de los 662 en los que Amazon Underworld pudo recabar información de fuentes primarias tienen más de un grupo armado en su territorio. 7 Grupos armados ya están presentes en más de un país amazónico: Comando Vermelho, PCC, Comandos de la Frontera, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central (EMC), ELN y Los Choneros. La llegada o expansión de los grupos armados representa un punto de inflexión para muchas comunidades locales que ven cómo se destruye su entorno natural, la violencia alcanza niveles nunca antes vistos y sus jóvenes se ven atraídos por el atractivo económico de actividades como la minería de oro y el tráfico de drogas. Los jóvenes son reclutados por estructuras armadas que les ofrecen pagos mensuales. Quienes expresan públicamente su preocupación por el control criminal se enfrentan a amenazas o asesinatos, especialmente en Colombia y Brasil. Poblaciones enteras son expulsadas de sus aldeas, mientras que otras permanecen confinadas dentro de los límites de su comunidad debido a los continuos combates o a la presencia de minas terrestres. Si se pregunta cuándo prevalece el crimen organizado, lamentablemente en muchas regiones las poblaciones locales responderían que ahora mismo. En grandes extensiones de los territorios amazónicos, las economías ilícitas son la actividad dominante. A veces, estas operaciones ilegales generan más ingresos a nivel local que los presupuestos de los organismos estatales encargados de combatirlas. Los grupos armados han comenzado a gobernar territorios, dictando toques de queda y controlando la movilidad sobre los ríos y las zonas rurales. A veces obligan a las poblaciones a abrir nuevas carreteras en la selva y aplican formas rudimentarias de justicia con castigos violentos para quienes desobedecen sus normas. Estas normas se extienden a los patrones de comportamiento, exigiendo a los residentes que lleven tarjetas de identificación emitidas por los grupos armados, e incluso a la limpieza social. Mientras tanto, las ciudades amazónicas experimentan un aumento de la violencia, junto con los retos continuos que plantean el hacinamiento en las cárceles y el abuso de sustancias, al tiempo que siguen llegando poblaciones desplazadas de las zonas rurales. Los grupos armados colombianos se coordinan con sindicatos del crimen brasileños desde ciudades tan lejanas como São Paulo. Las fuerzas estatales a veces se unen a estas alianzas: las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad venezolanas se alían con organizaciones guerrilleras colombianas, llegando incluso a celebrar reuniones conjuntas con comunidades locales involucradas en la extracción ilegal de oro para repartir las ganancias. Otras cooperaciones permanecen relativamente ocultas, como los casos en los que la Policía Militar brasileña colabora con grupos delictivos o acepta pagos de ellos.La naturaleza económica de estas alianzas en el mundo criminal las hace volátiles, como se ha demostrado en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia. La cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente disidente de las FARC Acacio Medina, perteneciente a la franquicia Segunda Marquetalia, llegó a su fin abruptamente a principios de agosto de 2025, cuando el ELN intentó asesinar a miembros de Acacio Medina en lo que pareció ser una trampa. Los científicos advierten que esta vasta selva tropical se encuentra peligrosamente cerca de un punto de inflexión irreversible en el que podría pasar de ser un sumidero de carbono global a una importante fuente de carbono, lo que haría prácticamente imposible alcanzar los objetivos climáticos internacionales y aceleraría drásticamente el cambio climático en todo el mundo. El colapso ecológico se produciría una vez que la deforestación alcanzara
¿Abstención o desconocimiento? Qué hay detrás de la baja participación en la elección de representante ante el CSU
Solo el 10.4 % de los estudiantes de la Universidad de Antioquia participó, el 11 de septiembre de 2025, de las elecciones a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) para la vigencia 2025-2027. ¿A qué se debió la abstención? Dentro del cartel, a la izquierda, Laura Melissa Olarte, representante estudiantil principal; a la derecha, Juan Manuel Muñoz Salazar, representante estudiantil suplente. De fondo la fuente de la Universidad de Antioquia Foto: Lina Mariana Avella Arango. Laura Melissa Olarte Gutiérrez, estudiante de Pedagogía de la Facultad de Educación, en calidad de principal; y Juan Manuel Muñoz Salazar, estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en calidad de suplente, fueron los ganadores de las elecciones a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia para el periodo 2025-2027. Del proceso participaron 4269 estudiantes frente a un potencial de 41.078, lo que significa que 36.809 personas no votaron. La plancha ganadora obtuvo un total de 1272 votos, le siguió la plancha 2 con 1024, después la 3 con 975 y finalmente la plancha 1 con 131 votos. Por otro lado, 867 estudiantes votaron en blanco. Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia no tenía representación estudiantil ante el CSU desde hace 23 años, en 2002, cuando Wilmar de Jesús Mejía —hoy representante del presidente de la República en el CSU— dejó el cargo. Ahora, Laura Melissa y Juan Manuel tendrán voz y voto en las decisiones que se tomen en el máximo órgano de gobierno de la Universidad. Reconociendo la importancia del puesto y el hito histórico que representa, ¿por qué el 89.6 % de los estudiantes no participaron de las elecciones? Para conocer las razones de la abstención realizamos una encuesta a 51 estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas, Medicina, Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería, Artes, Derecho y Ciencias Políticas, Comunicaciones y Filología, el Instituto Universitario de Educación Física y Deportes y la Escuela de Microbiología, para conocer sus visiones sobre este proceso y, si no votaron, qué razones les llevaron a no hacerlo. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. A cada encuestado se le realizaron cinco preguntas: ¿Votó en las elecciones de la representación estudiantil ante el CSU?, ¿En caso de haber votado, votó por una de las cuatro planchas o votó en blanco?, ¿Por qué votó? (en caso de aplicar), ¿Por qué no votó? (en caso de aplicar) y ¿Cómo asume que la UdeA tenga, después de 23 años, representación estudiantil? El 66.7 % de los encuestados respondió que no participó de las elecciones. La razón más repetida fue el desconocimiento (75.8 %); algunos estudiantes argumentaron que esto se debió a que no se enteraron del proceso por la poca difusión por parte de la Universidad. Esto contrasta con las palabras del rector John Jairo Arboleda, dadas en una entrevista para el Portal Universitario, donde aseguró que se desplegaron todos los medios necesarios: “Pusimos a disposición todos los canales y mecanismos institucionales necesarios para que llegara a este buen término. Después de tantos años de ausencia de esta representación, se restablece de esta manera un elemento muy valioso de nuestra gobernanza y participación”. Juan Camilo Portela García, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, antropólogo y doctor en Investigación en Ciencias Sociales, atribuye la abstención, en parte, a la crisis de la democracia participativa: “Esto lleva a que la ciudadanía tenga la idea de que la representación no es un canal adecuado para la transformación de los conflictos políticos, sociales, culturales y económicos”. Añade también que hay un problema en cómo las juventudes se acercan y relacionan con la política. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. En todo caso, el argumento de los estudiantes representa una alerta para que, en estos espacios de democracia y participación estudiantil, se genere una mejor difusión de la información para toda la comunidad de la UdeA; no solo en este caso para el estudiantado, sino también para las demás personas de la institución, incluidos administrativos y docentes. Juan Manuel Muñoz, representante suplente electo, dice que el abstencionismo puede tener varias causas: “Principalmente la apatía, desinterés y desconocimiento por parte de los jóvenes en este proceso es un factor que impacta de manera directa a la participación en estos espacios de democracia. Además, la falta de esa figura de representante durante tanto tiempo y la debilidad estructural de este proceso puede ocasionar una desconexión con la información al respecto, problemática que no solo afecta a los estudiantes de Medellín sino a las regiones que, o no reciben información al respecto o no llega correctamente”. Otras de las razones que dieron los estudiantes que no votaron fueron el desacuerdo con esta figura de representación: frases como “Si solo deciden unos pocos, ¿qué nos garantiza el compromiso del ganador?”, “¿Esos pocos sí pueden favorecer la buena elección de un representante estudiantil?” y “Si solo escogieron unos pocos, ¿qué validez tiene esta decisión?” fueron muy comunes entre los encuestados. Esto se relaciona directamente con el segundo factor de abstención, según el investigador Portela: “En la Universidad de Antioquia ha existido un fuerte rechazo a la representación estudiantil. Hay poca conversación sobre este tema, lo que genera que este no sea todavía un mecanismo al servicio del estudiantado. Persisten los recuerdos de intentos fallidos y una falta de congruencia en el proceso”. Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Así, entendiendo que por más de 20 años la UdeA ha estado sin representación estudiantil ante el CSU y que el 70.6 % de los estudiantes encuestados consideran que estas elecciones dan un paso hacia el futuro, resulta importante reconocer al 19.6 % que no ve con buenos ojos el proceso, pues su desconfianza tiene sentido desde el punto histórico: las diferencias entre el último representante y la Asamblea General de Estudiantes ocasionaron la pérdida de credibilidad en el mecanismo. La figura de la representación estudiantil
De la condena a la absolución hay un solo fallo
https://youtu.be/AEq6gMHaHp8?si=Aoep9sjOGedxxfmh El Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cinco cargos por los que había sido condenado a 12 años de prisión: soborno de testigos y fraude procesal. La decisión, emitida este martes 21 de octubre, cambia por completo el rumbo del proceso judicial que durante años ha marcado la agenda política y judicial del país. En el Hablalo #64 conversamos con Sergio Arboleda, abogado y defensor de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad, sobre por qué este fallo es tan distinto al primero, qué significa para el caso y qué se espera ahora con el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía. Entrevista: Juan José Acevedo y Valentina Quintín López. Producción: Carmelo, Santiago Bernal Largo, Valeria Londoño Morales, Daniela Sánchez Romero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.
“Yerbatero no, yerbólogo”: los conocimientos que resguarda Mario en la Placita de Flórez
Mario Ordoñez es yerbólogo por herencia, desde hace más de 30 años está en la Placita de Flórez, allí vende todo tipo de yerbas y además, con su conocimiento sobre ellas, atiende a cientos de personas que buscan de la medicina herbal para sanar los males del cuerpo o la mente. Aunque el negocio continúa, hoy está en riesgo el traspaso de los saberes que una vez heredó de su madre. Mario mientras me habla de la ruda y el DIM, se ríe y explica que los hinchas no supieron usarla y por eso perdieron. Foto: María del Mar Martínez. Su vestimenta no me da pistas sobre su labor, esas pistas están en los mil aromas que lo rodean, los pedacitos de diferentes plantas regados por el suelo, el sonido de unas tijeras cortando ramas al fondo o las voces de unas señoras que le preguntan: “¿La ortiga es esa que pica en las manos?” y “¿Me puede vender 11 plantas amargas y 8 dulces?”. La pista final son las dos cuevas a sus costados, construidas con todo tipo de ramitas y “yerbitas” de color verde y café o flores amarillas, rojas y lilas, todo atado en pequeños manojos, metido en costales o bolsitas de plástico y arrumado en el suelo, las paredes y el techo. Mario de Jesús Ordoñez Yepes Muñoz (Yepes Muñoz por su madre), el dueño de este lugar, parece ser lo que en la cultura popular se conoce como yerbatero. Sin embargo, después de conversar un rato, me doy cuenta de que estoy equivocada: “Yerbatero no, yerbólogo, ¿o como se dice? botánico” – me aclara – porque yerbatero suena a brujería. De ahora en adelante me refiero a él como un “yerbólogo”. Esta tradición del conocimiento exhaustivo de las plantas medicinales la heredó de su madre Ana Francisca Yepes, Anita, la primera dueña de estos locales en la Placita de Flórez en Medellín. Mario cuenta que nació en San Javier, en el barrio 20 de julio, en el que también nació su madre, es el segundo de doce hermanos, aunque su padre tuvo otros doce con una mujer diferente, por lo que en total son 24. Al principio, sus padres trabajaban vendiendo “revuelto” en la que era la plaza de mercado de Cisneros, en el centro de Medellín. Después, se trasladaron a la Placita de Flórez, donde Anita montó su tienda botánica en el local 3031 junto a la legumbrería de su esposo en el 3030. Mario llegó a la placita en 1993 cuando acababa de ser despedido de una empresa por recorte de personal, comenzó a trabajar con su madre y allí se quedó. Con la muerte de Anita a los 76 años en el 2014, la legumbrería cerró y ahora ambos locales venden hierbas y Mario los administra a sus 68 años. la cueva desde afuera. Foto: María del Mar Martínez. Ya son más de las doce y Don Mario no ha comido, aunque el almuerzo esté servido. Todo el que pasa le dice “vaya pues almuerce”, pero él responde “primero el cliente amigo, la comida puede esperar”.Su trabajo lo absorbe porque las personas no dejan de llegar a comprar todo tipo de plantas, pero sobre todo a pedir su asesoría. Mario tiene un consejo para cada caso: el embarazo, el cáncer, la fiebre, el insomnio, el estrés o la limpieza energética. Ese conocimiento podría ser el patrimonio más valioso de su negocio, si no, al menos es la razón por la que lo eligen sus clientes. No obstante, hoy es más complejo heredar los saberes de la medicina herbal que heredar el negocio mismo. De los cuatro hijos que tuvo Mario, ninguno eligió dedicarse a este oficio, en su juventud le ayudaron en el local, pero ahora todos trabajan en otras cosas. Dice que tampoco le gustaría que se hubieran quedado en la Plaza: “esto es muy esclavizante, aquí uno no tiene vida social” y es que él trabaja de lunes a sábado desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. y los domingos hasta las 2, tanto así que debe conectarse por zoom para poder asistir a las reuniones de la iglesia a la que pertenece. El único momento de la semana en que descansa es el domingo por la tarde, tiempo que aprovecha para predicar a tres cuadras de su casa en Villatina. Como no tuvo entre sus hijos a quién dejarle todo este saber para que lo compartan, considera que se lo está pasando a las personas que lo ayudan, como su socio Carlos Sanabria, con quien trabaja de lunes a sábado desde hace 5 años. Carlos es oriundo de Guaranda, un pueblo en la región de La Mojana, Sucre. Tiene 54 años y lleva ocho en Medellín. Mario y Carlos se conocieron en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, cerca a Villatina y después empezaron a trabajar juntos. Como creció en el campo, cuando llegó a Medellín ya sabía sobre las yerbas y sus usos, y aquí aprendió sobre los otros nombres que tienen algunas. Como con los hijos de Mario, las dos hijas de Carlos decidieron dedicarse a otras labores. Mientras Carlos está sentado en la parte de atrás del negocio, deshojando ramitas de guanábana que sirven para el cáncer, Mario atiende a los clientes, despacha al tiempo hasta cuatro pedidos de largas listas de plantas, no descuida ninguno y tampoco deja de responder cada una de las preguntas que puedan tener los que van llegando. En la radio se escucha La Voz de Colombia, una señora se acerca para preguntar por “flores de Mala Madre”: -¿Mala madre? No llega hasta el viernes.-¿O kalanchoe? Pregunta la señora.-Sí, kalanchoe sí tengo.-¿No es la misma?-Sí, es que son 7 variedades.-¿Y cuál es la mejor?-Todas son buenas, mala madre se le llama porque bota los hijos por un ladito. Entonces voltea y le dice a Carlos que le traiga un poquito de Kalanchoe desde atrás. Así se la pasan todo el día. Carlos cortando ramas de hierba
¡Buenas noticias, cayó la natalidad!
En Colombia, cada ocho minutos una adolescente se convierte en madre. Este dato, que debería estremecernos como sociedad, no parece hacerle cosquillas a los sectores políticos que hoy lloran la caída de la natalidad. Collage: Sara Hoyos Vanegas. Hace un mes, la bancada provida presentó su campaña “Salva a Colombia, ¡ten hijos!”. Colgaron un pendón gigante frente al Congreso que exhibía a una mujer sonriente, abrazando su vientre abultado, con un vestido celeste. Ningún padre a la vista. El mensaje era claro: la responsabilidad de la natalidad recae sólo en las mujeres. En un país donde 4 de cada 10 mujeres son madres solteras, la mal llamada “familia tradicional» es un privilegio y no la norma, y ya ni siquiera tratan de disimularlo: la familia que tanto defienden no aparece ni los carteles de los provida. En 2024 hubo 553 mil nacimientos, un 12% menos que en 2023 y 31,3 % menos que hace una década, según cifras del DANE. Estos datos fueron suficientes para que este grupo se plantara en el Congreso exhibiendo un desfile de terror disfrazado de una exposición de fetos. No les bastó con indignarse, sino que lo convirtieron en un espectáculo. Bajo el lema de “una patria sin hijos es una patria sin futuro”, propagan su discurso chantajista, apocalíptico, convencidos de que el país se acabará porque las mujeres no están pariendo al ritmo que ellos quieren. Pero, ¿a qué futuro se refieren? ¿qué futuro tiene una niña que abandona sus estudios y se ve obligada a trabajar para sostener a un hijo? ¿qué futuro le espera a un bebé forzado a nacer en situaciones precarias? En su preocupación por el porvenir olvidaron que ese futuro se ha marchitado de niñas obligadas a maternar prematuramente. En 2015, de 660 mil nacimientos, 142 mil fueron de madres menores de 19 años: el 21 % del total nacional. Los mismos que hoy se alarman por la baja natalidad han venido ignorando arbitrariamente el embarazo infantil, la maternidad forzada y la violencia que empuja a tantas niñas a ser madres siendo apenas hijas. Eso no se discute en plenaria ni se adorna con discursos sobre la vida. La vida, después del parto, no les interesa. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Advierten de los peligros catastróficos de que el país se quede sin quien lo herede, pero lo que no dicen es que las mujeres aplazan la maternidad porque el futuro es incierto, porque tener un hijo ya no es una promesa, sino una apuesta arriesgada en medio de la crisis actual. No hay estabilidad económica, política, laboral, pensional, emocional o psicológica. Si no alcanza para comprar una casa, ¿con qué se va a mantener a un hijo? Pero eso no es un problema que desvele a quienes miran la crisis desde arriba. Prefieren ignorar que el verdadero vacío no está en las cunas, sino en las neveras, en las promesas del Estado y en las garantías que no llegan. Hoy, los embarazos adolescentes representan el 15% de los nacimientos. La caída más alta fue del 51,1% en la tasa de fecundidad de adolescentes entre los 15 y los 19 años. Ahora, la edad media para tener el primer hijo en Colombia está en los 24,4 años. Lo que significa que cada vez más mujeres pueden planear y decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos. Esto es para celebrar. Si para sostener la natalidad las niñas tienen que parir, el problema no es la baja natalidad, sino la alta hipocresía. Mientras el precio de la maternidad siga siendo el futuro de las mujeres, entonces la caída de la natalidad sí que es una buena noticia.
La queremos pública, no endeudada: los repres estudiantiles hablan sobre la crisis
Desde el 11 de septiembre, la silla de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA tiene nombres. Los nuevos representantes manifiestan que su labor se centrará en hacer veeduría al manejo de los recursos y que les preocupa la solución por la que han optado los administrativos: el endeudamiento. En el episodio #63 de Hablalo conversamos con Laura Melissa Olarte, representante principal, y Juan Manuel Muñoz, representante suplente, sobre su labor, sus ideologías, su trayectoria en el movimiento estudiantil y la lectura que hacen de los distintos actores y de los miembros del CSU en medio de la multicrisis de la Universidad. Melissa y Juan enfatizan en que la actual reforma a la Ley 30, si se llega a dar, no es el fin de la lucha estudiantil, sino que hay que seguir luchando por una reforma integral que aborde otros ejes importantes para la Universidad: el bienestar, las violencias basadas en género, la democracia y la participación. Entrevista: Gisele Tobón y Santiago Vega Durán. Producción: Carmelo, Gisele Tobón, Valeria Londoño, Santiago Vega Durán, Santiago Bernal y Andrés Tuberquia.
Las inconsistencias entre el Metro de la 80 y la política pública de protección a moradores
Los avalúos con los que el proyecto oferta por los predios no les permiten a las y los afectados encontrar lugares con las mismas condiciones para vivir o trabajar; además, los pagos no llegan a tiempo y hay dudas sobre el diseño final del metro ligero por el que llevan más de cuatro años exigiendo precios justos**. Demolición en el barrio El Volador para abrirles espacio a las obras del metro de la 80. Foto: Melany Peláez. Desde julio de 2024 hay cierres viales en la calle 73 a la altura de los barrios El Progreso, El Volador y Córdoba, de las comunas 5 y 7 de Medellín. Los contratistas con uniforme gris, la maquinaria que rompe las calles y tumba los muros, las polisombras verdes y los letreros —‘pare’, ‘siga’, ‘prohibido el ingreso’, ‘inicio de obra’ y ‘peligro’— dan cuenta de las primeras actividades de obra para la construcción del futuro Metro ligero de la 80. “Cuando esa máquina suena, eso es como si fuera la guerrilla que entrara a desplazarnos: ta-ta-ta-ta-ta… ¡pum! Cae el cemento, caen piedras, caen techos”. Aunque la época y el lugar son muy distintos, Rubiela Quesada dice que no ve la diferencia entre los grupos armados que desplazaban a la gente en el campo y “los que ahora aplican la norma, la ley y los decretos” para despojarla a ella de sus propiedades en la ciudad. Rubiela vive en la zona hace más de 35 años. Compró una casa grande y esquinera de El Progreso, junto con un local, para reemplazar la pensión a la que nunca pudo cotizar porque sus trabajos siempre fueron informales; planeaba dejarles a sus hijos algo sobre lo cual construir y producir cuando ella faltara o no pudiera trabajar. Ahora la casa va a desaparecer por un precio “irrisorio” y el local, que fue panadería y restaurante, está cerrado hasta que las obras lo reduzcan a escombros. ¿Cuánto vale el progreso? En septiembre de 2021, cuando Rubiela apenas se estaba recuperando de las pérdidas económicas que le dejó sostener un negocio propio en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, apareció otro término nuevo y alarmante. “¿Ustedes en plena pandemia nos vienen a tratar con palabras de expropiación? En este momento nos están cogiendo con una mano adelante y otra atrás”, les reclamó ella a los y las funcionarias de la EDU que reunían a los vecinos del sector. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) es una entidad pública descentralizada, adscrita a la alcaldía de Medellín, mediante la cual se ejecutan programas de gestión urbana en el distrito. En este caso, es la responsable de adquirir los predios necesarios para el proyecto Rinconcito Ecuatoriano, uno de los tres intercambios viales estratégicos para construir el sistema de transporte masivo que recorrerá 13.25 kilómetros del occidente de la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala del metro. Esta obra complementaria, que fue anunciada mediante el Decreto Municipal 328 de 2021 y está proyectada para ser entregada en agosto de 2027, había avanzado un 58% en la gestión sociopredial hasta mayo de 2025, es decir, 73 de los 120 predios que se requieren en la zona fueron entregados “voluntariamente”, según la EDU. Rubiela no hace parte de esa cifra: “Nosotros estamos pidiendo precios justos; no nos oponemos al progreso de la ciudad, pero tampoco permitimos que el progreso acabe con nuestra familia”. A Rubiela le ofrecieron $113 millones por su casa de 90 metros cuadrados ubicada en estrato cuatro, o sea, poco más de un millón de pesos por metro cuadrado. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, que es la entidad contratada por la EDU para realizar los avalúos corporativos (la base del pago por los predios), fue la misma que, en 2018, estimó que el valor comercial (precio real de mercado) del metro cuadrado en los barrios de estrato cuatro sobrepasaba los $ 4 millones. La principal queja de los y las moradoras es que los avalúos de la Lonja están congelados en el 2016, año en el que se anunció el proyecto del Metro de la 80 mediante el Decreto Municipal 1189. Si bien el anuncio es un instrumento para evitar la especulación sobre el suelo, por el aumento del precio de vivienda en el Valle de Aburrá en los últimos años, es imposible que al vender sus casas al valor comercial del 2016, o de 2021 como es el caso de los afectados por el Rinconcito Ecuatoriano, encuentren una igual o mejor en el mercado inmobiliario actual. Rubiela no fue la única que exigió que se le hiciera un nuevo avalúo y que recibió un no como respuesta. Algunos acudieron a otras entidades y encontraron diferencias superiores al 40 % entre el avalúo comercial y el corporativo. Lograron demostrar que los precios son injustos y hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les dio la razón. En agosto del 2024 el mandatario anunció que entregaría compensaciones económicas a las familias por encima del valor de compra de la EDU para que reciban el 100 % de los avalúos comerciales, pero sin tener en cuenta la depreciación que han sufrido sus casas durante los ocho años que el proyecto tardó en comenzar. La casa de Ruby en el barrio El Progreso, en zona de influencia del metro de la 80. Foto: Carmen Garnica. Los comerciantes en el olvido La promesa de Gutiérrez aumentó la preocupación de Rubiela. El Decreto 0818 de 2021, la Política Pública de Protección a Moradores que estas personas exigen que se aplique, en realidad tiene un nombre más completo y su sigla es “PPPMAEP”. Esas últimas letras corresponden a las Actividades Económicas y Productivas y, sin embargo, la Alcaldía, la EDU y el Metro no se han pronunciado sobre las necesidades particulares de este gremio. “Nosotros a través de nuestros negocios valorizamos un sector en expansión y es injusto que el progreso de la ciudad acabe con quienes lo impulsamos. Muy triste. Hoy como comerciantes no nos ofrecen compensaciones; les ofrecen por